La maza20/4/10 10:16 Página 1 1 La maza 20/4/10 2 10:16 Página 2 La maza 20/4/10 10:16 Página 3 La maza y la cantera Juventud vasca, represión y solidaridad 3 La maza 20/4/10 4 10:16 Página 4 La maza 20/4/10 10:16 Página 5 Julen Arzuaga la maza y la cantera Juventud vasca, represión y solidaridad 5 La maza 20/4/10 10:16 Página 6 primera edición de txalaparta Mayo de 2010 diseño de colección y cubierta Esteban Montorio © de la edición: Txalaparta © del texto: Julen Arzuaga foto portada © Argazki Press editorial txalaparta s.l.l. Navaz y Vides 1-2 Apartado 78 31300 Tafalla nafarroa Tfno. 948 703 934 Fax 948 704 072
[email protected] www.txalaparta.com maquetación Arte4C impresión GRAFICAS LIZARRA, S.L. Carretera a Tafala, km. 1 31132 Villatuerta - Navarra isbn 978-84-8136-582-5 depósito legal na.1279-10 txalaparta 6 La maza 20/4/10 10:16 Página 7 Si no creyera en cada herida, si no creyera en la que ronde, si no creyera en lo que esconde hacerse hermano de la vida. Si no creyera en quien me escucha, si no creyera en lo que duele, si no creyera en lo que quede, si no creyera en los que luchan. ¿Qué cosa fuera? ¿Qué cosa fuera la maza sin cantera? Un amasijo hecho de cuerdas y tendones, un revoltijo de carne con maderas, un instrumento sin mejores resplandores que lucecitas montadas para escena. La maza, silvio rodríguez Ser joven es un delito. La realidad lo comete todos los días, a la hora del alba; y también la historia, que cada mañana nace de nuevo. Por eso la realidad y la historia están prohibidas. Días y noches de amor y de guerra, eduardo galeano La maza 20/4/10 10:16 Página 8 La maza 20/4/10 10:16 Página 9 prólogo este documento hubiera sido simplemente imposible sin el trabajo de campo desarrollado con encomiable dedicación y mimo por Aitziber Ezkerra. La información recabada, los datos, cifras y testimonios recopilados por ella son el armazón de valor inestimable sobre el que descansan las valoraciones, sobre el que se soportan las trayectorias y vivencias narradas en este libro. Toda la labor desarrollada por Aitziber obliga a reconocerla con categoría –como mínimo– de coautora. Con una precisión: suyos son los aciertos, solo mías las posibles incorrecciones. El trabajo que ahora, lector o lectora, tienes entre manos tampoco hubiese visto la luz sin la iniciativa y el impulso de Gurasoak y, más en concreto, de Jesús González, Marian Bilbatua, Iñaki Regueiro y Txusa Etxeandia, sin olvidar a Mikel Vázquez, que puso a nuestra entera disposición el material que la asociación había ido archivando en Iruñea. La tarea que iniciamos tres años atrás cristaliza en este libro y en una base de datos al alcance de todo aquel que se anime a desarrollar aún más una temática que, sin duda, no se agota con lo aquí dicho. 9 La maza 20/4/10 10:16 Página 10 Vayan agradecimientos varios para Karmele por sus bases documentales siempre dispuestas; para Fo, por echar una mano aportando valiosos datos, y para María, Koté, José Mari y Mikel por sus comentarios y correcciones. julen arzuaga 10 La maza 20/4/10 10:16 Página 11 introducción la juventud vasca se ha caracterizado por ser una de las más dinámicas y concienciadas de, al menos, nuestro espacio geográfico más cercano. Las diferentes expresiones de activismo juvenil han sido numerosas y plurales, espontáneas u organizadas, han transcurrido por los cauces ordinarios de acción política o por otros no tan convencionales. Con preocupaciones diversas, desde las más inmediatas y mundanas –relaciones humanas, problema de la vivienda o la precariedad laboral, el medio ambiente, tiempo libre, creatividad, etc.– hasta las aspiraciones más utópicas, los y las jóvenes han querido hacerse un hueco. Han pretendido hacerse oír en un mundo diseñado por y para los mayores. Un mundo a sus ojos anticuado, injusto, susceptible de ser mejorado. Pero rápidamente han advertido que su capacidad de intervención en él es extremadamente reducida. Es ahí donde se ha planteado una pugna entre «estar presentes a la fuerza» versus «ser silenciados por la fuerza». Así, algunos jóvenes han recurrido a actos abiertamente enfrentados a la legalidad, contrarios a las previsiones recogidas en el sistema penal. Sin posicionarnos ante esa decisión, constatamos que está ahí. Comprobamos que ha existido un sector de 11 La maza 20/4/10 10:16 Página 12 jóvenes que ha recurrido en ocasiones a cierto grado de violencia como método de expresión. Kale borroka, guerrilla urbana, lucha callejera, herri borroka, acción directa, enfrentamientos entre manifestantes y policías, jóvenes proetarras, radicales, grupos «Y» de apoyo a ETA, terrorismo de baja intensidad, los chicos de la gasolina, alborotadores, vandalismo, gamberrismo juvenil, disturbios, tumultos, algaradas, sabotajes, noches de cuchillos largos, terrorismo periférico, la cantera, el vivero, los cachorros de ETA, los alevines de la serpiente, pistoleros de Jarrai, encapuchados de Haika, terroristas de Segi... Muchos apelativos, no exentos de carga emocional y política, para referirse a un fenómeno complejo. Un fenómeno que a su vez ha recibido una respuesta no siempre lineal, pero habitualmente exacerbada, por parte del Estado. Porque éste también ha echado mano de la violencia ante las aspiraciones de los jóvenes. Una violencia no siempre legal, rara vez legítima. Ha ejecutado una respuesta desproporcionada, que ha arramblado con los derechos de cientos y miles de jóvenes. Y que ha destrozado sus vidas. Dos agentes enfrentados en pugna desigual. El cantautor cubano Silvio Rodríguez nos inspira con una magnífica canción de la que extraer el título de este libro. La maza y la cantera quiere sugerir ese enfrentamiento, ese conflicto asimétrico: la maza, es el instrumento con que el juez impone castigos, tal vez la porra con que golpea el policía. La cantera, si bien un término peyorativo empleado para criminalizar a los jóvenes vinculándolos con la organización armada ETA, no podemos obviar por otra parte que, en sentido positivo, las generaciones más jóvenes conforman la cantera de este país, son su futuro. El concepto puede identificarse también con un yacimiento inagotable de actividades, de impulsos, de ideales; con el conglomerado de reivindicaciones y utopías que mueve continuamente a los jóvenes. Esa cantera de anhelos contra la que el Estado descarga su maza. Dejémoslo ahí: una 12 La maza 20/4/10 10:16 Página 13 sugerencia ambigua, un título con cierta dosis de provocación. Cuando iniciamos la redacción de este documento miramos con vértigo la hoja en blanco, ante la cantidad de información que podíamos descargar sobre ella: miles de datos recopilados, centenares de testimonios recabados, fechas, cifras... Un saldo «monstruoso». En dos sentidos: uno figurado, por su cantidad, más aún teniendo en consideración que todo acontece en un pueblo tan pequeño como es Euskal Herria. Material en estado caótico, desestructurado. Inacabado e insuficiente en algunos extremos, superfluo y repetitivo en otros. Hemos pretendido recuperar y sistematizar todo ello para que nos sirva de base para elaborar este trabajo. Cierto, no han sido muchos los expertos, sociólogos, académicos que han trabajado sobre esta disciplina. Los que lo han hecho tenían la misión de fabricar informes de parte en los que justificar nuevas medidas represivas, propagandísticas, penitenciarias, penales, reeducativas. Intentemos nosotros, sin ninguna pretensión académica, abordar ciertos hechos y datos dispersos, para, traídos del caos de su inmensidad a una suerte de compendio, acercarnos a alguna conclusión. Decíamos información «monstruosa», también en sentido literal: vivencias escalofriantes de personas jóvenes que han sufrido en sus propias carnes detenciones, torturas, juicios irregulares, decisiones judiciales arbitrarias, condenas descomunales, penosas condiciones de encarcelamiento. Jóvenes que, sin quererlo, se han visto protagonistas de montajes policiales y linchamientos paralelos por parte de responsables políticos y medios de comunicación. Vaya por delante que es difícil establecer el equilibrio perfecto, la distancia adecuada. Es imposible huir de toda subjetividad. Porque una cosa es la descripción en abstracto de una situación y otra vivirla, sentirla, verse afectado, afectada por ella. En la acción coercitiva del Estado ¡se han conculcado tantos derechos!, ¡se han cometido tantas injusticias en nom13 La maza 20/4/10 10:16 Página 14 bre de la seguridad y el orden público! Como Dante de la mano de Eneas en la Divina comedia, solamente descender a los infiernos y encarar esas experiencias nos da la verdadera dimensión del problema. Y ello –prevenimos a quien se acerque a estas líneas– toca la fibra, levanta ampollas, eriza los pelos. Así pues, la primera decisión que debemos adoptar es de método ¿Cómo estructurar las vivencias de tantos y tantas jóvenes cuyo nombre apareció escrito en un dosier policial? ¿Qué técnica aplicar para relatar los sentimientos en el momento que le levantaron de la cama para llevárselo? ¿Cómo cuantificar su angustia en comisaría, su desasistencia en el juzgado, su soledad en la cárcel? ¿Cómo evaluar la extrema dimensión de la represión estatal, en consideración a la habitualmente escasa gravedad de los hechos imputados a los jóvenes? ¿En qué parámetros estimar si ha sido equilibrada, proporcional? Y en el caso de que lleguemos a la conclusión de que no lo ha sido, ¿existe una metodología que permita tasar el sentimiento de ultraje, de escándalo que ha provocado? Si en las siguientes líneas afloran, no ya contundentes respuestas a todas las preguntas planteadas, sino al menos una simple reflexión, el objetivo de este trabajo estará cumplido. Pero falta todavía por mencionar una variable en la ecuación juventud-represión. Como si de una cadena se tratase, la reacción estatal exagerada ha producido otro efecto: el proveniente de la agonía y la rabia de madres y padres que han revuelto el universo entero para conocer el paradero y el estado de sus hijas e hijos tras ser arrancados de sus familias. La activación de miles de personas anónimas en defensa de unos derechos que consideraban elementales y que veían un día sí y otro también pisoteados, negados a los suyos. Precisamente, en esta experiencia de solidaridad es donde entra en escena la aportación de Gurasoak, colectivo de madres y padres que se han visto obligados por las circuns14 La maza 20/4/10 10:16 Página 15 tancias a hacerse conscientes de lo que les estaba sucediendo a sus hijos. A ellos les ha tocado, a su vez, tomar partido, mostrarse, alzar la voz en favor, siempre en favor de sus chavales. Porque han visto utilizar los mecanismos más severos del estado para resolver problemas que tienen, sin duda, una notoria raíz social o política. Porque han conocido, golpe a golpe, el protagonismo que se ha dado a la policía, a la Administración de Justicia, al Sistema penitenciario, siempre en términos extraordinarios, dotándoles de nuevas herramientas con las que enfrentarse a las aspiraciones y reclamaciones de sus hijos. Porque estos han sido presentados como violentos, como alimañas, como drogadictos y marginales. Y precisamente por el arraigo y la cercanía de estos jóvenes a su ambiente familiar, transcienden sus problemas a ese entorno. Porque, como aseguran sus madres, «los volverían a parir, tal y como son». Inevitablemente, al verse sus progenitores implicados a la fuerza –nunca mejor dicho–, se ha encendido una reacción de autodefensa. Un padre, años después de la detención de su hijo, reconocía: «el primer sentimiento que tuve cuando le detuvieron fue hacerme la pregunta: ¿cómo me puede hacer esto a mí? Después me hice más consciente y la pregunta cambió: ¿cómo le pueden hacer esto a él? Al final comprendí la dimensión del problema: ¿cómo les pueden estar haciendo esto a tantos chavales?». Un sentimiento auténtico, genuino, de agravio, madurado a golpes de realidad. Con este libro se pretende, por último, hacer un pequeño tributo a todas y todos los jóvenes, verdaderos protagonistas de estas páginas que, por querer cambiar el mundo, su mundo, han sufrido la violencia exacerbada y la injusticia del estado en tantísimas ocasiones. Un desagravio para esos que, lamentablemente, nunca encontraran el reconocimiento de las altas instituciones políticas, la reparación en los tribunales españoles, la rehabilitación ante la sociedad por los grandes medios de comunicación... para quienes, probablemente, 15 La maza 20/4/10 10:16 Página 16 nunca tendrán la seguridad de que lo que ellos padecieron jamás se repetirá con otros. Desde el íntimo convencimiento de que si no alumbramos nosotras y nosotros el camino, esa garantía de no repetición nunca llegará. 16 La maza 20/4/10 10:16 Página 17 desbrozando terreno la juventud vasca ha sido protagonista recurrente de noticias, de declaraciones de responsables policiales o políticos, objeto de decisiones en tribunales de justicia o de dictámenes de distantes expertos. Sobre ella se vierten ríos de tinta: se hacen valoraciones, se adoptan medidas, se diseñan planes y políticas. Cierto es que la juventud de este país es plural. No seremos nosotros quienes la etiqueten en rancios vectores sociológicos o en esquemas o categorías cerradas. Difícil trabajo, precisamente porque las vivencias juveniles están profundamente interrelacionadas, ligadas entre sí, con valores en continua contradicción, cambio y evolución. Si hay algo transversal en nuestra sociedad, es esa experiencia vital, incipiente pero rica, auténtica, compartida por un sector poblacional cuya característica principal es, simplemente, que se encuentra entre los dieciséis –tal vez quince– y los veintitantos años. Asimismo, sus inspiraciones y aspiraciones serán heterogéneas. Su preocupación por el mundo que les rodea ocupará un lugar predominante, a medida de que lo van descubriendo, y se ven inexorablemente afectados por él. Y de qué manera. Esa proyección del mundo exterior sobre sus valores 17 La maza 20/4/10 10:16 Página 18 les obliga a posicionarse, a dar los primeros pasos en relación con otros jóvenes… y con los adultos. Pasos que inmediatamente cogen velocidad, acumulan experiencia, adquieren escarmiento. Son conocidas las preocupaciones en que pondrán el acento estos jóvenes, al menos los más conscientes: la educación, la vivienda, un futuro laboral incierto y precario, el medio ambiente, la forma de entender y cultivar las relaciones, la autogestión de sus expectativas sociales y de su tiempo libre, la cuestión lingüística y cultural, el sistema social, político, económico altamente opresivo… En definitiva, la política. La política, sobre todo como fenómeno impuesto por sus mayores. Política que visualizan cerrada, intransigente, generadora de dominaciones. Lejos de ser un vehículo, es concebida por la juventud más despierta como un límite a sus aspiraciones. Experimentan un sistema social que hace hincapié en la satisfacción de necesidades fisiológicas, de raíz económica, que prioriza la seguridad personal, la propiedad privada, etc., que tiende a resolver problemas individuales. Pero ellos y ellas cultivan otra mentalidad que prioriza la satisfacción de inquietudes sociales y de autorrealización, con ambiciones intelectuales, creativas, idealistas, estéticas, de estima, de pertenencia al grupo, etc.; es decir, problemas colectivos. Y esa mentalidad requiere otro modelo de sociedad. Los jóvenes vascos se sienten relativamente seguros a la hora de cubrir sus necesidades materiales y tienen una mayor cantidad de energía para intervenir en otras aspiraciones menos inmediatas. Quieren ser escuchados, participar en política. Pero construyendo una nueva y propia cultura política. Al mismo tiempo, se enfrentan a una situación que les ha tocado vivir desde su identidad mayoritariamente abertzale: se deben posicionar ante un conflicto político de raíces histó18 La maza 20/4/10 10:16 Página 19 ricas, nacionales, en el que se ven sumergidos. En ello invertirán su arrojo juvenil. El producto que surge es la amalgama de estas dos visiones, la ideológica y la nacional, siempre en continua evolución, siempre inaprehensible. Un nuevo universo simbólico que hace germinar la expectativa de ver descabalgar a un sistema concreto que se considera, sobre todo y ante todo, impuesto, injusto. No es, como algunos quieren ridiculizar, una actitud «antisistema». Es, más bien, una ideología «antieste-sistema». Las políticas institucionales de juventud no han buscado acercarse a las reivindicaciones y necesidades de este sector. Más bien han pretendido manipularlas y redireccionarlas hacia los parámetros en los que dichas políticas fueron diseñadas. INJUVE, el Instituto de la Juventud español considera que los jóvenes «exigen soluciones ante las nuevas situaciones que les ha tocado vivir». Cierto. Igualmente cierto es que esas soluciones no son las ofertadas por sus flamantes planes, por sus resplandecientes iniciativas siempre bien subvencionadas. Las instituciones han fracasado en su respuesta ante el universo de las demandas de los y las jóvenes vascas. La violencia política juvenil En su primera aproximación a la política se topan inmediatamente con un elemento de frustración para todo su caudal de ideales y anhelos: todos los caminos para participar en la política convencional están cerrados. Esto les resta apego al orden social establecido, que no les deja margen de acción. No serán pocos los que vean con buenos ojos la rebeldía, la contravención de las normas que rigen ese orden, la intervención «no convencional» en política. 19 La maza 20/4/10 10:16 Página 20 Surgen expresiones como la kale borroka. No es objetivo de este trabajo hacer una lectura en profundidad de este fenómeno, pero sí debemos establecer ciertas características que nos ayuden a configurar esta forma de expresión juvenil. Constatamos, pues, que existe esta reacción violenta. Los daños materiales que esta forma atípica de expresión política puedan producir no tienen un impacto especialmente negativo en la mentalidad del joven, en comparación con el agravio que siente y que le impulsa a cometer esos daños. Asume el quebranto, puesto que amenaza a cosas, a propiedades, a bienes, con los que no está vinculado y a los que da menos relevancia y prioridad que los adultos, más materialistas. Pero la importancia no está en el hecho de violencia en sí, sino en el mensaje que transmite. Es un acto de comunicación por el que se quiere testimoniar algo. Una forma de interacción con una contraparte con la que se identifican en conflicto y de la que esperan un resultado: un cambio de actitud, una acción o una omisión. Reclaman así una respuesta. En este sentido, nadie podrá negar que tenga una motivación social o política. La violencia política juvenil, en su vertiente externa, consiste básicamente en ataques a la propiedad –pública o privada–, huyendo de ataques que afecten a la integridad física de las personas. El objetivo de estos ataques serán el mobiliario urbano, los locales de administraciones públicas u organismos autónomos vinculados a ellas, las entidades financieras, los bienes de empresas de servicios, etc. Estas acciones serán habitualmente de escaso impacto destructivo y de efecto económico reducido. El único caso en que se puede considerar que se persigue un daño deliberado en la persona se da en el marco del enfrentamiento con miembros de cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado en disturbios, frecuentemente generados tras movilizaciones populares. También de efecto reducido. En su faceta interna, la espontaneidad y la falta de una estructura sólida o de organización es su seña de identidad. 20 La maza 20/4/10 10:16 Página 21 Su cohesión simplemente parte de un catalizador de voluntades al enarbolarse una causa compartida por los propios protagonistas y otros sectores de la población. Ello deriva en la acción que se lleva a cabo de forma espontánea, habitualmente por personas jóvenes que encuentran en su grupo de amigos o compañeros de otras actividades –incluida por supuesto, la actividad política– el núcleo colectivo del que parte la motivación y la decisión de accionar, la elección del objetivo y la forma en que llevarán a cabo el acto de protesta. De la misma manera que se unieron, se disolverán tras realizar la acción. El nexo improvisado no asegura la solución de continuidad. Los medios utilizados para conseguir el objetivo predefinido son también conocidos. Consisten en materiales incendiarios de fácil obtención y de facturación casera. Sustancias inflamables que pueden encontrarse en cualquier garaje, algún componente químico a su alcance en la farmacia o en el laboratorio del instituto, recipientes con gas que provocan una deflagración, material pirotécnico de los que se emplean en las fiestas de cualquier pueblo, etc., suelen ser los ingredientes que conforman el mecanismo para llevar a cabo el sabotaje. No se puede denominar dispositivo, al carecer de componentes electrónicos o mecánicos. No es explosivo, al no producir un efecto más allá de una ignición. Es por ello también que sus efectos se limitan a escasos daños materiales, lo que los sitúa a años luz de la capacidad operativa y los métodos empleados por organizaciones armadas. En cuanto al elemento finalista, este se refiere al motivo político para la elección del objetivo y a la justificación del ataque. Esta característica es de vital importancia, porque delimita el hecho con referencia a otros de similar magnitud que simplemente tienen una justificación privada –un ajuste de cuentas o reacción vengativa entre particulares– o a actos que, como no persiguen una reivindicación concreta o no tie21 La maza 20/4/10 10:16 Página 22 nen una motivación política reconocible, simplemente deben ser catalogados como de gamberrismo o vandalismo. Precisamente el objetivo del ataque y su legitimación última está en su carga simbólica: llamar la atención sobre la demanda política que impulsa al sabotaje. Motivaciones políticas, sociales, de corte ecologista, de respuesta a una determinada actuación represiva de las fuerzas de seguridad del estado... La asunción de los hechos por medio del comunicante anónimo, o por medio de pintadas, panfletos u otras señales visuales en el lugar donde ha acontecido dota de lógica comunicativa a la acción. Es la propaganda por medio del acto de destrucción. El objetivo es simplemente comunicativo: dar publicidad a una reivindicación. Se plantea la reclamación en un momento en que sectores de la población puedan ser receptivos. Principalmente porque se invoca una situación de agravio, de persecución, de sometimiento que se pretende sea asumida por quien es el destinatario de la comunicación: la sociedad. Así, se adopta una estrategia que, cierto, es ilegal y se enfrenta a la legislación penal vigente, pero que, precisamente por eso, dota de entidad al desafío que se lanza contra el poder estatal. El mensaje no es otro que no reconocer su autoridad. En esta reedición del mito de David y Goliat, no es necesario que aquel derrote a este. Es suficiente con que saque la honda frente al gigante. El mensaje está implícito en este gesto. La violencia política estatal El sociólogo alemán de principios del siglo pasado Max Weber dotó al estado de una herramienta poderosa: el monopolio de la violencia. Lo definió como el ejercicio de la autoridad de un estado sobre su territorio y sus ciudadanos, muy vinculado al proceso de legitimación, como respeto de las 22 La maza 20/4/10 10:16 Página 23 normas y valores sobre los que se asienta dicho estado. Este, que es la herramienta política más potente y eficaz, tiene la capacidad de gestionar unidireccionalmente la violencia, la única que –en principio– es legítima. Sin embargo, esa potestad para disponer de la violencia se topa con un fenómeno que la reta, la pretende desautorizar. Por supuesto, la capacidad de infligir violencia de uno y de otro no se puede ni siquiera comparar. Es lo que se denomina conflicto asimétrico. «Ultraasimétrico», diríamos. En el terreno de las aspiraciones, una de las partes antagónicas pretende introducir cambios de orden político y social mediante una estrategia efectiva de movilización social legal y conflictividad ilegal. La otra parte, el agente estatal, se enfrentará a la primera con todos los instrumentos a su alcance –asimismo legales e ilegales– para deslegitimar el cambio que proponen y proteger así el statu quo. Se podría considerar que la represión de un fenómeno tan complejo como la violencia política juvenil, la denominada kale borroka, es simple y llanamente la aplicación desapasionada de ciertas leyes penales, con las que se pretende restablecer el orden público. Se podría pensar que se puede reconducir a una mera cuestión «profiláctica», en la lógica de que el que comete un delito lo paga y ya está. Sin embargo, inmediatamente nos damos cuenta de que el Estado percibe algo más tras el mero hecho que califica de «vandálico», principalmente por la dimensión que da a la reacción policial, a la represión penal. Empleará todos los métodos de que dispone para enfrentar un riesgo que, en principio, no tiene una dimensión notable, al menos si se toman en consideración otros delitos –que no tienen porqué ser de raíz política– de seria gravedad. No hay daños de trascendencia, no hay víctimas directas, no hay un coste económico considerable. Pero la saña con que el Estado se emplea ante el fenómeno juvenil le delata. Sí, hay algo más. 23 La maza 20/4/10 10:16 Página 24 El Estado desplegará todos los mecanismos coercitivos a su alcance. Debería tener cuidado a la hora de emplear mano dura. Una democracia de Occidente debe guardar ciertas apariencias, al menos de fronteras para fuera. Debe evitar imágenes que la retina identifica fácilmente con regímenes de otras épocas y/o hemisferios. Por ello, justificará públicamente su reacción exacerbada en la necesidad de restablecer el orden público, aliviar la alarma social, defender el estado de derecho. Son los argumentos de legitimación del Estado: invocará «criterios de necesidad social», vinculando los hechos al estado de ánimo, de miedo, de inseguridad con que, presuntamente, la población los interioriza. Angustia que hay que apaciguar. Alegará «criterios ideológicos», reconociendo que los objetivos que se persiguen con esos actos son políticos, pero los aderezará con adjetivos como fanáticos, totalitarios o antisistema, con lo que justificará la necesidad de combatirlos. Se apoyará en «criterios de adhesión a valores superiores», la protección de la democracia, de la propiedad privada, la salvaguarda de la libertad, de los valores inmutables del sistema. Esos son sus argumentos, o según cómo se mire, sus excusas. La estructura estatal entra en el juego porque, en definitiva, también tiene algo que comunicar. Porque no puede tolerar que se ponga en entredicho su autoridad. No puede admitir que la actitud disidente se difunda y que su ahora encarnizado enemigo, la juventud rebelde, encuentre la complicidad de sectores de la sociedad y acabe desestabilizando su proyecto político. Participa así en el juego simbólico, comunicativo, propagandístico. ¿Qué fue primero, el agravio del Estado o la reacción juvenil? ¿El sabotaje o la brutalidad policial? ¿El huevo o la gallina? La respuesta nos remontaría al principio de los tiempos, al Big Bang. Dejemos por ahora la filosofía y bajemos a las constataciones materiales. 24 La maza 20/4/10 10:16 Página 25 La Fiscalía de la Audiencia Provincial de Donostia, en su Memoria de 1995, llegó a reconocer que la naturaleza y la imprevisibilidad de este fenómeno de la violencia antagonista juvenil y la dificultad para enfrentarlo generan «una profunda desconfianza hacia todo el aparato represor con que debe estar dotada cualquier sociedad». Con el criminólogo Crenshaw, podemos responderles que están en lo cierto: los excesos cometidos por alguno de los resortes coercitivos del Estado no son un síntoma de su creciente poder y autonomía, sino una consecuencia de la propia frustración por su ineptitud para combatir el problema. Tal vez la puesta en marcha de otras medidas sociales y políticas, no únicamente las coercitivas, hubiera dado mejores resultados. Pero parece que el Estado solo tiene a mano los métodos coactivos más violentos. Lo que se conoce como «matar moscas a cañonazos». Encarar problemas de dimensión reducida con cada vez mayor capacidad de fuego. Cristales rotos Hace tiempo que en el mundo se da un discurso de exaltación de la seguridad para enfrentarse a problemas que, en su dimensión real, no suponían una grave amenaza para el establishment. No nos referimos a las medidas pantagruélicas diseñadas tras los atentados del 11S, o con la excusa de estos. No hablamos de la lamentable «guerra contra el terror» y los efectos devastadores que ha tenido, incluso para la legitimidad de los regímenes políticos que la auspiciaron. No nos referimos a la reacción estatal «macro», sino a la «micro». No a la de tanques y acorazados, sino a la que se dice ser de bisturí... y que después ya veremos a dónde llega. La crisis del modelo económico en los Estados Unidos, hace ya alguna década, derivó hacia una crisis del sistema penal, una nueva modalidad de combatir a la también «nue25 La maza 20/4/10 10:16 Página 26 va» delincuencia. El alcalde de Nueva York en la década de los noventa, Rudolph Giuliani, materializó una estrategia represiva denominada broken windows, ventanas rotas, cristales rotos. La idea se podría formular así: hay que enfrentarse contundentemente al delito en su primer estadio, cuando la gravedad es mínima –sabotajes menores, pequeños hurtos, mendicidad, okupación, prostitución, etc.–, antes de que la cosa cobre mayor dimensión. Es la idea del micropenalismo: detengamos al crío que ha roto con su balón un cristal, apliquémosle la pena con todo su rigor, que aprenda antes de embarcarse en transgresiones mayores. Enviemos de paso a la población un mensaje de eficacia, de mano dura, de que la tolerancia hacia la «delincuencia» ha terminado. Cierto, acotamos la libertad, pero, sin duda, ganamos en seguridad. Un peaje sin importancia para un ultra como Rudolph. Paralelamente, creemos una sociedad atemorizada, insegura, obsesionada con la incertidumbre de lo desconocido, de lo distinto, cargada de ansiedades. Ofrezcamos protección a las clases acomodadas, aseguremos la perdurabilidad de nuestro sistema y –de paso– nuestra primacía en él. Así comenzaba una nueva guerra contra la disidencia, la pobreza, la inmigración. Esta estrategia, también denominada Zero Tolerance, embarcada en los mecanismos de globalización, cruza rápidamente el charco y encuentra acomodo en otras latitudes, en el ámbito europeo y, por supuesto, en un estado ávido de herramientas coactivas, más aún si vienen bendecidas por el imperio: el Estado español. Así, esta teoría sirve para dotar de justificación racional a la acción estatal frente a un fenómeno que, si bien en Euskal Herria tiene una dimensión cuantitativa y cualitativa importante, se repite, tal vez con un carácter más puntual, en otras ciudades europeas y del mundo. No nos olvidemos de los acontecimientos de Francia de 2005 en los denominados «conflictos de la banlieue», barrios que rodean las principales urbes francesas y que fueron escenario de violentos enfrenta26 La maza 20/4/10 10:16 Página 27 mientos en los que ardieron más de 4.000 vehículos y se detuvieron a unos 2.000 jóvenes, con una brutalidad policial desmedida. El entonces ministro de Interior Nicolás Sarkozy no vaciló en calificar delante de las cámaras de televisión a aquella masa de jóvenes, de «racaille [chusma], de la que hay que deshacerse». No pasemos por alto que los disturbios tenían su origen en la guetización generalizada sufrida por estas áreas deliberadamente marginadas. Tampoco olvidemos los conflictos de Grecia durante el invierno de 2008, derivados de la penosa situación económica de los sectores más populares y que colapsaron el país y desbordaron a policías y políticos. En este caso, el Gobierno griego reaccionaba asegurando que no toleraría «este atropello de la democracia» y que recurriría «al estado de excepción» en caso de persistir «la ola de disturbios». Motivos y experiencias históricas, políticas, sociales, económicas muy diferentes, pero una reacción gubernamental muy similar: tolerancia cero a la insubordinación. También aquí y ahora, la continua reclamación de alzar el «listón ético contra la violencia» se interpreta fácilmente como la justificación para elevar continuamente el nivel represivo. Ofrecer un cheque en blanco a la arbitrariedad y a la injusticia de estado. Aquel Rudolph marca el camino a su tocayo, con responsabilidad en el tercio autonómico vascongado, que al momento de escribir estas líneas se hace apasionado valedor de esa filosofía: golpear al disidente, al presunto ciudadano, ahora delincuente declarado, a mandobles con su martillo de herejes. Porque ya se dijo: cuando en tu caja de bricolaje solo tienes martillos, todos los problemas parecen ser clavos. La adopción de medidas de excepción Hemos dicho que el Gobierno de Grecia amenazaba con la declaración del estado de excepción si no cesaban los disturbios. En efecto, a la hora de enfrentar ese fenómeno en nues27 La maza 20/4/10 10:16 Página 28 tro ámbito también se emplean términos tales como estado de excepción, a lo que algunos le añaden el adjetivo de «encubierto» ¿Qué queremos decir con ese término? Fue Nicolás Maquiavelo, diplomático florentino de finales del siglo XV, quien formuló la idea: «si la observancia de la ley nos conduce irremisiblemente a la ruina y pretendemos evitar esta, no hemos de observar la ley». La propuesta de quien convirtió en arte el consejo a las cloacas del poder no requiere apenas explicación. Cuando la letra de la ley se opone a los objetivos del estado, estos últimos deben prevalecer. El poder puede asumir el quebrantamiento de la ley si las circunstancias lo requieren. Así, aparecen en este enunciado los ingredientes básicos –ruina e inobservancia de la ley–, que nos explican por qué el Estado español recurre a la excepcionalidad para enfrentar conflictos. La ruina, el desastre, el precipicio, es la metáfora con que Maquiavelo identifica la dificultad en la que se puede encontrar un estado por conflictos internos o externos. Si bien es algo absolutamente subjetivo, ya que cada estado puede definir gratuitamente cuáles son sus propios fantasmas. Y en cuanto a la inobservancia de la ley… En marzo de 2000, el secretario general del PSE de Gipuzkoa, Manuel Huertas, anunció ante la Casa del Pueblo de Orereta –que había sido objeto de un ataque días antes– que su partido estaba dispuesto a recurrir a «nuestros medios y métodos de supervivencia dando por desaparecido el estado de derecho, si continúan los sabotajes contra el PSE». Apología de la justicia por su mano, de revancha, de reacciones ilegales. Tal vez se refería incluso al recurso a la guerra sucia... Ya lo hicieron antes. Invocaba la excepción de la norma que nos recomendaba Maquiavelo. Pero el incontinente dirigente del PSE olvidaba que, a día de hoy, el propio estado de derecho pone a su disposición medidas legales suficientes para resolver la situación. Además de los mecanismos necesarios para encubrir otras medi28 La maza 20/4/10 10:16 Página 29 das que son ilegales. No tiene porqué salirse del guión legal si pretende elevar el listón represivo, si busca emplear métodos como la coacción policial o parapolicial, si quiere echar mano de la tortura y los malos tratos, si pretende valerse de tribunales excepcionales. Todo eso es hoy «estado de derecho». Es la propia Constitución española la que le aporta esas herramientas. En los artículos 1º y 14º recoge el principio absoluto de «igualdad ante la ley». Sin embargo, más adelante, nos topamos con el capítulo V del título I, que recoge «la suspensión de derechos y libertades». Dentro de este capítulo, el artículo 55.2 desarrolla una fórmula que no encuentra parangón en otras constituciones: permite que ciertos derechos relativos a la libertad y seguridad de la persona, así como a los derechos al honor e intimidad individual y familiar, «puedan ser suspendidos para personas determinadas», puntualizando que «en relación con las investigaciones correspondientes a la actuación de bandas armadas o elementos terroristas». Duró poco aquel principio de igualdad. Todos iguales excepto cuando se ponen los derechos en suspensión de pago. La propia Constitución se corrige, se excepcionaliza a sí misma, introduce la alteración de su propia norma. Y veremos después cómo esta excepción se extiende como una viscosa mancha de aceite a otras actividades que poco tendrán que ver con «bandas armadas o elementos terroristas». En ese contexto general se diseñan nuevas medidas legislativas, se otorgan mayores atribuciones a las policías, se dota de competencias más amplias a tribunales, medidas todas asentadas en aquellas justificaciones de alarma social y orden político. Esta razón de estado está presente desde el inicio mismo del régimen constitucional. Pero el fenómeno aparece con inusitada fuerza en la década de los noventa, cuando se producen los grandes operativos contra grupos de jóvenes, no ya bajo la perspectiva de los actos que cometen –proporcionalidad entre el hecho y la respuesta del estado–, sino con 29 La maza 20/4/10 10:16 Página 30 el empleo abusivo de la excepcionalidad, de la suspensión de derechos, de la arbitrariedad, de la injusticia. Desaparece el tratamiento ordinario al ciudadano, en este caso joven, para comenzar a tratarlo como enemigo. Se sirve a los mecanismos coercitivos del estado una porción extra de pastel, en forma de más competencias y más impunidad. Se sacan de la cartuchera las prerrogativas excepcionales de la legislación antiterrorista –incomunicación, juzgados y tribunales especiales, calificación más severa de los delitos, ejecución de las sentencias con medidas penitenciarias infrahumanas, etc.– para enfrentarse a hechos que, antes de la eclosión de esa paranoia colectiva inducida, habían sido considerados de carácter leve en cuanto a sus efectos y ordinario en cuanto a su calificación penal. Esta dinámica dejará el viejo siglo –con la más absoluta falta de pudor a partir de 1998– incluyendo asociaciones, organismos populares, partidos políticos, medios de comunicación en esa órbita de reacción «antiterrorista». En relación con el tema que nos ocupa, el paso se da con la criminalización y estimación de «terroristas» de las organizaciones Jarrai-Haika-Segi, que hasta aquel momento operaban de forma pública y transparente. La nueva interpretación permite el control abusivo de sus actividades, la intervención sistemática de las comunicaciones de sus responsables, su detención incomunicada, la prisión preventiva hasta el límite legal de cuatro años sin juicio, la suspensión de las actividades asociativas, la inclusión nominal en las listas antiterroristas europeas, el enjuiciamiento en un tribunal especial y, por último, tras la revisión 50/2007 del Tribunal Supremo del 19 de enero de 2007, la consideración definitiva de las organizaciones juveniles y sus miembros como terroristas. Habiéndose abierto la ventana de sopetón, la corriente arrambla con todo. El Estado español irá maniobrando para encontrar el mecanismo idóneo que aplicar en cada momento: unas veces lo hará reformando la legislación, otras simplemente con una 30 La maza 20/4/10 10:16 Página 31 nueva interpretación judicial, sustituyendo las lentes habituales de los magistrados que se ocupan de estos casos por un caleidoscopio fantástico. Lo que, hasta ese momento, la justicia había considerado de una forma menos severa –valoración de los sabotajes como delitos ordinarios de incendios, estragos, etc.– o incluso había contemplado como abiertamente legal –actividades culturales, sociales, políticas– se va convirtiendo en un accionar invariablemente terrorista. Así pues, la excepcionalidad opera apretando tuercas, ofreciendo nuevas prerrogativas para la coerción y punición estatales… y dejando un reguero de violaciones de derechos humanos contra cientos de ciudadanos y ciudadanas vascas realmente grave. Unas violaciones que afectan particularmente a los más jóvenes. Estas medidas han precisado de su propia campaña de legitimación. Su propaganda. Durante los últimos años nos hemos encontrado con una desaforada perversión del lenguaje en materia de derechos humanos. Se han erigido en sus máximos defensores quienes habitualmente los pisotean. Responsables políticos e institucionales se han apropiado de ellos, invocándolos hasta la saciedad, hasta producir un vaciamiento absoluto de su contenido radical. Han utilizado el discurso de los derechos humanos como una poderosa maquinaria de guerra, precisamente contra quienes más razones tienen para invocarlos: la ciudadanía, la sociedad, sus movimientos sociales y políticos. Todos ellos han visto cómo se los expropiaba quien ha asegurado ante la comunidad internacional que los salvaguardaría: el Estado. En conclusión, las responsables del sistema no han puesto reparos en utilizar de forma sistemática prerrogativas ilegales, la violencia ilegítima, la vulneración de los estándares básicos de los derechos humanos. Así, han traspasado generosamente la línea de la proporcionalidad y de toda lógica. Han incrementado la presión hasta el punto de hacer reventar las calderas de la legalidad. Han empleado mecanismos 31 La maza 20/4/10 10:16 Página 32 abiertamente ilícitos para enfrentarse a todo un espectro sociopolítico de expresiones diversas que pone en cuestión el marco político-jurídico y que aspira a otra forma de organizar la vida pública, la democracia, las relaciones entre personas, grupos y pueblos. Nos lo advertía Maquiavelo, docto inspirador del terrorismo de estado: esas aspiraciones populares representan la verdadera «ruina» del sistema sociopolítico actual. Y, ante el precipicio, la bestia armada hasta los dientes responde con saña. Los números de la(s) violencia(s) Nos han presentado a la vasca como una sociedad peligrosa, en la que la violencia es una realidad presente y cotidiana. En contra de esa percepción inducida, los fríos datos nos ofrecen otra visión. Los informes del fiscal general del Estado español demuestran que las tasas delictivas en Hego Euskal Herria son notoriamente inferiores a las que se dan en el Estado. Por poner un ejemplo de una época y en un territorio en el que la kale borroka era plenamente activa, la tasa de delitos durante el año 1994 en Bizkaia fue de 2,48 –número de delitos cometidos por mil habitantes al año–, mientras que en Barcelona fue de 7,60, en Valencia de 17,60 y en Sevilla de 20,21. Sin embargo, hay que reconocer que las acciones por motivación política sí que presentan una dimensión absolutamente distinta. Las estimaciones del ministerio fiscal, recogidas en la Memoria que anualmente publican sobre la evolución de acciones reconocidas como «terrorismo urbano» –si bien no se llega a explicar la dimensión del concepto–, nos indican que en el año 2000 ocurrieron 630 hechos de kale borroka, en 2001 fueron 490, en 2002 se contabilizaron 190, en 2003 descendieron a 74, y en 2004 nuevamente ascendieron a 240. En 2005, serán 72 los computados por los fiscales, para aumentar en 2006 a 143 y nuevamente en 2007 a 243 32 La maza 20/4/10 10:16 Página 33 acciones. La última de las memorias publicadas indica que en el año 2008 «se han contabilizado 127 acciones de terrorismo callejero». El total en los últimos nueve años, siempre tomando como fuente las memorias de quienes ejercen la acusación en estos sucesos, sería pues de 2.209 acciones de sabotaje. Como vemos, una cifra con constantes altibajos, que establecería en 245 la media de los ataques contabilizados desde el 2000. La Memoria de la fiscalía referente al año 2008 ofrece una valoración de las cifras: La disminución de las acciones de violencia callejera, una de las formas complementarias de lucha en la estrategia criminal de ETA, se ha debido fundamentalmente a las operaciones llevadas a cabo por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad contra los más significados grupos impulsores de la «kale borroka», en las tres provincias vascas y Navarra. Sin embargo, la apología de la eficacia policial cae inmediatamente al comprobar que las 127 acciones se encuentran en esa media de 121 sucesos recogidos en los últimos cinco años. Menos que en 2007 pero el doble que en 2003. ¿Tenemos que concluir que en el 2000, con 630 sabotajes, las fuerzas de seguridad del Estado estaban de vacaciones? Esos datos vendrían a dar la razón, más bien, a otros factores como el grado de conflictividad dependiente de vaivenes políticos o, simplemente, a la raíz puramente espontánea de los hechos. En cualquier caso, tenían que justificar de alguna manera la beligerancia estatal con que se han enfrentado al fenómeno. Para tener una visión más profunda de los datos que se manejan, la Memoria del ministerio fiscal referente al año 2007, por poner un ejemplo, recoge en referencia a los cuatro territorios de Hegoalde «243 acciones de terrorismo callejero, un incremento en 98 de estas acciones respecto del año anterior, consistentes en incendios, explosiones de artefactos y 33 La maza 20/4/10 10:16 Página 34 lanzamientos de "cócteles molotov", lo que supone un incremento del 65 por 100 frente al año 2006». Los datos se desglosan de la siguiente manera: «69 se han producido en Vizcaya, 34 en Álava, 59 en Guipúzcoa y 81 en Navarra. A destacar muy singularmente el enorme aumento de las acciones de violencia callejera en Navarra que se sitúa en torno al 170 por 100». Como decimos, los organismos estatales ponen el acento en el impacto de la violencia política juvenil en términos criminológicos, con el objetivo de magnificar la acción represiva para enfrentar el fenómeno. ¿Cuál es la calidad de la labor policial? También el ministerio fiscal nos aporta el dato, recogido en su Memoria del año 2004: «han sido detenidas por actos de terrorismo callejero 126 personas», de las cuales «solo 5 fueron puestos en prisión por los Jueces, quedando los restantes 121 en libertad». Este dato-confesión, que nunca más volveremos a encontrar en sus siguientes informes anuales, es muestra fehaciente y dolorosa de la poca calidad de la acción policial indiscriminada. Lo trataremos después, con más detenimiento. Pero, más allá de esos datos parciales, nos tropezamos con un verdadero vacío de fuentes oficiales que ofrezcan datos globales sobre la dimensión de la represión contra la juventud vasca, más aún, sobre los efectos que esa práctica ocasiona. Hemos intentado suplir esta falta. Acudiendo a la prensa, a informes elaborados por organismos no gubernamentales, estadísticas, dosieres y bases de datos de los abogados acreditados en los casos, indagando entre los afectados, hemos elaborado una base informática de la que extraer ciertas conclusiones de carácter global. Así pues, en el trabajo de campo realizado, tomando la horquilla temporal de 1992 a 2007, ambos incluidos, se ha conseguido recopilar un total de 1.663 fichas de jóvenes afectados por operativos que responden a lo que genéricamente podríamos considerar «violencia política juvenil». De ellos, 34 La maza 20/4/10 10:16 Página 35 1.383 fueron detenidos por las fuerzas de seguridad del estado, mientras que 207 se presentaron ante los órganos judiciales –generalmente la Audiencia Nacional– al conocer que eran reclamados por estos, bien porque sus nombres aparecían durante las investigaciones, bien en los interrogatorios a otros jóvenes. Otros 73 más fueron incluidos posteriormente en los sumarios abiertos. Reseñas sociológicas Iniciemos el estudio de esos 1.663 asientos extrayendo de ellos ciertos datos de carácter sociológico. En cuanto a la variable de edad de los incluidos en estas diligencias, nos encontramos con que un 23% serían menores de edad, mientras que el grueso se encuentra entre los 18 y los 25 años (el 68 %). Únicamente un 9 % supera esa última edad. Gráfico 1. Porcentajes de edad En cuanto al sexo, la gran mayoría son de sexo masculino (96%), al haberse registrado 59 casos en que serían mujeres jóvenes las implicadas. De la investigación desarrollada se extrae además que la represión contra los jóvenes se extiende a lo largo y ancho de la geografía de Euskal Herria, de forma más o menos unifor35 La maza 20/4/10 10:16 Página 36 me. De ese espectro total de 1.663 jóvenes sometidos a estos operativos o procedimientos judiciales, 145 resultan ser ciudadanos alaveses, 492 vizcaínos, 553 guipuzcoanos, 377 navarros y 62 de los tres territorios de Ipar Euskal Herria. Hay 34 jóvenes cuya procedencia no hemos podido determinar. Por lo tanto, podemos concluir que, en relación con el factor de densidad poblacional por herrialdes, se puede establecer una pauta homogénea de represión en todo el territorio. Detenciones y sus resultados En cuanto a los datos de carácter criminológico, analicemos las detenciones efectuadas por los diversos cuerpos policiales, que hemos computado en un total de 1.383 casos individuales al restar los que se presentaron directamente ante las autoridades judiciales. Veamos también el resultado –prisión o libertad, con o sin cargos– tras la detención. Llegamos así a las cifras consignadas en la siguiente tabla: Tabla 1. Detenciones por cuerpo policial cuerpo policial ertzain- policía guardia policía policía francesa municipal tza nacional civil detenciones totales ingresados prisión libertad condicional libertad sin pasar ante el juez libertad sin cargos no consta la situación tras la detención 36 647 469 151 70 10 247 151 67 21 1 297 241 58 24 8 36 36 14 15 0 6 14 8 10 0 61 27 4 0 1 La maza 20/4/10 10:16 Página 37 Nuevamente, y debido a la falta de datos globales oficiales, tenemos que reconocer que hay 36 casos individuales en los que no hemos podido determinar qué cuerpo realizó el arresto. Dejando de lado esa cifra residual, valoremos los datos recogidos en la tabla. La Ertzaintza habría llevado a cabo la mayoría de las detenciones, elevando su porcentaje hasta el 48% del total. La Policía Nacional computa el 35% y la Guardia Civil el 11% del total de arrestos. Los gendarmes practicaron un 5%. Gráfico 2. Porcentaje de detenciones por cuerpo policial En referencia a los datos sobre la situación en que quedan los jóvenes tras la detención, estos nos indican que 489 ingresaron en prisión una vez pasaron ante el juez. Por el contrario, 634 quedaron en libertad provisional, siendo además que 139 habrían sido puestos en libertad sin cargos una vez han pasado ante el juez. Nuevamente tenemos 93 casos que no hemos podido dilucidar. Gráfico 3. Situación tras la detención 37 La maza 20/4/10 10:16 Página 38 En cualquier caso, quede como referencia la tendencia a la detención gratuita y masiva que denota la inexistencia de indicios racionales de culpabilidad, avalada por el porcentaje del 61 % de jóvenes puestos inmediatamente en libertad tras su arresto, y más aún, el 11 %, que quedará además sin cargos. De esta experiencia se llevan la propina de una detención arbitraria. Siendo anecdóticos los casos en los que se han realizado las detenciones en el lugar de los hechos delictivos, este dato avalaría la idea de que las detenciones son en su gran mayoría exploratorias, para conseguir la información necesaria para inculpar al joven. La eficacia policial queda en entredicho. En efecto, si comparamos estos resultados con los referidos a las personas que se presentan voluntariamente ante el juez, ya que han tenido conocimiento de que eran requeridas por la policía, vemos claramente como disminuye categóricamente el número de personas que acaban en prisión provisional. En este caso, el anterior 39 % de personas que ingresan en prisión desciende a un 22 %, correspondiendo el 78 % restante a quienes quedan en libertad tras comparecer libremente. Este dato muestra con claridad que, sin los datos autoinculpatorios, el juez de «investigación» carece de otros elementos en los que pueda sustentar la acusación. Cruzando los porcentajes de detención de los cuerpos policiales con el dato de su posterior ingreso en prisión, el resultado nos indicaría que a un 45,58 % de los arrestados por la Guardia Civil se les decreta prisión preventiva, descendiendo a un 42,15 % en el caso de la Ertzaintza y al 34,16 % para la Policía Nacional. La acción de la Policía francesa llevaría a prisión preventiva a solamente un 30 % de los arrestados por ella y la Policía Municipal al 11,11 %. Otra forma de interpretar la «eficacia» policial, o, al menos, la habilidad para arrancar un testimonio que justifique el posterior ingreso en prisión. 38 La maza 20/4/10 10:16 Página 39 Gráfico 4. Porcentajes de resultado de la detención por cuerpo policial De todos estos datos, las conclusiones más visibles que podemos extraer revelan que la mayoría de detenciones terminan con la libertad provisional, menos en el caso de la Guardia Civil, que consigue encarcelar a la mayoría de sus detenidos. Sin embargo, también hay un dato que indica que este cuerpo tiene una tendencia importante a errar con las detenciones, ya que un 15 % de los arrestados son puestos en libertad sin cargos. Y más grave aún: es el cuerpo policial que tiene el más alto porcentaje –un 9,52 %– de liberados sin ni siquiera ser puestos a disposición judicial. Evidencia también de la autonomía con que funciona. Ese porcentaje solo es superado por la Policía francesa, que en un 35,72 % de los casos pone en libertad a sus detenidos sin presentarlos al juez, indicador igualmente de la tendencia a la detención gratuita. Régimen de detención y trato al joven Un elemento que venimos apuntando, y en el que después tendremos que profundizar en términos cualitativos, es el de la tortura. Este fenómeno aparece siempre vinculado al méto39 La maza 20/4/10 10:16 Página 40 do de arresto que se aplique. Un 59,5 % de los casos (767 detenciones) habría sido efectuado bajo incomunicación, auténtica fuente de malos tratos y tortura, frente a 522 detenciones que fueron gestionadas bajo la legislación ordinaria. Nuevamente tenemos un residuo de 94 casos en los que no podemos determinar qué régimen les fue aplicado. Es interesante detenerse a valorar el itinerario que el método de detención ha dibujado en el tiempo. En la década de los noventa, era mayoritariamente empleada la detención comunicada, bajo supervisión de las Audiencias Provinciales. En la década siguiente se invierte esa tendencia, generalizándose el arresto bajo el régimen antiterrorista, por orden de la Audiencia Nacional. El paso de una a otra ha supuesto un punto de inflexión determinante que marca tanto la calidad del tratamiento que dispensan las diferentes policías que lo aplican, como la severidad del castigo penal que el tribunal antiterrorista impone al joven en forma de condenas. Gráfico 5. Tipos de detención por periodos La elección de un régimen u otro de custodia del detenido no es un capricho. En efecto, mientras que la legislación antiterrorista arranca declaraciones que facilitan el encierro del arrestado, la legislación ordinaria no consigue semejantes cuotas de autoinculpaciones. Esto marca la efectividad de una frente a la otra, a cuenta de aparcar molestas garantías de los 40 La maza 20/4/10 10:16 Página 41 derechos humanos. La desgraciada consecuencia práctica del dúo incomunicación + tribunal antiterrorista frente a la pareja detención comunicada + tribunales ordinarios se vislumbra nítidamente en el siguiente gráfico, referente al efecto en la posterior prisión o liberación del arrestado. Gráfico 6. Efectos según la legislación aplicada El análisis de la predilección por el sistema de detención incomunicada nos ofrece conclusiones interesantes: la Guardia Civil es quien más utilización hace de este régimen, con un 82 % de las detenciones que practica. La Policía Nacional seguirá a la zaga, con un 72 %, mientras que la Ertzaintza utilizará este sistema excepcional de arresto en un 47 % de su práctica. Si bien la incomunicación en la legislación francesa no se prolonga por más de tres días, la Policía francesa utilizará estas prerrogativas en el 74 % de los casos de arrestos justificados en violencia política juvenil. Gráfico 7. Tipo de detención según el cuerpo policial 41 La maza 20/4/10 10:16 Página 42 Vinculado al régimen que se aplica en el arresto, podríamos extraer de nuestro trabajo de campo que al menos 475 de los jóvenes han denunciado públicamente haber sufrido torturas por los cuerpos policiales que se encargaron de su custodia, lo cual arrojaría un porcentaje del 34,35 % del total de detenidos: más de un tercio. Aunque sea de por sí importante, este dato está lejos de ser real, ya que no hemos podido recabar sino una reducida parte de las declaraciones personales del trato recibido en dependencias policiales. Pero, en efecto, uno de los elementos que no deja lugar a dudas es que las personas que han denunciado haber sufrido torturas, en su gran mayoría (81 %), habían sido detenidas bajo custodia incomunicada. Gráfico 8. Denuncias de tortura por régimen de detención También nos consta que al menos 246 jóvenes interpusieron una denuncia judicial. Denuncia que acumula polvo en algún cajón de la, para otras cosas tan diligente, Administración de Justicia española. Tribunal competente e imposición de condenas Para analizar el comportamiento que ha tenido la Administración de Justicia en el enjuiciamiento del fenómeno de violencia juvenil de raíz política, emplearemos aquella distribu42 La maza 20/4/10 10:16 Página 43 ción conforme a dos periodos de ocho años. Así, del año 1992 hasta el 2000, un 49 % de los casos será conocido por los tribunales ordinarios –Audiencias Provinciales–, mientras que un 47 % será incoado ante la Audiencia Nacional. La predilección por el tribunal madrileño explota en los siguientes ochos años, entre 2000 y 2008, con un 77 % de casos llevados por la Sala de lo Penal del Tribunal de la madrileña calle Génova. Mientras, se reduce al 16 % los conocidos por las Audiencias de las cuatro provincias vascas. Este dato nos manifiesta la evolución de la interpretación sobre la naturaleza de los delitos imputados –ordinarios o terroristas– y que en un capítulo posterior trataremos en profundidad. Baste decir, por ahora, que las cifras totales indican que la Corte excepcional madrileña ha investigado y enjuiciado al menos 897 casos (56,7 %), siendo 609 los conocidos por las Audiencias Provinciales (38,5 %), además de esos otros 49 casos (3,1 %) incoados por la 14ª Sección del Tribunal antiterrorista de París. Por su parte, los juzgados de menores ordinarios han conocido 13 casos (0,82 %), porcentaje similar a los 14 casos que se han llevado por el Juzgado Central de Menores de la Audiencia Nacional. Gráfico 9. Competencia judicial En cuanto a las penas impuestas, hay que prevenir de que en muchos casos no se ha podido trazar con fiabilidad el resultado de todas las actuaciones judiciales abiertas. Los 43 La maza 20/4/10 10:16 Página 44 archivos de las causas y el desprocesamiento de jóvenes no suelen aparecer reflejados en la prensa escrita, fuente principal de nuestro trabajo, más atenta a la detención y el castigo. Reconociendo esa deficiencia, computamos un 40,64% de casos individuales de imputación que nunca desembocaron en juicio, otro importante indicador de la calidad de la acción de los uniformados y del carácter aleatorio de las detenciones. A ese dato habría que añadir un 13,67% más de absoluciones tras la celebración de la vista pública. El resto, un 45,82%, correspondería a los jóvenes que habrían sido condenados. Gráfico 10. Resultado de los procedimientos judiciales En cuanto a las penas impuestas, del total de procedimientos que hemos recopilado con resultado condenatorio, a un 41,34 % de los jóvenes se les habrían decretado penas de menos de dos años de prisión, periodo que, de no existir otras causas pendientes, no habrían tenido que cumplir. Un 50,43 % han debido cumplir condenas de entre 2 y 10 años de cárcel, mientras que un 8,21% se encontraría en una franja punitiva que ascendería al vector 10-20 años de prisión. El escándalo se centra en los 7 casos individuales de jóvenes a quienes se les habrían decretado penas de prisión superiores a los 20 años, siempre hablando de este tipo de actos de sabotaje. 44 La maza 20/4/10 10:16 Página 45 La decisión condenatoria habría afectado a 348 jóvenes. Sumando todos los años impuestos acumularían más de dos milenios de prisión. Una media de 5,7 años para cada uno de ellos. Las cifras hablan por sí solas. 45 La maza 20/4/10 10:16 Página 46 La maza 20/4/10 10:16 Página 47 secuencia represiva que el enfrentamiento entre sectores de la ciudadanía vasca –jóvenes, trabajadores, estudiantes, etc.– y fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en nuestras calles es una imagen que se pierde en la memoria, en el subconsciente de las clases populares de Euskal Herria. ¿Quién no ha participado, presenciado, sufrido las consecuencias colaterales de estos tumultos? ¿Quién no ha encontrado en la policía los principales instigadores de disturbios, mientras se escucha el consejo de algún compañero de «no caigáis en provocaciones»? Si simplemente no hubiesen aparecido todo habría discurrido con normalidad. Una afirmación que se aferra a nuestro sistema intuitivo. La represión contra la juventud vasca no ha sido lineal, ni ha representado idénticos elementos en todo momento. Puede decirse que, al igual que la reacción del Estado, la violencia urbana por motivos políticos ha cambiado también en sus formas, variando en métodos, tácticas, estética, etc. Pero no solo cambian las circunstancias del enfrentamiento, también la forma de interpretar estos hechos. Juan Cotino, empresario, miembro del Opus Dei y director general de la Policía Nacional en la época en que Mayor NO NOS EQUIVOCAMOS SI DECIMOS 47 La maza 20/4/10 10:16 Página 48 Oreja era un recién llegado en el Ministerio de Interior, aclaraba la mentalidad que subyace en la dirección de la represión: «las piedras las tiran cien, los cócteles, veinticinco y las pistolas igual las cogen solo cinco». Esa categorización no impide que el tratamiento represivo haya resultado idéntico contra los cinco, los veinticinco, los cien… más algunos otros cientos que desarrollan actividades convencionales de corte juvenil, más otros miles que simplemente simpatizan con ellas, más las decenas de miles que son amigos de los que lo hacen... El virus que contagia sin necesidad de contacto avanza. El sector bajo sospecha y objeto de la acción policial se amplía hasta el infinito. Analicemos en este apartado, pues, la secuencia de la actuación policial que, con el objetivo declarado de enfrentarse a la kale borroka, a los sabotajes, pone en el punto de mira potencial a toda la juventud vasca. De la espontaneidad a los «grupos Y» Como decíamos, hasta principios de la década de los noventa, la violencia urbana por razón de conflictividad política o social era un hecho importante, pero considerado por todos, absolutamente todos, derivado de la reacción espontánea de personas individuales, generalmente jóvenes. Era la época del plan de contrainsurgencia ZEN (Zona Especial Norte), diseñado por el PSOE. Es el momento en que el término «sospechoso» se generaliza para referirse a todos aquellos que adoptan ciertas actitudes, que participan en ciertas actividades reivindicativas, o que, simplemente, tenían cierta estética en el vestir. Es la era de la reconversión industrial, del conocido como «conflicto del acero» y de las masivas y violentas movilizaciones obreras. Es el momento de las grandes manifestaciones por los presos, por la «disolución de los cuerpos represivos». Es la época de las protestas estudiantiles masivas. Reciente48 La maza 20/4/10 10:16 Página 49 mente habían fracasado las negociaciones de Argel y los protagonistas volvían a la dinámica de conflicto violento con total crudeza. En la calle se suceden los disturbios que producen decenas de heridos. La reacción del Estado se circunscribe a la represión cuerpo a cuerpo. Apenas hay arrestados por estos hechos. Todo termina tras la carrera, cuando se disipa el humo, cuando sanan las heridas de los porrazos, cuando desaparecen las contusiones de los pelotazos. Sin embargo, a partir de 1992 estos conflictos urbanos comienzan a cobrar otra magnitud. Se produce una especialización de la policía en labores de «antidisturbios». Las técnicas empleadas suponían consecuencias de orden físico cada vez más severas. Además, el material empleado presentaba nuevas características, como ser cada vez más indiscriminado; en algunos casos, abiertamente ilegal. Pero el elemento trascendental fue la evolución de aquella primera orden que tenían los agentes de dispersar a los manifestantes, transitando hacia la práctica de la detención. Cada vez se producen más arrestos en el curso de los choques entre manifestantes y uniformados. El cambio de guión se experimenta en la calle, pero su origen está en los despachos. Los enfrentamientos no revisten novedad, ni mayor gravedad, sino que se les dará una nueva dimensión por parte de estamentos políticos. Los medios de comunicación colaboran amplificando las nuevas directrices. Las prioridades de orden social, la necesidad de ofrecer una imagen de estabilidad, de desterrar ciertas expresiones reivindicativas ante la apertura a Europa, ante el reclamo a los turistas, etc., marcan un nuevo objetivo: hay que sacar el fenómeno contestatario de su terreno habitual, la calle. Son los grandes fastos de las Olimpiadas de Barcelona, la Expo de Sevilla, las celebraciones por el V centenario del «descubrimiento». Aquí también, la nueva imagen, la campaña «Ven y cuéntalo» de la entonces consejera de Turismo 49 La maza 20/4/10 10:16 Página 50 Rosa Díez, requería que su compañero de Gobierno, Juan María Atutxa, barriera las avenidas de protestas. Con la mayor severidad de las actuaciones antidisturbios se produce un corrimiento en las formas de la protesta popular: descienden los encuentros violentos con la policía pertrechada hasta los dientes y con órdenes de detener, pero se practican más sabotajes. La propia lógica del sabotaje permite a sus adversarios que lo puedan presentar no ya como la reacción espontánea de la manifestación, sino como un fenómeno preparado, organizado y con determinada paternidad política. Así, se podrán encontrar responsables en el terreno de la autoría material y en el ámbito político. Esta campaña necesita un elemento de enganche, una marca. Quienes tienen la responsabilidad en atajar el fenómeno reivindicativo ponen sobre el tapete un concepto que pretende englobar todas las dinámicas de protesta y que, a su vez, desbroza el camino que a partir de ahora ha de transitar la represión: se fabrica el concepto «grupos Y». Esta construcción tendrá importantes consecuencias en el ámbito policial, pero también en el espacio comunicativo, en la pugna simbólica que comentábamos en el capítulo anterior. Desde los medios de comunicación se amplifican las declaraciones de los responsables políticos e institucionales, que comienzan a establecer un paralelismo entre las acciones de violencia urbana y las llevadas a cabo por ETA. Esto llevará a que se dote a las fuerzas de seguridad del estado de mayores herramientas operativas y presupuestarias. Se suspenden ciertos derechos del detenido por estos motivos, recurriendo a la legislación antiterrorista y su medida estrella: el régimen de incomunicación. Se aporta a la policía facultades extraordinarias para elaborar la instrucción del caso y, con ella, la acusación. Por último, se introducen ciertos ajustes en el poder judicial, con una particular interpretación de los hechos que lleva a involucrar a la Audiencia Nacional en su 50 La maza 20/4/10 10:16 Página 51 instrucción y enjuiciamiento. Estos dos últimos peldaños los analizaremos con detenimiento en los siguientes capítulos. Centrémonos ahora en la actuación de los ejecutivos central y autonómico por medio de sus facultades de policía: cómo se involucran las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en la represión de los cada vez más famosos «grupos Y», con mención especial al despliegue que llevará a cabo la Policía Autonómica. Su debut será en plena efervescencia de este fenómeno. Todo el mundo parece asumir que el origen de los «grupos Y» está en los papeles incautados a la dirección de ETA tras su detención en Bidart, en los que presuntamente se establecía una forma de organización de las violencias ajenas a la organización armada. Una mentira mil veces repetida. Carmen Gurruchaga nos ofrece la explicación en su libro Los jefes de ETA. La periodista basa sus especulaciones en que lleva más de 20 años estudiando el fenómeno, si bien «todavía hoy me sigo sorprendiendo de lo extrañamente "normales" que parecen la mayoría cuando uno se sienta a hablar con ellos». Sobre esta base deduce que «la guinda de la acción policial contra la banda la pone la operación llevada a cabo en Bidart el 29 de marzo de 1992 en la que, de una sola vez, es apresada la troica dirigente: Francisco Mujika Garmendia, "Paco"; José Arregi Erostarbe, "Fiti", y el propio "Txelis", José Luis Álvarez Santacristina». Ante esta situación, la periodista, que prevé un corto futuro a ETA, intuye además que tiene que adoptar caminos alternativos: «en esas circunstancias, cuando la organización está a punto de sucumbir, porque tiene que reorganizar todas sus estructuras y no tiene dirección que pueda hacerlo, aparece KAS, recientemente reconvertido en una especie de partido que va a salvar la cara a ETA... y la kale borroka, "inventada" por Álvarez Santacristina con el nombre de grupos Y». 51 La maza 20/4/10 10:16 Página 52 Reproduzcamos su teoría: Otra de las convicciones de «Txelis» es que ETA no puede permitirse el lujo de perder a un activista por haber realizado acciones menores como quemar un coche o algún local relacionado con intereses franceses, por ejemplo. Así pues, diseña un entramado de grupos de apoyo a la estrategia terrorista, formado por jóvenes, menores de edad, que no puedan ser juzgados por no tener edad penal. Además, como lo que realizan son destrozos materiales menores, para lo que utilizan elementos mecánicos, si son detenidos, serán juzgados por un delito de faltas, lo que, en caso de ser condenados, se corresponde con una pena que nunca será superior a dos años, y que en España, si es la primera condena, no se cumple. A estos grupos los denomina comandos X, Y y Z. Los primeros estarían encargados de labores de agitación política; los segundos, de los sabotajes a intereses públicos o privados y los terceros son los comandos de la propia organización ETA. Acorralando al sentido común, especula sobre el diseño de toda la estructura, el «organigrama» que tanto gusta dibujar a los periodistas: responsables de cada «grupo Y», responsables de provincia, responsable regional «conocido solo por un miembro de la ejecutiva de KAS»... La periodista se atreve incluso a plantear el campo de entrenamiento para estos «grupos Y»: el conflicto en torno a la autovía de Leitzaran. Ahora, pues, el fenómeno presenta nombre y tiene un origen claro en el que se puede justificar el andamiaje represivo. No entraremos ahora en profundidad en cómo los medios de comunicación glosarán esta idea, pero baste como muestra el editorial de ABC del 5 de octubre de 1995 titulada «La "Y" de ETA», en el que dan los puntos de sutura antes de que se produzca la herida: A pesar de que algunos cabecillas de Herri Batasuna pretendan negar la existencia de estos «comandos» violentos organizados y aseguren que se trata de un «montaje policial», pues 52 La maza 20/4/10 10:16 Página 53 temen que su conexión, junto a Jarrai, «huevo de la serpiente» etarra, con ETA quede aún más demostrada de lo que ya lo está, lo cierto es que existe documentación incautada a la banda mafiosa que demuestra esa siniestra vinculación. Estos «grupos Y», que pueden calificarse sin exageración de pertenecientes a ETA, forman parte esencial de la estrategia de «guerrilla urbana» diseñada por el entorno proetarra, cuya misión consiste en la realización de actos de sabotaje, principalmente en aquellas zonas en las que ha descendido la actuación criminal de ETA, como consecuencia de la detención de sus «comandos». Tienen el dibujo, a grandes brochazos, de la disculpa que necesitan para tratar el fenómeno juvenil con mano de hierro. Ahora que los aprendices de Frankenstein han confeccionado el monstruo, solo necesitan la descarga eléctrica que lo ponga en marcha. El chispazo El 29 de mayo de 1994 explotan de forma indiscriminada sendos artefactos situados en la playa de Muskiz y en un descampado en Artxanda. Tres personas resultan heridas de gravedad. Inmediatamente, Juan María Atutxa, ínclito titular de Interior del Gobierno autonómico, apunta sus baterías hacia su demonio particular: «KAS decía que había que dar fuerte y había que buscar notoriedad a través de la inestabilidad de la sociedad». Por eso deja caer que «pudiéramos inclinarnos a pensar que pudieran ser los de siempre los que ejercieron este hecho repugnante». Nótese la cautela con que adjudica responsabilidades tan sumamente graves: «pudiéramos inclinarnos a pensar que pudieran ser» dice. Tal vez conozca la autoría parapolicial de los hechos, pero lanza, sin excesivo convencimiento, la acusación que políticamente le toca hacer. Cuestionado por los periodistas sobre el hecho de que no existen precedentes de la colocación de este tipo de artefactos 53 La maza 20/4/10 10:16 Página 54 de forma indiscriminada, Atutxa puso los ejemplos de Hipercor, y el niño Fabio Moreno, muerto al explotar una bomba cuando viajaba con su padre, guardia civil. Al hacerle ver que en el primer caso hubo aviso y que en el segundo el objetivo eran militares, Atutxa admitió: «sí, hay que reconocer que en otros casos se han hecho avisos por teléfono». ¿La acusación pierde fuelle? El entonces biministro de Justicia e Interior, Juan Alberto Belloch, corre raudo en su ayuda. Parecía tenerlo más claro. Apoyado en el titubeante trampolín colocado por Atutxa, da el salto definitivo. Atribuye sin tapujos los hechos a los «grupos Y», recién salidos del horno mediático. Portavoces de organismos de la izquierda abertzale negaron tajantemente esa interpretación, al igual que otras asociaciones como Elkarri o Gesto por la Paz, que atribuían las explosiones a la guerra sucia o a elementos parapoliciales. Había que apuntalar la idea de la autoría de los pérfidos «grupos Y». La Ertzaintza descubre días más tarde un «zulo» –otro sustantivo poco neutro– en Barakaldo. En él se habrían encontrado bombonas de camping-gas, ácido sulfúrico, petardos de feria, un presunto «libro trampa» preparado para explotar, así como manuales, libros de explosivos e incluso ejemplares de las revistas Zutik y Punto y hora. No especularemos sobre quién puso el material ahí, pero la realidad es que a Atutxa le faltó tiempo para atribuírselo sin duda alguna a Jarrai, a quien denominó la «cachorrera de KAS». Así, aprovechó para apuntalar aquellas primeras y balbuceantes declaraciones sobre las acciones de Muskiz y Artxanda, al asegurar, ahora sin lugar a dudas, que corresponden al «vivero de futuros etarras que se van forjando en el alegal colectivo de Jarrai». Reitera, ahora sin ambages, que «la acción del domingo –día en que reventaron los artefactos abandonados– corresponde a estos grupos». En respuesta al linchamiento orquestado, Joseba Kamio, responsable de la organización juvenil aludida, manifestó 54 La maza 20/4/10 10:16 Página 55 públicamente su certeza de que los autores «han sido elementos de los aparatos del estado». Se pregunta «si alguien en su sano juicio, conociendo su trayectoria durante 15 años, puede pensar que Jarrai está detrás de estos atentados indiscriminados contra la población vasca». La cruzada de criminalización contra el movimiento juvenil, a través de la cual es vinculado no ya únicamente con la kale borroka, sino también con estas graves acciones indiscriminadas contra personas, que requieren el manejo de sofisticados artefactos explosivos, está en marcha. Para enfrentarse a ella, Jarrai lanza la campaña «Gaztea naiz, eta?», en cuya presentación el responsable de la asociación juvenil, Mikel Zubimendi, hace declaraciones premonitorias: «tanto en los medios de comunicación como en el Pacto de Ajuria Enea y en los propios servicios policiales está ganando la opción de plantear un modo de actuación brutal y sistemático en términos puramente policiales contra la juventud abertzale y su expresión organizada: Jarrai». En la comparecencia denunció las expresiones utilizadas contra el organismo, tales como «jóvenes radicales de Jarrai», «encapuchados de Jarrai», «pistoleros de Jarrai». Quedaban así grabados en la retina social unos hechos perversos vinculados a unos siniestros grupos. Nunca fueron esclarecidos, lo cual contrasta con la diligencia que se ha puesto en otros sucesos que difícilmente generarán semejante conmoción social. La semilla de la duda estaba sembrada y la construcción de los fantasmagóricos «grupos Y» avanzaba por sí sola. El monstruo de Frankenstein, que todo lo destruye, tiene vida propia. La guerra sucia contra la juventud La Guardia Civil y la Policía española llevan acantonadas en territorio vasco desde tiempo inmemorial. Por su parte, a 55 La maza 20/4/10 10:16 Página 56 principios de los años noventa la Ertzaintza acelera su despliegue en los pueblos y ciudades de la Comunidad Autónoma Vasca. Uno de los papeles que inmediatamente adopta la Policía dependiente de Lakua es acallar toda expresión política o social de la juventud. Desde el primer momento, la utilización del cuerpo policial «integral» como ariete contra la juventud traerá aparejado una conflictividad, una enemistad substancial entre sectores juveniles y agentes de este cuerpo. No es el objetivo de este trabajo realizar un análisis exhaustivo del trato que este organismo policial ha dispensado a los jóvenes en sus múltiples facetas de actuación –desalojos de gaztetxes, represión de reivindicaciones estudiantiles, hostigamiento en fiestas o actividades lúdicas, cargas contra movilizaciones, actitudes insultantes, prepotentes, reacciones de violencia gratuita, etc.–. Dejemos constancia de que la animadversión entre sectores juveniles y este cuerpo policial ha resultado una constante, en términos, además, viscerales. Así, en el tercio autonómico será la Ertzaintza la que se emplee a fondo. Algunas veces, en un nivel público o notorio de brutalidad policial en detenciones violentas en plena calle, irrupción en espacios festivos o movilizaciones, en graves e innumerables cargas, algunas con resultado de muerte, como en los casos de Imanol Lertxundi, Rosa Zarra y Kontxi Sanchiz. Otras, su actuación será seminotoria o seudoclandestina, tales como actuaciones de información, control social, infiltración en manifestaciones y actos políticos, actitudes provocativas, interrogatorios irregulares, etc. Y, por último, nos encontramos con la acción incontrolada, clandestina, parapolicial. En ciertos casos, se ha llegado a la reacción perturbada de agentes del cuerpo autonómico, muy próximo a lo que otras policías han dado en llamar el «síndrome del norte», término que en alguna ocasión ha sido empleado por fuentes de la propia Ertzaintza. Esta conducta policial configura el fenómeno represivo contra la juventud. 56 La maza 20/4/10 10:16 Página 57 A finales de la década de los ochenta, incontrolados, posiblemente vinculados a aparatos policiales, ya habían desarrollado acciones de guerra sucia contra jóvenes vascos. J. Ramón Iriarte, Edurne Sanpedro, Irantzu Mugeta, Aitor Latorre y Paul Asensio recibieron amenazas de desconocidos embozados. Algunos de ellos fueron marcados a cuchillo con las siglas del GAL o con cruces gamadas. Con ese precedente, fuentes internas de la propia Ertzaintza filtraron que en el seno del colectivo policial los agentes más exaltados habían comenzado a barajar la posibilidad de ejecutar acciones de índole parapolicial contra ciudadanos de la izquierda abertzale. Su amenaza se llevaría a la práctica en los lugares donde se produjeran ataques contra patrullas de la Policía Autonómica o sabotajes contra sus bienes privados. El dirigente de la UGT-Ertzaintza Felipe Oria aseguraba que, ante la desasistencia en la que se encuentran los agentes por parte de los mandos de Interior, «se empezaban a escuchar voces en los momentos de acaloramiento que hablaban de la creación de grupos paralelos de protección». Según algunas fuentes, habría ya una intención de pasar de los «grupos de protección» a los «grupos de agresión». Casos de actuaciones intimidatorias, seguimientos irregulares, retenciones, secuestros, interrogatorios ilegales, peticiones de colaboración bajo amenaza, agresiones directas de agentes de paisano, etc., serán en ese periodo desayuno de cada día. Se pone en marcha una nueva táctica en la que los jóvenes, como casi siempre en estos casos, se llevarán la peor parte. En diciembre de 1993, Ángel P. B. es narcotizado y secuestrado en Arrasate y despierta horas después en un vehículo en las inmediaciones del pantano de Uribarri. Uno de sus ocupantes le asegura que se han confundido de persona. Más tarde descubre que tiene la marca de un pinchazo en el brazo. En enero de 1994, Agustín O. G., de Irun, denunció una agresión por parte de dos individuos con un aparato desco57 La maza 20/4/10 10:16 Página 58 nocido que generaba fuertes descargas eléctricas que lo dejaban semiinconsciente. En mayo se repite la agresión contra el mismo joven. Algo antes, otros dos vecinos de Irun habían sido secuestrados y conducidos a un descampado por personal armado que les realizaba interrogatorios. En agosto, un joven de Ortuella denuncia que le habían cortado los cables del freno de su moto… No podemos olvidar la quema de la herriko taberna del Casco Viejo de Bilbo o la de Balmaseda. Todos estos hechos, que salpican los titulares de prensa y que fueron denunciados ante los tribunales sin éxito, se vincularon a la Ertzaintza. Tal vez mejor puntualizar, a la para-Ertzaintza. El propio Atutxa detectó los movimientos y se vio obligado a enviar cartas personales a cada uno de sus agentes en las que les solicitaba que no respondieran con «acciones ilegales». En una entrevista en El Correo abundaba en la cuestión, al tiempo que justificaba a sus uniformados: «ante tanta locura, sobre todo si has sido víctima directa de sus acciones, no es fácil mantener la cabeza fría y evitar el nerviosismo». Típico arranque de condescendencia con la violencia propia. Gorka Lupiáñez presentó una denuncia judicial el 14 de diciembre de 2001, arropado por sus padres, por «amenazas y detención ilegal», refiriéndose a hechos sucedidos un par de días antes, cuando fue violentamente retenido durante dos horas por dos personas que se identificaron como ertzainas. En su denuncia relataba que le llevaron al monte Bitaño, donde «me amenazaron con hacer daño a mi familia si no colaboraba con ellos». En declaraciones a los medios de comunicación, exigía que «termine la persecución que sufren los jóvenes». Pero no solo se detectan acciones bajo la oscuridad de la noche o en la impunidad de un descampado. Se produce un importante salto cualitativo con la utilización de fuego real en el curso de operativos antidisturbios o la práctica de 58 La maza 20/4/10 10:16 Página 59 detenciones del cuerpo autonómico. En enero de 2002, la Ertzaintza realizó dos intervenciones en Irun y Gernika con un denominador común: la utilización de armas de fuego. Un comunicante anónimo, en una llamada a Gara, se refería a hechos producidos en la localidad vizcaína, asegurando que «cuando llegaron a la zona de los sabotajes, no se limitaron a dispersarnos, sino que sacaron sus pistolas y comenzaron a dispararnos indiscriminadamente». En el caso de Irun, una nota de prensa del cuerpo policial se refería a que «un grupo organizado» había atacado entidades bancarias y la comisaría de la Policía Nacional de Irun. Los hechos se desencadenaron la noche del sábado 5 de enero, cuando en la calle Artaleku varios jóvenes «extraían bolsas con material que iba a ser presuntamente utilizado en actos de violencia callejera». Así, en su nota, la Policía Autonómica justificaba que se «tuviera que hacer uso de sus armas reglamentarias disparando varias veces al aire para repeler el ataque de entre 25 y 30 encapuchados que comenzaron a arrojar cócteles molotov contra los agentes». La nota con membrete del Departamento de Interior precisaba incluso que uno de los agentes había recibido el impacto de uno de los cócteles, pero curiosamente no fue necesaria su evacuación. Testigos contradijeron la versión policial. Aquellas «varias veces» que aseguraba la policía se convertían en «muchos disparos», y si bien la nota oficial aseguraba que se habían realizado «al aire», los testigos presenciales confirmaron que las efectuaron «con la rodilla en el suelo». De hecho, los vecinos indicaron a los periodistas impactos de bala en paredes y puertas de garajes, a menos de 1,80 metros del suelo, por lo que no dudaban en concluir que habían «disparado a matar». Quienes habían presenciado los hechos añadieron que los agentes de la Ertzaintza «salieron de todas las esquinas de ambas calles, de los portales, de los coches y comenzaron a disparar. ¿Esto no es una emboscada?», se preguntaban. 59 La maza 20/4/10 10:16 Página 60 La operación se saldó con la detención de siete jóvenes y el registro de varios domicilios de Irun. Tras cuatro meses en prisión preventiva y una impresionante campaña mediática, fueron puestos en libertad. En el juicio se les impuso una pena de dos años por desordenes públicos por el intento de quema de una sucursal bancaria, pero que no hubieron de cumplir. Desaparece del relato de hechos el ataque con cócteles que alegaban los agentes, y, con ello, la causa de atentado a la autoridad. La sentencia de la Audiencia Nacional consideraba que los jóvenes, al identificarse los policías como tales y dar el alto al grupo, «fueron desprendiéndose de los artefactos incendiarios, guantes y capuchas referidos, y dándose a la fuga». Al desecharse judicialmente el riesgo de ataque, solo quedan preguntas: ¿fue aquello una actuación derivada de los nervios, que decía El Correo?, ¿o se trató de un operativo programado? ¿No parece, más bien, una cacería de jóvenes en desbandada? Este tipo de hechos contribuyen a calentar un clima, ya de por sí altamente enrarecido. Servirán para ir readecuando la estrategia policial hacia una suerte de barra libre en el trato hacia los jóvenes. Estos hechos configurarán también la forma y el fondo de las versiones oficiales como instrumento comunicativo para justificar y dotar de impunidad a la acción represiva. El nuevo concepto de «seguridad ciudadana» en Nafarroa El que no la hayamos tratado en primer lugar no relega a un segundo, en gravedad, la actuación policial en Nafarroa. Desde principios de la década de los noventa, en todo el herrialde, pero especialmente en las calles de Iruñea, las acciones protagonizadas por la policía dejan un saldo escalofriante. En cifras y en cicatrices. 60 La maza 20/4/10 10:16 Página 61 La exagerada dimensión que periodistas y responsables políticos dan a algunos enfrentamientos entre policías y jóvenes llevan a la Delegación del Gobierno en la capital navarra a poner en marcha una fórmula para respaldar con legitimidad social la respuesta policial que, día a día, se hacía más violenta. Y ante algunos sectores más cuestionada. Otra pata de la represión: la implicación de la sociedad en la demanda de «más madera» contra la acción juvenil. Con esa ambición, se creó el Consejo de Seguridad Ciudadana, promovido directamente por el delegado del Gobierno, entonces César Milano, para «introducir el concepto de seguridad ciudadana en sustitución del tradicional de orden público». Con el cambio de paradigma pretende traspasar la iniciativa a la ciudadanía, que colabore en tareas que hasta aquel momento se habían encomendado en exclusividad a las fuerzas de seguridad del Estado. Así, entidades pertenecientes a ámbitos variopintos se sumaron a las reuniones exploratorias: Cruz Roja, Cáritas Diocesana, asociaciones de comerciantes, organismos vecinales, federaciones de padres e incluso la Asociación de Prensa de Navarra se sientan frente a frente con los dirigentes y responsables de las cuatro policías con presencia en Iruñea: Guardia Civil, Policía Nacional, Foral y Municipal. A esa extraña ensalada también estaban invitados representantes del ámbito judicial. Y es que esta iniciativa viene en un momento en que la actuación policial se ve necesitada de legitimación, después de la oposición que esta encontró durante uno de los intentos de desalojo del Gaztetxe de Iruñea. En aquella ocasión, un joven perdió un ojo de un pelotazo e incluso el Parlamento Foral manifestó su rechazo al comportamiento de las FSE. La idea de la inclusión de los colectivos ciudadanos parte de infundir un estado de ansiedad, de inseguridad, de excitar la preocupación social irracional ante la actuación –violenta o no– de la juventud. Se busca un consenso que legitime la mano dura. No se esconde el objetivo de ofrecer cobertura 61 La maza 20/4/10 10:16 Página 62 social a la acción policial, y se introduce el concepto de «colaboración ciudadana», eufemismo de la delación y el chivateo. La Delegación aclaraba públicamente que la función de este Consejo ciudadano sería la de ejercer como foro de debate consultivo y servir de plataforma para profundizar en la cooperación entre las fuerzas de seguridad y los ciudadanos y sus movimientos asociativos. Es tal la esperanza que tenía en el sistema que, el entonces delegado del Gobierno, ponía como objetivo terminar con los incidentes «antes de que se produzcan y de que la policía tenga que intervenir». Su sucesor, el tristemente conocido F. J. Ansuátegui, se estrena en el cargo ensalzando las virtudes de la «acción social contra la violencia». Esto dio motivo a ciudadanos afectos a la reacción represiva para tomar la justicia por su mano. En septiembre de 1996, Uharte celebraba sus fiestas patronales cuando varios vecinos de la localidad se enfrentaron a un grupo reducido de jóvenes que intentaban cortar una calle y que, según fuentes policiales, ocasionaron desperfectos en dos cajeros bancarios y en un vehículo. Un grupo de vecinos de la localidad navarra persiguió a los manifestantes y alcanzó al menos a uno de ellos, al que propinaron una paliza. Para Ansuátegui, la actuación de los vecinos «no puede ser más que positiva y ciertamente muy interesante», y añade que «la reacción popular es siempre favorable». Sí, ciertamente favorable para los propósitos de quien alienta día tras día el enfrentamiento civil. Miguel Sanz, recién instituido presidente del Gobierno foral, entra encarándose al fuego con un lanzallamas: «es un exponente de lo que está ocurriendo ya en el ámbito social, que está diciendo "basta ya"». Dos palabras malditas que después servirán para justificar cualquier agresión contra sectores abertzales. Mientras tanto, Herri Batasuna e Izquierda Unida de Nafarroa criticaban estas valoraciones, por considerar que «animan a los sectores más reaccionarios de la sociedad para que suplanten a sus fuerzas policiales en las tareas 62 La maza 20/4/10 10:16 Página 63 represivas», según los primeros, o que «avanzan en el ojo por ojo o la ley de la selva», en el caso de IUN. El remedio de la «colaboración ciudadana» ha sido peor que la enfermedad, en un territorio en el que las policías se han acostumbrado a funcionar como la guardia del pretor más mezquino: el gobernador civil de antes, hoy delegado del Gobierno español. La dimensión de la cooperación de ciudadanos en la dinámica policial podemos verla en los hechos que se registraron en Tafalla a partir de febrero de 1998. La tienda del alcalde de UPN, Luis Valero, había sufrido por aquel entonces un sabotaje fallido. La Guardia Civil detiene a Josu Arizmendi, Mikel Makaia, Fernando Sota e Iker Gómez, mientras que Gabino Huizi consigue huir. Poco después, el propio primer teniente de alcalde tafallés, Luis Orduña, pone en conocimiento del padre de uno de los arrestados que se había «elaborado una lista posteriormente facilitada a la Guardia Civil, en la que se incluía el nombre de una treintena de personas». Le anuncia además que su hijo estaba entre los «sospechosos» de la lista. Padres de los jóvenes detenidos comparecen públicamente para denunciar las detenciones de sus hijos practicadas por la Guardia Civil, tachándolas de «montaje policial», término que tendrá largo recorrido. ¿Quién fue el autor del listado si las fuerzas policiales, como verdadero ejército de ocupación, no conocían a los jóvenes? Según la confidencia del teniente alcalde, el propio comité local de UPN había confeccionado la lista. El editor José Mari Esparza lo explicaba así en un artículo de opinión: … la Guardia Civil presentó una lista de jóvenes al alcalde y a varios concejales. Entre todos pusieron las cruces, se preparó el montaje. Muy astuta la Benemérita, implicaba de esta forma a elementos civiles en el horror, resucitaba la antigua Junta de Guerra; enconaba el enfrentamiento entre vecinos. En un país en el que todo le es hostil, el tricornio atrapaba a dos sectores 63 La maza 20/4/10 10:16 Página 64 indígenas a un tiempo: a unos los ataba al potro del tormento y a otros al tablado de títeres. A las detenciones de los jóvenes, sostenidas en el fino olfato acusador de los concejales, siguió la ocupación de las calles de Tafalla por la Guardia Civil para impedir cualquier movilización de denuncia de los hechos y de apoyo a los detenidos. El ambiente se caldeaba: en un encendido pleno municipal, el alcalde desalojaba a familiares y ediles de HB; en la calle, la Guardia Civil apaleaba a los vecinos en una manifestación y apresaba al concejal abertzale Koldo Arriaga. Los medios de comunicación apoyan una versión de los hechos, los jóvenes detenidos denuncian torturas y los servicios jurídicos de Interior llevan a los padres ante los tribunales por un delito de calumnias por sus denuncias. Mientras, estos aseguran públicamente que pueden mostrar la inocencia de sus hijos. El caos. Un año más tarde el caso es sobreseído por la Audiencia Nacional. La gravedad del caso no radica solamente en los hechos, sino en el poso que deja. Una forma de actuar, un método, el de señalar con el dedo al que después los uniformados vendrán a llevarse. Sustituir la costosa investigación policial por la confianza en «la colaboración ciudadana». Operar con detenciones en masa, pescar jóvenes con redes pelágicas. Las sesiones de tortura harán el resto. La elaboración de «listas negras» con este método tendrá continuidad en este herrialde hasta hoy en día. Un dato. Falló el último eslabón: la Audiencia Nacional. Como ya veremos después, en años posteriores se hará una fuerte inversión para engrasar mejor este mecanismo represivo. Ipar Euskal Herria Las autoridades francesas también aportan su granito de arena en la represión de las expresiones juveniles en las tres 64 La maza 20/4/10 10:16 Página 65 provincias vascas bajo su administración. En mayo de 1995, Ellande Alfaro, Beñat Merle y Jokin Zaldunbide ingresaron en la prisión de Pau tras prestar declaración ante el fiscal de Baiona. Los tres jóvenes, detenidos en las localidades de Angelu y Miarritze, habrían sido sorprendidos con varios litros de gasolina y un cóctel molotov en el coche en el que viajaban. El fenómeno de la kale borroka también tenía lugar en las, a primera vista, apacibles localidades de Ipar Euskal Herria. También habrá sitio para la acción policial contra la juventud. En diciembre de 1996, diez jóvenes más fueron arrestados en Sara por su presunta relación con sabotajes, si bien la iniciativa provenía de la Audiencia Nacional española, por una comisión rogatoria a petición de la Guardia Civil. El instituto militar relacionaba a los jóvenes labortanos con acciones cuya investigación se había iniciado en Nafarroa. Las detenciones se desarrollaron bajo las órdenes de la juez antiterrorista Laurence Le Vert. Cinco fueron encarcelados acusados de haber participado o colaborado en sabotajes. Entre las acusaciones de alguno de ellos está la de «ofrecer ayuda a presuntos miembros de ETA». Rápidamente teje las conexiones la jueza especial francesa. Sin embargo, las diligencias no llegan más allá de la mera investigación. Las pretensiones españolas de extender la represión a Ipar Euskal Herria deberán respetar los ritmos propios de la Administración francesa. 10 de marzo de 1997. La policía judicial de Baiona, apoyada por efectivos de la VI División de París, apresó a cinco jóvenes en Hendaia. Los arrestos se produjeron de nuevo siguiendo órdenes de Laurence Le Vert. La magistrada de la Sección 14 antiterrorista investiga una serie de sabotajes, ocurridos meses antes, que afectan a domicilios y vehículos personales de policías franceses domiciliados en las provincias vascas bajo administración francesa. La Fiscalía solicitó cinco años de prisión, así como la prohibición de residencia en el suroeste del territorio francés, para Jerónimo Prieto y Josemi 65 La maza 20/4/10 10:16 Página 66 Esparza. La investigación se había basado en el análisis de la llamada para la reivindicación de un sabotaje, atribuido al primero de ellos. El presidente de la SFA, Sociedad Francesa de Acústica, Claude Legros, confirmó la «imposibilidad técnica de reconocer en la grabación» la voz de alguno de los acusados. La debilidad de las pruebas aportadas lleva a la acusación a desistir. Sin embargo, en el caso de otro detenido en el mismo procedimiento, Egoitz Urrutikoetxea, la solicitud de condena fue de seis años, pero no ya en relación a los sabotajes. Aprovechando el viaje del arresto, la policía había incautado en el registro de su domicilio un documento en el que figuraba un «criptograma utilizado por ETA». La acusación contra el joven daría el salto a «colaboración con asociación de malhechores». Su abogada, Maritxu Paulus-Basurko, argumentó que esta acusación respondía a un cambio de táctica del ministerio público: «No se ha podido relacionar a mi cliente con los sabotajes que en un principio se le imputaban y ahora se le intenta condenar por otra cosa». También la frontera deviene artificial ante la obsesión por encarcelar a jóvenes rebeldes, a bajo coste de garantías judiciales. La cacería de «grupos Y» Otro de los designios de esta construcción metafísica de los «grupos Y» consiste en ser la espina dorsal del discurso de los partidos políticos en referencia a la juventud desobediente. Esa etiqueta sirve como elemento de referencia para los integrantes de la Mesa de Ajuria Enea, a pleno rendimiento en la última década del pasado milenio. En otras cuestiones claves mantendrán un abierto enfrentamiento. Pero la prioridad común de golpear con total contundencia la acción directa juvenil serviría para volver a reconstruir una imagen 66 La maza 20/4/10 10:16 Página 67 de unidad, pasando de puntillas sobre otras cuestiones conflictivas. Si bien se amasa un mensaje común entre partidos, la eficacia frente al fenómeno que analizamos será elemento de disputa entre cuerpos policiales. Los políticos que se ponían ante un micrófono en Madrid para hablar de Euskal Herria alentaban invariablemente la competición entre policías. El objetivo lo ponen en ser el mejor púgil contra la disidencia juvenil. El Gobierno de Aznar exige a la Ertzaintza eficacia. Mientras, Arzalluz denuncia la infiltración de miembros del CESID y la Guardia Civil para «controlar lo que suceda en la Ertzaintza y crear mecanismos de desprestigio sobre personas concretas que se hallan en los niveles de mando». También los propios compañeros de Gobierno del PNV avivan esta polémica. Fernando Buesa, consejero de Educación en el Gobierno de Ardanza, puso en duda las facultades reales de la Ertzaintza para desarrollar esa función, al considerar que en esos momentos «las algaradas desbordan la capacidad operativa de la Policía Autonómica». Reclamó al PNV que se dedicara a mejorar la práctica de este cuerpo y «deje de echar la culpa a agentes externos». El Mundo titulaba en enero de 1997: «Rajoy afirma que la Ertzaintza no garantiza el orden público en algunas zonas del País Vasco». Una acusación así merece una respuesta. Es típico que el PNV finiquite la polémica dando una bofetada a quien le presiona... en la cara de la izquierda abertzale. En concreto en la de sus sectores más jóvenes. A principios de 1997, la Policía española y la Ertzaintza competían entre sí en Bizkaia. La Policía Nacional captura a ocho jóvenes. La Ertzaintza, que no se quiere quedar atrás, detiene a nueve. Tal vez por una cuestión de deportividad, los autonómicos entregaban a Gotzon Amaro, detenido junto con su hermano y otros siete jóvenes más, a los españoles. La acusación contra ellos es la de reunirse en un local para «planificar acciones violentas». Tras67 La maza 20/4/10 10:16 Página 68 ciende poco después que el local es una sede conocida de la organización juvenil Jarrai, en la que seguro que se planificaban muchísimas otras cosas, pero tal vez no esas. Lo importante no es la calidad en la detención, sino la cantidad. Aún sin imputaciones concretas ni pruebas, el objetivo es ir primero en el ranking. En esas, el improvisado «Comité Olímpico» ofrece los resultados. Un informe interno de la Audiencia Nacional, filtrado por la agencia de noticias EFE, destacaba que «la Policía Nacional es más efectiva que la Ertzaintza» a la hora de actuar contra la kale borroka. Este documento incluso llegaba a señalar que el «origen de los escasos resultados en este campo» en Araba, Bizkaia y Gipuzkoa se debe a «las directrices políticas de los responsables políticos de esta fuerza policial». Como contraposición, se aseguraba en dicho informe que en Nafarroa «la violencia callejera hace tiempo que alcanzó su máxima expansión por las razones de efectividad antes citadas». Asimismo, el autor del texto bajo membrete del tribunal especial subraya que «la mayor parte de las desarticulaciones llevadas a cabo en el País Vasco estuvieron protagonizadas por la Policía Nacional y no por la Policía Autónoma Vasca». Esto, como es lógico, generó un enconado cruce de reproches entre responsables policiales de uno y otro cuerpo. El objetivo seguía siendo acumular cuotas de enjaulados. La «eficacia» policial se mide contando cabelleras de jóvenes indios. La confesión Atutxa no podía permanecer quieto ni callado ante semejantes reproches. Se veía en la obligación de recuperar terreno, por lo que en los meses siguientes practicará un abultado 68 La maza 20/4/10 10:16 Página 69 número de detenciones. Y en el ámbito de los posicionamientos, reaccionará con una confesión airada. El domingo 25 de mayo de 1997 se publica una entrevista a Juan María Atutxa en El Mundo, que abre con el siguiente titular: «Para satisfacer la apetencia de la prensa, decidimos llamar "grupos Y" a lo que antes no llamábamos "grupo Y"». El entrevistador, Melchor Miralles, pregunta: —Señor Atutxa, ¿por qué tras publicar El Mundo del País Vasco que mientras las fuerzas de seguridad del estado habían detenido en Navarra a un montón de «grupos Y» en un año ustedes solo habían capturado a uno, empezaron a desarticularlos de pronto a toda velocidad, a ritmo de varios por semana? —No detenemos ahora más «grupos Y» que antes. Pero hay una diferencia. Esa diferencia es que tomamos la determinación de empezar a llamar «grupo Y» a lo que antes no llamábamos «grupo Y». La diferencia está ahí. —¡¿Pero qué me está usted diciendo?! ¿Para vender imagen? —No, no. Para vender no, para satisfacer la apetencia de los medios de comunicación. —¡…! —Estando en Bruselas, a principios de año, un periodista me dice que nosotros no detenemos a los «grupos Y» y la Policía Nacional y la Guardia Civil sí lo hacen. Yo creo que la gente no sabe de qué habla. Y entonces di instrucciones al Gabinete de Prensa para que a todos los detenidos relacionados con los disturbios callejeros se les denominara «grupos Y». Y si nos entendemos entre nosotros y vosotros pues perfecto. El periodista comenta, en cursiva, que le censuró su comportamiento, ante lo que el consejero «se irrita. Lo disimula, tiene tablas más que suficientes, no incurre en ninguna salida de tono, pero le molesta la crítica». Precisamente por eso, porque no acepta la crítica, responde a quienes le habían reprochado inactividad sirviendo en bandeja de plata la cabe69 La maza 20/4/10 10:16 Página 70 za de varios jóvenes. Porque no acepta la crítica, se cobra el precio político de desvelar la construcción ideológica de los «grupos Y», la que tan positivos rendimientos había dado en una década. Un globo que, después de inflarlo, quien se sentía parte de la feria, que no su dueño, lo pinchó cuando podía prescindir de él. ¿Motivo estratégico o simple arrogancia de quien sabe que maneja los hilos a su antojo? Una vez amortizado el negocio de los «grupos Y», ya no le importaba el balance de ingresos y gastos. O eso, o desveló el truco porque sabía que se estaba preparando otro. Sí, se gestaba otra estrategia... De los «grupos Y» a Haika-Segi La juventud independentista vasca se ha organizado para promover sus reivindicaciones de diferentes maneras. Jarrai nació en 1978 con una orientación independentista y socialista, y desarrolló dinámicas diversas en defensa de los derechos de la juventud y para la promoción de sus aspiraciones, actuando siempre en el ámbito público, notorio, transparente. En el año 1999, tras un proceso de debate, confluye con su equivalente en Ipar Euskal Herria, Gazteriak, de lo que surge una nueva estructura de implantación en todo el territorio. Su nombre es Haika, y se presenta en sociedad en el Topagune de Kanbo, en Pascua de 2000, con una multitudinaria adhesión juvenil. Aglutinará centenas de militantes y millares de simpatizantes que coinciden en las reivindicaciones sectoriales y en aquellos objetivos estratégicos de la asociación: independencia y socialismo. Anteriormente hemos apuntado la criminalización que se orquesta contra Jarrai, ahora extensible a Haika. Heredará la etiqueta gratuita de ser la estructura próxima a la kale borroka. Sus esfuerzos sectoriales en miles de iniciativas juveniles 70 La maza 20/4/10 10:16 Página 71 pierden visibilidad ante la acusación, que va paulatinamente apoderándose del (poco) raciocinio público, de que está directamente conectada con las acciones de violencia juvenil. La verdad, negada mil veces, se desintegra en la adormilada conciencia social, que únicamente relaciona Jarrai o después Haika, y por último a Segi, con violencia. Ya no hace falta la apelación a aquellos «grupos Y», que como vimos no era sino una etiqueta peyorativa, un distintivo publicitario para facilitar la digestión de la detención y la acusación arbitraria. Se prescinde de los grupos que, según decían responsables policiales, operaban en la sombra, y ahora lanzan piedras contra el escaparate cristalino que el movimiento juvenil tenía abierto a todo el público. En este estadio, será la Audiencia Nacional quien dirija la batalla, quitando la batuta a las policías. Ella controlará los tiempos, los recursos, los conceptos, incluso la comunicación con la sociedad por medio de sus autos y sentencias. Las fuerzas de seguridad del estado solo deben servir en bandeja lo que el tribunal especial les reclame, sea en esencia –pruebas, argumentos, documentación, dosieres de seguimientos, etc.– o en cuerpo –jóvenes cargados de cadenas–. Los medios de comunicación solo deben decir amén. Los políticos, esperar resultados. Ahora todos se aplicarán en responder a las necesidades del nuevo paladín de la lucha antiterrorista: Baltasar Garzón, leal a su obstinación por dar el trato más severo posible al asociacionismo disidente vasco. El titular del tristemente conocido Juzgado de Instrucción nº 5 del tribunal especial antiterrorista desarrolla su teoría que deriva en los macrosumarios conocidos como 18/98 y más. Con ella revoluciona la perspectiva del sistema penal sobre todo el panorama político y social vasco y, por supuesto, sobre el panorama asociativo juvenil. El objetivo es, paso a paso pero inexorablemente, vincular la actividad de Jarrai, Haika y Segi a la organización armada ETA. Ya no será necesaria la pasarela de los «grupos Y». De hecho, ya ni tan siquie71 La maza 20/4/10 10:16 Página 72 ra hay que recurrir a hechos delictivos para llegar a esa conexión. Con la perspectiva de que «todo es ETA», será suficiente plantear que las estructuras juveniles «fomentan la kale borroka» como elemento para extender la acusación de terrorista a esos organismos. Aunque normalmente es la práctica la que lleva a sustentar una teoría, ahora se invierte la lógica: la nueva teoría precisa su experimentación en la práctica. A partir de 2001 se da inicio a la caza de jóvenes dedicados exclusivamente a la actividad pública y transparente, por su única vinculación a las asociaciones juveniles. Veremos más adelante en detalle el tratamiento que les da desde el tribunal especial antiterrorista. Sigamos con el recorrido ascendente de la represión, ahora, además de policial, judicial. Porque cualquier cosa será aprovechada, con ese proceder obsesivo, para enredar a los jóvenes organizados con incidentes violentos. Un buen ejemplo de ello son los hechos ocurridos en los Sanfermines de 2001. Es 6 de julio, la plaza consistorial de Iruñea aparece repleta de gente dispuesta a disfrutar de las fiestas. Doble cordón policial. A los agentes municipales uniformados les acompañan otros vestidos de mozos y armados incluso con palos. Han conseguido que el recinto donde se celebrará el chupinazo aparezca limpio de ikurriñas y motivos reivindicativos. Llega una cuadrilla de jóvenes con la enseña nacional vasca y se produce un violento encontronazo con un grupo de policías de paisano que se encuentran ya en la plaza. Poco después, una ambulancia evacua a un herido que resulta ser agente de la Policía Nacional española. Mientras, estalla el cohete recibido por decenas de ikurriñas. El enfrentamiento aparece convertido rápidamente en una «acción orquestada por ETA». La Policía no tiene dudas al respecto, y al día siguiente califica el incidente como «acto terrorista». El resto lleva la firma de Baltasar Garzón, con su interpretación siempre flexible de la figura de «organización armada». Los golpes que había recibido el agente se convier72 La maza 20/4/10 10:16 Página 73 ten en «una estrategia perfectamente planificada por los jóvenes», hasta el punto de que estos son capaces de «desarrollar una serie de acciones concatenadas contra diversos agentes de paisano, previa su identificación y su marcaje». El juez va más allá con su perorata: los encarcelados buscaban en realidad «alterar la paz pública y desarrollar el proyecto de ETA "Alde Hemendik"». El magistrado autorizó la entrada y registro de la herriko taberna Aitzina, ubicada en la céntrica calle Jarauta. Según explica en su auto, «las investigaciones previas constatan que la noche del 5 al 6 de julio Aitzina permaneció cerrada, cosa sorprendente al coincidir en viernes, por lo que el resto de los bares aledaños permanecían abiertos dada la gran afluencia de gente a Pamplona». Con este hecho, el juez trasnochador deduce que el local «ha podido ser utilizado como almacén de logística para la emboscada así como sede para la planificación de la misma». Añade que allí «se impartieron las oportunas instrucciones para el ataque, dada su idoneidad por su proximidad a la plaza consistorial y al lugar de la emboscada». Y detrás de todo lo que está tan minuciosamente planificado, concluye exultante, solo puede estar Jarrai-Haika-Segi. Tres meses más tarde, cinco jóvenes iruindarras son detenidos por estos hechos, bajo la acusación de atentado terrorista, tal y como reclamaba la Policía, e ingresados en prisión preventiva. La asociación de padres y madres de jóvenes represaliados, Gurasoak, denunció la redada como una «vendetta» por no haber podido evitar la entrada de la ikurriña en la plaza consistorial. Koldo Begiristain recordó que los sindicatos policiales ya habían adelantado que habría detenciones y acusaciones graves el día después del altercado. En su opinión, ya entonces «quedó en evidencia el fracaso policial en su primer objetivo. El segundo, en cambio, lo han cumplido». El padre de uno de los chavales, Miguel Ángel Iñigo, recordó que las detenciones se produjeron tres meses después de los hechos, y dejó en el aire un interrogante: «¿Por 73 La maza 20/4/10 10:16 Página 74 qué ha ocurrido cuando está de guardia Garzón?». Porque necesita acumular elementos que sostengan su nueva estrategia. El estadio anterior Pero no termina ahí el continuo alzamiento del listón represivo para enfrentar hechos de una dimensión reducida. Una vez que habían afianzado la idea de que la triada de organizaciones juveniles ostentaban la responsabilidad sobre la kale borroka en seguimiento de las directrices de ETA –en aquel momento todavía sin juicio, un simple detalle–, ya no bastará con la intervención policial de las asociaciones y la detención de sus responsables. Siguiendo con «su» lógica de apisonadora, el Juzgado de Instrucción Nº 5 de la Audiencia Nacional dará inmediatamente el salto cualitativo y cuantitativo para perseguir a cualquier joven que participe en su barrio, en su instituto, en la universidad... en cualquier faceta del asociacionismo juvenil. Los miles de activos y simpatizantes que se sitúan en torno a los organismos juveniles son ya directamente sospechosos terroristas. En esta pendiente deslizante de criminalización el problema es de frenada: ¿dónde detenerse?, ¿dónde establecer el límite? Este dependerá de la obcecación y apetencia del juez siempre de guardia. En febrero de 2002 se lleva a cabo la detención de seis jóvenes donostiarras: Jon Markel Ormazabal, Xabier Camino, Roberto Maiza, Aitzol Irazusta, Aitor Larrea y Xangarin Rekondo. La Policía inmediatamente los vincula con Segi. Ya apenas es necesario reseñar que presuntamente estarían vinculados con actos de violencia callejera. El entonces ministro de Interior, Mariano Rajoy, hace un llamamiento para perseguir «el planteamiento ideológico» lo cual es «absolutamente coherente con lo que piensa cualquier ciudadano, ya que todos sabemos que Segi es uno de los brazos de ETA». Si se 74 La maza 20/4/10 10:16 Página 75 castiga en función de lo que piensa cualquier ciudadano, ya ni tan siquiera es necesaria la Audiencia Nacional. Que condenen por referéndum. Pero esas declaraciones no son un desliz en una desafortunada comparecencia de prensa. Los responsables de Interior y de la Policía española, Mariano Rajoy y Juan Cotino respectivamente, aseguraron meses después que varios jóvenes apresados en Elorrio y Durango y acusados de sabotajes, estaban «a punto de integrarse en un comando de ETA». Rajoy situó a Gorka Lupiañez, Zunbeltz Larrea, Arkaitz Tejerina, Antton Berrizbeitia, Oskar Oviedo, Agustín del Hierro y Asier Iñigo en «un estado anterior a dar el salto a los comandos operativos de ETA». Mientras, Cotino desgranaba los actos de kale borroka ocurridos en ese eskualde en los dos años anteriores y que les serían imputados a los jóvenes. De ser ciertas las acusaciones, si se aportaran pruebas fehacientes de la participación de los jóvenes en los ataques, la justicia tendría que decidir en consecuencia. Pero nuevamente ese no era el interés: Rajoy sostuvo en el Senado español que «algunos de los detenidos son miembros destacados de Segi», lo que le sirvió para reiterar la tesis de que «Jarrai, Segi, Gestoras pro Amnistía o Ekin son exactamente lo mismo». Cierto, todas ellas son asociaciones vascas reconocidas por su actividad política y social. Por otra parte, insistió en que «hay personas que además de desarrollar sus funciones aquí, actúan como comandos operativos de ETA». Otra vez la misma matraca: si un chaval además de cantar en el Orfeón donostiarra participa en un comando operativo de ETA, lo razonable será la detención... del chaval, no del conjunto del Orfeón. La operación se acompaña de filigranas y juegos florales: el ministro aseguró que en los registros realizados «se ha encontrado documentación sobre posibles objetivos y abundante material para fabricar bombas». Cotino sostuvo que la actuación policial «es muy importante porque ha evitado que 75 La maza 20/4/10 10:16 Página 76 unos jóvenes se integraran en comandos de ETA y al final acabaran poniendo coches bomba». Una especulación que conduce a sus celdas a un puñado de jóvenes y abre las puertas de la cárcel a otros cientos. Jesús González, en nombre de Gurasoak, denunció en rueda de prensa ofrecida en Bilbo que «hablan de incautar armas, artefactos explosivos, o artilugios pirotécnicos relacionados con la kale borroka, pero en nuestras casas no hay ni explosivos ni armas. Estos chavales conviven con nosotros». Sin embargo, la falta de evidencias no tiene porqué afear una teoría policial tan simple y a su vez práctica. Los padres y madres concluían su intervención pública poniendo el dedo en la llaga: «la persecución contra los jóvenes es algo generalizado» Un método transversal: «muntai polizialak» Hay una técnica que está en el tuétano de la iniciativa represiva, una herramienta policial que se emplea desde que se lanzó la primera piedra contra un guardia, hasta ayer mismo. Un procedimiento que todas las policías ejercerán magistralmente y sin reparos. Un método transversal porque es un ingrediente que en cierta dosis, como el perejil, está en todas las salsas: el montaje policial. Los podemos imaginar en torno a una mesa de operaciones, con la vista puesta en mapas, unos con sus uniformes militares, otros con sus flamantes trajes Armani. Hay un listado de jóvenes a quienes adjudican chinchetas de colores: «Actúe contra los objetivos de esta lista, comisario»; «A sus órdenes, señor consejero»; «Esta vez, secretario, no levante acta»; «Bebamos pues, señores, por el éxito de la operación». La idea es sencilla: consiste en adjudicar responsabilidades sin ningún tipo de prueba o elemento de sospecha, más allá de que el joven a quien se reparten todos los boletos es 76 La maza 20/4/10 10:16 Página 77 conocido por su simpatía o militancia en la izquierda abertzale. Después se adecuan acusaciones a la medida, se improvisan pruebas, se atribuyen al azar autorías y colaboraciones... hasta en condiciones imposibles. La predilección está en las detenciones en masa, para después, con la inestimable colaboración de la tortura, ir separando el grano de la paja en función de las autoinculpaciones que les arrancan. En enero de 1997 se hizo público por parte de fuentes policiales la existencia de seis «grupos Y» en Iruñerria. Estarían conformados por 53 chavales identificados con nombre, apellidos, domicilio y fotografía. De ellos, 20 fueron detenidos: 17 ingresaron en prisión, mientras que 3 fueron puestos en libertad bajo fianza. El abogado de los jóvenes en aquel caso, Txemi Gorostiza, ya expresó que los grupos no eran sino «cuadrillas de amigos», y concluía diciendo que las «tesis de la Delegación del Gobierno de eficacia policial y colaboración ciudadana son falsas». En este caso y en los sucesivos se reproduce un elemento común: varias personas, teniendo conocimiento de que la policía les reclama –bien por haberse personado en sus casas o porque se interrogó sobre ellos a los ya apresados–, manifiestan su voluntad de ponerse a disposición de la Audiencia Nacional. Los abogados gestionan los escritos oportunos ante dicho tribunal. Con ello se pretende evitar el paso por manos policiales, evadiéndose asimismo de los malos tratos, de la tortura. La eficacia del sistema requiere precisamente lo contrario, la detención para la extracción de autoinculpaciones o inculpaciones a terceros por mecanismos de presión. Presentarse ante el juez es, en este caso, un salvoconducto, un mecanismo de prevención de la tortura. Sin embargo, la policía impide la comparecencia. Los jóvenes son detenidos, frente a sus padres que les acompañan, en las escaleras del tribunal excepcional madrileño. Según sus progenitores, fueron «asaltados salvajemente» por unos treinta o cuarenta uniformados que les esperaban 77 La maza 20/4/10 10:16 Página 78 en la misma puerta del edificio. El asalto fue definido por uno de los padres como «auténtica emboscada». ¿Cuál es la finalidad de semejante actuación? ¿Por qué tanto empeño en evitar la declaración civilizada, garantizada por el letrado de confianza, ante el juez? La respuesta resulta evidente, se declara más y mejor ante la policía, que ante el juez, con la presencia de tu abogado. Posteriormente todos quedaron en libertad, si bien relataron haber sufrido todo tipo de vejaciones y torturas. En la vista oral, la fiscalía hacía una petición de 401 años para un total de doce imputados. Después se rebajó a 95. Finalmente, en un juicio que da por válido el montaje, tres encausados son condenados a siete años de prisión, otros seis a penas que oscilan entre cuatro meses y tres años. Tres jóvenes más resultan absueltos. Estos últimos reseñan ante la prensa que «la sentencia viene a maquillar la farsa que necesitaba algún cabeza de turco para no dejar en evidencia el intento chapuza de criminalizar a unos jóvenes comprometidos con la libertad de este pueblo». Es lo lamentable, que la técnica del montaje, bien que mal, funciona. Se inspira en el famoso teorema de «la navaja de Ockham»: en igualdad de condiciones, la solución más sencilla es probablemente la correcta. Puede que no sirva para mostrar la verdad, menos para hacer justicia. Pero resuelve, de manera dolorosamente elemental, la necesidad de adjudicar a alguien el castigo. Pero cuando has dado con la fórmula más cómoda, es posible que te confíes, bajes la guardia y comiences a dejar pasar errores. Así, la penosa calidad del método policial se apreciará con especial nitidez en las acusaciones cursadas contra jóvenes que no podían estar en el lugar de los hechos que se les imputan. Y cuando este pequeño detalle salta a la luz, el concepto de «montaje» adquiere toda su dimensión. En algunos casos se atestigua la imposibilidad física de que los acusados se encontraran en el lugar donde transcu78 La maza 20/4/10 10:16 Página 79 rren los hechos. Los padres de Jon Erro y Miguel Ángel Llamas presentaron ante la prensa informes que atestiguaban que se encontraban en su lugar de trabajo y de estudio respectivamente cuando se produjeron las acciones a las que la policía les vinculaba. Entonces ¿a qué se debía el error? Los padres no tuvieron duda en señalar al «clima social creado por los medios de comunicación» tras el ataque al domicilio particular de un concejal de UPN en el Ayuntamiento de Noain. Serán multitud de casos en los que padres, amigos u otros testigos pueden probar que los acusados, muy terrenales, carecen del atributo de la ubicuidad, únicamente de titularidad celestial. No podían estar en dos sitios a la vez. Pero los casos realmente apoteósicos son aquellos en los que la coartada exculpatoria es ofrecida por la propia policía. Es decir, casos en los que los acusados de participar en hechos violentos se encontraban en manos de sus acusadores cuando estos sucedían. Es la evidencia más plausible de la absoluta desidia policial y la gratuidad con que se adjudican cargos. Así sucedió en el caso de Iker Bea, detenido bajo la acusación de cometer un sabotaje contra un tren en Alegia el 25 de enero de 1998. Sus abogados hicieron ver al juez Carlos Divar, responsable de la instrucción del caso, que el joven había estado encarcelado preventivamente desde el 29 de agosto de 1997 hasta el 13 de marzo de 1998 por otros hechos. Este extremo había sido además reflejado en la prensa. Pero el juez prefirió negar credibilidad a los letrados del joven y prestársela al informe policial, todo un dechado de rigor y ciencia policial. El joven, junto a otros tres detenidos, realizó un exhaustivo relato de las torturas sufridas a manos de la Policía española, entre las que se incluían golpes, la asfixia por colocación de bolsas de plástico en la cabeza o amenazas de ejecución. En esas circunstancias, aunque fuera 79 La maza 20/4/10 10:16 Página 80 humanamente imposible, se puede entender que asumiera la autoría del sabotaje. Pero, tal vez, uno de los casos más conocidos de bilocación es el de Andoni Beroiz. La Ertzaintza lo detuvo acusado de participar en el lanzamiento de 54 cócteles molotov contra el cuartel de la Guardia Civil de Galdakao, hecho ocurrido sobre las 1.45 horas del 1 de enero del año 2000. Las imputaciones contra Beroiz se basan en las declaraciones de otros detenidos realizadas durante los días que permanecieron incomunicados en la base de Arkaute, tras los cuales denunciaron haber sido objeto de torturas. Había un problema: ese mismo día y a esa misma hora, otra patrulla de la Ertzaintza había levantado un atestado del accidente de tráfico en el que Beroiz se había visto implicado, en el término municipal de Zuia, en Araba. Rechazado el argumento del don divino de la omnipresencia, el tribunal reconoce que hay suficiente distancia kilométrica entre un punto y otro –47 kilómetros según la web Michelín– como para decretar su desprocesamiento. Una chapuza que no se quiso reconocer a tiempo: Javier Balza, responsable último de la acción de la Policía Autonómica, tuvo que comparecer en la Comisión de Interior del Parlamento de Gasteiz a petición de Aintzane Ezenarro. La parlamentaria de Aralar le reclamaba una explicación por el «error» y por la tardanza en poner en conocimiento de la Audiencia Nacional el atestado que probaba la inocencia del joven galdakaotarra, lo cual había alargado improcedentemente su estancia en prisión. La cosa estaba tan fea, que el Ararteko, Iñigo Lamarca, se vio obligado a tomar cartas en el asunto y criticó la actuación del Departamento de Interior. El consejero utilizó la estrategia de enredarlo todo, para ver si, en el fragor del jaleo, se podía escaquear. Cuando vio que se le cerraba el camino, intentó zafarse de la acusación echando balones fuera: la culpa era de la Audiencia Nacional. La mediación de Lamarca era una «irresponsabilidad absolu80 La maza 20/4/10 10:16 Página 81 ta», ya que, según Balza, «es más fácil acusar a la Ertzaintza que meterse en un "pollo" con la Audiencia Nacional». Solo le faltó cargar contra los jóvenes incomunicados en Arkaute por haber sido quienes habían mentido en sus declaraciones sobre la presencia de Beroiz en los hechos… para desprestigiarle. Engañado, acusado, acosado, él es, lamentablemente, la verdadera víctima de un montaje. Andoni Beroiz declaró a las puertas del Parlamento de Gasteiz que, en efecto, las declaraciones inculpatorias les habían sido arrancadas a sus amigos bajo torturas practicadas por la Ertzaintza. Llamó la atención sobre el hecho de que él había podido demostrar su inocencia gracias al accidente, pero no por ello se había desestimado las declaraciones con que contaba la policía: seguían vigentes para el resto de sus compañeros, todavía detenidos. Estos, igualmente inocentes, no contaban con semejante coartada. Bendito accidente. Decíamos que este caso tuvo repercusión pública. No hubiera sido así de no ser por el incansable dinamismo de Luis Beroiz, un verdadero padre coraje. Luis recorrió el país, enarbolando la bandera de la verdad y el cariño hacia su hijo. Señaló con firme dedo acusador a periodistas, ertzainas, jueces, políticos y, sobre todo, a una élite que hacía mucho tiempo había compartido aula con él en la Universidad de Deusto y que dirige el país. El eco de su denuncia perdura tras su último aliento. Murió el 22 de mayo de 2009. Si bien pudo destapar un apestoso montaje policial, no ha podido ver cómo, aún así, su hijo Andoni sufría el zarpazo de una bestia rencorosa. El joven de Galdakao ingresó en prisión mientras se redactaba este libro, en septiembre de 2009, para cumplir cinco años de condena. Los hechos se refieren a otro caso en el que catorce jóvenes de Uribe Kosta y de Hego Uribe se sentaron en el banquillo, acusados de participar en otros incidentes registrados también en Galdakao, esta vez en septiembre de 2000. 81 La maza 20/4/10 10:16 Página 82 Nuevamente la Ertzaintza, como si fuera incapaz de aprender de los errores que más en evidencia le dejan, tropezó con la misma piedra: Kepa Saratxaga, uno de los encausados en este otro sumario, se encontraba encarcelado en la prisión de Alcalá-Meco cuando se registraron los incidentes que se le imputaban. Andoni Beroiz había sido absuelto de siete procesos judiciales. Fue juzgado en enero de 2008 y condenado, junto a Iker Lima, Ugaitz Pérez y Jon Crespo, a cinco años de prisión. La alimaña, satisfecha, disfruta hoy de su presa. 82 La maza 20/4/10 10:16 Página 83 así nos lo cuentan EN UNA ENTREVISTA A PIE DE CALLE, el periodista pregunta a una señora por algo referente a la coyuntura política. Ella responde: «Es que vivimos tiempos convulsos». «¿Qué quiere decir con eso?». «No lo sé, lo han dicho por la tele». Se dice que en una guerra la primera víctima es la verdad. Aunque hablemos de una guerra pequeña, la forma en que se ha violentado a la verdad en nuestro contexto es mayúscula. En este país, la experiencia nos ha obligado a desconfiar de las versiones oficiales. En sus pliegues siempre se ha escondido la falsedad. Pocos confían en el mensaje del Ministerio o Consejería de Interior, del Gobierno Civil o Delegación de Gobierno. Poca credibilidad queda al político; menos aún, al responsable policial. Entre la emisión de la noticia por un oscuro gabinete de prensa hasta su recepción por el público hay un intermediario, un filtro, que no resulta en absoluto neutral: el medio de comunicación. Con sus servidumbres políticas y sus propios libros de estilo, interpretan, valoran, maquillan o manipulan la información. Con el temible latiguillo de «en base a fuentes policiales», o «según informaciones vinculadas a la investigación», que lo justifica todo, el papel que ha desempeñado 83 La maza 20/4/10 10:16 Página 84 la prensa en la construcción ideológica y difusión de la eficacia y oportunidad de la represión contra la juventud vasca ha sido fabuloso. Que cada cual decida el sentido que quiera darle a ese adjetivo. En efecto, la función por ellos asumida ha sido la de crear un determinado estado de opinión, provocando reacciones, activando pasiones y estimulando sentimientos que justifiquen la posterior actuación policial. Decíamos que uno de los principales frentes en que se entabla batalla es el simbólico, el propagandístico. Este frente está copado por las redacciones de la prensa audiovisual y escrita. Al menos, cierta prensa. Siempre hay excepciones que sería injusto olvidar y que han supuesto un contrapunto crítico a la actitud de las poderosas y siempre generosamente subvencionadas empresas de la comunicación. Ahora que es tan recurrente endosar «manuales» de obligado seguimiento, intentemos extraer los ejes principales que configurarían un hipotético «Repertorio de estilo del periodista afín a la estrategia del estado contra la juventud vasca». Plausible libro de cabecera de tantísimos plumillas. Imaginemos sus posibles directrices. La primera regla consistiría en aportar datos, material fotográfico, perfiles de los acusados en términos de conflictividad, desarraigo, marginalidad, delincuencia, historial reincidente, etc. Presentar asimismo sus conexiones familiares –parentesco con presos o miembros de ETA, con dirigentes de ciertos partidos políticos u organismos sociales, etc.–, siempre en clave de descrédito. Alimentar un juicio paralelo que no solo destruya el principio más elemental de presunción de inocencia, sino que ensucie además la imagen de una juventud consciente y consecuente. Segundo eje: se deberá magnificar la capacidad destructiva de los hechos que se imputa a los jóvenes, se dará por sentado que son de una gravedad inusitada, que han supuesto daños astronómicos en términos económicos, así como que 84 La maza 20/4/10 10:16 Página 85 han supuesto un inminente riesgo físico para las personas cercanas a los ataques. Harán ver que los autores realmente despreciaban el peligro que pudieran correr las personas a quienes se dirige la información, o incluso apuntarán a que ellas eran su objetivo real. El periodista bien dispuesto equiparará la generalmente reducida gravedad de los sucesos a la capacidad destructiva de las acciones de ETA. Sostendrá así un estado de alarma social, de escándalo público con una información dirigida hacia los sentidos y sentimientos del lector o espectador. Que se sienta implicado, que le haga removerse en su sillón… en la dirección oportuna. La tercera consigna apuntaría a establecer conexiones entre la actividad de los grupos de jóvenes y la organización armada ETA. Las palabras clave son «jerarquía», «vinculación», «control», «seguir consignas», «cumplir directrices». Los profesionales de la comunicación deben esmerarse en popularizar la construcción ideológica de los «grupos Y» –para entendernos con la prensa, que decía Atutxa– o, después de destapado el fraude del concepto, en afianzar la responsabilidad de Jarrai-Haika-Segi en la «dinamización» de los sabotajes, otra palabra básica junto con «complementariedad». Al principio será necesario recurrir a fuentes policiales o judiciales para sostener estos nexos de unión. Más adelante, la vinculación resultará ya notoria e irrebatible por el gran público, por lo que solo habrá que alimentarla. ¿Quién la estableció, repitiendo un millón de veces que todo era ETA? Ya no hace falta recordarlo. No está de más que la noticia venga acompañada de fotografías o declaraciones de partidos o asociaciones que pueden tener algún tipo de entendimiento o incluso patrocinio político en la acción cometida, para propagar en todas direcciones el efecto contaminante. El cuarto elemento de este manual –figurado– sugeriría que se evite cualquier conexión con la realidad política, para hacer de las expresiones de violencia juvenil algo aislado, no 85 La maza 20/4/10 10:16 Página 86 vinculado a ningún motivo, causa o reivindicación que pudiera sugerir alguna forma de contextualización del hecho. No es sino un cactus maldito en mitad del desierto, sorprendentemente sin ninguna fuente de agua que lo alimente. Es violencia gratuita y como tal no hay nada, no ya que lo justifique, sino ni tan siquiera que lo motive. Esta cuestión no permite matices. Se cierran filas en torno a la idea de que este comportamiento es única y exclusivamente un hecho antisocial. En cualquier caso, si es imposible ocultar la conexión política, por ser demasiado evidente, la acción se tildará de totalitaria y fanática, tal y como son las razones que la inspiran. Por último, y consecuencia de lo anterior, la «pluma afín» a las tesis de estado deberá defender la oportunidad de la actuación policial, la proporcionalidad de emplear todos los medios a su alcance y hacerlo además bajo la lógica de la excepción y la legislación antiterrorista. Minimizar la brutalidad empleada en el momento de la detención, justificar el sometimiento al régimen de incomunicación y, por último, apuntar a la Audiencia Nacional como el órgano de enjuiciamiento competente, por ser lo normal y natural en estos casos. Es la apología de la «barra libre» contra el, ahora ya sí, joven peligroso y terrorista. Todo esto es aderezado con un importante componente: no existe otra versión de los hechos. Hay una práctica que, desde el punto de vista de la veracidad informativa y la ética profesional debería tener relevancia: la de contrastar los hechos con sus protagonistas o, si estos no pueden comparecer por los motivos que imaginamos, con quienes tengan algún contacto con ellos. Pero todo contrapunto, todo planteamiento equilibrado, sopesado, desaparece de la agenda periodística. La prensa que otorga el parabién a la represión contra la juventud ignora sistemáticamente la visión y la vivencia de los propios jóvenes. No solo sus aspiraciones, sus problemas y el porqué de la forma en que se expresan, sino su propia versión ante los hechos que se les imputan. En caso de ser impo86 La maza 20/4/10 10:16 Página 87 sible acceder a quien es actor principal a la fuerza, bastaría simplemente dar la oportunidad a sus familiares para que expliquen en qué condiciones se llevó a cabo la detención, cuál es su angustia por el desconocimiento del estado y paradero de su hijo, de su amigo, si existe algún elemento que, en igualdad de condiciones con la acusación, le exculpe de los hechos que se le imputan... Entre otras cosas, porque, como ciudadanos, nos interesa conocer estos extremos. En definitiva, es preciso otorgar un trato de igualdad a la inculpación y a la exculpación en el acceso al escenario público. Pero no, precisamente para evitar cualquier tentación de buena praxis periodística está este «anticódigo deontológico». Todo lo dicho anteriormente, como hemos reconocido, es una fábula. La existencia de dicho «manual» pertenece al mundo de nuestra imaginación, de la especulación siempre malintencionada que ocupa a quienes rellenamos estas páginas... ¿o no? Atribuir parte del merito en los éxitos policiales que se obtengan, a la colaboración ciudadana […], cuando sufra un atentado un miembro de la policía, personalizarle inmediatamente y facilitar algunos datos de la esposa, madre e hijos preferentemente, […] dar informaciones periódicas, a través de terceros, que difundan enfrentamientos y discrepancias entre terroristas, sus ideologías foráneas, sus negocios sucios, sus costumbres criticables, etc. Basta que la información (falsa) sea creíble para explotarla. Así lo explica el plan gubernamental de contrainsurgencia diseñado en 1983 bajo el Gobierno de Felipe González. En el país del Plan ZEN, el papel de los media aparece… sobre el papel. Directrices provenientes del despacho contiguo al que diseñó otras tramas igualmente sucias. El papel de los medios en la construcción de una opinión concreta en lo respectivo al tema que analizamos es evidente. Configuran el imaginario de la sociedad. Además, con una 87 La maza 20/4/10 10:16 Página 88 pretensión de uniformización. No vale exculpar a los profesionales de la comunicación porque son víctimas de un clima de opinión preexistente, que se limitan a repetir de forma autómata (sumisa) el discurso dominante, por constituir este su única referencia. Para ofrecer información, se les presupone informados; para generar opinión, se les imagina equilibrados. Pero no es así. El periodista en vez de hacerse cada vez más autónomo, se ha vuelto más dependiente. Como afirma Mariano Ferrer, «con el tiempo, las empresas de comunicación se han hecho grandes, pero sin hacerse mayores». El gran negocio de la comunicación, la tendencia a dirigir la opinión, o, cuando menos, el objetivo de animar el espectáculo que concite audiencias, que reviente los índices de ventas, deja en segundo plano la veracidad de lo comunicado. Veamos, aunque solo sea como botón de muestra, algunos ejemplos en la práctica, que nos ilustren el modo en que las grandes empresas de comunicación se pliegan a las prioridades del Estado. En algunas ocasiones salpicados hasta el empacho de recursos estilísticos y figuras metafóricas. En otras mediante la más cruda y rastrera de las difamaciones políticas o personales. En la gran mayoría, el insulto no lo es únicamente al joven aludido. También lo es a la inteligencia. La prensa lo tiene claro: son ETA… a pesar de la Audiencia Nacional Tres menores manipulaban en mayo de 1995 material pirotécnico en un caserío de Soraluze. Este hace explosión y les provoca daños de distinta consideración. Llega la policía y, con ella, la escolta mediática. Aritz Irazabalbeitia es sobrino de Ángel Irazabalbeitia, militante de ETA muerto en enfrentamiento con la Ertzaintza, mientras que Aidor y Suar Aizpuru son sobrinos de Lourdes Txurruka, compañera de Ángel y 88 La maza 20/4/10 10:16 Página 89 capturada en aquel operativo. Un detalle insistentemente recalcado por los medios de comunicación. El Diario Vasco, citando fuentes de la Policía Autonómica, afirmaba que «se encontraban confeccionando un artefacto explosivo con que tenían previsto cometer un atentado». Apoyaba sus afirmaciones, además de en los parentescos, en la credibilidad que otorgaban al origen policial de la noticia: «uno de ellos había recibido un manual de guerrilla urbana solicitado a personas del entorno de ETA y era este el libro que estaban utilizando para confeccionar el artefacto explosivo». Sin embargo, las acusaciones pierden fuelle, el manual no aparece por ningún sitio y las declaraciones de los jóvenes de que los cohetes eran para la «feria de quintos de Eskoriatza» toma cuerpo. La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Gipuzkoa les impone una multa por imprudencia temeraria. En una comparecencia pública, José Francisco Aizpuru, padre de Aidor y Suar, denunció con dureza la actitud de los medios de comunicación, y se mostró dolido por el modo con que se había tratado a sus hijos. Quiso transmitir esa queja en especial a El Diario Vasco, pero fue imposible. No había ningún periodista de este medio en la rueda de prensa. La versión y opinión de la familia no interesa. Un ejemplo de utilización de aquel «anticódigo periodístico» que habíamos propuesto. Es oportuno ahora adelantar un elemento que desarrollaremos más adelante cuando analicemos el papel de la justicia en la represión de las actividades juveniles: a principios de los años noventa, los tribunales no tenían nada claro que la kale borroka tuviera algún tipo de vinculación con ETA y, por lo tanto, que debiera de ser tratada como un fenómeno «terrorista». Sin embargo, la prensa iniciaba su campaña confundiendo sus deseos con la realidad judicial. El Mundo titulaba el 30 de abril de 1993: «Desarticulado un grupo organizado de apoyo a ETA que operaba en Bilbao». Días antes, El Diario Vasco había abierto la noticia con un 89 La maza 20/4/10 10:16 Página 90 «Detenidas 10 personas en Vitoria por presuntas acciones de apoyo a ETA», concretando que estas se referían a «ataques con cócteles molotov o artefactos caseros contra oficinas bancarias y de seguros, vehículos de transporte y sedes empresariales». ABC lo tenía igualmente claro: en su editorial del 5 de octubre de 1995 –ya citado anteriormente–, titulado «La "Y" de ETA», nos aclaraba que: Uno de los objetivos preferentes de la lucha de las fuerzas de seguridad del estado contra el terrorismo de ETA consiste en la extinción de los «grupos Y» de apoyo, bandas de activistas que, ultimando las tácticas de la guerrilla urbana, siembran el caos y la destrucción en las ciudades vascas, con el propósito, coincidente con la estrategia de sus mayores, en edad y desvergüenza criminal, de ETA, de crear un clima de inestabilidad política para derribar al legítimo estado democrático. Si se permite el comentario, este estilo de redacción se podría denominar la «bolsa»: lees la cita en alto y de corrido y, sin un punto seguido que te salve, te asfixias irremediablemente. En cuanto a su contenido, cómo se tortura la realidad no es menos impactante. El objetivo de esta más que sospechosa coincidencia editorial a la hora de vincular la violencia juvenil espontánea con ETA es ir abriendo una brecha en el imaginario público que sirva de trampolín para una nueva visión de estos hechos. Visión que, al final, como todos sabemos, será también asumida por el tribunal especial madrileño. Tal vez en la época se interpretaba como un recurso de estilo en caliente, una exageración de redactores desmelenados, sin apenas repercusiones prácticas. Pero hoy podemos apreciar nítidamente todo lo lejos que ha podido llegar aquel disparate. No adelantemos acontecimientos. La prensa sigue haciendo campaña a favor de cierta valoración de estos hechos. Diario de Navarra publicaba el 31 de marzo de 1996 un editorial titulado «Entre el cóctel molotov y el amonal» en el que se 90 La maza 20/4/10 10:16 Página 91 refería al incendio provocado en un concesionario de la Renault en Burlata y que, según el periodista, «demostró que un simple cóctel molotov puede tener efectos tan devastadores como los de un artefacto explosivo compuesto por amonal». No obstante, reconoce la dificultad para equiparar el empleo de un dispositivo u otro, ya que «revela una cualificación distinta en las personas que los utilizan y modifica sustancialmente las consecuencia penales en un caso y otro. Con todo, esa frontera que separa el cóctel molotov del amonal, la que sirve para dividir los atentados en delitos de estragos o de terrorismo, tiene un recorrido tan complicado como difuso». Tienen sus dudas, pero inmediatamente propone la solución de la ecuación: «cada vez son más los militantes de Jarrai que dan un salto en el escalafón y se incorporan como activistas a comandos de ETA». La famosa cantera, que lo justificará todo. Aún así, la Audiencia Nacional todavía en aquellas fechas insiste en una de sus sentencias por kale borroka en que «no consta que las acciones las hayan realizado para favorecer los fines de ETA o en connivencia con esa organización». No conformes con el punto de vista, los medios de comunicación hacen su propio juicio paralelo. Debido a la abrumadora reiteración del mensaje, se puede decir que asumen la misión de apuntalar una interpretación de los hechos a la que todavía los jueces del tribunal especial se resisten a dar carta de naturaleza. Pero, claro, es que los de la toga y las puñetas no se enteran y hay que marcarles el camino. En referencia a la sentencia que comentamos, El Correo Español titulaba el 26 de abril de 1996 «Vándalos por ahora», refiriendo que: … quince jóvenes radicales, vinculados a los llamados «grupos Y» de apoyo a ETA, se han visto agraciados con una condena relativamente benigna –65 años de prisión en total– al estimar la Audiencia Nacional que no ha quedado acreditada su vinculación con la organización terrorista. […] el tribunal ha aceptado la tesis del fiscal en el sentido de que los estragos realizados se 91 La maza 20/4/10 10:16 Página 92 dirigen a ampliar o complementar la actividad de ETA y que fue esta quien ideó crear estos grupos violentos de baja intensidad. […] Pero aun así, no considera probada la relación de los acusados con ETA. Bien puede decirse que les ha salvado la campana. Y por eso, aún habiéndose sentenciado a cada joven con más de cuatro años años de prisión, el conservador vizcaíno se duele. Su hermano El Diario Vasco iba más allá. También protestaba porque esta sentencia no era de su gusto. Pero además se atrevía a enmendar la plana al tribunal decano en la represión judicial en Euskal Herria, con un editorial bajo el título de «Fallo desconcertante»: La Audiencia Nacional ha dictado una sentencia en la que condena a quince jóvenes por daños y estragos y en la que falla que los disturbios callejeros no son terrorismo. El fallo tiene una lectura desconcertante. Es evidente que el vandalismo callejero forma parte de una estrategia planificada por el mundo violento para desestabilizar, pero en un sistema basado en las garantías procesales también es lógico que las decisiones judiciales se fundamenten en pruebas sólidas y bien construidas. Y a falta de ellas, en definitiva, las decisiones judiciales deberían soportarse en las convicciones y la visión de los hechos del diario guipuzcoano. Aún así y todo, la Audiencia Nacional mantenía el rumbo. Continuaba considerando que no estaba probada la vinculación entre ETA y la violencia urbana. En la sentencia 19/97 del 14 de mayo, en pleno 1997, decidía «calificar los hechos del delito de incendios, […] calificación que se estima más adecuada que la de delito de terrorismo porque no es posible apreciar la concurrencia de todos los elementos de este tipo delictivo». Los políticos acogen airados esta interpretación. Rajoy: «lo sabe todo el mundo»; Iturgaiz: «lo sabe hasta un niño». Los periodistas siguen navegando con ese viento favorable que les insuflan los responsables políticos. Así, llegarán 92 La maza 20/4/10 10:16 Página 93 a buen puerto: el tribunal comienza a escorar su valoración hacia el lado que estos prefieren, al concederles que «se suscitan dudas sobre la voluntad y consciencia de los acusados de estar contribuyendo con su comportamiento a las actividades propias de dicha banda armada, elemento personal y finalista trascendente al delito de terrorismo». Las dudas se aclararán. El triple salto mortal llegará poco después. La prensa obtiene su presa. Efectos colaterales Pero los periodistas, tertulianos y expertos no solamente alimentarán la acción contra los jóvenes. Esta se extenderá a sus familiares, a los grupos en los que participan, a los círculos asociativos o de amistades con que se relacionan. Todos salpicados. Ya hemos comentado cómo la kale borroka es un elemento para la criminalización de las asociaciones juveniles Jarrai, Haika y Segi, y después analizaremos cómo la Audiencia Nacional hace una lectura a partir de este fenómeno para considerarlas ilegales primero y terroristas después. Pero ahora fijémonos en la utilización mediática de ciertos operativos contra jóvenes para estigmatizar también los lugares frecuentados por ellos. Gaztetxes, herriko tabernas, locales culturales, de cuadrillas o comparsas festivas, así como sociedades lúdicas o gastronómicas, serán objetivo de todo tipo de pesquisas e intervenciones. Buscarán o, en su defecto, fabricarán elementos que pudieran establecer una conexión entre estos espacios sociales con actuaciones violentas atribuidas a algunos de sus usuarios más jóvenes. El desconocimiento para la gran masa social de la vitalidad de estos locales, la incógnita por sus actividades y, sobre todo, la sugestión teledirigida por la prensa en un sentido determinado, colaboran a crear una imagen absolutamente distorsionada de estos espacios. 93 La maza 20/4/10 10:16 Página 94 En mayo de 1995, el Gobierno Civil de Gipuzkoa vinculó la sociedad Zulo Zahar de Donostia con la detención de varios jóvenes, relatando que «los efectos para llevar a cabo actos de sabotaje incautados supuestamente a un grupo de jóvenes se encontraba en el interior de la sociedad, que acoge la sede de HB». Los hechos sirvieron para que el entonces biministro de Justicia e Interior, Alberto Belloch, acusara a Herri Batasuna de «colaboración activa con ETA». Los responsables de la sociedad denunciaron que «se ha ofrecido una versión que no se corresponde con la realidad», y además centraron sus críticas en los medios de comunicación, a quienes acusaron de «falta de diligencia, por dar credibilidad a la versión oficial sin contrastar con los afectados». Posteriormente, el juez Ismael Moreno, de la Audiencia Nacional, se inhibía a favor de la Audiencia Provincial de Gipuzkoa, al no encontrar en los presuntos hechos de los que se acusaba a los jóvenes ningún tipo de relación con delitos de organización armada. El Diario Vasco seguía con la cantinela: «Acusan a los detenidos del grupo "Y" de 27 sabotajes en apoyo de ETA». Años más tarde, El Mundo recogía otra información proveniente de la Subdelegación del Gobierno de Guipúzcoa, por la que la Policía Nacional requisó «diverso material relacionado con la kale borroka [violencia callejera] en el transcurso de un registro a la Herriko Taberna –sede social de HB–». Se relataba que la entrada en la sociedad Herria de la parte vieja donostiarra se saldó con la «incautación de dos cócteles molotov, dos botellas de gasolina, cinco cohetes, cinco capuchas, una pancarta con el anagrama de ETA y pegatinas que aluden a la organización terrorista y a la violencia callejera». En una nueva pugna por la versión real de los hechos, Josetxo Ibazeta contradecía esta información, al enumerar que los objetos requisados eran «diversos disquetes y un disco duro de ordenador, facturas de la sociedad y "material político y cultural"». 94 La maza 20/4/10 10:16 Página 95 Se convierte así en un clásico que se aprovechen los operativos contra la kale borroka para entrar en los locales juveniles o gaztetxes del pueblo o barrio donde se desarrolla la redada. Antonio Basagoiti, portavoz del PP en el Ayuntamiento de Bilbao en agosto de 2001, se felicitaba por la entrada de la Ertzaintza en el gaztetxe Kukutza de Rekalde, por ser «un foco donde la violencia callejera se encuentra muy activa». En Markina, Hernani, Zizur, Atarrabia, Andoain y otras muchas localidades, los gaztetxes serán objetivo de la curiosidad policial. La inspección de estos locales ha derivado, en no pocos casos, en enfrentamientos entre jóvenes y policías, como ha sucedido recientemente en Barañain. En algunos, como en el gaztetxe de Barakaldo, las pesquisas policiales han sido incluso disculpa para su clausura. La sospecha deja en una aureola de tinieblas a los locales asaltados. La imagen distorsionada sobre estos lugares, estas sociedades, induce al público más despistado, a pensar más en un almacén de explosivos que en un espacio para las actividades culturales, gastronómicas, lúdicas y cómo no reconocerlo, políticas, que en ellas se desarrollan habitualmente. En cualquier caso, la campaña mediática contra estos espacios sociopolíticos hizo el trabajo de zapa para otra operación que estaba en ciernes: el 29 de abril de 2002, agentes del Cuerpo Nacional de Policía detienen a once personas presuntamente vinculadas a la gestión de las herriko tabernas y, por tanto, al partido político Batasuna. Aquellas actuaciones –Diligencias Previas 153/2000– desembocaron después en el sumario 35/02 contra esa formación política. Delincuentes, drogadictos, desarraigados… La tendencia crónica a la marginalidad y el gusto por la delincuencia gratuita de los jóvenes abertzales ha provocado el interés de la prensa seria. Cuando los profesionales de la 95 La maza 20/4/10 10:16 Página 96 comunicación han intentado bucear en sus convicciones, en sus costumbres o en su estética, han llegado a conclusiones estrambóticas. Veamos algunas muestras de lo que creen que piensan los chavales. Organicemos los relatos en orden de proximidad de la mancheta periodística al lugar donde ocurren los hechos, ya que esto exculparía al que más lejos está, de que su visión sea la más alucinante. Pero adelantamos que no siempre es así. El Diario de Noticias, el 22 de mayo de 2000, titulaba «Una buena noticia» la filtración de un documento producido por la Audiencia Nacional en el que se consideraba que el fin de la kale borroka estaba próximo en la Comunidad Foral, gracias a la efectividad policial y a la modificación de los mecanismos legales. El editorial glosaba el fenómeno considerando que: … tiene poco de político, puesto que no es la expresión de ninguna realidad política, sino la de un sector minoritario de una juventud desencantada, manipulada, de bajo nivel cultural y con problemas ambientales y sociales, que en lugar de pasar el fin de semana haciendo los cientos de cosas que se les ocurren a cualquier persona normal, los pasan destrozando bienes públicos y privados y disfrutando con ello. Se trata, por tanto, de un problema de delincuencia común protagonizada por imberbes, a veces menores, criados en una cultura de la violencia gratuita que la sociedad debe reciclar. Al menos propone su reciclaje. Con la carrerilla, parecía que el redactor recomendaría ingresarlos en un gulag. En octubre de 2000, El Mundo da a conocer un presunto informe de la Policía española. Según los datos que maneja la Comisaría General de Información tras cotejar las declaraciones policiales de 207 detenidos «pertenecientes a grupos Y de apoyo a ETA», concluye que «el 14 % ha sufrido algún fracaso escolar. Un 47% cursan estudios de Formación Profesional y solo un 2% son estudiantes universitarios. El 37% realizan 96 La maza 20/4/10 10:16 Página 97 trabajos escasamente cualificados». Claro, no todos pueden acceder a un puesto altamente remunerado consistente en transcribir informes policiales. Los especialistas de información también aportan elementos para conocer las costumbres lúdicas de los arrestados basándose en sus declaraciones ante la policía: «el 90% han asegurado ser consumidores habituales de hachís y un 50% de ellos ha reconocido que también consume speed». Siempre según las fuentes de las que se empacha, El Mundo sostiene en referencia a los jóvenes apresados que «entre otras características sociales, destaca su nula formación política, la ignorancia que tienen sobre la historia y los postulados de su propia organización». ¿Tal vez sea este último un elemento exculpatorio? Añaden que tienen una «mentalidad sectaria, por lo que es imposible mantener un diálogo constructivo con ellos». Sería interesante poder echar un vistazo al «diálogo constructivo» que intentan mantener los nacionales con sus presas durante la incomunicación. Todo un insulto a la convicción general de lo que realmente sucede bajo ese régimen de detención. Concluyen la pieza asegurando que tienen un «odio visceral a cualquier cosa que haga referencia a España». En esas condiciones no resulta extraño. Aunque parece insólito que lo reconozcan, abiertamente, a la policía en su propia madriguera. También El País disparataba el 8 de septiembre de 2002 en su pieza «Lista de espera para entrar en ETA», con policías como protagonistas: La mayoría tiene dificultades para escribir correctamente. A otro, el Guardia Civil que lo interrogaba le preguntó: «¿Quiénes son tus compañeros? Dime los nombres de los que iban contigo a quemar autobuses». El detenido delató sin aparente vergüenza a tres de sus amigos. La Guardia Civil fue a detenerlos y registró sus domicilios. Los agentes se dieron cuenta enseguida de que algo no cuadraba. Aun así, les pusieron las esposas y los interrogaron. Aquellos chavales les contaron que, 97 La maza 20/4/10 10:16 Página 98 efectivamente, un día fueron amigos del detenido, pero que, al saber de sus coqueteos con la violencia, le dieron a elegir: «O la lucha callejera o nosotros». No le volvieron a ver el pelo, pero el otro día les mandó a los guardias. «Lo hizo», explica el agente que lo interrogó, «para despistarnos y que sus verdaderos compinches tuvieran tiempo para huir». «Es una sangre fría […] que no he visto ni en etarras hechos y derechos». […] No les exagero: hay lista de espera para entrar en ETA. Para concluir con la terna de la coalición periodístico-policíaca, aportemos por último el testimonio de un agente de la Ertzaintza también recogido por El País. La redactora entrevistó a Teo Santos, que aseguraba: … «las habitaciones de estos chicos suelen parecerse unas a otras como gotas de agua. Y resultan bastante evidentes». Santos detalla los muebles austeros, el inevitable póster del Che Guevara, la cruz vasca y las pegatinas con la serpiente enroscada al hacha (el símbolo de ETA). Han creado un mundo aparte. Sus únicos periódicos son Gara y Egunkaria; sus emisoras de radio, Euskadi Gaztea y Hala Beri [sic], portavoces del entorno de los anarcos en Álava, y el programa de Radio Euskadi Mar de Fueguitos, donde se describen de forma amena algunos de los excesos más despiadados del capitalismo. En cuanto al perfil de los jóvenes, así los presenta, no se sabe si el agente o la periodista: … objetores de conciencia, insumisos, feministas radicales, defensores del euskera, ecologistas –las juventudes proetarras deben su mayor éxito a la oposición a la autovía de Leizarán– parados, okupas, excluidos sociales de cualquier tipo... Los pequeños amos de la kale borroka se erigieron como abanderados de todos estos colectivos y han obtenido a cambio simpatías y militantes. 98 La maza 20/4/10 10:16 Página 99 La imagen distorsionada de los jóvenes vascos también llegó a La Razón, el 26 de marzo de 2003, de mano de Aleix Vidal Quadras, este sin recurrir a fuentes policiales. Le basta su fino olfato para, además, regalarnos una apología del mal trato: Pertenecen a la peor hez de la sociedad. Basta echar una ojeada a sus desastrados atuendos, a su suciedad, a sus expresiones innobles, a la ferocidad animal de sus acciones, para concluir que se trata de estudiantes fracasados, de despedidos por incompetencia, de tarados mentales afectos de neurosis agresivas, de despechados con disfunción eréctil o de aquejados de graves complejos de inferioridad con absoluto fundamento. Si no se dedicasen a vandalizar las calles cobardemente emboscados entre los manifestantes civilizados, seguramente acecharían a viandantes solitarios en callejones oscuros para practicar con ellos las sanguinarias artes de Jack El Destripador, pegarían a sus abuelas artríticas para robarles el dinero de la compra o torturarían lactantes, es más, es posible que terminen haciendo estas cosas. [...] Y lo que resulta de aurora boreal es la celeridad con la que determinados partidos de la oposición se lanzan a pedir dimisiones porque a un miembro de los GEO se le ha escapado la porra en medio del tumulto y le ha hecho un chichoncete a uno de estos bestias. La prensa internacional que se acercó al fenómeno juvenil lo hizo dispuesta a encontrar lo que sus prejuicios ya le habían advertido. El Clarín –periódico conservador argentino– publicó el 27 de abril de 1996 un reportaje titulado «Viaje a los barrios donde late la guerrilla de ETA», que reproducimos como ejemplo del viaje lisérgico que se dio el periodista cuando pretendía acercarse a nuestra realidad: En San Sebastián hay una especie de barrio del Bronx, como el neoyorquino, pero distribuido de un lado al otro, en distintos vecindarios y poblados pobres, donde no hay robos, pero sí enorme violencia. En estos sitios, de calles angostas, caseríos paupérrimos y gentes que miran sin mirar, vive el hor99 La maza 20/4/10 10:16 Página 100 miguero de la guerrilla etarra. […] Son barrios como Intxaurrondo, Egia o el poblado de Renteria. Zonas donde en los últimos días se multiplican los incidentes entre la policía y las bandas juveniles vascas, que protestan con la quema de ómnibus y la destrucción de vidrieras por el arresto de Jon Idígoras, uno de los dirigentes de Herri Batasuna. Estos grupos son los «jarrais», los adolescentes de la rama juvenil de la coalición. En estas tribus que coinciden en el mismo tono de la protesta, también se destacan los «kinua» [sic] unos comandos infantiles, de unos 12 años de edad promedio, a cargo de actividades culturales y de revolar la honda cuando cuadra. […] Uno de los jovencitos de pie, con una insignia de ETA garabateada con aerosol en una pared a sus espaldas parece más interesado en el reloj del periodista que en responder preguntas. «Hola, periodista de Argentina». «Argentina?: eh, argentino, bonito reloj» dice y ríe. Están vestidos con jeans, camperas, se los ve limpios, abrigados y parecen bien alimentados. Parecen normales. Parecen normales. No comment. El espectáculo mediático Una vez soltado el freno de la moderación, la temática de la juventud vasca será terreno abonado en el que florece cualquier disparate. Hemos mostrado algunas perlas de los medios de prensa escrita, al ser los más sencillos de rastrear a balón pasado y porque el soporte impreso deja constancia para que generaciones venideras comprueben el nivel de integridad o, por el contrario, el trastorno que presentan algunos profesionales del Microsoft Office. Pero también los programas de analistas televisivos y las tertulias radiofónicas serán un aluvión continuo de dislates y despropósitos. Una muestra diaria de la visión apriorística, simplista y alejada de la realidad que periodistas, expertos, 100 La maza 20/4/10 10:16 Página 101 sociólogos y charlatanes en general tienen sobre un fenómeno tan complejo. Hay un momento concreto especialmente codiciado por los periodistas, esta vez cargados con sus cámaras de televisión: el instante en que se produce una detención. El joven esposado y sacado de su casa a trompicones se ha convertido ya en figurante de ese espectáculo mediático. La policía invita a la televisión para que grabe la captura. Así, la prensa se convierte ahora en un miembro más del séquito de infames. La Policía Nacional acudirá a detener a jóvenes de Getxo, Leioa y Berango acompañada de dos cadenas privadas españolas de televisión. Fuentes oficiales acusaban a los vizcaínos de quemar el comercio de la mujer de un guardia civil en Algorta, suceso ocurrido el 17 de febrero de 1999. Mientras se producía el registro del domicilio de uno de los jóvenes, Aitor Artetxe, sus familiares pudieron oír una voz que salía del aparato de transmisión de uno de los agentes, avisando que «han llegado las televisiones». El que dio el aviso se refería a las cámaras de las cadenas Antena 3 y Tele 5, que tomaron imágenes en directo del momento en que Artetxe era sacado de su casa para ser introducido en la furgoneta que le trasladó a las dependencias policiales. Ambas cadenas emitieron imágenes del operativo en sus noticiarios. Luego le torturaron. Entonces las cámaras permanecían apagadas. Poco después, cuando los jóvenes fueron puestos en libertad, sus familiares denunciaron que «ya hay cuatro víctimas más, una menor de edad, que han pasado por una situación que les ha dejado marcados». Sus padres señalaron que «Antena 3, Tele 5, Jaime Mayor Oreja y el parlamentario Carlos Urquijo son los responsables de este nuevo montaje policial y mediático». Unai Iturriaga hiló durante la Final del Campeonato de Bertsolaris dos bertsos que no nos resistimos a reproducir aquí. El tema que le proponían era el siguiente: «los periodis101 La maza 20/4/10 10:16 Página 102 tas acechan bajo tu casa». Entre las múltiples posibilidades de encarar la escena, el bertsolari durangarra lo resolvió así: Goizak izan behar zuen atsegina ta bizia gosari eder batekin ederto neukan hasia hurrengo ohitura daukat beti leihora jauzia errezela baztertu ta barrenean ze suzia segituan ikusi dut kazetarien hesia hemen badago zeozer ta nahikoa berezia segituan sentitu dut antsietate krisia hauen ostetik beti hor etortzen da Polizia. Ta ni mutu geratua naiz nere duintasunean enoa hitzik egiten beste inoren izenean askori pasa zaiena pasa baitzait azkenean hitzaren bidez aritu naizela hemen lanean «ya hablarás luego más tarde» diost batek joanean nahiz ta kraskada sentitu dudan nire barrenean kazetariak txikitzen atzekaldean daude han ezetz hainbeste hurbildu ateratzen naizenean. Pero, ¿existe un código deontológico? Ya lo hemos apuntado. La clase periodística tiene como cometido respaldar las actuaciones policiales que se están desarrollando contra jóvenes en toda Euskal Herria; generar un estado de opinión que las justifiquen, que se vea en la detención la única salida ante ciertos hechos, evitando que se entre a pensar en motivos, razones o incluso proporcionalidad entre el presunto ataque y el castigo que se le apareja. Ni hablar de la presunción de inocencia del recién encadenado. La noticia contiene una interpelación al sentimiento de inseguridad del ciudadano, que se ve afectado en primera persona y que demandará más mano dura. 102 La maza 20/4/10 10:16 Página 103 En referencia a la situación de riesgo en que se encuentra el «sistema democrático del que todos los españoles nos hemos dotado», son abundantes las baterías periodísticas que apuntan hacia la necesidad de su salvaguarda, que braman ante el riesgo de que desaparezca, que anuncian el Apocalipsis social. ABC traspasaba todas las líneas: … la creación de estos grupos criminales de apoyo al terrorismo etarra fue idea de los cabecillas de la banda de ultraizquierda, concretamente de José Luis Álvarez Santacristina, con el fin de garantizar mejor su «acción desestabilizadora», expresión que en bocas etarras significa el asesinato generalizado, con especial preferencia por los niños. Nada «desestabiliza» tanto como la muerte violenta de niños. El periodismo ultra sí que es inestable. Su recurso al exceso, a la mentira, a la exaltación de los sentimientos, a mezclar y confundir información con opinión, se opone al más básico tratamiento de la noticia desde un punto de vista ético, o al menos profesional. Principios que se estudian al entrar en la Facultad de Ciencias de la Comunicación. Cumpliendo su papel de reclamar «eficacia», la prensa preparó el terreno para que, a principios de 1997, setenta jóvenes fueran detenidos en operativos llevados a cabo en Orereta, Hernani, Goizueta y Atarrabia. Muchos medios no habían tenido empacho en presentar a los jóvenes como culpables a pesar de carecer de cualquier clase de prueba. Todos ellos fueron dejando la prisión. Pero de esto no se verterá ni una palabra. La rectificación sobre las acusaciones que gratuitamente se les endosaron nunca llegó. La liberación puede indicar ineficacia, por lo que no es noticia. Nos encontramos con un grave problema deontológico. ¿Es algo que nos ocurre solamente aquí? ¿O encontramos esta criminalización y manipulación descarada también en otras latitudes? ¿Disponen los periodistas también con la impunidad para contar lo que quieran? Veámoslo. 103 La maza 20/4/10 10:16 Página 104 Las grandes empresas mediáticas han exportado la etiqueta de la kale borroka a otros ámbitos fuera de Euskal Herria, para apoyarse en su carga emotiva y presentar ciertos sucesos como un duplicado de esta. Lo que ya está apestado se emplea para contaminar otras dinámicas en otros contextos. Sin duda, este recurso a la comparación no obedece a la necesidad de desprestigiar la kale borroka en otros territorios, sino que responde, más bien, al interés de tener a raya a cualquiera que se mueva allí, amenazándole con las mismas recetas que se prescriben aquí. Así, cuando ha surgido algún acontecimiento que pueda tener algo en común con el fenómeno de la protesta vasca, principalmente en los Països Catalans o en Galiza, inmediatamente los medios de comunicación se han apresurado a apuntar el patrocinio de jóvenes vascos: son «militantes de Jarrai», «expertos de la kale borroka», que se habrían desplazado a estos territorios para enseñar sus efectivas técnicas. Son las academias de guerrilla urbana extraterritoriales. Una protesta en la Universidad de Santiago ante la presidenta del PP de la Comunidad Autónoma Vasca, María San Gil, se vinculaba a la franquicia que «la rama estudiantil de Batasuna-ETA» tendría en Galiza. Libertad Digital aseguraba que AGIR, la organización estudiantil galega «hermanada con Ikasle Abertzaleak, no oculta que su inspiración son los grupos juveniles proetarras como Segi o Jarrai, a quienes idolatran y copian consignas y su modus operandi para este tipo de actos violentos». Claro, los vascos han inventado la pólvora y ahora son responsables cada vez que se prenda una mecha. Las protestas del movimiento antiglobalización, de oposición a las reuniones de jefes de estado, o de denuncia de la guerra de Irak o Afganistán han sido también escenario en el que la prensa ha querido dar un papel estelar al fenómeno juvenil vasco. Una pieza de ABC titulaba «Jóvenes desarraigados, incultos y sobradamente violentos». Bien empezamos. 104 La maza 20/4/10 10:16 Página 105 Sectores conservadores preocupados por este tipo de movilizaciones, algunas de las cuales derivan en cierto grado de violencia, encuentran en la equiparación con la kale borroka la excusa para estigmatizarlas: «grupos antisistema y del movimiento okupa son los que han tomado la bandera de la violencia en las manifestaciones contra la guerra». Ahora, ante la falta de indicios, buscarán en el cubo de la basura: «las fuerzas de seguridad, de momento, no cuentan con datos de la participación en estos altercados de elementos de la kale borroka». Pero todo el mundo sabe que haberlos, los habrá: el Movimiento de Resistencia Global dinamiza estas protestas, y «según un informe de los servicios de Inteligencia, cuenta con "bases" en Cádiz, Sevilla, Madrid, Bilbao, Vitoria, San Sebastián, Pamplona, Irun». Claro, de ocho bases en el Estado, si cinco están en Euskal Herria, blanco y en cristal… Trasponer como un calco la violencia política en Euskal Herria a otros contextos lleva en ocasiones al más absoluto ridículo. Recientes actos gratuitos de gamberrismo, llevados a cabo por jóvenes de clases acomodadas en el municipio madrileño de Pozuelo, recibían el apelativo de «pijo borroka» por parte de medios serios y tertulianos juiciosos. Grotesco. Pero será en los Països Catalans donde el hecho tiene una dimensión que supera lo anecdótico. En el año 1996 ya vinculaban la respuesta al desalojo del okupado Cine Princesa con Jarrai. El mes de enero de 1999 Aznar visitó la Universitat Autònoma, y la protesta estudiantil fue reprimida brutalmente. Medios de comunicación publicaron una lista de «estudiantes peligrosos relacionados con Jarrai». La paranoia lleva a la detención de un chaval de 14 años en Sabadell, que ponía pegatinas contra el alcalde de su pueblo con el texto: «Estilo Bustos? No, gràcies!». A la mañana siguiente, La Vanguardia publicaba que era de Jarrai. Claro, David C., el menor, había firmado el manifiesto de oposición al juicio contra Haika y Segi. La caza de brujas mediática a la búsqueda de sapos. 105 La maza 20/4/10 10:16 Página 106 En 2000 se le impone a la ciudad de Barcelona un desfile militar. Cuando el tejido asociativo y antimilitarista sale a sus calles para rechazar la ocupación de sus calles por tanques y soldados, el entonces ministro Josep Piqué, en declaraciones públicas, ve «a ETA detrás de la protesta». La Razón publica el 31 de mayo en primera página: «Autobuses con activistas de Jarrai llegaron a Barcelona para reventar el desfile militar». Es demasiado. Diez periodistas interponen una demanda ante el Consell de la Informació de Catalunya, dependiente del Colegio de Periodistas, al considerar que se ha vulnerado el código deontológico de la prensa al publicar ese titular, a sabiendas de que es falso. Este órgano es simbólico, no tiene capacidad de imponer sanciones, pero la autoridad de su dictamen incomoda más al medio denunciado que una sentencia judicial. Al menos hay un sistema de vigilancia. Tras analizar el caso, este Consejo emite un dictamen por el que considera que «el diario La Razón ha vulnerado los artículos 1 y 2 del Código Deontológico», que dicen textualmente: 1) Observar siempre una clara distinción entre los hechos y las opiniones o interpretaciones, evitando toda confusión o distorsión deliberada, así como la difusión de conjeturas y rumores como si se tratara de hechos. 2) Difundir únicamente informaciones fundamentadas, evitando en todo caso afirmaciones o datos imprecisos y sin base suficiente que puedan lesionar o menospreciar la dignidad de las personas y provocar daño o descrédito injustificado a instituciones y entidades públicas y privadas, así como la utilización de expresiones o calificativos injuriosos. Guardemos en el disco duro lo que estos apartados recogen, por si encontramos donde aplicarlos. Porque, ¿quién iba a pensar que existía un código deontológico? ¿Quién imaginaría que la profesión periodística se deba ajustar a normas 106 La maza 20/4/10 10:16 Página 107 éticas, aunque sean tan básicas? Tal vez en otras latitudes con más sensibilidad. Aquí tienen buffet libre. Hasta hartarse. Metiendo a los medios en cintura Parece, pues, que la prensa en Euskal Herria es lo más parecido a los Intocables de Eliot Ness. Conforman una casta que ante cualquier crítica agita la libertad de prensa y la «continua amenaza» que pende sobre ellos. Ni una palabra del derecho de la sociedad a la información veraz. Parapetándose tras «su» derecho, obvian todo escrúpulo a la hora de tratar ciertos temas. Si no se les puede pedir objetividad, reclamémosles al menos un poco de ética profesional. Al menos con las materias más delicadas, esos casos en los que están involucrados menores o en los que la presencia de graves violaciones de derechos, como es la tortura, la presunción de inocencia o el derecho de acceso a un juicio con todas las garantías, es incuestionable. En varias ocasiones se ha tenido que llevar a medios de comunicación ante los tribunales por su tratamiento informativo. En la gran mayoría de los casos con la despreocupada desestimación del estrado por toda respuesta. Sin embargo, hay un acontecimiento que hace, por una vez, cambiar el guión. El menor I. A .A. de Elgoibar había sido detenido acusado de participar en unos incidentes en marzo de 1997, y, pese a que había sido absuelto por los tribunales españoles, ABC se obstinaba en insistir en que era «terrorista». El rotativo ultra protestaba por la absolución del menor en estos términos: ¿Qué impulso que no sea el provocado por el más pertinaz síndrome de Estocolmo puede obligar a la Audiencia de San Sebastián a absolver al terrorista Iraultza, que quemó a un inocente con un cóctel molotov? 107 La maza 20/4/10 10:16 Página 108 Si en el caso de los catalanes el título del artículo era burda mentira, este diario se atreve en esta ocasión a atribuir falsamente un grave delito a un menor. Los abogados de I. A. A. interpusieron denuncia. Un tribunal determinó que ABC debía rectificar su comentario con el mismo tratamiento y difusión «reponiendo al actor en el derecho violado» e indemnizándole con una multa de 500.000 de pesetas. El diario decidió recurrir el fallo. En la apelación, el rotativo consideraba que en la colisión entre el derecho al honor del menor y «la libertad de expresión, debe prevalecer esta última», ya que la atribución al menor de edad del uso de cócteles molotov que se incluía en el artículo «era una figura meramente literaria». La Audiencia madrileña consideró por el contrario que el artículo de opinión contra I. A. A. era «objetivamente vejatorio» y que semejante alusión en ningún caso puede considerarse «una mera licencia literaria», puesto que conlleva «la imputación de un delito notoriamente grave». Desestima así el recurso de ABC y da la razón a la demanda interpuesta por el menor. Aunque solo puede ser considerada una flor entre las zarzas, demos la bienvenida a la decisión del tribunal madrileño. Expertos y juventud Los medios de comunicación no son los únicos que ofrecen su pluma al servicio de mejorar la represión contra la juventud vasca. Técnicos, sociólogos, académicos, «opiniones autorizadas», think tanks… han aportado su ciencia para dar una imagen bien concreta de la juventud. Intervienen principalmente en informes de parte, encargados por instituciones y policías para sustentar y justificar ciertas políticas, siempre en reclamo de la elevación, por unos centímetros más, del listón represivo. En su vertiente más benigna, los informes son 108 La maza 20/4/10 10:16 Página 109 encomendados para sostener el diseño de medidas de reeducación y reprogramación de una juventud díscola. Con el contrato bajo el brazo, estos expertos de las ciencias sociológicas se han lanzado a las estadísticas. Han preferido enfrentar el tema sin causas, sin ir a la raíz, sin paños calientes. El dato que codician es el grado de adhesión de la juventud a la violencia política, dato que justificará después todo lo que venga. En un estudio de 1994 financiado por el Gobierno de Lakua, se planteaba la siguiente pregunta a los jóvenes encuestados: «La violencia es una noticia cotidiana y hay diferentes opiniones sobre el tema. Expresa el nivel de acuerdo con la frase "puede suceder que en ciertas situaciones la violencia esté justificada"». Al menos está planteada objetivamente, no se dirige a una contestación predeterminada. Dadas varias franjas de respuesta –absolutamente de acuerdo, bastante de acuerdo, bastante en desacuerdo, absolutamente en desacuerdo–, los resultados arrojaban un 32,1% entre las posiciones más a favor, mientras que el restante 67,9% se posicionaba por las más o menos matizadas en desacuerdo. El estudio reconocía que el porcentaje favorable superaba la media europea y la española, siendo esta última la más baja. A finales de 1995 se hace público un plan de actuación del Ejecutivo de Lakua sobre la kale borroka, coordinado por los departamentos de Interior, Justicia y Trabajo, y Educación, Cultura e Industria. Sus previsiones vienen avaladas por el informe que Juan María Atutxa ha encargado al sociólogo Javier Elzo, titulado «Planteamientos para unas actuaciones sobre la subcultura de la violencia y sus repercusiones en la juventud vasca». Según los datos manejados en dicho informe, un 30% de los jóvenes vascos justifica el terrorismo, pero solo un 9% adopta un compromiso personal y activo. El perfil 109 La maza 20/4/10 10:16 Página 110 ideológico de los primeros se corresponde con las variables perspectiva revolucionaria para el cambio de la sociedad, fuerte identidad nacional y cultural vasca, rechazo de la autoridad y cercanía a asociaciones juveniles de carácter alternativo. Las cifras y conclusiones servirían para que esta comisión interdepartamental del Ejecutivo autonómico ultimase un plan que proponía un centenar de medidas de tipo educativo, social y cultural, pero sobre todo de corte policial y judicial con las que enfrentarse al fenómeno. Otro trabajo posterior, realizado a petición del Legislativo autonómico, aseguraba que un «3,7% del medio millón de jóvenes vascos –unos 18.500– practican o estarían dispuestos a practicar la violencia callejera». El catedrático de sociología José Ignacio Ruiz de Olabuenaga, responsable del trabajo, destacó que el 34% de los jóvenes reconocen como un hecho normal que «si los vascos no resolvemos nuestras diferencias hablando por las buenas, es normal que acabemos enfrentándonos por las malas». Parece una reflexión bienintencionada, si sirviera para poner mecanismos que refuercen la primera afirmación de la frase y no tener que recurrir a la segunda. Pero no es la línea. Tal y como denunciaron los padres de jóvenes represaliados agrupados en Gurasoak, dicho informe «crea un estado de opinión contra cualquier joven». Y es que estos trabajos, presentados ante los parlamentos, no resultan ser estudios neutrales sobre los que debatir el «estado de la nación» en relación a las demandas juveniles. Sirven más bien para satanizar al sector de población objetivo de la represión en momentos en que el guión exige avivar el fuego. Este informe viene a indicar al responsable de policía en concreto que dispone de un caladero de 18.500 jóvenes con tendencias violentas. Este coge la red, se enfunda el impermeable y… ¡empieza la pesca! 110 La maza 20/4/10 10:16 Página 111 El Ararteko de la Comunidad Autónoma Vasca, Iñigo Lamarca, presentó recientemente ante la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento de Gasteiz el informe sobre «Atención Institucional a las Víctimas del Terrorismo en Euskadi». En su intervención, desglosó los puntos más relevantes de su análisis, y se refirió expresamente a un dato sobre el que parlamentarios y medios de comunicación pusieron el grito en el cielo: la encuesta realizada entre escolares de la ESO concluía que «un 15% de los menores consultados tienen un nivel de rechazo bajo o muy bajo a la violencia de ETA». Desciende pues la cifra. Pero claro, hay que armonizar los dos objetivos del trabajo. El primero es hacer ver que la brutal represión de la acción directa juvenil ha dado sus frutos. El segundo es que todavía no se ha desterrado del disco duro de la juventud la opinión rebelde y, por ello, que queda todavía mucho por hacer. Profundizando en el texto del informe, nos encontramos que la cifra se vuelve a acercar más a los números de informes anteriores, al reconocerse que «un 24,1% de escolares (12,2+11,9) entiende que en ocasiones, los actos terroristas pueden estar justificados». Apréciese el hecho de que la pregunta incluye un concepto tan valorativo y denostado como el de «terrorismo», que induce a cierta respuesta. Desde otro punto de vista, ante la pregunta absolutamente teledirigida «ETA es un grupo terrorista y como tal genera víctimas. Hay que acabar con ETA», se reconoce que «ciertamente son muchos más los escolares que se posicionan a favor del ítem, acercándose al 50%, pero el 24% se posiciona claramente en contra». Eso sin contar otras posiciones intermedias entre el maniqueo a favor o en contra, que ocuparían el 26%. En cualquier caso, los datos son clarificadores. Años de mantener la máquina represiva del Estado a toda presión no han conseguido erradicar lo que, se mire por donde se mire, es un problema con profundas raíces políticas. En cualquier caso, no se puede dejar de tomar en consideración que, en 111 La maza 20/4/10 10:16 Página 112 este momento concreto, la estadística se elabora con el objetivo de pedirle otro esfuerzo al maquinista local de la represión –ahora Rodolfo Ares– y justificar además la introducción de ciertas políticas determinadas. Esta vez de corte «educativo». En efecto, tras constatar que las principales vías de adquisición de valores son, por este orden, la familia, el grupo de amigos y la escuela, el Ararteko aconseja el diseño de un proyecto de educación en valores «desde un planteamiento global», no ceñido exclusivamente al ámbito escolar, para que «sea efectivo». ¿Se establecerán planes educativos de contenido global y obligatorio en el seno de las familias?; ¿pondrán a un delegado del Gobierno en el grupo de amigos?; ¿serán eficaces estas medidas?; ¿son útiles? Misterio. En concordancia a la visión que pueden tener los todavía adolescentes del fenómeno de la violencia, Kofi Annan, ex secretario general de las Naciones Unidas, daba una solución ecuánime al dilema: «el terrorista de uno es el luchador por la libertad de otro». Porque, en cualquier caso, y nos pongamos como nos pongamos, las estadísticas hablan de una visión arraigada entre los jóvenes vascos. El ex diplomático nos ofrece una constatación. Un enfoque real y presente del problema. Sirve para visualizar lo erróneo de estas políticas, que son fletadas como majestuosos portaviones, pero siempre encallan en el mismo puerto. El de la realidad política. Los remedios policiales y las estrategias educativas de reprogramación quiebran ante el desinterés –o imposibilidad– por buscar soluciones globales a un problema que está interconectado con el contexto político general. Los periodistas y expertos que se obstinan en dar cobertura a las respuestas represivas cortoplacistas fracasan. La solución no vendrá por ahí; lo hará por otro sitio. Si son expertos, deberían saberlo. 112 La maza 20/4/10 10:16 Página 113 y la justicia así lo interpreta EN ABRIL DE 1999, EN PLENO BAILE de números sobre el coste penal que debe tener la quema de mobiliario urbano, Margarita Uria, del PNV, formuló una jugosa pregunta en el pleno del Congreso de los Diputados. Se refería a un agente de la Policía española que unos días antes había sido detenido por los municipales de Iruñea como responsable de la quema de varios contenedores de basura. Jaime Mayor Oreja, ministro del Interior, consideró que la parlamentaria «saca de quicio la cuestión». Uria no se mostró conforme con las explicaciones y espetó al ministro que «podríamos decir que un servidor del orden público ha sido detenido realizando conductas que, desde la óptica del PP, se califican como terroristas, y eso tiene valoración política». Bueno, esa óptica es también ampliamente compartida por el partido de la diputada jeltzale. En cualquier caso, plantea una cuestión que intentaremos dilucidar en este capítulo: ¿es la ley igual para todos?; ¿cómo opera ante los que además de jóvenes, son vascos?; ¿lleva a la misma valoración según hechos objetivos, o existen otros motivos políticos que nublan el recto juicio de los intérpretes togados? 113 La maza 20/4/10 10:16 Página 114 Thomas Hobbes había dejado escrito en su Leviathan, en pleno siglo XVII, que el delincuente sigue siendo ciudadano. Pero cuando se enfrentaba al estatus político, se trata de una rebelión, por lo que «aquellos que incurren en tal delito no son castigados en cuanto a súbditos, sino como enemigos». Carl Schmitt, ideólogo del nacionalsocialismo, recuperó la idea para que, más recientemente, Günther Jakobs la pusiera al día con el conocido concepto de «derecho penal del enemigo», haciendo una apología del tratamiento desigual, de la discriminación entre ciudadanos y enemigos. El académico alemán se justifica en que mientras que «el Derecho penal del ciudadano mantiene la vigencia de la norma, el Derecho penal del enemigo combate peligros». Con esta construcción se da inicio a una batalla en la doctrina penal, entre quienes defienden que se pueden retirar caprichosamente derechos y garantías a algunos individuos que disienten con el sistema y quienes opinan que dicha visión es absolutamente inaceptable. Estos últimos esgrimen tres motivos: primero, porque la negación del tratamiento de la persona como ciudadano es la negación de la persona, reventando el más mínimo ideal de tratamiento igualitario; segundo, porque deja en manos de quien ejerce el poder la determinación de quién es enemigo, imponiendo gratuitamente esa etiqueta a quienes lo enfrentan o importunan, real, potencial o imaginariamente; tercero, porque cuando el Estado se desnuda para tratar al ciudadano como enemigo, en el sentido contrario, no puede evitar que el ciudadano reconozca al Estado como su enemigo. Y esto afecta a su autoridad. En definitiva, invocar la idea del «no-ciudadano» revienta la legitimidad del régimen que decide utilizarla. No es novedad en este país la aplicación de la justicia en términos políticos. No es novedad que esta se ponga en marcha recogiendo el guante lanzado por el gobierno de turno o por otros sectores próximos al poder: asociaciones autodenominadas pacifistas, grupos de «víctimas», organizaciones de 114 La maza 20/4/10 10:16 Página 115 empresarios, empresas de comunicación, etc. Si habitualmente la acción de los tribunales que conforman la estructura jurisdiccional española, en términos generales, se acopla a los intereses políticos del momento, la actuación de la Audiencia Nacional es ya ejemplo aberrante de politización y de injerencia del poder judicial en el ámbito político o social. Observamos cómo se adelanta a los acontecimientos y es ella misma quien marca el sendero por donde deberá circular la siempre prioritaria «lucha antiterrorista». Los abogados y juristas que trabajan ante este órgano o que analizan su actuación, denuncian lo que denominan su «función creadora de derecho». Una acción invasiva de las atribuciones del poder ejecutivo –dirigiendo la acción policial– y del poder legislativo –produciendo derecho–, cuando su tarea consiste única y exclusivamente en aplicarlo. La quiebra de la separación de poderes –requisito básico del estado de derecho– parece algo ya asumido por todos. En efecto, el punto quinto del Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo, impulsado en 2002 por los dos partidos políticos con vocación de sucederse en el gobierno español, subraya que «ha de asegurarse el más completo y severo castigo a los condenados por actos de terrorismo». Como si a ambos compitiera esta atribución. La confusión de poderes es algo habitual, endémico, en el Estado español de hoy. De aquellos polvos… Así pues, vemos como el tribunal que asume las competencias del TOP franquista se constituye en adalid y primera espada de la lucha antiterrorista, haciendo la interpretación de la ley que sus magistrados consideren más convenga a la prioridad de «seguridad» y «orden público» frente a la «amenaza del terrorismo», signifiquen estos conceptos lo que dios quiera. Aquella jugosa entrevista de El Mundo, en que el consejero de Interior de Lakua se desnudaba ante la opinión pública sobre su paternidad de los «grupos Y», nos dejó otra perla en referencia al tema que ahora tratamos. El periodista interpe115 La maza 20/4/10 10:16 Página 116 laba a Atutxa: «¿En qué argumentos se basa para defender que los delitos de terrorismo se juzguen en la Audiencia Nacional?». El consejero respondía, dentro del guión: «Por una especialización de los jueces que juzgan, que a mí me parece imprescindible, igual que para los delitos de narcotráfico». El entrevistador mantenía su criticismo hacia el tribunal: «Me sorprende que sea usted partidario de que existan jueces especiales. Le recuerdo que es contrario a lo establecido en la Constitución». Atutxa pasaba al contraataque: «Eso lo dirá usted. Una cosa es que tú nombres un tribunal especial y otra cosa es lo que yo digo, que es la necesidad de una especialización de los jueces. Y eso es la Audiencia Nacional. ¿Es inconstitucional la Audiencia Nacional? ¿Eso es lo que usted sostiene?». Que Margarita Uria se lo explique a Atutxa. Y el periodista de El Mundo a su director. Si es que pueden. La readecuación penal: el Código Penal de 1995 A mediados de los noventa se da un debate sobre cómo equipar a la represión judicial de la kale borroka con la munición del mayor calibre que el sistema permita. El tándem AtutxaBelloch ya había llevado la respuesta policial a su máximo grado de operatividad, procurándose el ámbito más amplio posible de intervención y sacudiéndose engorrosos criterios de proporcionalidad y otras molestas garantías. Ahora, necesitaban que la Administración de Justicia se pusiera a la altura de las circunstancias y avalara su encomiable labor. Los responsables de Interior querían asegurarse de que cada vez que su Policía presentara a un joven ante la justicia, la pena que esta le impusiera fuera la más severa posible. De lo contrario, no servía de nada todo su esfuerzo y dedicación. Reclamaban castigos a la medida de sus obsesiones. Atutxa ya había demandado que «la sociedad debe tomar sus medidas, 116 La maza 20/4/10 10:16 Página 117 entre las que está cambiar el Código Penal». Dicho y hecho: la reforma sería aprobada meses más tarde. Así, la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, reforma el Código Penal de 1973, por considerarse ya obsoleto. El recién nacido corpus penal será bautizado grandilocuentemente como el «Código de la democracia», y se presenta como la «racionalización» del sistema penal español, buscando la reducción de penas, así como la simplificación de su ejecución. Si bien en la exposición de motivos de la Ley de reforma se hace hincapié en que «se ha procurado avanzar en el camino de la igualdad real y efectiva», se siguen añadiendo calificaciones penales no por la cualidad del hecho cometido, sino en razón a quién lo comete y por los motivos o fines que este persigue al perpetrarlo. En efecto, no todo son bondades: el nuevo Código Penal recoge otra vez, agazapada entre el articulado común, la excepción en materia antiterrorista en un título dedicado a los «delitos de terrorismo». La técnica de tipificación empleada consiste en una serie de remisiones a delitos ordinarios que, por cometerse en el ámbito de las actividades de grupos armados, se castigan con una pena notablemente superior. La novedad en la que más energías –y esperanzas para Atutxa y compañía– se han volcado, la perita en dulce, la joya de la corona, será el tipo penal del artículo 577, el novedoso –pero controvertido– concepto de «terrorista individual». Hagamos un alto para analizarlo. Diseñado expresamente para castigar con más facilidad el fenómeno de la lucha juvenil en Euskal Herria, lo que en argot se llama ad hoc, se refiere a la persona que cometa una serie de actos «con la finalidad de subvertir el orden constitucional o de alterar gravemente la paz pública», pero –y aquí está la novedad– «sin pertenecer a banda armada, organización o grupo terrorista». Con este precepto, el legislador de 1995 opta por incluir la kale borroka en el capítulo de los delitos de terrorismo. Pero se quedaba en el peldaño anterior, al reconocer que las personas que 117 La maza 20/4/10 10:16 Página 118 la practicaban no tenían vinculación orgánica con ETA. Eso ya vendría después. No nos adelantemos. Lo más destacado de la redacción reside en la definición negativa del sujeto activo, definiéndose este no por lo que es, sino por lo que no es. Será terrorista individual el que «no pertenezca» a organización armada. Por tanto, se deja fuera el requisito objetivo –existencia de un grupo estructurado, estable, con vocación de permanencia y armado– porque, evidentemente, no lo hay, pero considerando actos de terrorismo también los realizados espontáneamente por personas que no pertenecen a ETA. Veíamos que sí se integra el elemento subjetivo de alterar la paz pública: «atemorizando a los habitantes de una población o a los miembros de un colectivo social, político o profesional». Pero, repetimos, no apreciaban la confluencia con ETA para ello. ¿Se equivocaban ahora o lo hicieron después, cuando invirtieron tantas energías en fabricar esa conexión? Precisamente, al considerarlo terrorismo aunque no ETA, desde la doctrina se denominó «terrorismo periférico» al fenómeno que se quería sancionar. Sin embargo, aquella flamante construcción planteaba problemas, era de difícil aplicación y, sobre todo, inmediatamente devino insuficiente para los apetitos insaciables de los nuevos torquemadas. Solamente un año después de su aprobación, los fiscales que trabajan en la Comunidad Autónoma Vasca consideraban que esta calificación penal mostraba importantes lagunas. En concreto se quejaban de que «las leyes tienen penas muy cortas o inexistentes». Cursan una petición a la entonces ministra de Justicia, Margarita Mariscal de Gante, para que se modifiquen alguno de los artículos del todavía recién estrenado Código de 1995 con el fin de aumentar su efectividad. Las gargantas profundas de la represión reclamaban nuevos cambios, porque la respuesta que ofrecía la nueva calificación especial antiterrorista había quedado ya obsoleta, por demasiado blanda. 118 La maza 20/4/10 10:16 Página 119 Siempre diligentes para estos menesteres, los legisladores se ponen manos a la obra. El Congreso español propone nuevos cambios en esta materia, que toman cuerpo en la Ley 7/2000 del 12 de diciembre. En su exposición de motivos, le reprocha a aquel flamante artículo 577 del terrorista individual lo siguiente: … estas previsiones no están cumpliendo el objetivo perseguido. Por una parte, porque los sucesos de terrorismo urbano solo vienen considerados como tales en el caso de que exista riesgo para la vida o la integridad física de las personas. Por otra, porque la actual legislación no facilita que se condene a quienes, interviniendo en estas acciones porten, no ya los explosivos o armas que provocan incendios o destrozos, sino solamente los componentes necesarios para provocar la explosión. Necesitan ahora de otro nuevo articulado que cubra esos dos flancos: que se castiguen los hechos cuando no haya peligro para las personas, así como el mero transporte de, pongamos, gasolina o cohetes de feria. Hay otro argumento de orden subjetivo. Se considera que los ataques contra contenedores de basuras o cajeros automáticos a principios de milenio y en la coyuntura vasca «no se limitan a dañar bienes materiales individuales o colectivos, sino que persiguen atemorizar a toda una población o colectivo para favorecer los fines terroristas». Es el terror teledirigido, la intimidación por empatía, el temor por contagio, inducido en «toda» la población sin existencia ya de riesgo objetivo. Proteger esa «sociedad angustiada» exige que se reformulen una serie de preceptos del Código Penal –artículos 266, 346 y 351 referidos a daños en la propiedad ajena, incendio o explosión–, hasta elevarlos al estatus de actos terroristas que han de ser castigados con penas de prisión de entre quince y veinte años. Quienes impulsaron las reformas del Código de 1973 apodaron al de 1995 el «Código de la democracia». Ahora se pue119 La maza 20/4/10 10:16 Página 120 den referir a él, orgullosos, como el «Código más duro que el de la dictadura». La evolución de la interpretación en los estrados Las defensas, los y las letradas, han desarrollado una labor titánica ante los tribunales. Con todo en su contra. En vez de ser considerados como una garantía del trato correcto del joven y de la vigencia de sus derechos procesales, los responsables antiterroristas españoles ven en la figura del abogado de confianza una amenaza para la investigación, para el desarrollo del juicio, para la imposición del castigo. Todo sería más fácil sin ellos. En la asistencia a sus jóvenes clientes se encontrarán con todo tipo de dificultades. La primera será la imposibilidad de entrevistarse confidencialmente con los detenidos, principalmente por la prohibición que establece al respecto la detención incomunicada. Pero incluso cuando el joven tiene derecho a comunicar, serán tónica general los impedimentos por parte de la policía, con excusas tales como que los arrestados se han negado a declarar, que no consta que hayan solicitado asistencia letrada o que quisieran nombrar precisamente a ese letrado. Incluso, en ocasiones, ha sido la policía quien ha decidido que su presencia no era necesaria. Más adelante, en la preparación del juicio, los y las abogadas se han encontrado con la dificultad añadida de que sus jóvenes clientes se encuentran dispersados en las diferentes cárceles del Estado español. Además de su pericia jurídica, se obliga al letrado a ser un conductor experimentado, para preparar correctamente la defensa de procesados que pueden estar separados miles de kilómetros. Una de sus principales críticas se dirige hacia la practica procesal de la Audiencia Nacional, que en su forma de dirigir el proceso destripa el ejercicio de la tutela efectiva, obstaculi120 La maza 20/4/10 10:16 Página 121 za al acusado el acceso a la justicia con todas las garantías, impide la igualdad de armas entre defensa y acusación. En efecto, en los procedimientos contra jóvenes, la imposición de restricciones y trabas al ejercicio de los abogados defensores será una constante. La utilización abusiva del secreto del sumario deja al abogado en las tinieblas sobre cómo enfocar la defensa, al desconocer los datos esenciales que, por otra parte, están a libre disposición de la acusación. También la celebración de la vista pública se desarrollará de forma sumarísima, sucediéndose las irregularidades. La práctica de la prueba se caracteriza por la absoluta inexistencia de garantías, reduciéndose en la gran mayoría de los casos a la validación automática de las declaraciones que el procesado o sus compañeros dieron en dependencias policiales, testimonios en muchas ocasiones arrancados en circunstancias espantosas. La contradicción en la vista oral se sustancia entre la palabra del policía –majestuoso agente del orden, versado en la materia, objetivo– contra la de un muchacho en la pecera o cargado de grilletes. La prueba principal de cargo la aportan, en la gran mayoría de los casos, agentes que comparecen como testigos protegidos, escondidos tras biombos, disfrazados, con su voz distorsionada... La inexistencia de una identificación nominal y la utilización, por contra, de la numeración profesional se convierte en la regla. Incluso se produce la toma de declaración al agente bajo doble numeración, siendo el número que se aporta a la causa otro distinto del profesional. Escudándose en la necesidad de preservar su identidad personal, esta forma de actuar solo genera indefensión en la persona sometida –nunca mejor dicho– al proceso inquisitorio. Cada encausado, cada uno de los familiares o amigos que han seguido las sesiones de causas derivadas de actividades juveniles, puede relatar su propia vivencia, su testimonio elocuente de los incidentes que preñan el transcurso de la vista pública. Algunos divertidos, la mayoría exasperantes, dejan la 121 La maza 20/4/10 10:16 Página 122 legitimidad del juicio a la altura de una farsa de circo. Los abogados han protestado puntualmente de la forma de conducir el juicio por el estrado, la mayoría de las veces sin más respuesta por parte del juez que el escueto «se haga constar», más habitual aún «no ha lugar», quitándose la queja de encima, como si un molesto mosquito fuera. De un manotazo. Una vez establecidos ante la terna de magistrados los hechos, y sentada la evidencia de que existe suficiente prueba de cargo contra los procesados, la discusión se entablaba en torno a la naturaleza del delito: ¿ordinario o terrorista? Los y las letradas defenderán que la lógica de interpretación se debe circunscribir a daños ordinarios a la propiedad ajena, atentados contra la autoridad, desordenes públicos, o tenencia o depósito de sustancias o dispositivos inflamables, incendiarios, poniéndose en tela de juicio la propia competencia de la Audiencia Nacional para entender de ellos. En frente –física y figuradamente–, el ministerio fiscal tratará de caracterizar los hechos como terroristas; esto es, cometidos «al servicio de» o «en colaboración con» o, cuando menos, tratando de impulsar los fines de organizaciones terroristas o bandas armadas. Buscan así la máxima sanción. Es preciso indicar que, a principios de la década de los noventa, ya se realizó una depuración en la Audiencia Nacional contra algunos fiscales que no entendían que se pretendiera ver una connotación terrorista en este tipo de hechos. Tras la purga, actuarán en bloque. Pues bien, es el turno del tribunal. ¿Cómo reacciona la Sala ante esta dicotomía ordinario-terrorista? ¿Se decanta por la posición de los abogados o por la pretensión de los fiscales? La cosa tiene enjundia. No hace falta ser jurista para imaginar que un delito de «incendio», «desordenes públicos», «atentado a la autoridad» o «estragos» tiene una dimensión bastante más suavizada que un delito de «terrorismo». Para visualizar la interpretación de los hechos que han hecho los magistrados, y siendo conscientes de lo que cuesta 122 La maza 20/4/10 10:16 Página 123 transitar por entre los continuos baches de la documentación jurídica, no nos queda más remedio que analizar, aunque sea someramente, las resoluciones que la Audiencia Nacional ha dictado desde 1990. Hagamos un esfuerzo, sin caer en una retórica abusivamente jurídica, porque las conclusiones a las que llegaremos, sin duda, merecerán la pena. El material total para el análisis –que, por supuesto, solo repasaremos de puntillas– incluye 34 sentencias dictadas por las diferentes secciones de la Sala de lo Penal del tribunal antiterrorista. Sentencias que tienen una conclusión condenatoria, ya que aquellos procesos que finalizaron con el archivo o la absolución de los procesados nos resultan irrelevantes, en la medida en que se han apoyado en la inexistencia de prueba de cargo. En sus «fundamentos jurídicos» no se han hecho consideraciones acerca de la tipología de los delitos. Solo nos interesan, pues, las sentencias condenatorias que incluyen los criterios de interpretación jurídica que se hace de los hechos probados. Accedamos sin más preámbulos a los fallos de las secciones de lo Penal del tribunal especial. Imaginémoslo en términos ajedrecísticos: sobre el tablero, piezas blancas contra negras se disputan una determinada concepción de los hechos. La partida de ajedrez: ordinario versus terrorista El joven de Egia, Mikel Aznar, colocó en julio de 1992 un artefacto casero compuesto de gasolina y dos petacas cargadas con pólvora en un vehículo de la organización del Tour de Francia, que comenzaba en la capital gipuzkoana. La deflagración alcanzó al joven y le causó graves heridas. El ministerio fiscal –peón negro– exige que los hechos se califiquen de constitutivos de un delito de terrorismo del artículo 174 del Código Penal de 1973, entonces vigente, y solicita la imposición de una pena de diez años y un día de prisión mayor. Sin 123 La maza 20/4/10 10:16 Página 124 embargo, la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional –alfil blanco– desestima el criterio del ministerio fiscal. ¿Dónde está el quid? En el plano subjetivo de la intención del autor, que la Sala estima «que en el delito de terrorismo es la de causar alarma social mediante el empleo de medios destructores de personas y bienes con objeto de crear un clima de terror generalizado». Los hechos no dan para tanto. Asimismo, dice no acreditarse «que el delito se cometa por un miembro de una banda armada o en colaboración con sus objetivos o fines». Es por ello que la condena final lo será por un simple delito de estragos. Inmediatamente entra en juego la torre negra, avanzando de frente. Baltasar Garzón incoa el procedimiento contra quince jóvenes detenidos en Oñati y Donostia. Entabla la pugna en el terreno interpretativo de aquella documentación intervenida en Bidart y que ya hemos comentado, presuntamente alusiva a «grupos X e Y». Ante el tribunal de enjuiciamiento, el ministerio fiscal –siempre peón negro, en línea con su torre– reclama que los hechos se sancionen como delito de terrorismo. La prueba la aporta otra pieza del equipo negro: el guardia civil que había elaborado el informe sobre los documentos de ETA, perito experto y, como tal, objetivo, infalible. Prueba determinante, pues. La sentencia 19/96 de 24 de abril, emitida por la Sección Tercera de la Sala de lo Penal, aborda la cuestión de manera precisa: la existencia de los repetidos grupos se apoya tan solo en el contenido de los estudios realizados por el Servicio de Información de la Guardia Civil, en base a cierta documentación incautada en Bidart en marzo de 1992, que no aparece incorporada a las actuaciones y, por lo tanto, no ha podido ser examinada y contradecida por las partes ni analizada por este Tribunal. Releamos el párrafo para salir de dudas: ¿no hay documento de Bidart? El tribunal de las fichas blancas continúa: 124 La maza 20/4/10 10:16 Página 125 «consideramos que en modo alguno podemos inferir que los 15 acusados sean miembros de esos hipotéticos grupos», porque –y esto es lo más importante– este hecho «no ha sido objeto de prueba alguna». La Sala que enjuicia el caso concluye que «no podemos reputar probada vinculación estructural de tipo alguno de los acusados con la organización armada ETA, por mucho que se haya insistido por el ministerio Público in voce». Considera que los acusados podrían participar en Jarrai, si bien «no se ha acreditado por el funcionario de la Guardia Civil que actuó como perito, que consiste en una especie de "sucursal" de ETA». ¡Cómo nos sorprenden ahora los términos en que se expresa! Estaban a años luz de la arbitrariedad que se ha consumado hoy en día. La Sala optó por sancionar a los acusados únicamente por diferentes delitos de estragos, incendios e incluso daños. Esta condena no satisfizo al ministerio fiscal, que interpuso recurso de casación contra dicha sentencia, instando al Tribunal Supremo a que modificara la calificación de los hechos y que los mismos fuesen sancionados como delitos de terrorismo. ¿Con quién juega el alto tribunal? ¿Es reina blanca o reina negra? Dictó la sentencia 1116/1997 por la que, nuevamente, desestimó la pretensión del ministerio público en los siguientes términos: «Se dan como probados en el factum las ocho finalidades perseguidas por los acusados al realizar las acciones que perpetraron, sin que conste que se ejecutaron para favorecer los fines de ETA». La Corte las enumera: entre ellas, protestar por la política del Gobierno francés, recordar a una persona muerta en enfrentamiento con la policía, o actuar en solidaridad con los presos. ¡Jaque al rey negro! Esta será el criterio que se aplicará en otros muchos casos. En relación a una redada en Tolosa, la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional insiste en la sentencia 34/95 en el argumento, ya que «opta por el delito de estragos en lugar del delito de terrorismo […] por entender que el elemento tendencial exigido en esta tipicidad, colabo125 La maza 20/4/10 10:16 Página 126 rar con los objetivos y fines de una banda armada u organización terrorista, no se da en la conducta del acusado». La victoria sucesiva de las piezas blancas debería conllevar en pura lógica que, más pronto que tarde, se renunciara a remitir estas diligencias a Madrid y que estas volvieran a dirimirse en los tribunales ordinarios: los de las cuatro capitales vascas. El caso del incendio del concesionario de la Renault de Burlata en marzo de 1996 podía ser la prueba de fuego. Este ataque tuvo un serio impacto público, por la dimensión que se le otorgó desde la Delegación del Gobierno –recién tomado el mando por Javier Ansuátegi– y desde algunos medios de comunicación. Las protestas por la «escandalosa impunidad» de los sabotajes y la reclamación de los partidos políticos de «la actuación más enérgica» precedieron a las declaraciones del alcalde Javier Chorraut, que, haciendo de juez y parte, precisó que «no considera estas acciones como actos vandálicos, sino como acciones de tipo terrorista incardinadas en una estrategia premeditada de guerrilla urbana». Con la detención de ocho jóvenes, dos de ellos menores de edad, se dio traslado del expediente a la Audiencia Nacional. Sin embargo, siguen prevaleciendo las piezas blancas: el tribunal excepcional reenvía el caso a la Audiencia Provincial de Iruñea al considerar que «no ha podido confirmarse la existencia del elemento tendencial y subjetivo que requiere el tipo de delito contemplado»; es decir, el «propósito por parte de los sujetos activos del ilícito penal de colaborar con los fines de aquella banda y organización». La sentencia del Juzgado de lo Penal nº 1 de Iruñea impone multas por delitos de daños y desordenes públicos. ¿Se vislumbra el jaque mate? ¿Los tribunales desoyen la línea que los políticos demandan a voz en grito? Lamentablemente, no había quórum en la corte especial madrileña. La Sección Primera de la Sala de lo Penal era disidente con esta forma de interpretar los hechos y bregaba con el equipo de las piezas negras. Este tribunal prefería, en con126 La maza 20/4/10 10:16 Página 127 tradicción con sus homólogos y pionero de lo que vendrá después, elevar la tipificación de los hechos a delitos de terrorismo. El 19 de junio de 1995, emite una sentencia, en referencia a varios jóvenes de Ordizia, en la que considera que «los hechos descritos en la narración histórica referentes a los incendios del "Land Rover" de Iberduero, de la Oficina de Correos de Villafranca de Ordicia y de la excavadora de "Construcciones Sobrino SA" son integrantes de sendos delitos de terrorismo». Y enumera los siguientes elementos concurrentes: un hecho delictivo –el incendio–, un elemento personal que «estriba en la pertenencia a banda armada u organización terrorista o rebelde, o ya, si no existe tal integración, en el propósito de colaborar con los fines y objetivos de la banda o grupo terrorista», y un elemento instrumental, la «utilización de armas o sustancias explosivas, inflamables o incendiarias». De esos criterios se deriva la primera sentencia condenatoria que califica hechos de kale borroka como terrorismo. Se imponen diez años de prisión para José Aierbe, Jose Antonio Urrestarazu, Jose Miguel Arteaga y Asier Irastorza. Un gran movimiento para las negras, que hace tambalear la partida. Se visualiza cómo la imposición de esta calificación de los hechos no es lineal –con continuos altibajos en la interpretación–, aunque sí progresiva. Pongamos un ejemplo de la volubilidad con que actúa el tribunal especial, esta vez, sin duda, de manera positiva para los jóvenes inmersos en el procedimiento. La Sección Segunda de la Sala de lo Penal dictó sentencia por la que consideraba hechos probados que tres jóvenes habían quemado la estación de tren de Areta el día de Nochevieja de 1996. La calificación penal de los hechos será de «desórdenes públicos». Decreta 18 meses de prisión para Aitor Goikoetxea, Zigor Gorostiaga e Igor Arzuaga. La Sala –sin duda del lado blanco– consideró que los jóvenes alaveses habían realizado el ataque «para que tuviera repercusión pública y dentro de un 127 La maza 20/4/10 10:16 Página 128 contexto de acciones reivindicativas de la independencia del País Vasco». La sentencia se dictó en octubre de 1999, en pleno proceso de Lizarra-Garazi, con las expectativas que este escenario había abierto para la búsqueda de una solución al conflicto. Incluso Garzón en este contexto habría firmado sorpresivamente algún auto de libertad, indicando a los abogados defensores que esta era su contribución al proceso abierto. Se dan otras resoluciones en esta línea, y en franca contradicción con aquella interpretación exacerbada de la Sección Primera. También la Segunda, en el caso del joven de Portugalete Álvaro Romero, calificó ciertos actos de kale borroka como simples desórdenes públicos, «al excluirse de la relación fáctica toda referencia a un ánimo de favorecimiento de la organización ETA y actuación dirigida por la misma». Le imponía un año de cárcel por cuatro acciones de sabotaje ocurridas entre 1995 y 1997. Son decisiones tomadas en la buena dirección, en una época favorable en términos políticos. Pero, sin duda, es también la muestra de la opinión caprichosa de este tribunal en función de vaivenes coyunturales, de circunstancias cambiantes. Los jóvenes sufren o se benefician del momento en que se señala la fecha del juicio o de la predisposición –se puede decir del humor– de la Sala que los juzgue. Son simples convidados de piedra; no participan del juego. Asisten a la partida que les marcará la vida para siempre: una ruleta rusa con la que se adjudican condenas o absoluciones. Los magistrados, de la misma manera que se relajaron ante las maduras, nuevamente vestirán la coraza bajo la toga cuando sean reclamados de nuevo. Esta vez a las duras. El reajuste de la Audiencia Nacional El año 2000 es un importante punto de inflexión. El proceso de Lizarra-Garazi está estancado, no prosperan los contactos 128 La maza 20/4/10 10:16 Página 129 entre el Gobierno y ETA, se mantienen las detenciones y la conflictividad en las cárceles, con una durísima huelga de hambre. En diciembre de 1999, ETA anuncia el fin de la tregua y un par de meses después, la explosión de un coche bomba en Madrid causa la muerte al teniente coronel Pedro Antonio Blanco. La nueva coyuntura de guerra requiere ciertas readecuaciones, nuevas tácticas. También en el ámbito jurisdiccional. No es en vano recordar que la Audiencia Nacional no opera en términos jurídicos estrictos, aventurándose bien adentro en el terreno de la oportunidad política. Era momento de apretar tuercas, también en lo referente a la kale borroka, y ellos tenían la herramienta apropiada. En marzo de 2000 se filtró a los medios de comunicación un documento que venía a corregir, reorientar, reajustar la trayectoria del tribunal especial, adecuando su práctica jurisdiccional a las nuevas necesidades represivas. Era un informe interno de la Audiencia Nacional en el que se postulaba a la corte especial como única candidata para la investigación y enjuiciamiento en exclusiva de los casos referentes a jóvenes vascos. Porque era el único que aseguraba los resultados adecuados. El documento ponía en valor los métodos que la Audiencia Nacional tiene a su disposición, entre ellos «la suspensión de varios derechos fundamentales como la incomunicación o la prórroga del plazo máximo de detención» a los detenidos por delitos de kale borroka. El motivo para desamparar a las personas de sus derechos de integridad física y de libertad se justificaba en que «ha tenido un evidente efecto disuasorio, que hace que cuando se desarticula un grupo en una localidad determinada, pasen varios meses hasta la formación de otro». Sin pretender entrar en elucubraciones excesivamente técnicas, tal vez se puede justificar la búsqueda de un efecto disuasorio para terceros en la condena impuesta por un delito, nunca en la suspensión de derechos. El recado que envían es que si actúas de determinada manera –o si la justicia valo129 La maza 20/4/10 10:16 Página 130 ra que lo has hecho–, te quedas sin derechos. Esta coartada para el régimen de incomunicación, la detención preventiva o la desaparición de garantías procesales solo se puede entender como una apología de los espacios sin derechos, patología de todo pelaje de autoridades españolas. Y más en concreto de las que se guarecen en el tribunal especial. El informe para la difusión interna despejaba dudas a los todavía reticentes, al asegurar que la kale borroka es «una manifestación más de la estructura criminal de ETA», y que, por lo tanto, a partir de ahora deberá ser tratada como tal. Añade que estas acciones «generan inquietud social al sabotear, por ejemplo, los medios de transporte y las redes de comunicación». El texto destaca asimismo que la llamada a filas no es nada del otro mundo, ya que desde que el Código Penal de 1995 «castiga como delitos de terrorismo» los actos de kale borroka, porque «los integrantes de los "grupos Y" ya no disfrutan de la impunidad de que gozaban antes». Y esa es la línea que se ha de seguir. Precisamente, el documento que analizamos asegura que la Audiencia Nacional es el órgano más adecuado para juzgar las acciones de kale borroka, ya que «en otras sedes judiciales, como las Audiencias Provinciales correspondientes al lugar donde ocurren los hechos, no se puede garantizar que la instrucción de las causas y los juicios se lleven a cabo con la misma independencia y seguridad». El comentario tiene su enjundia. Un principio básico de derecho es el del juez natural; es decir, la atribución del caso al juzgado del lugar donde han sucedido los hechos o, si este es imposible de concretar, el del lugar donde habita el acusado o la persona contra quien se ha delinquido. Es histórica la crítica que se le hace a la Audiencia Nacional por no cumplir este principio y priorizar el criterio material; es decir, conocer causas por sus motivaciones de intensa relevancia política, sea donde sea que estas ocurran. Las autoridades españolas siempre han defendido la atribución de competencias especiales a este órgano jurisdic130 La maza 20/4/10 10:16 Página 131 cional, ante cualquier organismo –principalmente internacional– que les ha cuestionado el tema, por considerarlo absolutamente legítimo. Una cosa es que intenten justificarse. Otra es que den la vuelta al argumento como un calcetín y consideren ahora que los tribunales naturales, los de la provincia donde ocurrió el hecho, no son los idóneos para juzgar estos hechos por su presunta falta de «independencia y seguridad». ¿Alguien piensa que quienes mejor conocen la idiosincrasia, la percepción social ante los hechos, las motivaciones de los perpetradores… son jueces ubicados a 500 kilómetros? ¿Quién puede defender que, con sus catalejos deformados, sean ellos los realmente independientes? Estas preguntas nos llevan a otras: ¿es una cuestión de simple competencia, es una cuestión técnica de delimitación de tareas?; o, por el contrario, ¿se pretende controlar más fácilmente la acción de la justicia en una cuestión tan delicada?, ¿es para mejor impartir justicia o, por contra, para asegurar la lectura correcta desde el punto de vista represivo? Quienes componen este tribunal no aportan independencia ni seguridad jurídica. Sí, por el contrario, serán los mejor adiestrados para castigar más y mejor a la juventud vasca. El presidente de la Audiencia Nacional, Clemente Auger, negó categóricamente la existencia de informe alguno proveniente de este estrado. La agencia EFE, responsable de su difusión, puntualizó que los papeles filtrados son un «borrador o documento interno que no será divulgado de manera oficial, aunque sí es manejado en instancias relacionadas con la represión penal de la violencia callejera». No hay duda de que el documento fue la fuente de inspiración de la Audiencia Nacional en el cambio de milenio, momento en que el guión político contra el movimiento independentista vasco exigía una readecuación, un esfuerzo, una «altura de miras», a este tribunal. Tarea que, una vez realizados todos los reajustes necesarios, cumplirá como un reloj suizo. 131 La maza 20/4/10 10:16 Página 132 Jaque mate a los delitos ordinarios Con el estreno del milenio y con el cambio de escenario político posterior a Lizarra-Garazi, vira también el sentido que la Administración de Justicia da a sus decisiones frente a los más jóvenes. Se abandonan las últimas reticencias y queda expedito el camino de lo que se llamaría después «la judicialización de la represión». A partir de 2000, va arraigando la predilección por los tipos penales de terrorismo, con ese efecto sancionador varias veces multiplicado. La Audiencia Nacional se amolda a la reclamación de interpretaciones extensivas, exageradas. El conjunto de las condenas dictadas a partir de ahora se apoya abiertamente en los artículos 573, 574, 577, que se refieren a quienes se considera «perteneciendo, actuando al servicio o colaborando con bandas armadas». El criterio en la dirección correcta todavía da algún último coletazo. Así fue la sentencia dictada por la Sección Tercera de la Sala de lo Penal con fecha de 26 de marzo de 2001, en la que se acusaba de delitos ordinarios, y por ello de poca entidad, a Mario Ronco, lo cual parece dar juego todavía a las piezas blancas. Pero la Sala es inmediatamente llamada a filas por el conjunto negro. Con esa salvedad, se llega a la meta de unificar la interpretación de la Audiencia Nacional. En junio de 2000 se dio a conocer la decisión del caso Eneko Olza. Hechos: la quema de un cajero automático en Iruñea. Acusación fiscal: Incendio terrorista. Prueba única: tenía una cazadora del mismo color que la que aparecía en la cámara de videovigilancia de la entidad bancaria. Condena final: diez años por incendio terrorista. ¡Jaque mate! El rey blanco no resiste más el envite y da de bruces contra el tablero. Ya absolutamente perdida la partida, se dictó meses más tarde otra condena de doce años contra Josu Guinea por la quema de un cajero automático en agosto de 1997 en Larrabetzu. El fallo resalta que Guinea realizó el sabotaje «con los fines terroristas de subvertir el orden constitucional» y le 132 La maza 20/4/10 10:16 Página 133 condena a tres años de cárcel por un delito de «desórdenes públicos», con la circunstancia de «agravante de disfraz», y a otros nueve por un delito de «tenencia y empleo de artefactos incendiarios al servicio de los fines de organización terrorista». Las pruebas las aportó un vecino de Larrabetzu que había dado alcance al joven y lo había identificado tras quitarle la capucha. Sin embargo, otro vecino atestiguó que se había confundido. Por tanto, toda la base probatoria se soportaba en las declaraciones de policías que se personaron en el lugar de los hechos, a pesar de que para entonces ya no quedaba nadie. De hecho, Guinea ni tan siquiera fue detenido en el momento. Doce años de prisión. Otra resolución elevó a dieciséis años la pena contra Karlos García Preciado, por considerar probado que participó en la quema de una sucursal bancaria en Andoain. La testigo que le inculpaba se retractaba después. El portavoz de EH, Arnaldo Otegi, consideraba que «si la lectura que hacen es que con más crueldad van a lograr mejores resultados, están totalmente equivocados». Gurasoak, por su parte, entendía que «es un autentico escándalo», más aún considerando que la única prueba era una «testigo oculta que ha revocado dos veces su declaración inicial». La quema de un autobús en Basauri en 1997 costó un total de 85 años de prisión para seis jóvenes. En la sentencia del Tribunal Supremo, que confirma el criterio de la Audiencia Nacional, se establece que cuatro jóvenes de Basauri incurrieron en un delito de terrorismo en relación con un delito de incendios y de lesiones, por lo que condena a Iñigo Vallejo, Zigor Orbe, Javier Sádaba y Jon López a diecisiete años de prisión por cabeza, mientras que Leire Etxebarria y María Rey cumplirán siete años de prisión cada una como cómplices. Será la pena más alta impuesta a mujeres por estos hechos. Según la nueva interpretación, la kale borroka comparte con ETA la finalidad y la capacidad de subvertir el orden 133 La maza 20/4/10 10:16 Página 134 constitucional o alterar gravemente la paz pública. El in crescendo presagia finales apoteósicos. ¿Cuál es la conclusión a la que se debe llegar a partir del itinerario judicial que hemos dibujado? En primer lugar, que se aprecian claramente dos fases. La primera de ellas comprende el periodo que va desde principios de los noventa hasta el año 2000, en la cual las secciones responsables del enjuiciamiento de los casos de kale borroka –con la excepción de la Sección Primera de la Sala de lo Penal– optan por descartar la tipología terrorista de los hechos. Durante esta primera fase, tan solo serán cuatro las sentencias que sancionan los hechos como constitutivos de delito de terrorismo, siendo por contra catorce las que optan por criterios penales ordinarios. Muchos otros casos se llevaron ante las Audiencias Provinciales de las cuatro capitales vascas. Es más, en la primera década objeto de estudio, se dictan al menos tres sentencias por la Sala Segunda del Tribunal Supremo, en sendos recursos de casación presentados por la fiscalía que pretendía que se corrigiera el criterio de la Audiencia Nacional –por excesivamente flojo, claro–. El Alto Tribunal rechaza las pretensiones del ministerio público y ratifica el razonamiento de que los hechos enjuiciados no son constitutivos de delitos terroristas. Hemos visto cómo en la fase posterior, a partir de 2000 y hasta la actualidad, se fuerza la interpretación para adecuarla a las sanciones previstas en el capítulo del Código Penal de «delitos de terrorismo». ¿Qué nuevos elementos hacen desplazar la línea del delito ordinario al terrorista?; ¿conforme a qué nuevas circunstancias se produce ese corrimiento del umbral de castigo? Algo ha tenido que cambiar desde la imposición de una multa y tal vez algunos meses de cárcel por un tribunal local, hasta la calificación de pertenencia a organización armada que conlleva una condena de decenas de años. Quien sostenga la tesis de que, efectivamente, nos encontramos ante un fenómeno –el de la «violencia calleje134 La maza 20/4/10 10:16 Página 135 ra»– en absoluto espontáneo, sino, por el contrario, organizado, dirigido y diseñado por ETA, querrá ver en el cambio de interpretación una readecuación de las sentencias conforme a los nuevos acontecimientos, a las nuevas evidencias que han ido surgiendo. Sin embargo, para ello deberían darse, precisamente, nuevas circunstancias: o una novedad en el elemento instrumental –utilización de armamento, de explosivos, etc.–, o que se aporten nuevas evidencias fuera de toda duda que certifiquen la vinculación entre los jóvenes y ETA. Estas certezas podrían provenir bien de que los propios jóvenes reconozcan estas relaciones en declaraciones libres o bien por la incautación de nuevos documentos, tipo los de Bidart –pero que esta vez sean reales–, que se presenten ante los tribunales y que muestren sin vacilación el patrocinio y control directo de ETA sobre el fenómeno. Pero no hay nada de esto. O claro, una tercera posibilidad: que deje de ser una cuestión de interpretación y que haya una nueva ley que, sin ambages ni ambigüedades, adjudique penas ultrasónicas a todas las actuaciones juveniles. Porque sí. Pero esto es delicado, porque las leyes se las leen fuera, en Europa, mientras que una interpretación descansa precisamente en eso… en elementos valorativos, especulativos. Un terreno cómodo para el dislate. A falta de nuevos elementos o leyes, el razonamiento de los jueces es simple y llanamente un cambio de opinión, sostenido sobre acontecimientos gemelos y con idénticas reglas del juego legal. También los maestros de esta ceremonia han sido siempre los mismos: idénticos magistrados que se habían mantenido numantinamente durante una década en la posición de que eran delitos ordinarios, daban ahora el beneplácito al criterio de terroristas. En conclusión, o antes o después, habrían estado bochornosamente equivocados, lo cual sería grave de reconocer. Más grave aún sería que admitiesen haber cedido ante presiones políticas externas. Si se equivocaron, habría que concluir que son unos ineptos e 135 La maza 20/4/10 10:16 Página 136 irresponsables. Si se prestaron a las nuevas exigencias del apetito represivo del Estado, es igual que confesarse meros títeres. Esta trayectoria, que para digerirla más fácilmente hemos visualizado como una partida de ajedrez, es irrefutable. Y nos conduce a pensar, además, que el jaque mate verdadero ha sido a la credibilidad que en este país se tiene de la (in)Justicia española. ¿Hay alguien detrás? Pero volvamos atrás e intentemos trabajar en otra dirección. Veíamos que hasta el año 2000 los tribunales estaban continuamente desestimando la existencia de algún tipo de relación, directa o indirecta, entre personas protagonistas de hechos concretos de sabotaje y estructuras que presuntamente promoviesen o controlasen estos impulsos. No veían detrás ni a ETA ni a ninguna otra. La acusación contraria, de que organismos juveniles estaban detrás de los hechos, repetida hasta la extenuación por autoridades políticas y medios de comunicación, trató de hacerse un hueco en los estrados. Pero nunca triunfó: se aportaban declaraciones de detenidos arrancadas en sede policial bajo presiones o torturas; notas manuscritas incautadas en extrañas circunstancias; sesudas interpretaciones de documentos aportados a los tribunales por policías «expertos»… Sin embargo, estas conexiones nunca habían superado en sede judicial la barrera de la mera especulación. Como la cuestión de vincular la kale borroka con ETA tardaba en cuajar y las secciones de la Audiencia Nacional que se ocupan del enjuiciamiento de los casos no ven claro ese maridaje, el titular del Juzgado de Instrucción nº 5, Baltasar Garzón, intenta llegar a la misma conclusión dando un rodeo. Ya hemos visto el varapalo que recibió con los no-documentos 136 La maza 20/4/10 10:16 Página 137 de Bidart y la construcción «grupos Y». Pero dicen que quien tropieza y no cae adelanta camino. Ahora decide cambiar de estrategia y apuntar hacia otro lado. El magistrado está ya obsesionado con fabricar la teoría de que toda la actividad política de la izquierda abertzale parte de la voluntad de ETA. También, ¡cómo no!, la kale borroka. Aborda la existencia de un control o impulso de este fenómeno por parte de otras estructuras políticas o sociales, en quienes ETA delegaría dicha función: KAS-Ekin o JarraiHaika-Segi. Necesita una nueva tramoya en la que colocar a los figurantes, cargados de cadenas. En octubre de 1996, decreta el procesamiento de cuatro jóvenes de Zaldibia, Argider Mugika, Iker Atxotegi, Urko Galarraga y Oskarbi Jauregi, como integrantes de un grupo de kale borroka. El juez de instrucción interpreta que los delitos de incendio y estragos de que se acusa a los jóvenes se perpetraron en apoyo a ETA, por lo que merecen la consideración de «terrorismo» y pide penas de quince a veinte años de cárcel contra ellos. Para justificarlo, Garzón da marcha atrás en el camino hacia Bidart, como hemos visto ya cerrado por las propias salas de la Audiencia Nacional. Insistente, razona en un alarde de zafia poesía jurídica que la kale borroka «se iba a desarrollar con una estructura aparentemente desestructurada y desarticulada para dificultar su desarticulación». ¡Olé! No es un trabalenguas: lo que tiene delante existe pero no, es a la vez un espejismo. El razonamiento no es sino la misma pastilla amarga de los «grupos Y», con una dulce cobertura, para probar de nuevo si los magistrados que deben enjuiciar el sumario ahora se la tragan. A «el juez que veía amanecer» no le engañan: tras esa apariencia de espontaneidad está Jarrai. Razona: como fallé en vincular los «grupos Y» con ETA, intentémoslo delegando la responsabilidad de organizarlos en Jarrai. Es por ello que extendió la acusación de los jóvenes de Zaldibia a los portavoces de la asociación juvenil en Gipuzkoa, Imanol Iparragi137 La maza 20/4/10 10:16 Página 138 rre y Jon Salaberria, en calidad de dirigentes de los grupos de kale borroka en este herrialde. Salaberria ya había sido marcado anteriormente por el gobernador de Gipuzkoa, Juan María Jáuregui, abundando en que están «organizados por comarcas» y que se encuentran «perfectamente jerarquizados». Según su versión, los jefes del grupo cumplen las instrucciones que les da el «coordinador de red», cargo que imputó al entonces juntero abertzale y miembro de la ejecutiva de Jarrai, quien «coordinaba a los jefes de los distintos "grupos Y" de apoyo a ETA de la provincia con quienes se reunía todos los sábados en la sede de HB de San Sebastián». Iparragirre, por su parte, había denunciado que su detención, practicada por la Guardia Civil, «es un montaje de la policía, con ayuda de los jueces y medios de comunicación», y además había negado la existencia de estos grupos. Otros portavoces de Jarrai insistían en que su actividad no tenía nada que ver con los sabotajes y en que estos «son formas de expresión espontáneas que representan una realidad concreta». El cerco a que se sometía a la organización juvenil era asfixiante. Durante la vista oral, el ministerio fiscal defendía que la actuación de estos grupos operados desde Jarrai está caracterizada por el uso de «artefactos y dispositivos de tipo incendiario, explosivo o pirotécnico para lo que son adiestrados por personas vinculadas a la organización terrorista ETA». Nótese el término indefinido «vinculadas», sin aportar ninguna prueba al respecto. Sus miembros, sostenía la fiscalía, son «plenamente conscientes de la ayuda que prestan a ETA». No es lo mismo, pero qué más da. La Sección Segunda de la Sala de lo Penal dictó la sentencia 27/98 por la que acordó condenar a los seis procesados como autores de un delito de desórdenes públicos del artículo 557 del vigente Código Penal –aquel flamante delito de «terrorista individual»–, imponiendo un año de prisión a cada uno. La condena no satisfizo lo más mínimo las preten138 La maza 20/4/10 10:16 Página 139 siones del fiscal y del juez instructor, Garzón, que en su «investigación» había establecido una compleja tesis jerárquica sobre la kale borroka y quería verla de una vez por todas avalada en los estrados. Recurrida la sentencia en vía casacional, el Tribunal Supremo dictó sentencia disponiendo la absolución de Salaberria e Iparraguirre. No había tal estructura ni dirección. Si bien los portavoces de la organización juvenil fueron absueltos de la acusación, la campaña de intoxicación y criminalización se mantuvo. El poso, como en un mal café, va acumulándose en el fondo. Nos sorprende ahora, pero esta última decisión es consecuente con la línea seguida hasta entonces por el tribunal antiterrorista. La desestimación del carácter «terrorista» de los hechos de kale borroka que habían decretado diferentes salas se había apoyado, en la casi totalidad de las ocasiones, en la inexistencia de estructuración de dichos ataques. En consonancia, en los apartados de «hechos probados»de las sentencias estudiadas, el tribunal únicamente analizaba la relación de las personas procesadas única y exclusivamente con los hechos ocurridos. No se evaluaban otras actividades, simplemente porque este extremo era irrelevante. Los tribunales buscaban hechos delictivos, no si además participaban en otros grupos u asociaciones, si organizaban conciertos punk, si ponían carteles contra la precariedad laboral en Ezkerraldea o si se reunían con Salaberria en la sede de HB. Agrupaciones y actividades que, no se puede olvidar el dato, eran absolutamente públicas y transparentes y, mal que bien, toleradas por el Estado. A pesar del fracaso, de la incomprensión que sufren sus tesis por los órganos superiores, el juez estrella tiene una virtud según unos, una maldición para otros: no se dará por vencido. Garzón incide una y otra vez en la teoría de que determinadas organizaciones como KAS-Ekin, Jarrai-HaikaSegi son el puente que une la kale borroka con ETA. Sigue, ofuscado, buscando consignas que partiesen de estos organis139 La maza 20/4/10 10:16 Página 140 mos y por las que se determinaran objetivos, se impartieran conocimientos o adiestramientos técnicos e incluso se facilitara financiación. Pero no las hay. Esta búsqueda ha salpicado a varios procedimientos, que no tenían en principio nada que ver con la kale borroka o con la actividad juvenil, pero en los que se pretendía encontrar algún asidero en el que apuntalar su conjetura. En todos ellos se desestimó su pretensión. Necesitaba una nueva teoría, revolucionaria pero sencilla, impactante e indiscutible. Tras mucha preparación, mucho trabajo de cocina para acomodar a su propio tribunal al papel que le tocaría cumplir, se decidió a dar el gran salto. Todo sería ETA. Abrió el conocido sumario 18/98 contra empresas, medios de comunicación y asociaciones políticas, entre ellas la organización política Ekin, y allanó el camino para intervenir las organizaciones juveniles Jarrai-Haika-Segi. El acróbata salió al trampolín para el más difícil todavía: o, por fin, conseguía la ovación entusiasmada de su público o se rompía la crisma. La nueva interpretación a partir de la sentencia contra Jarrai-Haika-Segi En marzo de 1999 salta a la prensa que Garzón ultima una actuación contra Jarrai. Javier Madrazo (IU), Javier Balza (PNV) y Fernando Buesa (PSOE) habían pedido que se «desmantelara» la organización juvenil. Molesta demasiado. Mientras los políticos hacen públicas sus apetencias, alguien ya se había puesto manos a la obra. El procedimiento contra los jóvenes organizados nace como una pieza separada –«pieza A.A»– dentro del sumario 18/98. En buena lógica, meter ahí también, con calzador, los organismos juveniles hubiese alimentado esa ambiciosa idea del «todo es ETA», compactándolo en un solo «macrosumario». Pero además de la dificultad de hacer manejable un pro140 La maza 20/4/10 10:16 Página 141 cedimiento ya de por sí caótico, Garzón ve el filón de desgajarlo del bloque, darle entidad propia y convertirlo en un sumario diferente. En marzo de 2001 se produce la detención de quince jóvenes con responsabilidades en Haika, operativo que recibe el número de registro D.P. 157/99. Les acusa de «integrarse», a través de su pertenencia a Haika, en la organización armada ETA. La operación es saludada por sectores políticos y mediáticos. Un año después se redactan autos de detención contra otros doce jóvenes más, ahora acusados de pertenecer a Segi, asociación considerada sucesora de la anterior. Todas las actuaciones cristalizan en el sumario 18/01. La toma del bastión de la juventud vasca estructurada, esta vez con esa vía interpretativa abierta con el sumario 18/98 –y a la tercera–, será la vencida. Decíamos que presentarlo así es un filón. Al darse peso específico en los estrados a la idea de que la plana mayor de estas asociaciones está vinculada –si bien metafísicamente en ausencia de pruebas que lo corroboren– con la gestión de la kale borroka, se aviva la criminalización de toda la estructura. La conexión entre asociacionismo político y social vasco y ETA se facilita con el escalón intermedio de la kale borroka, algo que los sectores más adormilados de la sociedad ya están preparados para tragar, con el arrullo de los medios de comunicación. Y de ahí, una vez despejado el camino, se pasará al grueso del 18/98, para proseguir como una apisonadora imparable, con Gestoras-Askatasuna y el largo etcétera que a partir de aquí iremos viendo. Tiene lógica. «Su» lógica. Con esas perspectivas tan halagüeñas, se abre juicio oral contra los organismos juveniles. Durante la práctica de la prueba no se hizo ni tan siquiera el esfuerzo de alegar hechos concretos ni actividades individualizadas que permitieran sugerir una implicación de los imputados en sabotajes. Ni un solo indicio que pudiera apoyar no ya control sobre, sino connivencia o simpatía hacia la kale borroka. 141 La maza 20/4/10 10:16 Página 142 Aportar este tipo de evidencias no constaba entre las pretensiones del ministerio fiscal y la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT), que ejercían la acusación. Les bastaba con acreditar la participación de los jóvenes en las organizaciones intervenidas. Lo cual era público, palmario y reconocido por los sentados en el banquillo. Más difícil era vincular las asociaciones juveniles a ETA, en absoluta ausencia de pruebas. Pero esta se aderezaría con especulaciones etéreas, con supuestas funciones compartidas y directrices ambiguas que no se aportaban en la vista. Sin una conducta criminal clara, concretizada, la construcción de una conexión estructural entre Jarrai, Haika y Segi con la organización armada era un castillo en el aire. Aún así, el fiscal Enrique Molina solicitó un total de 654 años de cárcel para un total de 42 imputados a los que acusaba de «colaboración» o «integración» en ETA. Además, las organizaciones juveniles serían parte del «frente de masas» de ETA, organización con la que mantienen «identidad de objetivos, sumisión jerárquica y unidad financiera». Porque él lo dice. Añadía una petición de 111 años y 10 meses para Asier Tapia, que en rueda de prensa había denunciado las detenciones de sus compañeros y el registro de sus sedes e instaba genéricamente a «responder a los ataques». Se le imputa la comisión de todos los actos violentos de protesta que acontecieron los días siguientes, imponiéndole además el abono de los daños causados. En caso de no ser satisfechos, «responderá solidariamente el patrimonio de Herri BatasunaEuskal Herritarrok-Batasuna-Sozialista Abertzaleak». No es anecdótico que el sistema judicial español permita concatenar responsabilidades de esta índole. Siguiendo con la juerga, la acusación popular ejercida por la AVT añade a la petición fiscal 336 años más, al estimar la comisión de un delito de genocidio. Como ellos mismo reconocen en su página web, esto se debe al presunto propósito de las asociaciones juveniles de «destruir total o parcial142 La maza 20/4/10 10:16 Página 143 mente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso. Han pretendido acosar y expulsar del territorio vasco a cuantos no siguiesen los dictados nacionalistas-terroristas». Y bueno, como aseguraban, «este tipo penal jamás se ha aplicado por nuestros tribunales» y había que probar suerte. Aseguraban que su reclamación «no se debe a la sed de venganza». Cierto, satisfecha la sed, la reclamación se debe a su contumaz resaca. En su informe de conclusiones, el fiscal Enrique Molina constata la debilidad del armazón en que soporta su pretensión, por lo que debe sentir vértigo: ningún magistrado en su sano juicio puede llegar tan lejos. Puesta la esperanza en que entiendan que esta fiesta no tiene nada que ver con la justicia, hace un último esfuerzo. Hace dos solicitudes a la troica de togados: la primera será que pase por alto que no se haya aportado prueba alguna. Recurre al argumento de que no es necesario hacerlo ya que los cargos que se les imputan son «notorios», sumándose a la presunción de culpabilidad que ya habían apuntado Rajoy o Iturgaiz. La segunda petición que cursa a la corte es que se aparte de la jurisprudencia clásica que propugna una interpretación restringida del concepto de banda armada y se invente una nueva. La amplíe a la participación de organizaciones que, sin ser armadas, coincidan en sus objetivos. Como afirma ante el tribunal, les toca hacer una lectura «a la altura de los tiempos». No se atrevieron. La Sección Cuarta de lo Penal en su sentencia 27/05 del 20 de junio de 2005 no pudo llegar hasta semejantes extremos. Era demasiado. Buscó amparo en las definiciones de terrorismo de Naciones Unidas, en la jurisprudencia del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional español, para admitir que era imposible asumir semejantes peticiones. No al menos tras un juicio infame marcado por la sospecha. No en el primer bote. En sus fundamentos, la Sala reconoce imposible aceptar la concurrencia de elementos necesarios para considerar a las y los jóvenes estruc143 La maza 20/4/10 10:16 Página 144 turados una «organización terrorista». En concreto, dice que «si bien dichas organizaciones podrían tener una finalidad ideológicamente próxima a la que, con su actividad armada, persigue la organización terrorista ETA, desplegaban actuaciones –además de las legítimas– que nunca se enmarcaban en la utilización de armas, en los términos recogidos por la ya reseñada jurisprudencia». Esta reflexión no es de lo peor que se ha podido oír en los estrados madrileños. Pero el tribunal no podía cerrar todas las puertas a una lectura de los hechos a la que se había ya dado rango de decisión de Estado. Si bien llega a las conclusiones apuntadas, en una peligrosa contradicción la sentencia dedica gran parte de sus 118 páginas a especular sobre relaciones y vínculos entre las asociaciones juveniles y ETA. Hacen equilibrios sobre «pruebas periciales de inteligencia de la Guardia Civil y de la UCI de la Policía» que acreditarían su «vinculación a la Koordinadora Abertzale Sozialista KAS –luego Ekin– y, a través de ambas indudablemente vinculadas pero siempre ajenas a la organización terrorista armada ETA». Así, arriesgando en coherencia, les adjudica el «control para la realización de actos que atentan a bienes patrimoniales (daños) o a bienes eminentemente personales, como la libertad y la seguridad, por medio de actuaciones delictivas». Aunque la Sala niega el carácter terrorista, dicta su ilicitud y adjudica las penas máximas –tres años y medio– por ese delito para los acusados. Era cierto que muchos de ellos y ellas habían cumplido ya, en el momento de dictarse sentencia, más tiempo en prisión del que la propia sentencia les imponía. Una sentencia dubitativa, vacilante, que pretendía huir del mal trago. No es terrorista, pero es ilegal. Se establecen efímeros vínculos con ETA, pero no los suficientes. Es peligroso dejar la puerta mal cerrada. Tal vez alguien más decidido venga por detrás y saque, de una patada, el quicio de esa lógica. 144 La maza 20/4/10 10:16 Página 145 Subvertir el orden constitucional Cuando analizábamos la reforma del Código Penal que se produjo por la Ley Orgánica 10/1995, además de ampliar la extensión de los delitos relativos a la guerrilla urbana y de hacer las penas más severas, decíamos que introduce un nuevo bien jurídico que se ha de proteger: la paz pública o, más ambiguamente aún, evitar la «subversión del orden constitucional». ¿En qué consiste esto? Supone un nuevo golpe de tornillo, por el que se pasa de preservar conceptos concretos y determinados afectados por el hecho delictivo –la propiedad privada, la integridad de las personas, la libertad de movimiento, etc.– a proteger nociones ambiguas, indefinidas, como es el régimen jurídico-político, la paz social. Se emplean conceptos filosóficos, etéreos, tal vez apropiados para el acalorado debate político; pero no es de recibo que sirvan de base de enjuiciamiento sancionador. El derecho penal es precisamente lo contrario: concreto, estricto, taxativo. Ahora, el ordenamiento represivo pretende calcular el impacto que un ataque de la naturaleza que analizamos pueda causar en el orden constitucional. Un impacto que, en su indeterminación, puede querer decir mucho… o puede no decir absolutamente nada. Durante el juicio de Haika-Segi veíamos como las acusaciones se habían empleado a fondo para situar el listón de castigo en la estratosfera. No podían estar satisfechas con la interpretación que había hecho la Sala de la Audiencia Nacional. No les bastaba la consideración únicamente de ilicitud de las organizaciones juveniles, y los jóvenes habían regresado a sus casas. Por ello, la recurrieron ante el Tribunal Supremo. Este resolvió la apelación en enero de 2007 con una decisión cogida por los pelos. Tres de cinco magistrados –el voto mayoritario de la Sala– corrigen la tesis del tribunal especial 145 La maza 20/4/10 10:16 Página 146 y elevan el travesaño punitivo a las expectativas de la fiscalía, de la acusación popular y, por supuesto, del Estado. Consideran que: … es fácil concluir que Jarrai-Haika-Segi es una asociación o una serie de asociaciones que se han sucedido en el tiempo, no solo ilícita/s por tener como objeto la comisión de algún delito (común) –como entendió la sala de instancia– sino también una organización terrorista que, incidiendo en la seguridad ciudadana persigue producir profundo temor, atacando al conjunto de la sociedad democrática y constitucional del estado de Derecho, […] o en otros términos atentando contra la paz pública, como aspecto de la paz social, que se funda –según el art. 10 de la CE– en el respeto a la ley y a los derechos de los demás. O sea que: ¿cualquier forma de irrespeto a la ley y a los derechos de los demás es susceptible de subvertir la paz pública y el orden constitucional? ¿Cuál es la escala de medición? ¿Cuántos ataques a cajeros hacen caer el orden jurídico-político? ¿Cuántas piedras hay que lanzar para desestabilizar sin remedio la paz social? Pero, además, ¿si no se ha podido probar que se haya lanzado tan solo una? Muestra de la indeterminación de los conceptos y del terreno pantanoso en que se mueve la decisión es que dos de los cinco magistrados que componían la Sala del Tribunal Supremo no quieran saber nada de este criterio. El apego a su ley, a su orden, no les permite digerir esa conclusión. El primero porque no encuentra probada la integración real de las organizaciones juveniles en una estructura armada. Sensato. Porque los hechos enjuiciados no son «idóneos para subvertir el orden constitucional» el segundo. Lógico, lo que decíamos. Los dos magistrados dejan constancia de estas argumentaciones en su voto disidente. Pero la mayoría pasa a rodillo sobre el sentido común. 146 La maza 20/4/10 10:16 Página 147 Los otros tres-contra-dos magistrados ponían vaselina a su interpretación: reconocían una identidad propia y distinta a las organizaciones juveniles respecto de la organización armada, pero basaban su decisión en un concepto nuevo: la supuesta «complementariedad» entre las acciones de unos y otros. No precisa comentarios. Con esta fórmula de nuevo cuño y de contenido indefinido como una nube de vapor, las posiciones más recalcitrantes del Estado veían avalada su máxima aspiración. Pero ni siquiera ese concepto de «complementariedad», que en aquel momento fue usado como la liana de Tarzán, para ayudar a dar el gran salto, tendrá un recorrido demasiado largo. Pocos años más tarde, la sentencia de la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, en referencia al sumario 18/98, no necesita recurrir a esta construcción sin contornos. Constata por primera vez y sin paliativos que «todo es ETA». En definitiva, con kale borroka o sin ella, con «complementariedad» o sin ella, se llega a la meta: todos son uno y uno es todo. Se demuestra (¿?) la ansiada unidad estructural, y por fin se puede aplicar a quienes solo han desarrollado una actividad social o política en ejercicio legítimo de los derechos políticos más elementales el mismo rigor penal que a los miembros de una organización armada. El orden constitucional se protege así de ser subvertido. Subvirtiéndose. La resistencia a la judicialización de la represión Siempre queda la duda de si este recorrido en continuo ascenso que hemos dibujado sobre la actuación judicial contra los jóvenes vascos, se ha impuesto de forma más o menos improvisada, según circunstancias variables, imprevistas. O si más bien obedece a una estrategia absolutamente planificada, de principio a fin. A un diseño que, cierto, con altibajos, 147 La maza 20/4/10 10:16 Página 148 reticencias, avances y retrocesos, se ha ido al fin imponiendo. Tercamente. Quedará la sospecha de si, mientras unos hacían toda la escenificación en el teatro de los estrados, alguien veía desarrollarse el espectáculo tranquilamente desde su sofá, con una copa en una mano y el guión maldito en la otra. En cualquier caso, la imposición de ese programa ha dejado un reguero de crítica y oposición. No les ha resultado sencillo. Semejante operación de deconstrucción de las garantías procesales, tamaño esfuerzo por derribar la última brizna de credibilidad de la Administración de Justicia, no podía ser fácil. Hubo una importante resistencia a semejante utilización arbitraria de los tribunales. No podían esperar que todos fueran a decir amén. Esa interpretación fabulosa, que poco a poco va afectando como el glaucoma a la visión de la tribuna excepcional, no ha podido ser avalada por todos los operadores del derecho. Incluso desde la propia judicatura han surgido voces críticas sobre la utilización retorcida que se está haciendo del derecho penal, una de las ramas del derecho que, decíamos, al afectar a esferas tan elementales de la persona –su integridad física, su libertad–, más debe estar sometida a la proporcionalidad, la mesura, la taxatividad, la seguridad jurídica. Y es que la reacción penal se excita con demasiada facilidad en este Estado. Juristas con un criterio garantista del derecho penal han considerado inapropiado el género de la fantasía para enfrentarse al fenómeno juvenil. Se han dolido por ver cómo han tratado a un sistema en el que, sinceramente, creían. El juez Joaquín Galve, titular del Juzgado de Instrucción de la Audiencia de Iruñea, en una entrevista a Diario de Navarra en marzo de 1996, manifestaba que «la consideración sistemática de autores de sabotajes y estragos como miembros o colaboradores de una banda armada podría crear una mecánica preocupante. Habría que incluir en este delito a todos los alborotadores. Y creo que sería exagerado mandar a la 148 La maza 20/4/10 10:16 Página 149 Audiencia Nacional al que tira cócteles contra la Comisaría cualquier viernes». ¿Qué pensará ahora, después de tanto trajín? También el juez Joaquín Navarro, desafortunadamente fallecido, fue un incansable luchador contra esta visión distorsionada de los hechos. Intentando restablecer la cordura, aseguraba públicamente que «el juez Garzón es un juez que se inventa casi de todo». Añadía que «está actuando respaldado por el poder político y por el Ministerio del interior», por lo que «se permite el lujo de dictar autos de procesamiento o de prisión absolutamente fabulados, dando por demostradas vinculaciones orgánicas y funcionales de diversos sectores con ETA». Tener esta opinión no le iba a resultar gratuito: la Comisión Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial abrió expediente contra él y la Fiscalía de la Audiencia Nacional interpuso una querella por dos delitos de injurias. Pero dentro de la sede judicial de la madrileña calle Génova las cosas tampoco estaban tan claras. Decíamos que Garzón sentaba cátedra al concatenar ETA con la kale borroka y esta, a su vez, con Jarrai-Haika-Segi, para después tirar de ahí hacia todo el movimiento asociativo vasco. El primer escollo que se encontró el juez estrella estaba en su propia casa. La Sección Cuarta de lo Penal de la Audiencia Nacional, su órgano superior y que supervisaba las decisiones que iba adoptando, si bien no rechazaba su patente de «todo es ETA», sí consideraba que el magistrado no estaba aportando las pruebas necesarias para soportarla. La Sala dejó en libertad a algunos de los procesados del sumario 18/98. Por supuesto, esta actuación disidente no gustó al Gobierno, que le reprochó su decisión: «es muy difícil de entenderla por parte de la sociedad española». Claro, esta entiende mucho mejor el mensaje del palo y tentetieso. El tribunal se había olvidado momentáneamente de que su labor había dejado de ser cuestión de justicia para ser cuestión de estado. Es conocido que se apro149 La maza 20/4/10 10:16 Página 150 vechó un traspié que dio en un hecho insignificante y que no tiene nada que ver con la materia de nuestro estudio –la puesta en libertad provisional de un narco que después se dio a la fuga– para abrirles expediente, suspenderles del empleo y rellenar de nuevo la Sección con magistrados afectos. Y tanto. La nueva Sección Cuarta dirigió más tarde con total solvencia de estado la vista contra Gestoras-Askatasuna y redactó la sentencia que se esperaba de ella. Otros profesionales del derecho han mostrado su preocupación por el papel que juega la justicia española en la represión de movimientos sociales y políticos vascos. Abogados del ámbito internacional participaron como observadores en el juicio contra Jarrai-Haika-Segi. En una conferencia organizada en el Colegio de Abogados de Bizkaia por Eskubideak, sección vasca de la Asociación Europea de Abogados Demócratas (AED), y con la participación de un centenar de abogados de Europa y América, se concluía que «la excepción y con ella la suspensión de derechos y libertades, tiene rango constitucional y se expande a todos aquellos que ambiguamente se pueden considerar enemigos del estado». Los juristas presentes señalaban que «paradigma de la politización de la Justicia y de la judicialización de la política es la actuación de la Audiencia Nacional. Su acción, que se puede calificar de creadora de derecho, genera la expansión de tipos penales». Lo dicho. Esta interpretación extensiva del término «terrorismo» ha llegado también a conocimiento de los organismos internacionales de supervisión de los derechos humanos. El Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas publicaba un informe en octubre de 2008 en el que «expresa su preocupación por el alcance potencialmente excesivo de las definiciones de terrorismo en el derecho interno», lo cual «podría dar lugar a la violación de varios derechos enunciados en el Pacto». En cuanto al papel concreto del tribunal capitalino en referencia a estos casos, para el Comité, «las acciones judicia150 La maza 20/4/10 10:16 Página 151 les ante la Audiencia Nacional por delitos de asociación o colaboración con grupos terroristas podrían restringir de modo injustificado la libertad de expresión y de asociación». Touché! A esta preocupación se unía más recientemente el relator para la Promoción de Derechos Humanos en la Lucha Antiterrorista, Martin Scheinin. En su informe tras la visita que cursó al Estado español y a Euskal Herria en mayo de 2008, consideraba que «la vaguedad de algunas disposiciones del Código Penal español sobre los delitos de terrorismo conlleva el riesgo de adentrarse en una pendiente resbaladiza». El experto finlandés explicaba la figura estilística de la siguiente manera: «la clasificación de delitos como terrorismo desencadena la aplicación de la detención en régimen de incomunicación; sustituye a la jurisdicción de los tribunales por la de la Audiencia Nacional, un órgano especializado con jurisdicción sobre todo el territorio nacional, y desencadena penas agravadas y cambios en las normas que rigen el cumplimiento de las sentencias». Otra diana de los organismos internacionales. En concreto, y sobre lo que nos ocupa y preocupa, el diplomático del Sistema de Naciones Unidas considera «problemático que un único tribunal central especializado tenga competencia exclusiva sobre la aplicación e interpretación material de delitos de terrorismo, cuyo ámbito se ha hecho problemáticamente amplio, de lo que da fe el ejemplo de la kale borroka». Su informe se presentó en Naciones Unidas, ante todas las delegaciones del mundo. La reacción española fue furibunda. Recapitulando, lo que fue la teoría de Garzón –no sin obstáculos– se convirtió en la teoría de la Audiencia Nacional, para ser, a la postre, la teoría del Estado. Sin embargo, se ve que este tortuoso recorrido no encuentra el aplauso de buena parte de los operadores jurídicos ni de los organismos internacionales. El ariete ha topado con el muro. Hasta aquí 151 La maza 20/4/10 10:16 Página 152 hemos llegado. La interpretación que, supuestamente sobre la ley, se hace de la violencia juvenil con motivos políticos y de las actividades pacíficas juveniles, ha traspasado todos los límites que se pueden esperar de un estado sito en el hemisferio occidental. No parece posible alzar más el listón represivo. Los chirridos de la manivela han llamado la atención de los organismos de supervisión internacional. No cabe elevarlo más, al menos sin retrotraerse al derecho penal medieval y aislarse irremisiblemente de la opinión internacional. Mencionábamos al comienzo de este capítulo la utilización de las categorías del «derecho penal del enemigo», el tratamiento aplicado a algunos ciudadanos previamente desprovistos de su condición de tales. También denominado «derecho de autor», por poner el acento en quien comete el hecho y sus motivos, en vez de considerar el hecho en sí. El sistema penal español prescinde de garantías, pisotea sus principios más básicos como es la taxatividad y la proporcionalidad, para convertirse en una mera maquinaria de guerra. Luigi Ferrajoli, una eminencia internacional, jurista de referencia en derecho penal, desbloquea esta percepción: «la pena no es el mejor modo de satisfacer el deseo de venganza; por el contrario, solo se puede justificar con el fin de poner remedio y de prevenir las manifestaciones de venganza». El académico italiano propone alejarse de esa visión del derecho penal que desprovee al ciudadano de sus derechos más elementales, y concluye que «la seguridad y la libertad de los ciudadanos no son amenazadas únicamente por los delitos, sino también, y habitualmente en mayor medida, por las penas excesivas y despóticas, por los arrestos y los procesos sumarios, por los controles de policía arbitrarios e invasores». Nos aferramos a esa perspectiva. 152 La maza 20/4/10 10:16 Página 153 brutalidad policial ACOSO, AMENAZAS, INSULTOS, violentas cargas en manifestaciones pacíficas, provocaciones en convocatorias y actos públicos, hostigamiento en controles de carretera, peticiones de colaboración con amenazas, retenciones ilegales en zonas apartadas o descampados, agresiones físicas, detenciones arbitrarias… El método policial es suficientemente conocido. El cheque en blanco a la acción policial se denomina oficialmente «discrecionalidad». Nos encontramos con esta definición sobre el término: «1. adj. Que se hace libremente, que se deja al criterio de la persona o autoridad que puede regularlo». Exacto. Hay un escalón que media entre la plena libertad de movimiento de la persona y la detención reglada justificada en la comisión de un hecho delictivo. Es el peldaño intermedio entre el derecho a la intangibilidad física y la tortura bajo incomunicación en un calabozo aislado. Nos referimos a lo que ocurrirá en los segundos siguientes a la señal de carga ordenada por un mando policial o tras el grito de «¡queda detenido!», mientras su presa es señalada por una porra. Discrecionalidad policial. Desde que has entrado en contacto con ella, dependes de su libre criterio. 153 La maza 20/4/10 10:16 Página 154 En unos segundos ha decaído inmediatamente el compromiso insoslayable que todos los estados, también el español, han asumido ante organismos internacionales de garantizar la integridad física de sus ciudadanos, incluidos los que han decidido hacerle frente. La violencia que ahora acontece, a diferencia de otra que se desarrolla en la oscuridad del calabozo o de una celda, ocurre frente a compañeros de protesta, sucede ante los amigos, familiares o vecinos, en el ámbito público, en calles, plazas, bares, gaztetxes o cualquier otro espacio, pero a la vista de todo el mundo. Aunque la acción de las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado será justificada en el buen juicio, siempre proporcional y sopesado, de los agentes, su actuación no siempre está sometida a norma. El recurso a la fuerza desmedida cobra habitualidad. Esta conducta policial, al ser silenciada por los grandes medios de comunicación, no llegará al gran público o lo hará de forma sesgada. La gran mayoría de las veces únicamente aprehensible por el que ha sufrido su violencia o por el testigo directo. Esa tierra de nadie, esos breves momentos que se desvanecen en una nebulosa de gritos, golpes, insultos, esa actuación que no engrosa cifras oficiales ni encuentra espacio mediático, es lo que se podría denominar brutalidad policial. El trato expeditivo que la policía otorga a sus disidentes se evidencia en el número de actividades y movilizaciones arrolladas, en el saldo imposible de contabilizar de heridos derivados de la acción policial. Es la violencia gratuita, desmedida, injustificada más allá de una presunta voluntad de disolver manifestantes en su derecho de reunión, lo que desde la barricada policial se interpreta como una concentración ilegal o tumultuosa. Emplearán sus armas reglamentarias. Algunas veces de manera ilegal. Otras veces harán uso de materiales antidisturbios abiertamente ilegales. Tienen a su disposición, en la santabárbara de sus comisarías, balas de plástico, porras extensibles, el peligroso kubotán –una especie 154 La maza 20/4/10 10:16 Página 155 de barra metálica empleada para la defensa personal–, las porras eléctricas o las armas «taser», los botes de humo en capsulas, que se abren en racimo desplegando gases tóxicos, etc. Algunas de estas armas han debido ser retiradas, al menos oficialmente, por su efecto incontrolable e indiscriminado. Pero quedan tantas otras… Parece, pues, imposible documentar con cierto grado de fiabilidad los cientos de casos en los que la utilización de material antidisturbios utilizado por la policía ha generado heridas, secuelas irreparables e incluso ha causado la muerte a personas que simplemente compartían el escenario de los hechos, verdaderas víctimas colaterales de ellos. De críos se nos prevenía que las piedras no tenían ojos. Las pelotas, igualmente miopes, se han cobrado vidas. La brutalidad policial, por contra, sí ha tenido ojos sobre el signo de quien se situaba enfrente. En abril de 1999, el ultraderechista Ricardo Sáez de Ynestrillas se manifestaba en Bilbo, en un acto convocado por Alianza por la Unidad Nacional. La Ertzaintza practicaba cargas… contra los antifascistas que protestaban por su presencia. No sería la última vez. La actitud de la Ertzaintza fue lamentable. Mientras escoltaba a un personaje como Ynestrillas, en su día juzgado por el asesinato de Josu Muguruza en el Hotel Alcalá, para que pueda campar a sus anchas por las calles de Bilbo, se empleaba a fondo hasta apresar y encarcelar a seis jóvenes vascos. El titular del Juzgado de Instrucción nº 1 de Bilbo, el juez José Luis González Armengol, procesó a cinco chicos y una chica por delitos de «desordenes públicos» y «atentado contra la seguridad en el tráfico», ya que consideraba probado que alguno de ellos lanzó piedras al autobús en el que viajaban los fascistas. La petición por los hechos ascendía a penas de entre 18 y 23 años de prisión. El propio González Armengol es muestra evidente de parcialidad hacia los ultras, ya que mientras decretaba la prisión provisional de los jóvenes por hechos de 155 La maza 20/4/10 10:16 Página 156 una entidad mínima, había puesto todo tipo de obstáculos a la investigación por el asesinato de Santi Brouard. En circunstancias similares, tres jóvenes de Iruñea eran juzgados por «atentado a la autoridad» en el transcurso de otros incidentes provocados, también, por la presencia de Ynestrillas en la capital navarra. Francisco Javier Ansuátegui, delegado del Gobierno de triste recuerdo, le había autorizado celebrar un mitin de carácter fascista. En este caso sin tapujos: el responsable de la policía en Nafarroa había sido falangista y delegado provincial de Sindicatos bajo el régimen franquista. Al menos a él no se le puede achacar hipocresía. ¡Queda detenido! Tiene derecho a... Desde el momento uno del arresto, en esa primera toma de contacto entre el policía y el, a partir de ahora, «presunto» o «sospechoso», la violencia policial hace acto de presencia en todo su esplendor, arrollando los últimos ápices de dignidad que puedan quedar a su víctima. Este momento tan delicado, aunque lo hemos interiorizado como un espacio de libre ejercicio del agente actuante, en el que nos sentimos a su completa disposición, en el que vemos cómo se deja llevar por su capacidad de improvisación, no escapa de las reglamentaciones. La detención –dicen– debe conducirse con determinadas previsiones. La Secretaría de Estado de Seguridad emitió una Instrucción policial, con número de registro 12/2007, en la que pretendía establecer ciertas «reglas de conducta ética profesional aplicables a la labor policial, a fin de evitar la aparición de comportamientos arbitrarios». Es curiosa la redacción «evitar la aparición». El Secretario de Estado de Seguridad, Antonio Camacho, el que mandaba apagar una cámara de la televisión pública australiana que le entrevistaba sobre la tortura, es el firmante del documento. Como en aquel documental del 156 La maza 20/4/10 10:16 Página 157 periodista David O’Shea –con miles de entradas en Youtube–, el jefe político de los uniformados no permite tan siquiera que se ponga en duda que en el pasado se hayan podido producir comportamientos violentos o arbitrarios por parte de las fuerzas y cuerpos que él, número dos en el Ministerio, controla. Simplemente emite una recomendación preventiva para que en el futuro la actuación de su policía siga siendo como es. Una tirita con la que pretende ocultar una herida de un palmo que, desde hace años, supura gangrena. Apelando a «la absoluta necesidad de mantener un respeto estricto a los derechos de las personas durante sus intervenciones de detención y custodia», la Instrucción policial indica al agente que «en la práctica de la detención, actuará con decisión y autocontrol, a fin de evitar, en la medida de lo posible, el uso de técnicas o instrumentos de coacción directa, y si esto no fuera posible, propiciar la mínima lesividad tanto para el detenido como para los agentes intervinientes». Continúa sugiriendo que «cuando el detenido se oponga a la detención, el agente deberá valorar la intensidad y agresividad de la reacción, adecuando el empleo proporcionado de la fuerza». Ahí está el asidero. Después se pierde en cuestiones de protocolo, de tan poco efecto práctico como es la información de los derechos al arrestado. O su derecho a «solicitar el "habeas corpus" si considera que su detención no está justificada legalmente». No está mal la declaración de principios... no si careciéramos de ojos en la cara. Pero hemos podido atestiguar la actuación policial extrema. Hemos visto las largas filas de jóvenes contra la pared, al estilo de las dictaduras de otras épocas o latitudes, mientras son identificados. Permanece en nuestra retina el policía que retiene presionando con su rodilla en la espalda o el cuello al detenido postrado, que no ofrece ninguna resistencia mientras es encadenado. Hemos presenciado las imágenes de un herido de un porrazo, atendido por sus compañeros en el suelo, mientras de su cabeza surge un hilillo de sangre que va 157 La maza 20/4/10 10:16 Página 158 tiñendo el suelo. Se mantiene fresca en la memoria la foto fija del joven indefenso, esposado, conducido a trompicones por una muralla inexpugnable de policías encapuchados. En el contacto directo con ciertos agentes, al intentar negociar las condiciones de una marcha, al pretender conocer las razones por las que esposan a un colega, al querer razonar cómo evitar la carga, hemos dudado de si la forma de dirigirse a nosotros no responde más bien a la capacidad de discernir de un cromañón. Hemos comprobado en su mirada el efecto de sustancias estupefacientes o excitantes. Y la extensión sin límites de su odio. Es la forma de actuación que hemos conocido y a la que no podemos acostumbrarnos, digan lo que digan las instrucciones ministeriales de distracción. ¿Quién vigila al vigilante? Haritz Elosegi alternaba con sus colegas en el Bar Kitto de Tolosa, cuando el ertzaina Antonio Agirre, fuera de horas de servicio, entró en el establecimiento. La diversión de los jóvenes debió importunarle, por lo que, en evidente estado de embriaguez, se dirigió hacia ellos. Intentó arrestar a Haritz, a lo que este se resistió. El agente desenfundó su pistola y efectuó un disparo a quemarropa. Le alcanzó en el cuello. La Audiencia Provincial de Donostia condenó al agente a la pena de seis meses de arresto por un delito de lesiones. La Sala desestimó el delito de tentativa de asesinato solicitado por la acusación particular, al negar que el agente pretendiera matar al joven, ya que, debido al entrenamiento que había recibido en la utilización de armas de fuego, «de haber querido matar lo hubiese conseguido de un único disparo». Menuda lógica. Lo realmente extraordinario es que no lo consiguiera, con un tiro en el cuello. Y borracho. Cierto, un verdadero artista en el manejo de la pistola. 158 La maza 20/4/10 10:16 Página 159 Hechos similares acontecieron años después, esta vez en Ibarra. Iñigo Guridi fue ingresado en la clínica de la Asunción de Tolosa con un disparo en la pierna. Una vez recibida atención médica fue trasladado a la Audiencia Nacional para declarar en referencia a una acusación que le relaciona con incidentes ocurridos esa noche. La denuncia policial aseguraba que había intentado lanzar un cóctel molotov a un ertzaina. Por su parte, el joven declaró que se encontraba en un bar junto a sus amigos cuando notó un dolor en la pierna y se apercibió de que estaba sangrando. Vecinos que se encontraban en el lugar de los hechos ofrecieron esa misma versión: a las 03.30 se escuchó una ráfaga de disparos que sembró el pánico en la plaza. Era en las cercanías del Bar Ainara, donde al parecer fue herido el joven. Su abogado, Álvaro Reizabal, denunció que no se produjo su detención hasta que la Ertzaintza descubrió el origen de las heridas del joven. Mundo al revés: la juez decretó la prisión provisional... de Guridi bajo la acusación de atentado. Posteriormente se le impuso condena, junto con otros tres jóvenes más, en calidad de autores de un delito de «atentado a agentes de la autoridad» en relación con un «delito de terrorismo». Sorprendentemente, la pena solicitada era relativamente baja para semejante calificación: un año y seis meses de prisión. No es descabellado concluir que prefirieron cerrar en falso un caso en el que, de haberse investigado correctamente, las responsabilidades habrían ido, sin duda, en otra dirección. En términos penales y políticos. Para tapar una actuación policial desaforada, Iñigo Guridi, además de tiroteado, fue condenado. Serán miles los ejemplos en que la discrecionalidad policial lleve a agresiones gratuitas e impunes a jóvenes contra quienes tienen una fijación especial. Uno de los casos más conocidos será el de Jon Ander Couceiro. Eran fiestas del barrio de San Vicente de Barakaldo, en enero de 1998. Tras asistir a un concierto de música, junto con tres amigos más, una dotación de la Ertzaintza da el alto a los jóvenes. Recibie159 La maza 20/4/10 10:16 Página 160 ron la del pulpo, tras lo cual les dejaron marchar. Un año más tarde fue apaleado otra vez por agentes del mismo cuerpo que irrumpieron en una fiesta a favor del euskera en Santutxu. Como él mismo narraba: … llegaron una o varias furgonetas de la Policía Autonómica y con rapidez y nerviosismo salieron de dichas furgonetas y se dirigieron a un grupo de gente, en el que yo me encontraba. Para cuando quise darme cuenta estaba en el suelo sangrando abundantemente. En estado de semiinconsciencia sentí que estaba rodeado de ertzainas que entre gritos e insultos me daban patadas y me movían la cabeza. Le habían descerrajado un pelotazo en el cuello, a un par de metros. Su madre y su hermana, que se acercaron para preocuparse por el estado del joven, fueron recibidas a golpes de culata. Posteriormente, el 5 de enero de 2001, los objetivos de los golpes de la Ertzaintza serían el propio Jon Ander y su padre. La persecución contra este joven, la fijación que este cuerpo ha tenido con él y su entorno familiar, ha sido tan brutal como la impunidad con que han operado. Oskar Pérez, amigo de Couceiro, recibió una paliza por parte de incontrolados de uniforme: «le das a Jon Ander este recado: la próxima va para él». El vigía que vigile al vigilante, buen vigilador será. Embozados Juan María Atutxa hace declaraciones por las que ve necesario establecer alguna medida para que «cuando exista una situación de algarada callejera quienes tuvieran el rostro cubierto de forma intencionada pudieran incurrir también en delito». Levantarte la capucha de la chaqueta es, en el país de la inquisición y de la lluvia, un crimen de primer orden. 160 La maza 20/4/10 10:16 Página 161 Es la época –finales de 1995– cuando se redacta la Ley de Videovigilancia, que pretende dar cobertura a toda una red de control social que supondría la instalación de cámaras de vídeo en cualquier punto de Euskal Herria. El objetivo es hacer más eficaz la acción policial en tareas de «prevención de disturbios». Y es que la utilización de capuchas se había convertido en un grave hándicap para la profusa grabación videográfica a la que sometía la Ertzaintza a cualquier tipo de concentración ciudadana. Todos tenemos en mente la aparición, entre escudos y bocachas, de un agente-cameraman haciendo un artístico travelling con el objetivo de su pequeño aparato de grabación audiovisual, apuntando a quienes se sitúan tras la pancarta. El proyecto que permitía la grabación policial de todo tipo de actos había sido aprobado por el Consejo de Ministros y fue remitido a las Cortes, para satisfacción de Atutxa, orgulloso de que «los iniciadores de este proyecto fueron el Gobierno vasco». Se frotaba las manos por su presunta efectividad: «nuestra labor –dice– será más fácil». Aunque para ello, el derecho de intimidad y privacidad salte por los aires. Eso sí, con rango de ley. Por contra, el consejero de Interior defiende que la policía tiene derecho a camuflar su identidad tras un pasamontañas: … cuando un ertzaina lleva la cara tapada, tras él siempre hay alguien para responder, para hacerse responsable ante el juez o ante quien haga falta. Cuando un policía no cubre su rostro, al día siguiente, todos los que se mueven en el ambiente de la violencia intentan amenazarlo y, si pueden, obligarle a dejar su pueblo o, peor, quemarlo vivo. Con su típico carácter arrebatado, el consejero instituía una vez más el doble rasero, las dos varas de medir: larga para mí, corta para ti. Así, el glorioso cuerpo de agentes bajo su mando, aquel que tenía como modelo los bobbys británicos y pretendían hacer de la amabilidad y la proximidad al ciudadano sus señas de identidad, comienza a embozarse tras 161 La maza 20/4/10 10:16 Página 162 una capucha. Casi de continuo. Sin duda, la justificación es la defensiva, ante la posibilidad de que vecinos o conocidos puedan identificar al agente. Es lo que sucede con una policía que, efectivamente, comparte vivienda, servicios y actividades lúdicas con el resto de sus vecinos. Vecinos a los que, Atutxa no llega a explicar porqué, tienen airados. No será la única policía que recurra a taparse la cara para dificultar su reconocimiento. También la Policía española y la Guardia Civil recurrirán a esta prenda para ocultar su identidad, aunque un mayor distanciamiento con la población es su primer elemento de salvaguarda. La capucha tendrá en su caso otro objetivo: el intimidatorio. El embozo cumple una función que no se reconoce públicamente: tiene el cometido principal de dotar de impunidad a una actuación policial cada vez más violenta, más ilegítima. Así pues, esta prenda será el obstáculo principal para determinar la autoría de hechos ilegales por parte de la policía, para evitar la acción judicial ante la más que frecuente comisión de delitos por parte de los uniformados enmascarados. En no pocas denuncias presentadas ante los excesos policiales, el juzgado se ha inhibido por la imposibilidad de reconocer quién era el responsable de la actuación delictiva. En aquellos casos en que se pudo identificar la dotación presente en la escena, la dificultad de individualizar qué agente concreto perpetró los hechos era el motivo que impedía la deducción de responsabilidades penales. Izaskun González y uno de los autores de este trabajo, Julen Arzuaga, sufrieron una agresión por parte de la Ertzaintza en Donostia, al término de una concentración en denuncia de la aparición en una fosa de Bussot, Alicante, de los cuerpos de Lasa y Zabala. Cuando se retiraban de los enfrentamientos generados tras el acto, se vieron sorprendidos por una dotación de la brigada móvil que, sin mediar provocación alguna, les atacó con el lanzamiento de un pelotazo a quemarropa, porrazos y golpes con las culatas de sus boca162 La maza 20/4/10 10:16 Página 163 chas, y les produjo graves heridas: fractura de muñeca ella, rotura del tabique nasal él, contusiones por todo el cuerpo, etc. La agresión resultó tan aparatosa que varios vecinos del barrio de Amara salieron a los balcones, recriminando a los agentes la contundencia con la que se empleaban. El juzgado de Donostia que instruyó la denuncia de lesiones presentadas por los jóvenes decidió archivarla, a pesar de los partes de heridas y la existencia de toda una comunidad de vecinos como testigos. Esta decisión se tomó ante la imposibilidad de identificar indubitadamente a los agentes delincuentes, oportunamente embozados. En la misma jornada murió Rosa Zarra, de 58 años de edad y madre de seis hijos, de un pelotazo lanzado a bocajarro en el abdomen. El ertzaina que disparó también ocultaba su identidad. El mal entendido corporativismo del cuerpo para tapar a su compañero y la buena labor de ocultación de sus representantes políticos hicieron el resto en esta historia de impunidad. «Cuando un ertzaina lleva la cara tapada, tras él siempre hay alguien para responder», decía Atutxa. La actuación policial ante Estrasburgo El caso más conocido, tal vez por la dimensión de los daños y las secuelas que le dejaron de por vida, así como por el largo recorrido que hizo su denuncia, es el de Mikel Iribarren, desfigurado por un bote de humo lanzado a bocajarro por la Policía española la noche del 15 de diciembre de 1991. Contaba entonces con 18 años. Aquel bote le puso al borde de la muerte. Incluso en algunos medios se dio por hecho que había fallecido. Iribarren ingresaba en la UCI del Hospital de Navarra en coma. El parte médico hablaba de un edema cerebral, hemiplejia-hemiparesia izquierda, quemadura de tercer grado en hemicara derecha, pronóstico grave... Permaneció 163 La maza 20/4/10 10:16 Página 164 un mes en coma, y tuvo que recibir asistencia sanitaria durante año y medio. Quedó en situación de invalidez y con secuelas para toda la vida. Las intervenciones quirúrgicas e injertos a que se debe someter continúan a día de hoy. Su rostro deformado por el impacto y las quemaduras es la viva imagen de la brutalidad policial en este pueblo. Y de la determinación por reparar los efectos de la barbarie. La investigación judicial de los hechos en los juzgados navarros se prolonga hasta septiembre de 1995. La Audiencia deja hacer: la defensa propone una prueba en la que se experimenta el impacto que puede tener un bote de humo sobre cabezas de cerdo. Según un testigo, el disparo se produjo apenas a dos metros de distancia. Se demuestra que al joven se le había denegado todo auxilio por parte de los agentes: quedó tendido, inconsciente, sobre el bote de humo que expelía la mortífera carga, la que le abrasó el rostro. El tribunal no duda en determinar que se ha perpetrado un delito de lesiones y homicidio en grado de tentativa. Sin embargo, decretó el archivo de las investigaciones dado que la Policía española se negaba a precisar quién había sido el agente autor del disparo. Ante la imposibilidad de concretar el causante del crimen, los abogados de Iribarren, José Luis y Mari Jose Beaumont incoan el procedimiento administrativo para reclamar una indemnización económica por responsabilidad subsidiaria del Estado ante el Ministerio del Interior. No hay duda de que ellos tienen la llave que abre y cierra el cerrojo de la impunidad. El entonces ministro, Jaime Mayor Oreja, rechaza el pago de la indemnización, lo cual se recurre ante la Audiencia Nacional, que finalmente condena a la Administración central a resarcir al afectado con 60.101,21 euros. Nuevamente es el Tribunal Supremo el que, en un razonamiento absolutamente indignante, anula la indemnización porque entiende que el afectado se había puesto «voluntariamente en la situación del riesgo padecido», por lo que el disparo del bote de 164 La maza 20/4/10 10:16 Página 165 humo a bocajarro «había sido proporcionado». Como en tantos otros casos, el objetivo de que los uniformados salgan indemnes de su brutalidad delincuente, se razona en que están obligados a responder ante los jóvenes con toda su capacidad de fuego. Como en otras latitudes, piedras contra tanques. Esta decisión fue confirmada por el Tribunal Constitucional en octubre de 2003. Al igual que en otros casos en los que los tribunales españoles cierran las puertas a toda justicia, Iribarren pone toda la esperanza en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Esta vez se cumplirán las expectativas: el 8 de enero de 2009, el Tribunal sito en Estrasburgo vino a dar reconocimiento y reparación jurídica al joven iruindarra, aquella que la justicia española le había negado durante diecisiete años desde aquel aciago día. En enero de 2009, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos hace pública la sentencia en la que estima que el Estado español había violado los artículos 3 y 6 de la Convención Europea, al dispensar al joven un «trato inhumano y degradante» y por la dilación del proceso judicial. Condena por unanimidad al Reino de España a indemnizar a Mikel Iribarren con 170.000 euros, descalificando así la interpretación del Tribunal Supremo y del Constitucional, señalando que el disparo de un bote de humo directamente y a bocajarro contra una persona no puede de ninguna manera justificarse como proporcionado. En una nota conjunta de valoración, los abogados José Luis y Mari Jose Beaumont subrayaron este extremo: … para poder obtener una respuesta judicial razonable y mínimamente coherente con los derechos humanos fundamentales de cualquier persona, Mikel Iribarren ha tenido que defenderlos durante 17 largos años, lo que ya resulta en sí mismo simplemente vergonzante para cualquier estado de Derecho que se precie. Ante la falta total de garantías en el proceso judicial español, ha tenido que finalizar sus reivindicaciones fuera, ante organismos supranacionales. 165 La maza 20/4/10 10:16 Página 166 Un fallo con tintes históricos ante la dolorosa falta de precedentes. No se identifica el causante de los daños, pero, sin embargo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos considera que, más allá del agente, es el Estado el que fracasa en su «diligencia» para «determinar las circunstancias en que el ataque tuvo lugar, así como los fallos en la aplicación del reglamento; y, por otra parte, identificar a los agentes u órganos del Estado que estén implicados, de la manera que sea, en estas circunstancias». Nada de ello ocurrió. Aquella teoría de Atutxa de que el Estado está detrás para responder por estas actuaciones rueda por los suelos. Estrasburgo constata que «el procedimiento penal terminó con un sobreseimiento parcial y no se produjo ningún juicio sobre el fondo del asunto». Con esta línea argumental se instituye que, cuando el Estado pretende cerrar filas sobre un agente, la omertá, la obstinación del silencio, el esfuerzo por la impunidad, arrastra consigo la propia legitimidad del Estado. El dictamen de los jueces fue unánime excepto en un punto: la cuantía de la indemnización correspondiente por el concepto de «daños morales». Tres de los siete jueces calificaron de excesivo el montante económico impuesto al Estado español por los otros cuatro magistrados, e introducen aquí de nuevo el argumento rastrero de que Iribarren «contribuyó a crear una situación de peligro de la que finalmente fue víctima». Entre estos tres jueces discrepantes se encuentra el único magistrado español de la sala, Alejandro Saiz Arnaiz. Algunos querían todavía echarle la culpa al joven. Mikel Iribarren ha reconstruido su vida al igual que su rostro, con paciencia y con tesón. En una entrevista reconocía: «me cambió todo. A veces me viene una señora mayor y me dice: "¿Cómo te has hecho esto, majo? ¿Con la moto o con el coche?". "Pues no, señora, esto me lo ha hecho la Policía"». De hecho, el que se lo hizo pasea por ahí –en moto o en coche– con el salvoconducto del Estado. 166 La maza 20/4/10 10:16 Página 167 Otros no han encontrado, aunque se deba buscar tan lejos, reparación. Txuma Olaberri, vecino de Atarrabia, quedó malherido, en coma y con efectos de por vida tras haber sufrido el impacto en la cabeza de una pelota de goma disparada a poca distancia por agentes del Cuerpo Nacional de Policía en el transcurso de una manifestación. La Audiencia Provincial de Pamplona esta vez se negó a la práctica de las pruebas más elementales –la toma de declaración a un subinspector policial o al propio Olaberri, la elaboración de un nuevo reconocimiento médico– solicitadas por la acción popular, sostenida por sus familiares y amigos. El tribunal confirmaba el archivo de la causa al considerar que no había quedado «debidamente justificada la perpetración del delito». También fue esta la respuesta para Iker Balda, que con 18 años sufrió el impacto de una pelota de goma en el ojo «al salir del Bar Viana, en la calle Jarauta, con la intención de volver a casa», según declararon sus padres. La versión oficial aseguraba que las heridas sufridas habían tenido su origen al manipular cohetes pirotécnicos durante incidentes con la Policía Nacional en Iruñea. En aquel tiempo un bote de humo entró en una casa de Alde Zaharra y provocó la muerte de Alejandro Gorraiz, de 77 años, tras un mes de dolorosa convalecencia. Era la época en que la Policía española, como si se tratase de Belfast, patrullaba Iruñea desde un helicóptero. Todavía muchos otros esperan a que se haga justicia. El derecho a la intimidad Al igual que en la guerra la primera víctima es la verdad, en el estado policial la intimidad es la primera barrera que se levanta. El derecho al honor y la propia imagen, así como el derecho a la privacidad en la vida personal aparece en un lugar prominente en cualquier constitución o carta de dere167 La maza 20/4/10 10:16 Página 168 chos que se precie. Queda bonito, enmarcado, sobre la mesa de un despacho. Bajemos a buscar esos derechos en la calle. Hemos mencionado anteriormente cómo maniobró la dirección de la Ertzaintza en su obsesión por recogerlo todo en sus diminutas cámaras digitales de última generación, ante los jóvenes que querían ocultar su identidad cubriéndose el rostro. No es una cuestión de vouyerismo gratuito. La Policía Autonómica se ha provisto de sistemas de reconocimiento facial que permiten identificar a miles de personas a partir de imágenes recogidas en cualquier momento en la vía pública. El sistema SIGMA-AFIS analiza las imágenes capturadas en video y convierte en datos alfanuméricos los tres planos faciales –frontal, perfil 90º y perfil 45º–, así como otros referentes a la altura, complexión, características especiales, etc. Al cotejarse las coincidencias con la ficha descriptiva de la base de datos, el sistema proporciona automáticamente la identidad de la persona, así como sus datos más relevantes. Información en tiempo real y servida a todos los centros policiales. Por su parte, el software Face Explorer V3.1, más desarrollado, es capaz de realizar un reconocimiento de los asistentes a un evento con una resolución fotográfica de altísima precisión, para compararlo después en pocos segundos con los datos almacenados en una potente base. El programa permite controlar ochenta rasgos característicos del rostro humano. Cuando veinte de estas características coinciden entre uno de los rostros grabados y uno de los que consta en el fichero de datos, el programa establece una identificación. El sistema informático se presenta capaz de realizar las comparaciones pese a que haya cambios de peinado, barba, gafas... Para entender la capacidad del sistema, nos podemos remitir a un ejemplo casero: recientemente circulaba por internet una foto con una resolución altísima, tomada en un mitin de Barack Obama en el que participaban decenas de miles de personas. Se podía hacer el ejercicio de acercar el zoom a 168 La maza 20/4/10 10:16 Página 169 cualquiera de los asistentes, para ver con absoluta nitidez su cara, su ropa, sus gestos... hasta los más insignificantes detalles o complementos. Imaginemos esta tecnología al servicio de cuerpos policiales ávidos de herramientas para exacerbar el control y la vigilancia. En este caso, la Ertzaintza, que dispone de este sistema a cambio de un desembolso impresionante, reconoce que «se han detectado un amplio número de casos en los que el detenido se negaba a ser reseñado dactilarmente, con el fin de ocultar su identidad, pero que ha sido resuelto satisfactoriamente mediante este sistema». O sea que no solo se emplea a nuestras espaldas, sino que se utilizará frontalmente y en contra de nuestra voluntad cuando nos esforcemos en preservar nuestra identidad. Otro sistema es un clásico. Nos referimos a la tecnología de tratamiento de huellas dactilares y palmares. Es de suponer que la base de datos se abastece por medio de la toma de huellas en el momento de elaborar la ficha policial durante la detención. Sin embargo, en los últimos tiempos estos archivos se completan con el registro de miles de muestras de ADN de cualquier ciudadano o ciudadana. El método es supuestamente una revolución en el sector. Así nos lo han trasmitido series policíacas líderes de audiencia. Tal vez lo revolucionario sea su gestión absolutamente descontrolada y las dudosas conclusiones a las que conduce. Dudosas, pero inapelables. Con la fascinación de un niño que comienza una nueva colección de cromos, la policía se lanza a la calle para la recogida de colillas, kleenex, vasos de plástico utilizados... Todo servirá, incluso las boquillas de plástico de las máquinas utilizadas en los controles de alcoholemia, tras hacer soplar no solo al conductor, sino a todos los componentes del coche. Uno de ellos reclamó la boquilla, recibiendo a cambio una respuesta airada del agente: «mira, un listillo». Txusa Etxeandia, portavoz de Gurasoak, denunciaba que padres que han presenciado el arresto de sus hijos en los domicilios familiares, se extrañaban por la recogida de cepillos de dientes, 169 La maza 20/4/10 10:16 Página 170 pelos de peines, ropa y otros objetos personales, «hasta que empezamos a ver que lo que hacían era recoger pruebas de ADN que se aportaban luego para inculpar a los chavales». El instituto Genómica está habilitado para llevar a cabo los análisis para los cuerpos policiales españoles. Según sus empleados, el método es infalible en un «100 %», ya que «es muy difícil que se cometa un error humano, porque hay controles en cada paso que se da». Sin embargo, expertos ponen en duda la infalibilidad del sistema, al considerar que nunca se soporta sobre un análisis completo de la cadena de ADN –16.500 marcadores–, sino sobre perfiles parciales. Además, las muestras biológicas pueden ser de mayor o menor calidad y cantidad, y pueden estar dañadas o degradadas, así como mezcladas con otros perfiles genéticos. En definitiva, se basa en un modelo estadístico que puede llevar a concordancias incorrectas. Concediéndoles a los gestores del sistema que este fuera infalible técnicamente, es innegable el alto margen de error en el momento de la recogida, sobre todo si se realiza en la calle, sin garantías, sin ningún control judicial. En el caso de la Ertzaintza, la situación empeora porque son ellos mismos quienes realizan el análisis, por medio de su laboratorio de la Unidad de Policía Científica. Sin supervisión, parecen preocuparse más porque coincidan los resultados con la línea de investigación predeterminada que por su precisión. En el caso de Zigor Blanco aportan un jersey del que se obtienen cuatro pelos. Solo se aporta el análisis de uno… el que coincide con el ADN del sospechoso. ¿Por qué no se aportan todos? ¿Qué esconden? Un ertzaina decía a El Correo que la cadena de custodia de la prueba biológica «debe ser sagrada». Sin embargo, las irregularidades en la recogida, almacenamiento y cifrado son continuas. Un agente autonómico declara en juicio haber recogido una colilla y haberla metido en un sobre al que puso el nombre de Jon Sebastian Gurtubai. Los peritos de genética, también ertzainas, dicen, por contra, analizar una colilla anónima con un 170 La maza 20/4/10 10:16 Página 171 número de referencia guardada en una bolsa de plástico. ¿Quién asegura que la colilla primera y la última es la misma? ¿Por qué cambian las identificaciones? ¿Por qué distintos sobres? ¿Por qué no consta el acta de entrada? ¿Cuál es la fiabilidad de la cadena de custodia? Preguntas que se hace la defensa, sin respuesta. Por último, la valoración que en tribunales se hace de la relevancia de esta prueba es altamente dudosa. Las muestras de ADN no solo servirán como prueba indiciaria para poner en marcha una investigación, sino que serán prueba única y determinante para establecer una condena, ejemplo de la devoción que se tiene por sistema tan novedoso. Nuevamente reconociendo que sea válido el método de obtención, otorgando el beneficio de la duda a la concordancia que establece el laboratorio, la única conclusión a la que el tribunal puede llegar es que, en efecto, tal persona estuvo en cierto lugar. ¿Y? ¿Es suficiente en ausencia de otras pruebas? No echen un kleenex en un contenedor de basuras que horas después pueda ser atacado. No abandonen un vaso de plástico en un recinto festivo donde, tras una inoportuna visita policial, se desencadenen disturbios. El método de inferencia de su culpabilidad lo dicen infalible. Deia titulaba en su edición de 3 de enero de 2008: «El ADN, el mejor confidente policial», saludando que la investigación contra la kale borroka «ha encontrado un gran aliado en el análisis genético». A pesar de la profunda seducción que sentía el redactor por el método, inmediatamente reconocía que «el Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional han emitido sentencias contra la validez como prueba del ADN si esta estaba recogida sin autorización judicial». Mostraba dos ejemplos, uno referido a Gorka Lupiáñez, que, desafortunadamente para el apologista de la prueba genética, fue «absuelto en tres ocasiones de diferentes acusaciones de violencia callejera». Una de ellas porque la Audiencia Nacional anuló como prueba el análisis de ADN que «acreditaba» la par171 La maza 20/4/10 10:16 Página 172 ticipación de Lupiáñez en un ataque contra un cajero de Durango, ya que esta se obtuvo sin permiso judicial. El otro ejemplo, subtitulado «La capucha habla», se refiere al caso de Orkatz Gallastegi. El diario vizcaíno relata cómo varios encapuchados quemaron un autobús en Berango en noviembre de 2001, uno de los cuales abandonó la máscara en la huida. Esta fue hallada por la Ertzaintza, que la sometió a un análisis de ADN. La Policía Autonómica arrestó a Orkatz Gallastegi, que fue conducido a una celda. Allí, un agente recogió un escupitajo del detenido que sirvió a la Unidad de Policía Científica para realizar un análisis y descubrir que el ADN correspondía con el hallado en la prenda abandonada tras el incendio del autobús. Esta evidencia bastó a la Audiencia Nacional para condenar al acusado. Nuevamente la frustración esperaba agazapada para el rotativo jelkide, reconociendo que «sin embargo, en mayo de 2005, el Tribunal Supremo anuló la condena que había dictado la Audiencia Nacional». Y es que este estableció que las normas procesales imponían al juez la obligación de vigilar personalmente el proceso de recogida de muestras si quería que tuviesen valor probatorio. Parece una buena cautela. Por fin, la ruleta de la fortuna judicial dio otra vuelta, esta vez en el sentido adecuado para el redactor y su policía, amantes de la actuación sin garantías: «se conoció otra sentencia del Tribunal Supremo en la que se dio validez a un análisis de ADN que se recogió directamente por la policía sin control judicial». Y esto es motivo de euforia. En este caso se juzgó a una joven acusada de haber enviado dos cartas presuntamente amenazadoras a dos concejales socialistas de Gipuzkoa. La Ertzaintza analizó la saliva con la que se pegaron los sellos de las cartas y la comparó con el ADN obtenido de una colilla de tabaco perteneciente a la sospechosa. Coincidieron. El tribunal especial madrileño le impuso, en abril de 2006, la pena de dos años de cárcel. Tras sostener tres veces lo contrario, el Alto Tribunal estimaba ahora que la policía 172 La maza 20/4/10 10:16 Página 173 judicial puede recoger restos genéticos o muestras biológicas abandonadas por el sospechoso sin necesidad de autorización judicial. ¿Qué había cambiado? Se abría paso, nuevamente, la ecuación antiterrorista: más efectividad y menos garantías. Esa prueba sería suficiente para condenar a la joven al tratarse de un indicio «sólido, vigoroso y solvente». El ADN, como confidente, parece bastante lamentable. El que un tribunal español cambie de opinión sin ningún nuevo elemento no dota de infalibilidad al sistema. Evidencia más bien con qué facilidad se levantan garantías engorrosas para allanar el objetivo de golpear a algún joven vasco. Recapitulando: recogida de imágenes grabadas por la propia policía o por todo tipo de cámaras de seguridad en calles, comercios o lugares públicos; aprovisionamiento desmandado de muestras de ADN; cámaras de control biométrico, lectores del iris; rastreo con dispositivos GPS o más recientemente por el sistema Sitel para «posicionar» a titulares de teléfonos móviles; control de llamadas telefónicas, de las comunicaciones por Internet, almacenamiento sine die de los mensajes electrónicos; seguimiento y registro de relaciones afectivas y contactos íntimos; recopilación de conversaciones, sonidos, timbres y modulaciones de voz en edificios oficiales e instituciones; procesamiento de datos referentes a accidentes de tráfico, a la utilización de tarjetas de crédito o transferencias bancarias; perfiles sobre gustos, afinidades, ocio, consumo; seguimiento de todo lo publicado en prensa en torno a las actuaciones policiales; registro de la participación en procesos electorales en calidad de elegible, revisor, apoderado o simplemente la firma en apoyo a una candidatura electoral en notarías o ayuntamientos... Mientras se redacta este informe, se nos previene de la creación de un nuevo archivo de «sospechosos» denominado «Sistema Estadístico de Criminalidad». ¿Alguien se atreve a negar que el Gran Hermano sea algo más que un programa basura de televisión? El control social del estado totalitario que imaginó el maestro Orwell 173 La maza 20/4/10 10:16 Página 174 para 1984 se quedó acumulando polvo en antiguas bibliotecas. Eduardo González Calleja, en su libro La violencia en la política, nos indica que «en los sistemas no autoritarios este tipo de violencia resulta de un abuso de los instrumentos estatales de control social, que gracias a los adelantos técnicos han alcanzado mayor complejidad y eficacia, pero que se han transformado en entes autónomos cada vez más difíciles de controlar a través de los poderes garantes del estado de derecho». Eso en los sistemas no autoritarios. ¿Y en los que cada vez con más facilidad resbala la máscara de demócrata y aparece, bajo ella, el rictus del tirano? 174 La maza 20/4/10 10:16 Página 175 el tormento no todas las medidas aplicadas han permanecido dentro de los márgenes de la ley, por muy manoseada que esta se encuentre, siempre en beneficio de las prerrogativas policiales. En el capítulo anterior nos referíamos a hechos de violencia policial que sucedían en la vía pública, a la vista de todos. ¿Qué sucede cuando no miramos? ¿Cómo actúan las policías en los espacios opacos e intangibles, en la oscuridad de sus calabozos? No han tenido ningún reparo en emplear el método más repugnante que, todavía hoy, medra en los recovecos de las alcantarillas del Estado: la tortura. Habilitada por el régimen especial de incomunicación, y sostenida sobre la suspensión de los derechos más elementales de la persona detenida, la tortura es una práctica actual y habitual. Analicemos el tratamiento que se dispensa a quien, tras el primer contacto con las fuerzas de seguridad del Estado –Guardia Civil, Policía Nacional, Ertzaintza–, es apercibido de que «queda detenido» y oficialmente le son leídos sus derechos. La experiencia acabará con su puesta a disposición judicial, tal vez recuperando la libertad sin pasar ante el juez. Un EN LA REPRESION DE LA JUVENTUD 175 La maza 20/4/10 10:16 Página 176 tracto temporal que se extiende por 5 días, 120 horas, sin derechos. Él o ella frente a sus captores. En marzo de 1992, los hermanos Julen y Gaizka Larrinaga, junto con David García, son detenidos por la Policía Nacional en relación a enfrentamientos ocurridos en Bilbo tras una manifestación. Denunciaron ante Carlos Bueren, juez del Juzgado de Instrucción nº 1 de la Audiencia Nacional, haber sido torturados en la comisaría de Indautxu y negaron tajantemente los hechos recogidos en la declaración policial. Según los jóvenes, las manifestaciones allí vertidas habían sido «aprendidas» durante los brutales cinco días de arresto incomunicado. Les habían machacado. Era, acaso, la primera vez en la historia más reciente que saltaba a los medios de comunicación el testimonio de jóvenes que habían sufrido el tormento como represalia por daños producidos en el mobiliario público. Botón de muestra de hasta dónde podía llegar la obsesión por poner coto, a cualquier precio, a la rebeldía juvenil. Este cuerpo se cebará principalmente en Nafarroa y, más en concreto, en Iruñerria, donde hasta hace poco explotaba sin rival sus amplias competencias contra los movimientos sociales. Y en especial, contra la juventud. En este herrialde, será la Guardia Civil quien lleve a cabo una operación en Berriozar en la que detiene a seis jóvenes, allá por 1994. Según el delegado del Gobierno, Pedro Ruíz de Alegría, se les imputa el incendio de una caseta de RENFE y operar como «comando de apoyo de ETA». Desde su primera declaración calificó el trato recibido por los jóvenes de «exquisito», tal vez por tener línea directa con el calabozo y anteponiéndose a lo que vendría. Uno de los apresados era Jaime Iribarren, presidente de la Federación de Consejos de la Juventud de Euskal Herria. Antes de su detención había denunciado ser objeto de llamadas telefónicas intimidatorias, vigilancia constante y retenciones en la calle con peticiones de que colaborase con la policía en la delación de otros jóvenes. Ahora, había sido trasladado de comisaría al hospital con un cuadro médico de sín176 La maza 20/4/10 10:16 Página 177 tomas de ansiedad y crisis nerviosas. A los fuertes temblores que sufría se le añadía la casi imposibilidad de comunicarse. Una vez puesto en libertad, relató ante los medios el tratamiento recibido. Su narración fue dramática: había sufrido asfixia con los métodos de la «bañera» y la «bolsa», puñetazos en la cabeza, llegó a defecarse y orinarse encima, y cayó al suelo, tras lo que fue golpeado hasta perder varias veces la consciencia. Su testimonio ante las cámaras, emotivo, entrecortado, transmitía toda la angustia vivida. Los otros cinco jóvenes, tras ser puestos en libertad, denunciaron asimismo los malos tratos recibidos por el instituto militar. El juez Bueren sobreseía la acusación de kale borroka poco después. En Vascongadas, será la Ertzaintza quien asuma el reto. Nada más comenzar su despliegue en las tres capitales, entra a participar en el juego de la tortura contra la juventud rebelde de su país. Así lo denuncian cientos de jóvenes que han pasado por las manos de agentes especialmente entrenados para estos menesteres, principalmente en el acuartelamiento de la localidad alavesa de Arkaute. El primer caso que hemos podido documentar, en el verano de 1992, es el referido por Aitor González, que denunció ante el juez haber sido maltratado tras una detención ordinaria, derivada de los enfrentamientos de la conocida como «guerra de las banderas» en fiestas de la capital de Bizkaia. Relató que en comisaría había recibido golpes, amenazas e insultos, a lo que se acompañó un simulacro de ejecución. El acontecimiento de estos hechos se favorecerá aún más por la decisión de la policía dirigida por Retolaza, Atutxa y Balza, hoy por Ares, de aplicar el régimen de incomunicación. El pasaje hacia el infierno Dejando al lado las detenciones ocurridas al calor de manifestaciones y actos públicos, que comentábamos en el capítu177 La maza 20/4/10 10:16 Página 178 lo anterior, en los actos de sabotaje son prácticamente desconocidas las detenciones in fraganti, en el momento de los hechos. Tal vez la excepción que confirma la regla fue que unos agentes de paisano y fuera de servicio se toparan, por coincidencia, con varios jóvenes que, armados de hachas y gasolina, atacaban un concesionario de Renault en Orereta. En general, habrá que ir a buscar a los jóvenes a su lugar de residencia. El grito de «¡abran, policía!», desde el otro lado de la puerta da inicio a la enloquecida entrada en el domicilio particular, habitualmente el familiar. La irrupción en casa ajena está sometida a ciertas cautelas. En efecto, la Constitución establece en su artículo 18.2 la inviolabilidad del domicilio, solamente alterable en caso de resolución judicial o en caso de delito flagrante. Aún en esas circunstancias, esta debe practicarse con ciertas previsiones, evitando entrar de noche, con la aplicación de la violencia mínima... Es la famosa definición de la democracia de W. Churchill: tener la seguridad de que cuando alguien llama a la puerta a las cinco de la mañana, sea el lechero. Los lecheros actuales, armados hasta los dientes, prepararán la cacería sobre la más insignificante sospecha de que el objetivo se pueda relacionar con acciones de kale borroka. Un criterio absolutamente relativo en la España dibujada sobre el Plan ZEN. Es la mentalidad policial «conspiranoica»: vestir de determinada manera, frecuentar ciertos lugares, tener amigos de otros amigos, ser activo en determinadas asociaciones populares, tener familiares en la cárcel... Lo decíamos antes, tiran de lista. Será suficiente con que la policía argumente al juez que «atesora indicios» –sin concretar en qué se apoyan para llegar a ellos– sobre la presunta actividad criminal de un chaval, para que aquel autorice la entrada y registro en su domicilio y la detención incomunicada. No siempre habrá orden judicial que permita la irrupción en la residencia familiar. Lo recogía así El País en octubre de 2001: «el futuro Centro Nacional de Inteligencia (CNI) podrá intervenir comunica178 La maza 20/4/10 10:16 Página 179 ciones y entrar en domicilios sin permiso judicial previo, siempre que se trate de casos urgentes e investigaciones sobre terrorismo». No todas las investigaciones sobre terrorismo presentan esa emergencia. Las que no se derivan de una persecución ab origine y en caliente, sino que por contra se suponen fruto de una paciente investigación científica, no deberían después sustanciarse en una irrupción policial sin orden judicial y con la tarjeta de presentación de la nocturnidad, la alevosía y la violencia extrema. Pero así resulta ser. La Instrucción policial que indica la forma en que se debe llevar a cabo la entrada y registro de un domicilio privado especifica que el agente debe operar con «serenidad emocional y el autocontrol, aún en situaciones de riesgo». Es más que improbable que en la detención de un joven que, en la mayoría de los casos, convive con sus padres y que toda su relación con armamento y explosivos se reduce como mucho a las sustancias que ha podido encontrar en la bajera de su casa, justifique el grado de fuerza y contundencia con que el arresto se despliega. La entrada cuando todos duermen, la utilización de explosivos para la voladura de la puerta, la invasión del domicilio entre gritos, amenazas e insultos, el empleo de armamento de guerra con que se encañona a todos los miembros de la familia, así como las técnicas para «neutralizar al sospechoso» recién arrancado de su sueño, con la aplicación del mayor grado posible de violencia contra él, son los criterios que configuran el protocolo de entrada y registro policial. El riesgo no es, como se ve, para los agentes. A raíz de la quema de un autobús urbano en Igeldo, el 31 de agosto de 2002, se llevaba a cabo un operativo que se saldó con un total de 18 detenciones. Doce de los jóvenes donostiarras denunciaron haber sido víctimas de tortura a manos de la Guardia Civil. En el caso de uno, Iker Beristain, el instituto militar irrumpió en su domicilio en el barrio de Puio sobre la 01.00 de la madrugada. En ese momento, el joven intentó 179 La maza 20/4/10 10:16 Página 180 escapar saltando por la ventana. Vecinos confirmaban que «debajo de su casa hay rastros de sangre». Los hechos recuerdan a otro joven, este de Orereta a finales de los años ochenta. Para escapar de la detención violenta y la tortura, se lanzó por la ventana. Mikel Arrastia encontró así la muerte. – Razyah La ejecución de la detención en redadas, procediendo las fuerzas de seguridad del Estado a aprehender a un gran número de personas al mismo tiempo y en el marco de un mismo operativo, es algo habitual. Estos arrestos «en masa» se han venido a denominar gráficamente razia, palabra deri– que se refería a un ataque vada del término argelino Razyah, sorpresa contra un asentamiento enemigo. Con este método, las incursiones policiales ponen patas arriba todo un pueblo o una comarca, desde el convencimiento de que cuadrillas enteras tienen algo que ver, en un grado o en otro, con los hechos que se pretende castigar. La batida policial es exigida antes y justificada después por medios de comunicación o representantes políticos. Al ser el objetivo demostrar la eficacia policial inmediata, la prisa por sacar músculo lleva a que la operación se haga a ciegas. La captura del grupo no es el producto lógico de pacientes y concienzudas investigaciones científicas sobre los hechos y sus hipotéticos autores. Se impone el método de entrar a saco en una operación de reconocimiento. Pero, ante la inexistencia de indicios racionales y objetivos de culpabilidad, hará falta un asidero para sostener la acusación: una vez en comisaría se interroga al grupo de apresados y con las declaraciones que se arrancan se construyen las inculpaciones a quien las pronuncia o a su amigo. En definitiva, con las piezas obtenidas se va completando el puzle. Cuando se 180 La maza 20/4/10 10:16 Página 181 busca tan insistentemente eficacia, no queda margen para buscar la veracidad. Pero ¿a quién importa? Ahora tienen el corral lleno de chivos expiatorios. Recientemente, delegados españoles ante el Comité Contra la Tortura de la ONU mostraban sus cartas al pretender justificar por qué no impulsan la abolición de la incomunicación. Confesaron a los expertos internacionales que consideraban el régimen especial «un primer momento en la investigación de vital importancia». ¿Un primer momento? Ellos mismos se han delatado, ¿y las investigaciones previas que justifiquen la detención?, ¿y el paciente aprovisionamiento de información, datos, verificación de pruebas, seguimientos...? Traicionados por su subconsciente, reconocen que el sistema español es exactamente lo opuesto del modelo democrático de la «policía científica». Se pervierte la forma de conducir una investigación criminal, se pretende con el interrogatorio bajo presión y tormento sustituir las laboriosas pesquisas policiales de inteligencia. Aunque parece cada vez más evidente que emplear inteligencia y policía en la misma frase es un insulto a la primera. Lo más destacable, por tanto, es el incumplimiento del espíritu de la legalidad por parte de las fuerzas de seguridad del Estado, ya que se trata de detenciones prospectivas. Tomando como sustento las declaraciones de los primeros arrestados, se practican nuevas detenciones. Así, se enlaza una operación con otra. Es el método de la detención en cadena, apoyada en el anuncio temible de que «la operación permanece abierta». Así sucede en las grandes redadas de Iruñerria en 1994 y en 1996, las de Ezkerraldea de 1997 o las de Getxo y Leioa en 1999. Al arresto de nueve jóvenes que practicó la Ertzaintza en Hernani a mediados de abril de 2000, se le se sumaron otras doce detenciones más diez días después. En Uribe Kosta, durante 2002 se realizarán operativos concatenados con decenas de detenidos. A finales del mismo año se inició 181 La maza 20/4/10 10:16 Página 182 otra operación en Ezkerraldea con una docena de jóvenes arrestados, para propagarse a Bilbo y, al fin, a Hego Uribe y Durangaldea, en una operación que se cierra diez días después con otros siete capturados. En 2003 la detención en cadena será en Donostia... Un verdadero rosario de detenciones exploratorias, siempre alimentadas por el aplauso a la eficiencia de los cuerpos de seguridad del Estado, con el inestimable parabién mediático. Por tanto, otro componente del traumático paso por comisaría será la carga de conciencia por la delación del colega, del compañero de barrio o de militancia, de tu amigo. Si bien te han obligado a ello, si bien queda la intuición de que no podías resistir más, se hace insoportable la sensación de haber cedido ante la soledad, el miedo, la presión, el tormento. Un método de conducir la acción policial doblemente infame. La gravedad de esta forma de actuar no reside única y exclusivamente en el carácter aleatorio e indiscriminado y, por lo tanto, injusto del método de la detención. El desenlace de esta ruleta rusa ha sido la posterior liberación, por la puerta de atrás y ya con las cámaras apagadas, de la gran mayoría de los detenidos. Eso sí, marcados por el tratamiento recibido bajo custodia policial. Nadie es igual en el antes y el después. Tras el muro Detengámonos un momento en el tratamiento dispensado al joven. Este ha sido trasladado a la comisaría o acuartelamiento donde estará sometido a custodia. Desde su reciente consideración de terrorista, la detención incomunicada que se le aplica permite un aislamiento absoluto del mundo exterior. El muro tiene dos caras. A un lado se han quedado familiares y amigos. Con el desconocimiento sobre el estado y el 182 La maza 20/4/10 10:16 Página 183 paradero de su ser querido, comienza, también para ellos, un calvario: tocando puertas de comisarías y responsables policiales y políticos, descolgando teléfonos con el alma en vilo y volviéndolos a colgar con la rabia de recibir un «no sé de qué me habla» por respuesta. La suposición sobre el trato que se le dispensa al arrestado y la sospecha basada en testimonios anteriores de lo que sucede intramuros de comisaría, suscitan un cuadro de estremecedora desprotección. Sus abogados no tienen acceso a más información. Los médicos a quienes la familia pueda recurrir para que se interesen por el estado de salud del chaval, en ocasiones con afecciones de salud o sometidos a terapias, se muestran incapaces de superar el muro de silencio. Es una detención secreta, ya que está desaparecido para el mundo, sometido a los designios de un captor que los familiares solo imaginan rayano al sadismo. Las Naciones Unidas trabajan con la hipótesis de que una detención secreta de estas características entraría en la categoría de desaparición forzada si fallan los mecanismos para conocer el paradero y la situación del detenido. Palabras mayores, pero bien traídas. En el otro lado, la imposibilidad de comunicar con la realidad extramuros, asfixia a quien más necesita esa bocanada de oxigeno: el o la joven bajo custodia policial. Privada de contacto con el resto del mundo y con los demás arrestados, a quienes tal vez oye por los pasillos al ser trasladados, gritando en las salas de interrogatorios, llorando en la celda contigua. Solitaria, indefensa, desasistida, desprotegida en unas circunstancias a las que, ni en su peor sueño, había pensado que se acercaría. También la Organización universal de salvaguarda de derechos humanos maneja una presunción: una detención sin comunicación con el exterior por más de dos días se puede considerar un trato cruel o degradante sin necesidad de que concurra ningún otro elemento. La angustia, la ansiedad a que se somete a la persona arrancada del mundo es, en sí, una medida inhumana. 183 La maza 20/4/10 10:16 Página 184 Pero es que, además, en cinco días de opacidad pueden pasar muchas cosas. Y es que, esta modalidad de cheque en blanco en la custodia ofrece a la policía el tiempo necesario para arrancar las declaraciones que estime necesarias, para conocer los elementos que nunca necesitó conseguir por medio de una paciente investigación. Cinco días para destrozar al detenido como activo político, para machacarle como ser humano. La experiencia traumática le dejará marcado para el resto de la vida. En referencia a los métodos de tortura que habitualmente utilizan las fuerzas de seguridad en el Estado español, habría que hacer una serie de precisiones. Se ha pretendido dibujar una raya imaginaria que diferenciaría el tratamiento que se dispensa a los sospechosos de ser miembros de ETA, por ser este más riguroso que el que se otorga a jóvenes detenidos por actos menores de kale borroka. Pero esa estimación no siempre es real. Tampoco es cierto que los métodos más físicos que practica la Guardia Civil dejen una huella más profunda que los empleados por la Policía española o la Ertzaintza, métodos más sicológicos, más sutiles, tildados de «científicos»... pero que han destrozado a decenas de jóvenes. Cierto es que el instituto militar fundado por el duque de Ahumada gestiona el «prestigio» que le precede. Será maestro en la violencia más desenfrenada y depravada, con golpes por todo el cuerpo, empujones sin descanso y sin mesura. A los métodos más clásicos –la bolsa, electrodos, el simulacro de ejecución, la vejación sexual e incluso la violación–, intentan aportar nuevas innovaciones masoquistas, como son, por ejemplo, «el sándwich» o «la momia», envolviendo al joven en colchones –en el primer caso– o mantas –en el segundo– e inmovilizado con precinto, para después recibir toda clase de golpes, o aplicarles en esta situación otros métodos, como la bolsa, los electrodos. Un trato aderezado con humillaciones, insultos, amenazas de todo tipo de perversiones… Nadie cons184 La maza 20/4/10 10:16 Página 185 ciente de la dilatada reputación que arrastra este cuerpo duda de que sean capaces de llevarlas a la práctica. En cuanto a la Policía española, con competencias en los núcleos urbanos, destaca su actuación en Iruñerria, donde más evidente constancia ha dejado de su hacer. Los golpes, tirones de pelo, empujones y técnicas de asfixia se entremezclan también con insultos y amenazas contra el joven o su círculo más inmediato. Este cuerpo ha demostrado en demasiadas ocasiones conocer al dedillo los hábitos, gustos y amistades de las personas a quienes someten al tormento. Kristina Montoia denunciaba en su testimonio que le «amenazaban con temas sexuales», mientras que escenificaban simulacros de ejecución con una pistola: «¿Dónde quieres que te disparemos, en la cara, en la boca, en la cabeza, en el corazón?», preguntaban dirigiendo el arma hacia esas partes. Le aplicaron la bolsa en dos ocasiones. «Uno me agarró por el pecho y levantándome del suelo empezó a golpearme contra la pared. Ya no podía más». Tenía diecinueve años cuando se produjeron los hechos. Similar es la actitud, en el ámbito de sus funciones territoriales, de la Ertzaintza. El conocimiento de la esfera de relaciones del joven, de su cotidianeidad, el manejo de su forma de expresarse, incluso de su lengua, facilita la confusión del detenido. Entonces, se entra en un juego demoledor de contrastes: la condescendencia junto con los métodos más agresivos, como son los golpes o la bolsa; la asistencia después del insulto y la amenaza; el apoyo y comprensión tras el engaño. La desorientación, al recrear magistralmente el método del policía bueno-policía malo, es arrolladora. La policía de Lakua se ha especializado en aquellos métodos que no dejan marcas, en particular en la tortura sicológica y en un sistema basado en la extenuación física: obligación de permanecer en pie durante horas, con las piernas abiertas o flexionadas, con los brazos en cruz, levantados por encima de la cabeza o extendidos hasta el límite hacia atrás, con el torso doblado, la 185 La maza 20/4/10 10:16 Página 186 cabeza agachada o entre las piernas, de rodillas, en cuclillas o a la pata coja... Las variables son infinitas. Los ertzainas colaborarán cargando su peso en piernas o brazos del detenido para incrementar la sensación de mala postura y el dolor muscular. La supresión de los estímulos del exterior –luz, aire, olores, etc.–, así como la privación de sueño, de comida, de bebida, de aseo y de referencias temporales, llevan a la capitulación de la persona sometida a estos métodos. Sobre ellos planea la sospecha de la utilización de sustancias alucinógenas o narcóticas con sus víctimas, los temibles «sueros de la verdad». Y sin embargo, ¿quién sabe lo que ahí sucede? Al ser lo que transcurre en la oscuridad de las mazmorras feudo de lo intangible, siempre hay una pugna entre la credibilidad del testimonio del joven y la versión policial. Esta versión siempre ha contado con el verbo airado de los políticos que se han rasgado las vestiduras para negar absoluta y categóricamente la existencia del fenómeno. Este punto de vista nunca encontrará mejor aliado que la apatía y pasividad de ciertos otros responsables políticos, medios de comunicación y organismos sociales para que lo sucedido se mantenga en la incógnita, en un interrogante pasajero. Negación y apatía, esencias de las que se alimenta el parásito de la tortura. La negación de la tortura En un estado de derecho, la tortura es delito, y solo existen los delitos que son detectados por la justicia. Y ante la inexistencia de condenas, este fenómeno no existe sino en el reino de lo imaginario. Con ese fácil silogismo, el guión «democrático» niega lo evidente. En la pugna por la credibilidad entre los denunciantes frente a los denunciados, estos últimos echan mano de un 186 La maza 20/4/10 10:16 Página 187 latiguillo recurrente: siguen el «manual de ETA», la presunta directriz a sus militantes para la denuncia sistemática de haber sufrido tortura. Si los «grupos Y» son parte de ETA, estos también tiran de «manual». Otra jugada de lógica básica. La Dirección de Derechos Humanos del Gobierno de Lakua hizo público in extremis el «Informe sobre Víctimas de Vulneraciones de Derechos Humanos derivadas de la violencia de motivación política», que fue presentado ante la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento de Gasteiz el 24 de junio de 2008, justo antes de que se hiciera efectivo el relevo de gobierno. El director saliente, Jon Mirena Landa, deja un regalo envenenado a quien le releve, ya que el informe toma como objetivo «aportar evidencias contrastadas» que ayuden a soportar que las denuncias de tortura no están sometidas a directrices, sino que, al contrario, estas responden a vivencias personales reales. Aporta dos datos: el 70% de los casos en que no se encontró vinculación del detenido con ETA este ha denunciado torturas. En contraste, un 29% de los que fueron condenados por pertenencia –y por lo tanto deberían asumir las directrices de ETA– no la denunciaron. Esto puede interpretarse de tres maneras: que, por un lado, cumplen con esa directriz hasta quienes los tribunales consideran que no son miembros de la organización armada. De otro, que los miembros de ETA son unos indisciplinados, porque no todos los condenados por serlo la cumplen. O lo que sería más lógico: que tal directriz no existe y simplemente quien denuncia la tortura es porque la ha sufrido en sus propias carnes. Es interesante ver cómo el trabajo viene a desmontar uno de los principales ejes por los que se ha intentado desprestigiar la vivencia más intima de miles de personas. Y alarmante ver la poca difusión que se ha querido dar a las conclusiones de este importante informe. Decíamos que las autoridades españolas consideran que la kale borroka responde a los impulsos de la organización armada, por lo que quienes participan en ella también deberían res187 La maza 20/4/10 10:16 Página 188 petar el manoseado manual. Tomando en consideración nuestras propias fuentes, de las 1.383 entradas referentes a jóvenes detenidos entre los años 1992 y 2007, un total de 475 habrían denunciado haber sufrido algún tipo de mal trato o tortura, lo que supone más de un tercio –concretamente, el 34,34 %– del total de detenciones. Y este dato es absolutamente a la baja. Si alguien tendría la tentación de buscar alguna conexión entre la denuncia de tortura y la autoría con los hechos imputados, calcando el razonamiento del informe del ex director de Derechos Humanos de Lakua, encontramos que quienes denuncian haber sufrido este trato inhumano –recordamos: 475 personas– superan con mucho los 348 que confirmábamos habían sido condenados por kale borroka. Chavales que se complican la vida denunciando mentiras. Se constata así que el fenómeno del mal trato a la juventud vasca aparece absolutamente ajeno a la eventual participación de los jóvenes en los hechos imputados. Ni todos quienes fueron condenados por sabotajes denunciaron tortura ni todos los que la denunciaron tenían algo que ver con sabotajes. No son todos los que están, ni todos los que están lo son. El dato nos ayuda a mantenemos fieles a la posición de partida de que, sean cuales fueren las acusaciones o responsabilidades penales que se les exijan, los jóvenes que denuncian tortura no siguen ningún tipo de directrices de nadie. También el Relator para la Tortura de Naciones Unidas, Theo van Boven, es de esta opinión. En su contundente informe en febrero de 2004, tras su visita al Estado español, entraba de lleno en la cuestión de la credibilidad: … a la luz de la coherencia interna de la información recibida y de la precisión de los detalles de hecho, el Relator Especial ha llegado a la meditada consideración de que esas denuncias de torturas y malos tratos no pueden considerarse meras fabulaciones. 188 La maza 20/4/10 10:16 Página 189 Indiscutible. No lo decimos nosotros. ¿Qué mueve entonces a denunciar torturas a un joven? Tal vez la razón esté en que la experiencia irrepetible e infame que ha vivido le deja una deuda que saldar con su torturador, con la sociedad y con la verdad. Y consigo mismo. La delegación española presente en el Consejo de Derechos humanos donde van Boven hizo público el informe tomaba la palabra, insultaba al experto y abandonaba la sala. Quienes, desde su más absoluta ceguera o indolencia, niegan la existencia de la tortura tienen la partida perdida. Protocolos La tortura germina en la humedad de las mazmorras, en la oscuridad de los calabozos, abonada por las evasivas de responsables gubernamentales. En esa atmósfera se hace vigorosa, fuerte, eficaz. Pero también la lucha contra ella ha evolucionado y se ha hecho más afilada. Hace apenas unos años era necesario sacar este fenómeno de las sombras a la luz. Hoy nadie con ojos en la cara y un mínimo sentido del rubor pone en duda su existencia. La denuncia de la impunidad y la reivindicación de justicia –reconocimiento y reparación a sus víctimas– ha calado en la sociedad, si bien todavía apenas se han dado pasos prácticos en esa dirección. Pero hay una reclamación que se abre poco a poco espacio entre lo que es y lo que debería ser. La necesidad urgente de evitar por todos los medios que una persona sea sometida a tortura: esta lucha contrarreloj, a la desesperada, es la lucha por la prevención. Ya que la posibilidad de que los malos tratos aparezcan bajo el régimen de incomunicación supera el rango de la mera sospecha, buscar rendijas por las que colarse y, poco a poco, horadar con la luz ese espacio opaco es un objetivo en sí mismo. 189 La maza 20/4/10 10:16 Página 190 Se puede objetar que la lucha contra la tortura debe tender hacia su erradicación. Cierto. Pero mientras, la angustia del detenido y de las propias familias ante el riesgo real, presente, actual de la tortura precisa respuesta urgente. La preocupación hecha pública por las asociaciones contra la tortura y por centenares de recomendaciones de expertos, ha obligado a las autoridades a mover ficha y a ensayar algunos mecanismos para la prevención de la tortura. La Ertzaintza fue la primera en hacerlo. Tal vez más preocupada por el impacto que los testimonios de torturas tenía en el espectro social del partido que hasta hace poco la dirigía, que por remilgos ante este trato. En cualquier caso, sus responsables políticos se vieron obligados a poner en marcha el denominado Protocolo para la Asistencia a Personas Detenidas en Régimen de Incomunicación, que preveía ciertas medidas que deberían prevenir la tortura –y la «falsa acusación contra los agentes», se apresuraban a añadir–. Estas medidas consistían principalmente en dar noticia a la familia del estado y localización de la persona detenida, así como la grabación audiovisual de los interrogatorios. A los primeros a quienes dijeron habérselo aplicado fueron Oskar Pérez, Aingeru Cardaño, Aner Gómez, Aitor Fernández y Naiara Mallabia. Mientras, sufrían golpes, empujones y eran obligados a realizar todo tipo de ejercicios extenuantes. Se constató que las previsiones del resplandeciente Protocolo no dieron resultado. Hasta el propio Ararteko denunció que no se practicaban las medidas prometidas, en especial, la que parecía la más eficaz: la grabación. La importancia del hecho residía en que los responsables del departamento que dirigía Balza se veían en la obligación de maniobrar para evitar que el escándalo de la tortura les siguiera acechando en cada esquina. Así, hasta que paulatinamente dejaron de utilizar el régimen de incomunicación. En efecto, en el año 2004, y tras casi un año de la campaña de distracción que supuso el Protocolo, se desiste de emplear ese 190 La maza 20/4/10 10:16 Página 191 régimen, y, por ende, de torturar. Había otra razón práctica para desestimar el tormento: la confianza –casi adoración– que sentían por las pruebas biológicas de ADN. La asociación Gurasoak constataba en las épocas inmediatamente anteriores a que se desestimara la incomunicación que estaba entrando en desuso. Ya habían detectado que cuando no ponían a sus hijos bajo este régimen era porque en la investigación aparecía la difusa sombra de los perfiles genéticos. No mucho más veraz, pero habían encontrado un sustituto. La Consejería que entonces dirigía Javier Balza se atuvo durante cuatro años a aquella declaración parlamentaria apoyada por su partido que aseguraba que «la tortura se practica con mayor frecuencia durante la incomunicación». Sin embargo, en marzo de 2009, rescatan las antiguas artes cuando agentes de Arkaute reciben a Manex Castro, joven de Villabona detenido bajo incomunicación, con un «te hemos cazado. Ahora nos vas a cantar todo. Te vamos a meter una manguera por el culo. Vamos a detener a tu madre, la vamos a follar». Aparentemente habían cambiado las circunstancias. Se puede especular sobre por qué en aquel momento preciso de elecciones autonómicas, en que se preveía que la Ley de Partidos trucaría las mayorías, el PNV todavía quería aparecer como un buen socio del que fuera, dispuesto a lo que sea con tal de mantener la butaca. Lo que realmente se puede constatar es que, sin voluntad política, estos protocolos devienen una simple cortina de humo. Si no se acompaña de la abolición de este régimen especial de custodia, la tortura permanece agazapada, latente. Su aparición dependerá de ciertas variables, intereses, que en este caso concreto parecían haber mutado. La familia de Castro no tuvo constancia de la llamada para recibir explicaciones sobre el estado del joven; sus abogados, como siempre, no tuvieron acceso a las imágenes audiovisuales presuntamente avaladas por organismos varios. Gentes de Villabona exigían que si existían las grabaciones tomadas a Manex 191 La maza 20/4/10 10:16 Página 192 durante su cautiverio, estas fueran emitidas en la plaza del pueblo. Pero en estos pulsos públicos, la Administración recula. Así, sin voluntad real de acabar con la tortura, podemos entender el recorrido tan limitado que tienen este y otros compendios de medidas. Como las instauradas por el Protocolo Facultativo para la Prevención de la Tortura de las Naciones Unidas. Cierto que es interesante: establece un sistema independiente de visitas a los centros de detención, por medio del cual se puede tener conocimiento in situ de posibles prácticas de malos tratos. Podría servir. Pero el Estado español ha maniobrado durante tres años para que este mecanismo se deje al fin en manos del Defensor del Pueblo, Múgica Herzog. Se le restan, así, sus tres pilares básicos: la supervisión de la sociedad civil, la independencia y la eficacia. La Coordinadora para la Prevención de la Tortura, en la que participa junto con otras 44 más la asociación que firma este documento, ha rechazado como una piña dicha atribución, al considerar que prestar a Múgica la gestión de dicho mecanismo es sencillamente llevarlo a la vía muerta, mofándose además del organismo universal que lo impulsa. Una herramienta que podía haber dado importantes instrumentos a la sociedad civil para saber qué pasa tras los muros de las comisarías es fusilada, antes de nacer, contra esos mismos muros. Una última mención: la presión popular ha obligado también a los jueces a ser receptivos a las demandas contrarias a la tortura, enviándoles el mensaje de que no les queda más remedio que moverse. Fue Garzón quien decidió rebajar tensión –y ganar cierta notoriedad en plan garantista–, permitiendo tres medidas: poner en conocimiento de los familiares la situación de las personas sujetas a incomunicación; permitir que un médico externo y de confianza del joven pueda visitarlo; y la promesa de que se dará grabación a la estancia en incomunicación, algo que todavía no hemos llegado a ver. 192 La maza 20/4/10 10:16 Página 193 Cuatro jóvenes, Gorka Belasko, Koldo Moreno, Xabier Fernández de Gamarra y Urko Arroio, a los que el ministro de Interior atribuía la autoría de 40 sabotajes, fueron arrestados en julio de 2007 en Gasteiz y Agurain. Las detenciones fueron realizadas por la Policía española, que, según relataron los padres de los jóvenes, actuó con gran violencia. El juez Baltasar Garzón accedió a aplicarles el protocolo que llevaba su nombre y que, aseguraba, ayudaría a prevenir la tortura. Se permitió la entrada del médico de confianza y se comunicó a sus familiares el paradero y estado de los mismos. Los facultativos que pudieron entrar denunciaron todo tipo de trabas, falta de confidencialidad en la asistencia con los detenidos, incluso trato humillante por parte de los policías. Estimaban, empero, que el contacto con el incomunicado era un valor en sí mismo, que al menos le aportaba cierto apoyo emocional en un momento de máxima soledad y desorientación. La llamada telefónica a la familia sirvió para que estos sobrellevaran mejor el calvario de la falta absoluta de noticias. De la grabación, nuevamente, nadie sabe nada. Pese a todo, los jóvenes alaveses denunciaron insultos, amenazas y golpes durante el trayecto a Madrid, que, como en tantísimos otros casos, no obtendrán reflejo penal o disciplinario contra los agentes que los propinaron. Como mecanismo para prevenir la tortura no funcionó. Nuevamente, esas presuntas medidas del «protocolo Garzón», que no aparecen acreditadas en ningún texto legal o reglamentario, vienen a aplicarse de forma aleatoria, voluntarista, sin ningún tipo de obligatoriedad ni de rigor. Hoy sí, mañana no. Esto hiere de muerte a su efectividad. De hecho, de los seis jueces de instrucción de la Audiencia Nacional, tres se posicionan a favor y tres en contra de aplicarlo. Los medios de comunicación aprietan las tuercas al trío favorable: El Confidencial publica en su página web un artículo, citando fuentes policiales, en el que censura que «Garzón se ha puesto garantista, hasta el punto de hacer observar ciertas 193 La maza 20/4/10 10:16 Página 194 recomendaciones de la ONU […] que otorgan a los sospechosos de actividades terroristas unas prerrogativas que hacen realmente difícil la investigación policial a la hora de obtener información de los detenidos». Tal prerrogativa no es otra que el derecho insoslayable a no ser sometido a tortura. Esa actitud de apología de la tortura y la alabanza a su eficacia para el propósito de mejorar la cuota represiva es, sin duda, el mayor de los obstáculos con los que nos encontramos quienes denunciamos la existencia de esta lacra. Debemos deducir, pues, que el Estado español no tiene ninguna voluntad de adoptar medidas eficaces contra la práctica de la tortura, porque le es rentable. Así, mantienen ante la opinión pública la justificación de la incomunicación, y con ella del tormento, insuflando la vena irracional de la emergencia antiterrorista que lo justifica todo. Paralelamente, al no tener más argumentos frente a aquellos organismos internacionales que les repiten una y otra vez sus recomendaciones, las autoridades asumen a regañadientes abrir espacios de debate sobre medidas de prevención. Hay que rebajar tensión ante dichos organismos. Después, de vuelta a casa, ya llevarán esas medidas a un callejón sin salida. La tortura ante la Audiencia Nacional Lo anteriormente dicho nos deja una cuestión abierta sobre el porqué del empleo de la tortura: ¿es eficaz? Los expertos nos recuerdan que su práctica es una norma de ius cogens, una prohibición imperativa y no sujeta a ningún tipo de modulación o justificación. Los estados del mundo han decidido que la tortura está vedada en toda circunstancia. Además, según la legislación española, es un delito. 194 La maza 20/4/10 10:16 Página 195 Contradictoriamente, vemos que la tortura, conducida de forma experta, como lo hacen al menos las policías que actúan en los cuatro territorios del sur de Euskal Herria, da rendimientos en términos de investigación, aporta elementos para el enjuiciamiento de los delitos que analizamos. Cierto que no es eficaz en términos de búsqueda de la verdad, pero, ¿a quién importa? Ayuda a cumplir el cupo, siempre en ascenso, de procesamientos por los delitos que, casualidad, confrontan al Estado. Al mismo tiempo, destruye a quien se la aplican y genera parálisis en los que pueden estar implicados en estos hechos o en otros. Tiene un efecto disuasorio, envía un mensaje de contundencia, ejemplarizante, un aviso a navegantes. Sí, parece eficaz. Pero para que un hecho delictivo sea utilizado con eficiencia, debe tener un importante aval, una cobertura igualmente eficaz. Esa será la función de la Audiencia Nacional. En primer lugar, no se puede obviar la nula intervención judicial para que se garanticen los derechos fundamentales de las personas detenidas. No olvidemos que estas dependen del juez, ya que están en esas circunstancias de arresto por su autorización y bajo su responsabilidad. Para el juez, incomunicar a un joven supone rellenar un simple formulario. Para el joven es la diferencia entre tener derechos o no tenerlos. Hay tres momentos en que un detenido puede declarar: ante la policía, ante el juez de instrucción –quien realiza la investigación– o ante el tribunal que conduce el juicio –los dos últimos con idéntica sede–. Se deduce fácilmente que la calidad de lo confesado será más dudosa en tanto en cuanto el arrestado tenga menos espacio para declarar en libertad. Y viceversa. Simple lógica. La declaración policial es, pues, de calidad ínfima, y aunque cada vez le están dando mayor valor en el juicio, hasta ahora así lo reconocían los magistrados. Entonces, se desprende que no basta con arrancar la declaración autoinculpatoria o que inculpa a terceros en el interrogatorio policial. 195 La maza 20/4/10 10:16 Página 196 También tiene que llegar a su último destino: el juez. Se buscará que, tras poner la declaración del detenido negro sobre blanco en el atestado policial, esta sea también ratificada ante el juez que instruye el sumario, ya que así su validez como prueba aumenta. ¿Cómo se asegura que el detenido haga suya la declaración más allá de la verja de la comisaría? Apurando al límite el estado de shock en que este se encuentra; por medio del engaño de que, de no repetir la declaración adecuada ante quien la tiene que escuchar de la propia voz del joven, este será devuelto a comisaría; con la amenaza de que, si no lo hace, volverán a encontrarse en la calle. Avalado por el informe forense de que «está en condiciones de declarar», asistido por una maceta con carné de abogado de oficio, el detenido se enfrenta en solitario al juez. El instructor, que redactará el sumario de acusación conforme a los «elementos» que se muestran ante él, prefiere tomar declaración en estas condiciones. Aprovechando las circunstancias de agotamiento, desorientación y miedo, tiene más oportunidades de conseguir jugosas confesiones. Con su actitud apática, el juez cierra así el círculo del tratamiento inhumano en aras de la investigación. Ha pasado el infierno. La suerte está echada. Se puede decir que todos los jueces titulares de los seis Juzgados de Instrucción del tribunal especial han tenido contacto con jóvenes que les han relatado la práctica de la tortura, probablemente por docenas. Sin duda, todos ellos han tenido constancia de primera mano de estados de ansiedad, derrumbamiento de las personas que se sientan frente a su escritorio. Probablemente habrán podido constatar la existencia en sus cuerpos de hematomas y heridas de reciente factura. Tal vez han visto los restos de sangre que ensuciaban su ropa. Ninguna de sus ilustrísimas ha abierto expediente por los hechos delictivos que se les han manifestado, acompañados de las constataciones que han podido efectuar con sus pro196 La maza 20/4/10 10:16 Página 197 pios ojos. Ninguno de ellos ha considerado que estas actuaciones deben ser investigadas, tal y como por algún motivo se ven en la obligación de reclamar organismos internacionales a las autoridades españolas. De haber considerado que los hechos delictivos no eran de su competencia, deberían haber deducido testimonio al tribunal que consideren competente, para que realice la investigación y los enjuicie. Ninguno lo había hecho… hasta que recientemente el juez Santiago Pedraz no ha podido más y ha abierto un expediente. ¿Un caso entre miles? Más agraviante, si cabe. En marzo de 1998, se procedió durante una intensa semana a la detención de trece jóvenes en lugares tan distantes como Barakaldo, Donostia, Atarrabia e Itsasondo. El artífice para estas operaciones espectaculares y aparatosas era nuevamente el inefable juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón. Todos coincidieron en negar ante el juez los hechos por los que se les acusaba y en denunciar el trato recibido por la Policía Nacional. Esta les había obligado, entre presiones y malos tratos, a firmar un relato de hechos. Pusieron en conocimiento del juez haber recibido golpes en la cabeza, en los testículos, uno de ellos sufrió la rotura de un diente y otro mostraba marcas en su espalda. Síntomas de pánico, relatos de amenazas e insultos, presiones sicológicas… Garzón lo vio con sus propios ojos. Pero el campeón de la denuncia de la tortura en otros hemisferios, se mantiene impertérrito, inmutable ante estas declaraciones. Ya había sido culpado por el Tribunal de Estrasburgo por no investigar torturas correspondientes a otros jóvenes, esta vez independentistas catalanes, cuando tuvo conocimiento de los hechos. Es oportuno mencionar la tacha en el currículum de un juez que se siente por encima de lo humano y lo divino. Entra dentro de la lógica de los guardianes del castillo de naipes de la «justicia excepcional», conscientes de su papel, que no exijan que se dilucide si medió tortura para arrancar la declaración inculpatoria. De reconocerse que la hubo, el 197 La maza 20/4/10 10:16 Página 198 sumario estaría viciado de raíz. Y los naipes caerían sobre la mesa. Cara arriba. «No quiero morir», fueron las palabras de Jaime Iribarren, destrozado, ante el juez Bueren. El caso de tortura nunca avanzó en una justicia que, ante ciertos hechos, se muestra autista. Impunidad Una vez que los jueces de la Audiencia Nacional miran para otro lado, será el propio joven, asistido habitualmente por las abogadas de Torturaren Aurkako Taldea (TAT), quien debe interponer denuncia por el delito de torturas del artículo 174 del Código Penal. Los tribunales, esta vez las Audiencia Provinciales ordinarias, las del lugar donde estuvo detenido, inician una carrera contrarreloj ante la denuncia… para desentenderse de ella. Desatienden cualquier petición de los abogados, ahora instituidos en acusación particular, para que se practiquen investigaciones, se tome declaración al demandante, a testigos y a posibles torturadores, se incorporen los informes forenses, etc. No es que los tribunales competentes simplemente fallen en el principio de diligencia, sino que su actitud militante impone todo tipo de trabas a la acción de los demandantes. El caso de Gorka Gómez tuvo cierto interés en este sentido. Según denunció ante el magistrado del Juzgado de Instrucción nº 4 de la Audiencia Nacional, Carlos Divar, cuatro policías encapuchados le habían torturado poco después de ser arrestado por su presunta relación con acciones de lucha urbana. Golpes en la detención, golpes en el coche, golpes en un descampado cercano a Iruñea. Un policía le colocó una pistola en la cabeza y le dijo que lo iban a matar «como a Lasa y Zabala», mientras otros cavaban una fosa. A continuación, los agentes le bajaron los pantalones y le pusieron de 198 La maza 20/4/10 10:16 Página 199 rodillas en el suelo para acercarle a los testículos un aparato que el joven describió como un instrumento que proyectaba rayos azules y producía fuertes descargar eléctricas. Uno de los policías le acercó el pene al ano. Le mearon encima. Pese a que negó los cargos presentados contra él, el juez Carlos Divar decretó su ingreso en prisión. Tras la consabida inacción del juez del Tribunal antiterrorista, sus abogados interpusieron denuncia ante el juzgado competente para investigar el caso. Un informe realizado en el Hospital de Navarra había diagnosticado una policontusión en cabeza, cara, piernas y brazos, por lo que la Audiencia de Iruñea se interesó por el caso. Celebró una vista en la que los agentes reconocieron el uso de la violencia, pero la justificaron en la resistencia que opuso el joven. Ante la imposibilidad de negar los hechos, el ministerio fiscal solicitó un mes de arresto y una multa de mil pesetas por día para dos policías y la absolución de un tercero incluido en la causa. Pero la juez María José Zueco Melero lo tenía más claro: archivó el caso al no encontrar evidencias de delito. Ahí termina el recorrido judicial. También tuvo visos de excepción el recorrido judicial del caso de Asier Arriola, detenido en noviembre de 2005 junto con otras 14 personas que asimismo denunciaron malos tratos. Se incoaron diligencias contra cuatro guardias civiles imputados por torturar al joven vizcaíno. La peculiaridad del caso residía en que el primer informe médico redactado en el Hospital de Basurto no había constancia de heridas, mientras que en los informes diarios del médico forense de la Audiencia Nacional sí se daba cuenta de ellas. Ya no se podía justificar en la violencia necesaria en la detención. Aún así, faltos de otro argumento y acostumbrados a que este cuele, en el inicio de las diligencias de instrucción en un juzgado de Bilbo los agentes indicaron que las marcas eran derivadas de un intento de fuga y de lesiones infligidas por el propio joven. Cabe destacar que Arriola había relatado en su testimonio 199 La maza 20/4/10 10:16 Página 200 que se golpeó en la cabeza para que de esa forma los guardias cesaran en su proceder. Ahí encontró asidero el tribunal. Autolesión. El caso no progresó más. En esta operación también se encontraba la joven bilbaína Amaia Urizar, en cuyo testimonio se narraban hechos como la introducción de una pistola por la vagina. Su caso, dependiente de los juzgados de Madrid, ni siquiera inició el recorrido judicial. El desinterés o desidia, o, más a menudo, la «inactividad activista» de los juzgados sitos fuera de Euskal Herria está más en entredicho que los de aquí. Alguna vez, estos todavía dan sustos a la policía. Este es el motivo por el que los cuerpos que tienen competencia en todo el Estado prefieren conducir inmediatamente a otras comisarías a los jóvenes vascos detenidos. Por eso la Ertzaintza, que no tiene alternativa, está obligada a operar con más cautela. Cierto que en los juzgados sitos en Euskal Herria se han producido más diligencias que en otros para la investigación de los hechos, singularmente que los juzgados madrileños, ante quienes se ha presentado toda una batería de denuncias por haberse producido en aquella ciudad los malos tratos. Aun así, ni allí ni aquí las denuncias han sido suficientes para condenar a los torturadores, evidenciar judicialmente la existencia de la tortura y ofrecer reparación y rehabilitación a quien la ha sufrido. Decíamos que los intitulados «demócratas» aseguran solo tener en cuenta los delitos que son detectados por la justicia. Y la inexistencia de condenas nos conduce, según ellos, a la única conclusión de que la tortura no existe sino en el reino de lo imaginario. Así funciona el estado de derecho. Esa es su grandeza... y su simpleza. Pero hay otra visión alternativa. Que todo el sistema, incluida la Administración de Justicia, esté diseñado para avalar la tortura. Con distintas responsabilidades, pero todos están en el ajo. Unos para darle eficacia. Otros, utilidad. Los de más allá, para dotarle de impunidad. 200 La maza 20/4/10 10:16 Página 201 Los jueces guardan en su bolsillo la llave que cierra el trastero del sistema. Este solo será realmente democrático cuando alguien, de una patada, eche el portón y deje a la vista de todo el mundo la inmundicia que, durante tantos años, se ha ido acumulando. 201 La maza 20/4/10 10:16 Página 202 La maza 20/4/10 10:16 Página 203 la tortura blanca «TORTURA BLANCA» se ha querido expresar la aplicación de un trato cruel o degradante, que se pretende más sutil, que no siempre va vinculado a la violencia física, tangible, y que está más bien enfocado a atacar las resistencias sicológicas de la persona a la que se aplica. Por otro lado, con este término se pretende hacer un deslinde de ese otro tratamiento que acontece durante la detención incomunicada a mano de torturadores profesionales y cuyo efecto es severamente inhumano. Para los organismos internacionales, cualquier violencia ilegítima ejercida por un agente del estado es tortura. No obstante, acostumbrados como estamos a todos los matices de la violencia estatal, aquí tendemos a establecer ciertas categorías. Lo que llamamos «tortura blanca» no ocurre en cuarteles y comisarías, sino que se sustancia en los establecimientos penitenciarios, en las cárceles. Es el destino en el que, una y mil veces repiten todo pelaje de responsables políticos, acabarán los terroristas. Sin distinciones ni matices. Tras haber pasado ya por esos museos de trofeos arrancados en cientos de operativos que son los despachos de los jueces de la Audiencia Nacional, ¿qué tratamiento ofrece el sistema al joven ahora preso? CON EL TÉRMINO 203 La maza 20/4/10 10:16 Página 204 Los recluidos en prisión –presos preventivos antes del juicio, en cumplimiento de condena tal vez después– sufren un tratamiento diferenciado y especializado con respecto al resto de los otros internos de Instituciones Penitenciarias. Se debe a que las imputaciones que han llevado al joven a prisión, a pesar de los intentos de criminalización, tienen un insoslayable perfil político. Como tantos otros entran como «vascos». Continuará siendo «terrorista» durante su estancia en prisión. El tratamiento a que les someten así lo atestigua. Pero ¿cuál es el objetivo de la prisión? El actual ministro de Justicia, Francisco Caamaño, indicaba recientemente: en 1978, los españoles decidimos dotarnos de un marco jurídico político que expresamente proscribe la pena como un fin en sí mismo y que ordena la configuración de un sistema punitivo necesariamente orientado a la reeducación y a la reinserción social, como así proclama el art. 25.2 de nuestra norma suprema. Habla de reeducación y reinserción del preso. Por el contrario, Alfredo Pérez Rubalcaba, titular de Interior, se jactaba hace poco de que «tenemos un sistema penal durísimo: no hay ningún país en Europa que tenga 40 años de prisión efectiva». ¿Cómo casan estas dos manifestaciones? El derecho penal ¿debe servir para resocializar o para machacar al preso?, ¿tras 40 años de pena se favorece su vuelta a la sociedad?, ¿está ya reprogramado? Se plantea, en definitiva, la pregunta sobre el fin que debe tener la pena: ¿para qué se impone un castigo? Detengámonos en esta cuestión. Siempre ha habido una tensión entre dos maneras de ver el sistema penitenciario. Las doctrinas llamadas «retribucionistas» del siglo XVIII consideraban que el delito es un mal, por lo que se castiga con otro mal –la pena– para equilibrar la injusticia que se ha cometido. Intentan justificar desde una posición de superioridad ética que la pena, como fin en sí mismo, compensa el mal que el trasgresor ha generado, apli204 La maza 20/4/10 10:16 Página 205 cando una dosis igual de represión. No importa su regeneración, simplemente hay que darle a probar su misma medicina. Frente a ellos, desde una perspectiva más humana, otros cuestionan esta teoría y dicen que la pena debe tener un fin, una utilidad: prevenir delitos futuros, proteger la mayoría no desviada, pero también procurar el mínimo malestar necesario a los delincuentes. Para estos «utilitaristas», las penas se deberían orientar a la reeducación y a la reinserción social del preso. Pues bien, hoy en día, la experiencia práctica nos dice que esa pretensión de que el castigo tenga alguna utilidad positiva ha fallado estrepitosamente. La aplicación de la pena, tal y como se aplica al colectivo que estudiamos no reeduca, sino que humilla; no rehabilita, sino que busca el arrepentimiento; no reinserta, porque ahora, incluso cumplida la condena, se ponen todos los impedimentos posibles para el acceso a la libertad. Se han abandonado, pues, aquellos principios humanistas, utilitaristas, que pretendían encontrar un fin en la pena. La teoría que sostiene Caamaño ha fracasado estrepitosamente. Y por su parte, la teoría de Rubalcaba se pasa de frenada. No es de aquellos «retribucionistas», porque no se sitúa en una posición de superioridad moral que le permite, como juez sublime ajeno a las partes, buscar el equilibrio perfecto. Rubalcaba es parte, se complace con penas desproporcionadas, propone condiciones de vida inhumanas y, en definitiva, hace bandera de la pena como venganza política. Ha retrocedido al periodo neandertal punitivo. Se vuelve al estado salvaje en el que el preso es el enemigo y debe ser castigado para satisfacer los instintos más bajos: desagravio exigido por las «víctimas», represalia invocada por sus afines organizados en masa, sentimiento de revancha insuflado por los medios de comunicación, quienes airean y amplifican la petición de mano de hierro. En el caso concreto de los jóvenes sentenciados a largas penas por sabotajes de poca entidad, si alguien piensa que un 205 La maza 20/4/10 10:16 Página 206 castigo en estas condiciones va a redimir al preso, que va a hacerle renegar de las motivaciones que le impulsaron, que va a «reprogramarle», está equivocado por completo. Más aún, como veremos en el capítulo siguiente, cuando estos jóvenes son, además, menores. Opinar que el joven estará más integrado y resocializado por haber cumplido la condena más larga y en las peores condiciones, es desconocer absolutamente el ámbito social en que esta persona se ha movido. Con el actual diseño penitenciario, la única sensación que quedará, tanto en el sometido al sistema penitenciario como en sus familiares y amigos, será la de agravio. La de que se le ha utilizado como cabeza de turco para conjurar un problema que, en los actuales parámetros represivos, no tiene solución. Una venganza cruel por medio de un sistema plenamente arbitrario. Sensación de infamia que se traslada también al entorno social y familiar del reo político, que se siente también agredido por la prisión exacerbada. La liberación será el momento de eclosión de sentimientos de injusticia y de adhesión con la persona que ha sufrido ese trato. Este no precisará de reinserción, porque estaba insertado. No precisa resocialización, porque sus relaciones sociales están intactas. Solo queda el regusto a injusticia perpetrada por un sistema rencoroso. Piotr Kropotkin, el príncipe anarquista, protestaba el siglo pasado: «la actitud regular de la sociedad y de la prensa respecto a los detenidos es de indiferencia completa, cuando no de odio: Nunca serán tratados tan mal como se merecen, se leía en periódicos que se las echaban de avanzados». En el caso del preso vasco por motivos políticos, reconocido ya como enemigo del sistema, también se le niega cualquier atisbo de calidad humana. Nos preguntábamos: ¿para qué se impone una pena? Hoy, para la aflicción, para generar dolor en las filas de ciudadanos-enemigos, por venganza política, para hacer sufrir al joven, a su familia, a su entorno y a su pueblo. Ni siquiera su 206 La maza 20/4/10 10:16 Página 207 recuerdo puede ocupar espacio público. La iniciativa de Rodolfo Ares en la Comunidad Autónoma Vasca, inmediatamente importada a la Comunidad Foral Navarra, es implementada con total saña para que la memoria de los prisioneros se circunscriba únicamente al ámbito privado de sus seres queridos. ¿O, en un futuro próximo, también este será un «espacio de impunidad», sometido a represión? Las condiciones de vida Establecer un paquete de medidas penitenciarias que afecte a las condiciones de vida del preso en atención a criterios políticos atenta directamente al derecho de igualdad de todas las personas presas. Es además contrario a la filosofía de la Ley Orgánica 1/1979, de 26 de septiembre, General Penitenciaria y al Conjunto de Principios para la Protección de todas las Personas Sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión de Naciones Unidas. Es una práctica absolutamente discriminatoria, ya se aplique como un beneficio, en atención a los servicios prestados al Estado –se nos ocurrirán varios casos–, ya sea un gravamen por haberse enfrentado a él. Pero en la arbitrariedad, como en un muro de piedra con una tiza, es difícil dibujar una línea recta. El sistema penitenciario español funciona como verdaderos reinos de Taifas. Cada prisión es un ente autónomo donde su director impone la ley del día a día, siendo el ejecutor e intérprete máximo del espíritu del Reglamento Penitenciario. Hecha esa precisión, veamos las actuaciones lesivas de los derechos de los presos políticos vascos, entre ellos los jóvenes acusados por estos hechos que analizamos, en las que centraremos nuestra atención. Hay que mencionar las agresiones a la integridad física de la persona detenida, ataques y palizas, por parte de funcionarios o de presos comunes con la actitud displicente de aquellos. Estos asaltos al preso, tal vez tienen 207 La maza 20/4/10 10:16 Página 208 un carácter puntual, pero se soportan en estado de indefensión del preso deslocalizado. Porque sin duda, las condiciones de vida vienen derivadas de la medida estrella, marco de referencia y que da soporte a todas las vulneraciones de derechos de la persona presa: la política de dispersión. Esta se reconoce por ser el alejamiento premeditado de los presos de sus lugares de origen y de sus espacios naturales afectivos. Pero es además la que facilita otra serie de castigos arbitrarios, tales como el aislamiento prolongado en celdas y módulos especiales. Es la que imposibilita las comunicaciones fluidas con familiares y amigos, además de por la distancia a recorrer para realizar una visita, por las dificultades impuestas por cada centro: cacheos y controles invasivos a preso y familiares antes de entrar en los locutorios, condiciones nefastas de audición, recortes de visitas con los listados reducidos a diez amigos, restricciones de llamadas telefónicas, grabación de todas las conversaciones, imposibilidad de comunicarse en euskera... La política de dispersión entorpece una asistencia médica digna y, por el contrario, favorece la aparición de enfermedades graves y crónicas que, con un seguimiento médico elemental, podrían haber sido prevenidas o diagnosticadas y tratadas oportunamente. Ese bloque de medidas es el que prohibe cursar estudios en la Universidad del País Vasco, incluso para aquellos que ya estaban matriculados antes de ser detenidos. Dicen que esta Universidad tiene abiertas las puertas a estudiantes de todo el mundo… menos a los vascos encarcelados. Por último, disgregar al colectivo de presos políticos por toda la geografía de ambos estados impide el derecho a una tutela judicial efectiva, al obstaculizar a los abogados el preparar la defensa de coimputados que pueden estar a cientos de kilómetros. La dispersión ha servido además para designar un Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria en la Audiencia Nacional, con jueces debidamente amaestrados para conocer las condicio208 La maza 20/4/10 10:16 Página 209 nes de vida y las incidencias dentro de las cárceles para los presos políticos... y decidir en consecuencia. La política de dispersión, aquella que apuntó el PNV y que apuntaló el actual Defensor del Pueblo, Múgica Herzog –aquel que a partir de octubre de 2009 gestiona el Mecanismo para la Prevención de la Tortura–, es la base sobre la que se asienta y desarrolla el tratamiento especializado a las presas y presos políticos vascos, colectivo en el que se integran los jóvenes acusados de practicar la kale borroka. La dispersión o el alejamiento de los presos vascos de sus lugares de origen han provocado que quien entrara y quien salió sea una persona absolutamente distinta… y habitual y lamentablemente no en sentido positivo. El Relator para la Tortura, Theo van Boven, se dio cuenta de esta circunstancia, por lo que recomendaba que «al determinar el lugar de reclusión de los presos del País Vasco, se debería prestar la consideración debida al mantenimiento de las relaciones sociales entre los presos y sus familias, en interés de la familia y de la rehabilitación social del preso». Aquí, la resocialización se apareja con hacer pasar todas las penurias posibles al preso. El EPPK Los jóvenes detenidos, independientemente de la calificación de los hechos que haga el tribunal que los juzga y de la ficción que establezca sobre su «acción terrorista», son sin ningún lugar a dudas presos por motivación política. Considerados así por sí mismos, por el resto de los presos políticos, por sus familiares y por amplios sectores de la sociedad vasca. Tratados desde esa perspectiva por la Administración de Justicia y penitenciaria en el día a día, si bien les niega dicho estatus. No se puede establecer una lectura parcial o particular sobre el tratamiento concreto a estos jóvenes, ya que esta política afecta de igual manera a todos los presos políticos 209 La maza 20/4/10 10:16 Página 210 vascos, hayan pertenecido a ETA, a Segi, a la dirección del diario Egin, hayan participado en la kale borroka o no hayan estado nunca encuadrados en ninguna estructura. Se justificará el tratamiento especializado a este colectivo en razones de seguridad. Se dice que hay que actuar así para evitar la presión del colectivo en la decisión del preso. Es decir, se establece un marco de acción para el tratamiento individualizado. Desde luego que este se ha hecho, pero no en beneficio del recluso. El Estado se ha esforzado para conocer la evolución de la persona encarcelada, con todas las herramientas a su alcance como es la supervisión de la correspondencia, la grabación de las comunicaciones con amigos, con familiares, con abogados. Recientemente se conocía, precisamente por la denuncia hecha por un funcionario de prisiones, la designación de carceleros para conformar unos denominados «Grupos de Control y Seguimiento de Información». Una especie de inteligencia parapolicial que, al margen del régimen y del tratamiento penitenciarios legalmente establecidos, ha de obtener de los internos, con métodos fuera de norma y sin la supervisión judicial que los legitime, «información relevante para la seguridad de la Institución y del Estado». Dependiendo de esa información, se impondrán premios o castigos que afectan a las condiciones de vida del preso. Así, se orquesta una manipulación absoluta sobre lo que piensa o dice este colectivo, como gusta presentar la EITB, de «presos de ETA». Solamente reconocido como un solo cuerpo para hablar de quienes lo abandonan, para sacar a relucir sus contradicciones internas, cuando algún preso hace declaraciones discrepantes. Situaciones bien aireadas en los medios de comunicación tomando como fuentes las siempre interesadas filtraciones de Instituciones Penitenciarias. Para romper con el aislamiento político y con la manipulación informativa, el Colectivo de Presos y Presas Políticas Vascas (EPPK) hizo un llamamiento en junio de 2003 a la ciudadanía vasca para participar en un acto multitudinario bajo el 210 La maza 20/4/10 10:16 Página 211 título «Duintasun testigantzak». Con ello reclamaba ser reconocido un agente sociopolítico más, y ponía en marcha una dinámica de interpelación con asociaciones y partidos políticos vascos por medio de sus interlocutores designados para ello. Miles de personas abarrotaron el velódromo de Donostia en un acto intenso y conmovedor. Varias decenas de ex presos subieron al escenario bajo el lema «Euskal Preso Politikoen Kolektiboa osatzen dugu, zein antolakundean borrokan ari ginen kontutan hartu gabe». Toda una proclama de pluralidad, pero a la vez de sentimiento unitario: «Conformamos el Colectivo de Presos Políticos Vascos sin tener en consideración la organización en la que militábamos». Si alguno de los grandes medios de comunicación tendría la mínima decencia periodística, respetaría en sus emisiones la naturaleza con que un colectivo se ha querido presentar públicamente, en vez de utilizar sobrenombres o subterfugios con el objetivo de despistar a la realidad. Denominar al PSOE socialista y obrero es un insulto a quienes todavía tienen respeto por esos apelativos, y ningún medio de comunicación que se considere serio se atreve a cambiarle el nombre en sus titulares. O a añadirle la coletilla de «autodenominado» al PNV. No, el respeto a esta agrupación no es uno de los activos de los que la prensa pueda estar orgullosa. En este sentido, decíamos que no seremos nosotros quienes hagamos una lectura fragmentaria de ese colectivo. Simplemente, porque las condiciones en las cárceles españolas o francesas a las que se enfrentan sus miembros son idénticas. La solución para todos ellos, será incluyente y definitiva, nunca excluyente o parcial. Los familiares Queremos recordar desde estas páginas el sufrimiento que esta política penitenciaria ha supuesto, junto a todos los demás familiares de presos, para los padres y madres de los 211 La maza 20/4/10 10:16 Página 212 más jóvenes. Apoyémonos en un caso que podríamos calificar de verdadera tragedia en el universo de los familiares: Karmele Solaguren falleció el 6 de diciembre de 2004 en un accidente de tráfico cuando viajaba a la cárcel de Alcalá-Meco para visitar a su hijo Ekain Gerra. El colectivo de familiares Etxerat recordó que entonces era la número 16 de una lista maldita que posteriormente ha contado con nuevos asientos y que, «al ser consecuencia de un política calculada y diseñada, esta muerte también es calculada». La asociación censuró en rueda de prensa «el mutismo» de las instituciones y la clase política. Aquí estamos para denunciar un nuevo asesinato de estado que no merece titulares en los medios de comunicación más importantes. En esta ocasión la muerte ha tocado a la familia Gerra Solaguren: la madre muerta, el padre en una habitación de la UCI en un hospital de Soria y el hijo en un oscuro agujero de Alcalá-Meco. ¿Cómo tenemos que llamarlo? Lo llamamos terrorismo de estado. Las palabras de los familiares surgen de lo más hondo del corazón: No vamos a resignarnos. Amamos la vida, pero no vamos a dejar solos a nuestros hijos. Seguiremos siendo el nexo de unión entre Euskal Herria y nuestros amigos y familiares presos. Ekain Gerra fue trasladado de la cárcel al cementerio de Iruñea, en medio de un amplio dispositivo policial, donde pudo despedirse de su madre. El preso de Barañain, visiblemente emocionado, recibió las muestras de solidaridad y ánimo de las más de mil personas que se acercaron aquel mediodía al cementerio. Unas muestras de apoyo que fueron respondidas por la Policía española con una carga contra la multitud. Con posterioridad, se produjeron enfrentamientos en el barrio de Donibane entre antidisturbios y decenas de 212 La maza 20/4/10 10:16 Página 213 personas que protestaban ante lo ocurrido. «Ni siquiera nos dejan despedirnos de nuestros familiares muertos. La Policía ha venido a provocar», denunciaban. Dos días después se desarrollaba un día de luto en Barañain, con un paro ampliamente respondido. La tragedia familiar no acababa. Poco después de ser puesto en libertad provisional, Ekain Gerra moría en un desafortunado accidente de tráfico. Los representantes de Etxerat habían puesto el dedo en la llaga con un argumento que sintetiza el objetivo de este trabajo: «para ellos, nuestras muertes merecen menos que la quema de un cajero». La piel curtida de los familiares por las penurias de los viajes y los gastos económicos que tienen que afrontar, precisamente para evitar a toda costa que su hijo o hija se queden sin la dosis de ternura que supone la visita, siempre efímera, es fiel reflejo de que la política de dispersión, si bien cruel e inhumana, no ha resultado eficaz en ningún extremo. Muy al contrario, esta experiencia tan dura ha tejido miles de lazos y complicidades inquebrantables en las largas horas de viaje o de espera en el recinto penitenciario. Contradictoriamente, este esquema diseñado para generar frustración y dolor, esta práctica criminal que ha arrancado vidas, hace aflorar las vivencias más íntimas y enternecedoras entre los sentimientos más negativos. Alguna vez, cuando este sistema penitenciario se supere definitivamente y sea pasto de las llamas del pasado, simplemente quedarán en la memoria los momentos intensos vividos entre personas íntegras. Será ese recuerdo el que quede grabado, a fuego, en nuestros corazones. 213 La maza 20/4/10 10:16 Página 214 La maza 20/4/10 10:16 Página 215 menores «terroristas» UN JOVEN FUE CONDENADO por el Juzgado de Menores de Donostia por incidentes producidos en Debabarrena en 1996. Los datos referentes a esa sentencia debían ser confidenciales, atendiendo a que I. A. A era menor de edad. Sin embargo, meses más tarde salta la polémica cuando el redactor de investigación del periódico Egin, Pepe Rei, denuncia que abogados de la Consejería de Interior del gobierno de Gasteiz estaban intentando acceder a estos datos, conculcando la legislación de protección de menores. Los letrados se justificaban en que en la sentencia se recogen «sucesos de indudable trascendencia y repercusión social». Más allá de la flagrante ilegalidad, el interés de Interior reside en que se acusa a cuatro ertzainas de malos tratos y lesiones contra el menor y el objetivo de su indagación es encontrar elementos que lleven al archivo de las diligencias previas 537/96 que, por esos motivos, se incoan en el Juzgado de Eibar. Viéndose interceptados, se justifican diciendo que «estos hechos son de obligada intervención para las fuerzas policiales, de tal manera que conocer la valoración fáctica y jurídica en torno a tales hechos es de primerísimo orden». Y anterior a ese primerísimo orden es que la policía no torture a un menor. 215 La maza 20/4/10 10:16 Página 216 Varios elementos sobre la mesa: kale borroka, policía, actuaciones extralegales de los servicios jurídicos del Departamento de Interior, malos tratos y lesiones, y menores de edad. Un verdadero cóctel molotov, si se permite la expresión. Paralelamente en esas fechas, Ramón Jáuregui, consejero de Justicia, plantea reacondicionar el caserío Mendixola en Aramaio para hacer frente a la demanda de su gobierno PNVPSE de disponer de lugares para el internamiento de menores, marcándose además el reto de que sea uno de los «puntos capitales en la lucha contra la violencia callejera». El Departamento prevé abrir otro centro más para chicas en Andollu, cerca de Gasteiz. Hay una situación de indeterminación sobre si la tramitación de la Ley Vasca del Menor invade las competencias de las diputaciones, cuestión que se pospondrá, ya que el Congreso español todavía no ha discutido la Ley del Menor. Hasta aquel momento, la Ley Penal del Menor preveía que los delitos relacionados con la kale borroka cometidos por jóvenes de 14 a 21 años entrarían en la competencia de los juzgados ordinarios de menores y las penas impuestas se cumplirían en centros especiales, diferentes de las cárceles. Es en seguimiento de esa idea que Jáuregui plantea la necesidad de centros de internamiento, dentro de su ámbito territorial de gestión. Esta situación de incertidumbre legal se resolverá con la Ley Orgánica 7/2000, de 22 de diciembre, reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores en relación con los delitos de terrorismo. Aquella precedida por las declaraciones de José María Aznar: «antes que como menores, hay que tratarlos como terroristas». Ley Orgánica 7/2000: una ley antiterrorista para menores El Parlamento español aprueba la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la Responsabilidad Penal de los 216 La maza 20/4/10 10:16 Página 217 Menores. Sus objetivos estarán siempre «orientados hacia la reeducación de los menores de edad infractores». Sin embargo, se habían dejado en el tintero una cuestión que, según parece, necesitaba ser la excepción a ese principio: la represión contra adolescentes a quienes se imputarán hechos de kale borroka. En efecto, apenas diez meses más tarde de aquella aprobación, se introduce una reforma al albur del continuo endurecimiento de las penas relativas a este fenómeno. La nueva ley tiene un nombre de carrera de fondo: Ley Orgánica 7/2000, de 22 de diciembre, de modificación de la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, Reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores en relación con los delitos de terrorismo. Se mentó la bicha. La justificación en su exposición de motivos es que «los comportamientos terroristas evolucionan y buscan evadir la aplicación de las normas aprovechando los resquicios y las complejidades interpretativas de las mismas cambian»... ¿En un plazo de diez meses? Concretan, para los malpensados, que «no se trata de excepcionar la aplicación de la Ley 5/2000», sino de establecer ciertas «mínimas especialidades». Vale. Debe apuntarse que, al contrario que la precedente, la prioridad de la nueva ley ya no será el interés del menor o la reeducación de este, sino que se juzgue a «los menores responsables de delitos terroristas en las condiciones más adecuadas a la naturaleza de los supuestos que se enjuician y a la trascendencia de los mismos para el conjunto de la sociedad». Lo había dicho Aznar con otras palabras. Así, la nueva ley especial antiterrorista para menores introduce principalmente tres diferencias con respecto a la ordinaria: la dureza de los castigos para hechos que, en otros lugares y contextos diferentes, no excitarían siquiera la reacción penal; la puesta en marcha de un juzgado especial dentro de la Audiencia Nacional para conocer de estos casos; y la aplicación a los jóvenes de 18 a 21 años de las previsiones 217 La maza 20/4/10 10:16 Página 218 antiterroristas para adultos. Si alguna vez Jáuregui había creído que le iban a dejar gestionar en casa una cuestión que era de Estado, había quedado como un verdadero incauto. Los hechos pasan a ser conocidos por el recién instaurado Juzgado Central de Menores de la Audiencia Nacional. Sin embargo, en no pocas ocasiones, los casos de menores serán instruidos por los juzgados habituales del tribunal antiterrorista, quienes decretarán además las medidas cautelares que consideren oportunas. Entre ellas, el ingreso en centros especiales de los que hablaremos después. Un hecho que, sin duda, determinará la vida del adolescente. Decíamos que las penas serán más graves con este sistema que con el ordinario. La parrilla penal será de uno a diez años de internamiento en régimen cerrado para los mayores de dieciséis años y de uno a cinco años de duración para los menores de esa edad. Además, se puede complementar sucesivamente por otra medida de libertad vigilada con asistencia educativa hasta un máximo de otros cinco años. Otra de las previsiones será la de inhabilitación absoluta entre cuatro y quince años por un tiempo superior al de la duración de la medida de internamiento. En definitiva, un joven de 16 años que haya quemado contenedores de basura en el triangulo Tutera-Zalla-Isaba permanecerá en prisión durante 10 años, otros 5 bajo vigilancia e inhabilitado por otros 15. Cuando todo pase, aquel que era un adolescente tendrá 41 años y probablemente no se acuerde ni de lo que hizo. Un padre de Badajoz, Granada o Jaca que haya visto a su hijo envuelto en un hecho de esta índole no puede ni siquiera imaginar que la ley reaccione así. Sombras de inconstitucionalidad Como veíamos, la Ley de Responsabilidad Penal del Menor debería ocupar un lugar destacado en los anales legislativos españoles, entre otros motivos porque fue reformada 218 La maza 20/4/10 10:16 Página 219 antes de que entrara en vigor. Esta ley fue diseñada ad hoc para cubrir las expectativas de la alarma encendida por el gobierno del PP en torno a la kale borroka, inscrita en aquella dinámica general de reformas, siempre a más, que fueron los primeros años de este milenio. Y así continúan. El Gobierno insistía en que sus propuestas no se debían entender como «leyes especiales o medidas excepcionales», sino que simplemente se circunscribían a «mejorar la acción del gobierno ante el fenómeno del terrorismo callejero». Efectivamente, no es nada especial, todo entra dentro de lo habitual. En un primer momento fueron muchos los dirigentes políticos y los portavoces judiciales que advirtieron del riesgo de caer en «sombras de inconstitucionalidad». Así se indicó desde el PSOE, que finalmente hizo causa común con el ejecutivo de José María Aznar para que la reforma saliera adelante con un «gran consenso político». Es notoria la diligencia y pasión con que en esta época el PSOE colabora con el PP en la creación de este estado de excepción, en este caso para los jóvenes, reclamando durante su posterior gobierno la misma actitud del PP, ahora en la oposición. Y en efecto, la apisonadora del gobierno de José María Aznar consiguió ampliar la «legislación antiterrorista» en un plazo de apenas cuatro meses, ya que el ministro de Justicia, Ángel Acebes, presentó la propuesta en septiembre y la reforma estaba aprobada en diciembre. De esta forma, con una plusmarca mundial en velocidad legislativa, entraba en vigor la Ley de Responsabilidad Penal de los Menores. Lo que en sede parlamentaria madrileña se ve fácilmente con buenos ojos, en Euskal Herria se mira con desconfianza. Los efectos que puede tener la ley inquietan a una parte importante del arco político. El 10 de noviembre 2001, Gara editorializaba que «las reformas legales efectuadas en un momento de excitación política y de calentamiento de la opinión pública suelen tener como fin en demasiadas ocasiones 219 La maza 20/4/10 10:16 Página 220 la satisfacción de necesidades políticas y propagandísticas y no la búsqueda de un mayor acercamiento a la equidad y la justicia de una norma que se considera perfeccionable». Prevenía así de que la ley, además de desproporcionada en cuanto a las penas que se han aplicar, es profundamente discriminatoria contra quienes, a partir de este momento, adquirían la categoría de «menores terroristas». El rechazo desde instancias jurídicas a la reforma fue importante. El órgano de gobierno de los jueces –el Consejo General del Poder Judicial, que debe emitir su opinión ante una reforma legislativa– había dado su visto bueno al texto inicial, aquel de la Ley 5/2000. Habían destacado su «talante progresista» y su adecuación a los convenios internacionales que protegen los derechos de los menores. De todos. Ahora el nuevo texto, metido con calzador diez meses más tarde, cambiaba aquel espíritu de pleno a pleno. Ese rechazo no pasó de ser un malestar indisimulado, ya que, tras el llamamiento a filas a los miembros de ese órgano, se mitigan sus críticas a la supuesta inconstitucionalidad de las «medidas excepcionales» incluidas por el legislativo. Pero varios jueces, a título personal, mostrarán su perplejidad con la ley que acaban de aprobar. El magistrado de la Audiencia Nacional, José Ricardo de Podal, advierte visos de «inconstitucionalidad» en la ofensiva jurídica planteada por el gobierno del PP. En opinión del magistrado, la «manipulación del concepto de terrorismo» que se introduce en la nueva ley resulta «peligrosa», ya que se plantea una «interpretación más extensiva y desmesurada» de la definición. Para este juez, criminalizar como conducta terrorista hechos como la lucha urbana o las contramanifestaciones –término de moda en la época– «es excesivo, más que nada por llevar la competencia de estos delitos a la Audiencia Nacional». Al mismo tiempo, señalaba como «injustificable» la pretensión de reducir la edad penal de 18 a 16 años. Esta opinión fue secundada por José Antonio Martín Pallín, magistrado del 220 La maza 20/4/10 10:16 Página 221 Tribunal Supremo para quien la propuesta del Gobierno es «incompatible» con el principio de igualdad y «no puede prosperar en nuestro sistema constitucional». Este juez realmente garantista, al menos para lo que estamos acostumbrados a ver y escuchar de los togados de este tribunal, no se podía imaginar todo lo que acabaría prosperando en su sistema constitucional los años siguientes. Explicó: … lo que no se puede establecer son discriminaciones por razón o por la naturaleza de los hechos delictivos cometidos porque atentaría al principio de igualdad de la ley y llevaría a situaciones tan absurdas y paradójicas como que una persona de 16 años que mate a su padre sea irresponsable porque sea menor de edad y si comete una acción terrorista es responsable penalmente. Y más aún si la presunta «acción terrorista» tiene la entidad de ennegrecer de humo una fachada. El juez de la Audiencia Provincial de Madrid, Joaquín Navarro, eleva la crítica a la incapacidad de los responsables políticos. Alza la voz ante aquellas declaraciones de Aznar que hemos apuntado: La afirmación de que hay que tratar a un menor como terrorista es propia de un terrorista, y además, es convertir al Estado en terrorista. Es una gran barbaridad y propio de un señor que no tiene ni idea de lo que es derecho. Para eso, no merece la pena perder el tiempo haciendo una Ley del Menor. Un menor es siempre un menor, cometa el delito que cometa. Si no, estaríamos atentando contra el principio de igualdad y de racionalidad penal. Pero el paso del dicho al hecho lo da el magistrado juez José María Vázquez Honrubia, titular del Juzgado Central de Menores de la Audiencia Nacional, creado precisamente con esta reforma legal. Interpuso una cuestión de inconstitucio221 La maza 20/4/10 10:16 Página 222 nalidad ante el Tribunal Constitucional por considerar que la ley vulnera el derecho fundamental a la igualdad y el precepto que establece que las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social. Es la primera vez que un juez de la Audiencia Nacional ha planteado una cuestión de inconstitucionalidad contra una norma penal vinculada a la excepcionalidad con la que se abordan en la legislación española los casos de «terrorismo». Analicemos el caso. Esta iniciativa del juez tenía su origen en el juicio contra I. R. R., menor de edad detenido por la Ertzaintza el 8 de marzo de 2001 acusado de un intento de sabotaje contra una oficina de seguros ubicada en Donostia. Desde que esta ley entrara en vigor, se habían seguido dos causas ya en el Juzgado Central de Menores, ambas resueltas por conformidad entre las partes. Era la primera vez que se presentaba contradicción entre la acusación y la defensa en la vista pública, ejerciendo esta el abogado Iñigo Iruin. En el momento de dictar sentencia, el juez considera que los hechos se han probado, por lo que el joven es culpable de los cargos de «terrorismo». El problema está en la estimación de la pena: la ley que se está recién estrenando establece taxativamente que, en caso de comisión de estos delitos tipificados como terrorismo y cuando el menor tenga más de dieciséis años, «el juez impondrá una medida de internamiento en régimen cerrado de uno a ocho años». No puede modular o matizar la condena mas que dentro de esos límites, por lo que se ve obligado a decretar como mínimo un año de prisión contra el menor. Solo podrá suspender la sanción «cuando haya transcurrido al menos la mitad de la duración de la medida de internamiento impuesta». Es decir, con muy buena voluntad, el juez podía rebajar a seis meses. No menos. Sin embargo, el joven imputado había pasado más de un mes en el centro madrileño del Madroño, previo al juicio, donde fue examinado por los equipos técnicos de la propia 222 La maza 20/4/10 10:16 Página 223 fiscalía que informaron «tajante y unánimemente lo radicalmente negativo de un nuevo internamiento» para el joven donostiarra. Hay un principio en la ley ordinaria del menor: las medidas punitivas «no pueden ser represivas, sino preventivo-especiales orientadas a la reinserción» y se deberán establecer teniendo en consideración el «interés superior del menor». Por lo tanto, se le presenta a Vázquez Honrubia un importante dilema: los hechos apuntan a una sentencia condenatoria, pero en caso de dictar esta debe imponer una medida de internamiento que se contradice con el informe de los técnicos y con el principio de «velar por el interés superior del menor». Pero la ley no le permite suspender la ejecución: ¿cómo operar? Callejón sin salida. Resumiendo, el problema presenta tres elementos discriminatorios: la ley obliga en los casos de «terrorismo» al internamiento, lo cual en otros casos se puede sustituir por otras penas (libertad bajo vigilancia, servicios a la comunidad, etc.). En segundo término, la legislación permite que se suspenda «excepcionalmente» la aplicación de las medidas de internamiento, incluso en los supuestos también calificados de «extrema gravedad» –como matar a su propio padre, que decía el magistrado–, pero no para casos de terrorismo. Por último, de haber sido mayor de edad, no hubiera ingresado en prisión por una pena inferior a dos años. La injusticia viene por partida triple. El magistrado interpone un cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional por considerar que esa disposición de la Ley del Menor vulnera dos artículos de la Constitución española: el artículo 14 que fija la igualdad de los ciudadanos ante la ley y el 25.2 referente a que «las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y la reinserción social». Generalmente, cuando se inicia una historia, el narrador debe llegar a un final. Triste o feliz. Sin embargo, más de 223 La maza 20/4/10 10:16 Página 224 nueve años más tarde, el caso no ha sido evacuado por el Tribunal Constitucional. Tal vez tengan el mismo dilema que el magistrado. Tal vez está en el fondo del último cajón, traspapelada como una factura del móvil. Ello no quiere decir que la aplicación de esta ley se deje en suspenso. La presencia de la tortura, por encima de la ley del menor Todo lo que la legislación del menor no toca, se entiende remitido a la legislación de adultos. Incluso la parte del Código Penal que se refiere a la tipificación de delitos derivados de bandas armadas u organizaciones terroristas, o lo referente a la actuación procesal. En efecto, se emplea la incomunicación a los menores detenidos, se les niega la asistencia letrada, se recorta el contacto con sus familias… ¿Supondrá la Ley del Menor un antes y un después en la práctica de la tortura a los jóvenes menores de 18 años? ¿La existencia de un Juzgado propio supone una garantía, una prevención especial para mejorar el trato? Comparemos un caso ocurrido antes y otro después de su entrada en vigor para responder a la pregunta. Iñaki Gurrutxaga, Imanol Gorrotxategi y Urtzi Aira, todos ellos de 17 años, y Aritz Aiestaran e Iker Iñigo, de 16 años de edad, son detenidos en abril de 2000, unos meses antes de la puesta en vigor de la Ley Orgánica 7/2000. A todos se les aplicó el mismo régimen que habilita la legislación antiterrorista a los adultos y relataron torturas escalofriantes a manos de la Ertzaintza. Además, los testimonios de los hernaniarras fueron recogidos en el informe del Relator contra la Tortura, Theo van Boven. El experto de Naciones Unidas recogía que a Gurrutxaga «le habrían dado golpes en la cabeza, en la espalda y empujones contra la pared». En el caso de Gorrotxategi, además de hechos similares, el relator de la ONU indica que el abogado designado de oficio había estado durante la 224 La maza 20/4/10 10:16 Página 225 declaración judicial «de acuerdo con el fiscal cuando este había pedido su ingreso en prisión». Aira sufrió golpes en la cabeza, alguno de ellos de tal magnitud que «habría provocado que se golpeara contra la pared». En la declaración judicial ratificó lo que le habrían hecho declarar en la policial «por miedo a represalias». En cuanto al último caso recogido, el de Aritz Aiestaran, se denuncia en el informe del diplomático la utilización «como escudo» del joven debido a disturbios que se generaron en la calle en el momento de su arresto. En la comisaría le obligaron a desnudarse para cachearle, le obligaban a mirar al suelo y le golpeaban si levantaba la cabeza. El experto holandés concluía su relato indicando que «su solicitud de ser examinado por un médico forense habría sido denegada». Poco después, y una vez entrada en vigor la flamante reforma de la Ley Orgánica 7/2000, son detenidos por la Guardia Civil cuatro jóvenes en Gasteiz, tres de los cuales eran menores. Una vez incomunicados son conducidos a la comisaría del cuerpo policial en Gasteiz. Permanecerán allí dos días, que es el tiempo que transcurre hasta que pasan a disposición judicial. Mientras, no tienen opción de comunicarse con su abogado de confianza, sí por el contrario con sus padres. Sin embargo, esta medida no será suficiente, ya que sufrirán malos tratos por parte del instituto militar desde el momento del arresto tal y como denunciaron ante Juan del Olmo, que actuó como instructor. Presentaban marcas que además precisaron tratamiento médico. La Fiscalía de Menores de la Audiencia Nacional les toma declaración –denominada por la nueva ley «exploración»– en presencia de los padres. El juez de guardia, tras la solicitud del fiscal, les impone como medida cautelar el internamiento en régimen cerrado –comparable a la prisión preventiva– por tiempo de tres meses. Dos de los jóvenes son inmediatamente ingresados en el centro de Internamiento de Primera Acogida del Madroño, 225 La maza 20/4/10 10:16 Página 226 situado en Madrid, a más de 400 kilómetros de su lugar de origen. Eran Urko Arroio y Oier Gómez, de 17 años. Tortura, tribunal especial, prisión preventiva y dispersión, el cuarteto infame para todas las edades. Ante estas circunstancias, organismos antirrepresivos y la asociación Gurasoak no dudaron en considerar que «la filosofía que envuelve la ley del menor no es más que papel mojado». Reprocharon a los diseñadores de esta ley que «ni ampara ni protege a los jóvenes» de la realidad de la tortura. El agravio no termina aquí. Tras ser juzgados en el Juzgado Central de Menores, de los cuatro gasteiztarras, tres son condenados a dos años de internamiento en régimen cerrado y a tres años de libertad vigilada por haber producido daños con un artefacto incendiario de fabricación casera en un vehículo particular. Muy ecuánimemente, se impone la misma pena para todos. Entre ellos está Ibai Martínez de Treviño, al que, al ser mayor de edad, le es conmutada la pena por libertad bajo fianza, en coherente aplicación del artículo 80.1 del Código Penal, por lo que no debió ingresar en prisión. Mientras, Urko y Oier, todavía menores, vuelven al Madroño. Una diferencia de apenas un año va en detrimento de los derechos de los más jóvenes. Botón de muestra de que el régimen de responsabilidad penal que impone la Ley del Menor es más gravoso para ellos que para los adultos. Algo similar sucede con cuatro jóvenes de Oiartzun, detenidos en Errenteria en mayo de 2002, bajo la acusación de terrorismo. Mikel Novoa, Eneko Lasaga, Iban Pikabea e Imanol Sagarzazu fueron acusados por tenencia de sustancias que «son susceptibles de convertirse en artefactos incendiarios» y relataron que se practicó contra ellos diversos malos tratos. Agentes de la Ertzaintza les encañonaban con la pistola mientras les proferían todo tipo de insultos y amenazas. Además, les obligaron a desnudarse por completo y a hacer flexiones. Mikel Novoa, mayor de edad, fue puesto en libertad bajo fianza de 12.000 euros tras comparecer ante el juez 226 La maza 20/4/10 10:16 Página 227 Baltasar Garzón. No obstante, el resto de los arrestados ingresaron en Reiñesco y Madroño por orden del magistrado Juan del Olmo. En aplicación de la legislación especial del menor, irónicamente diseñada en su interés, son privados de libertad al considerar el juez que «reintegrarlos ahora y sin más al entorno social y educacional de origen podría producir efectos nefastos para su futuro». No eran de la misma opinión los sicólogos del Juzgado y de los centros de internamiento, que opinaban que se trataba de jóvenes perfectamente integrados en su entorno y que sería suficiente una libertad vigilada. Es igual: mejor llevarlos al reformatorio a cientos de kilómetros. Pero ¿es que alguien realmente se preocupa a estas alturas por el interés del menor? La reprogramación del menor A partir de la puesta en marcha de esta ley, será un continuo goteo de menores que conocen sus rigores y de los centros donde se ejecutan sus sentencias. Los de Oiartzun y de Gasteiz probarán el régimen de vida del centro del Madroño; Zunbeltz Larrea, Iban Pikabea, Altzibar Valderrama y Adur Fernández conocerán el orden seudomilitar del centro de los Rosales. Los denominan «Centros de Protección Terapéuticos». Las férreas medidas disciplinarias que regulan estos centros, la estigmatización que supone para el menor la etiqueta de «terrorista», el ambiente conflictivo, el choque cultural, la atmósfera de degradación social se respira en estas instituciones. Algo radicalmente opuesto a lo que está acostumbrado el adolescente menor. Añadido a la separación física, a 400 ó 500 kilómetros de su domicilio, hace imposible mantener con argumentos sólidos que este régimen interno obedezca a algo que no sea la pura venganza contra el joven y la función ejemplarizante que el castigo pueda tener en otros. Pero este 227 La maza 20/4/10 10:16 Página 228 es, supuestamente, el contexto en el que se pretende resocializar al menor vasco. De hecho, es práctica habitual de este sistema el control permanente del interno, designándose un tutor que supervise su desarrollo. Estos «vigilantes» realizan evaluaciones constantes de la actitud que mantienen los prisioneros y, en función de esas valoraciones, deciden el régimen de vida al que serán sometidos. Los exámenes frecuentes que les realizan resultan completamente subjetivos, siempre en función del estado de ánimo que tenga el vigilante de turno. Los menores ingresados en estos centros denuncian que se les imponen continuos registros y cacheos, muchas veces desnudos, momento en el que se producen vejaciones y humillaciones. Los responsables de estos centros elaboran listas, clasificaciones con los chavales, de tal manera que aquellos que cumplen con las normas y órdenes acceden a una serie de ventajas de las que otros no disponen. Buscan de esta manera el sometimiento y sumisión de los internos. Oier Gómez relataba así su experiencia personal: «existe una situación de chantaje, te clasifican en una lista y dependiendo de esa clasificación, tienes unos derechos o no». Ponía como ejemplo que «cuando entras no puedes tener un walkman, pero si te portas bien, te permiten utilizarlo. Con este juego de castigos y premios intentan tenerte controlado». Su día a día está programado hasta la asfixia, sin que esté permitido saltarse el guión ni un milímetro: «Te despiertan por la mañana, muy pronto, tienes que hacer la habitación, ducharte obligatoriamente, comer algo, porque si no comes también te castigan, y luego hacer las actividades que te asignan». Con la explicación del joven gasteiztarra inevitablemente te asalta la imagen del entrenamiento en el campo de marines de la famosa película de Stanley Kubrick Full metal jacket: «es tal la arbitrariedad de su actuación y el poder que tienen, que te pueden mandar que hagas un número deter228 La maza 20/4/10 10:16 Página 229 minado de flexiones, o dar no sé cuántas vueltas al patio, y si no lo consigues, te castigan». Los profesionales que controlan a los internos preventivos son otro aspecto que se ha de valorar, y un punto que los padres han subrayado en más de una ocasión. Los informes de los sicólogos y la opinión de los educadores sociales tienen un gran impacto en la idea que se vaya a formar el juez a la hora de enjuiciar los hechos y decidir el castigo que impone. Y estos profesionales funcionan con una idea preconcebida y un absoluto desconocimiento sobre la realidad social y cultural en que viven los jóvenes y sus familias. Los padres no saben a qué atenerse, deben andar con pies de plomo. Protestan por «los interrogatorios a que nos someten, tanto a nuestros hijos como a nosotros. Pueden durar varias horas y son muy peligrosos, porque lo que para ti son valores positivos para ellos pueden resultar todo lo contrario». Y de su informe se desprenderán las condiciones de vida de su hijo en el centro o la decisión que pueda adoptar el juez sobre su futuro. Es la miseria de pretender evaluar una cultura, una realidad social, unos valores con ojos extranjeros y llenos de prejuicios... y perjuicios, para los menores. Hizkuntz Eskubideen Behatokia y Abokatu Euskaldunen Sindikatua enfrentaron también la aplicación de esta ley especial desde otra vertiente: su artículo 17 contempla que «las autoridades y funcionarios que intervengan en la detención de un menor deberán practicarla en la forma que menos perjudique a este, y estarán obligados a informarle en un lenguaje claro y comprensible». Esta situación no se corresponde con aquellos menores que tienen el euskara como lengua principal. Qué decir de quienes son encerrados a cientos de kilómetros de Euskal Herria entre profesionales cuya opinión sobre la cultura y el sistema de educación vasco se ha formado, exclusivamente, sobre los improperios que han leído en su prensa local. En un estudio de ambos organismos, constataban que los derechos lingüísticos de los menores de edad 229 La maza 20/4/10 10:16 Página 230 –un segmento de población que requiere especial protección– no son respetados. En lo referido al régimen de visitas, los familiares que acuden a comunicar con el menor denuncian que es más duro incluso que una prisión normal. A cada visita solo pueden acudir dos personas como máximo, y uno de ellos siempre ha de ser el padre o la madre del preso. Al estar fundado en la prioridad de apartar al menor de su «entorno» afectivo, familiar, social y cultural, el establecimiento está diseñado para ser impermeable al menor soplo de aire fresco que provenga del exterior. Una madre denunciaba: «es un régimen de cárcel de alta seguridad». Traigamos aquí el suceso, anecdótico si se toma individualmente, pero botón de muestra de la filosofía que inspira el régimen de vida de estos centros. Oier y Urko, los dos jóvenes gasteiztarras encarcelados en el Madroño, no querían comerse el membrillo de postre. No les gustaba y preferían ofrecérselo a sus compañeros. Ante semejante acto de rebeldía, la educadora abre un procedimiento administrativo sancionador porque «su actitud es de clara oposición a acatar la normativa», lo que se considera punible. Los sancionados, en ese momento ya mayores de edad, recurren el expediente alegando que son suficientemente maduros y con capacidad de discernimiento suficiente como para decidir lo que quieren o no comer. El asunto pasa al Juzgado Central de Menores de la Audiencia Nacional, incoándose procedimiento ante el tribunal excepcional. Surrealista. La fiscalía emitió un informe considerando que «lo que pretenden es plantar cara al centro sin la más mínima justificación… como elemento de confrontación y rebeldía frente a las reglas establecidas». El expediente acaba en manos del juez, que reconoce que «el hecho motivador de la sanción y aún esta misma, merece la categoría de insólito teniendo en cuenta la edad ya no infantil de los recurrentes presuntamente implicados en un delito de terro230 La maza 20/4/10 10:16 Página 231 rismo». A pesar de todo, mantiene la sanción porque tienen que cumplir las normas del centro. Disciplina democrática versus membrillo terrorista. La gran pugna, el estado de derecho se tambalea. Llegaron a acumular 44 «sanciones graves» por hechos tan subversivos como «comer la carne en bocadillo» o «hablar sobre sexo en el comedor». Todo el mundo sabe que, en la España eterna, de sexo solo se habla en la intimidad de la alcoba. Debido a esas sanciones se les prohibieron visitas. También para Zunbeltz Larrea, Altzibar Valderrama y Adur Fernández la presión se hacía insoportable. Enviaron una carta al juez de vigilancia penitenciaria denunciando que en los últimos meses se les estaba requisando prendas de vestir como camisetas, pantalones e incluso calzoncillos, por el simple hecho de que mostraban lemas como «independentzia», «askatasuna», «euskal presoak euskal herrira». Para ello, solicitaban al juez que interviniera ante la dirección, porque el centro no tenía «ninguna intención de resolver el problema». Los vizcaínos preguntaban en su escrito «si, acaso es delito vestir prendas que reivindiquen algo tan legítimo», a lo que añadían: «no sabemos si es que simplemente nos quieren fastidiar, pero está claro que derechos tan básicos como la libertad de expresión o de libre pensamiento se nos están vulnerando». En un auto fechado el 16 de septiembre de 2003, el titular del Juzgado Central de Menores –el juez Vázquez Honrubia, aquel que veíamos que no tenía ninguna prisa por conocer si la ley que aplica se ajusta a la Constitución– desestimó la reclamación de los tres prisioneros vascos argumentando que esas ropas «suponen implícitamente una apología de la violencia y de la organización terrorista ETA», considerando que la actitud de la dirección de los Rosales era adecuada. Un preso no puede reclamar libertad en sus ropas. De aquí al uniforme naranja, va un paso. Con este ambiente, no es de extrañar que, tiempo más tarde, Oier Gómez compareciera ante los medios de comuni231 La maza 20/4/10 10:16 Página 232 cación en Gasteiz para declarar que había decidido quebrantar la medida de internamiento en el Centro de Menores de Madroño, adonde tenía que haber regresado tras un permiso de fin de semana. El joven justificaba su decisión en que «han jugado con nosotros». Durante el juicio, las partes habían alcanzado un acuerdo: los inculpados reconocían su participación en los hechos y el ministerio fiscal reduciría su petición desde los tres años de internamiento solicitados inicialmente por «delito de terrorismo» hasta una pena final de dos años, además de otros tres en situación de «libertad vigilada» y cuatro años de inhabilitación: nueve años de sambenito. El abogado del joven, Txema Matanzas, explicó que «el fiscal se comprometió a que, transcurrido un año, si el comportamiento de los chavales evolucionaba, estaba dispuesto a sustituir la medida de internamiento por una de libertad vigilada». Ya hemos hablado antes de la posibilidad de establecer medidas alternativas una vez transcurrida la mitad del ingreso en el centro. El equipo técnico del Madroño se mostró a favor de la sustitución de la medida de internamiento por la libertad vigilada. Pero el fiscal, variando su planteamiento inicial, consideró que no era oportuna su aplicación inmediata, sino que debía estar precedida por un «período de aclimatación» durante el cual podría disfrutar de permisos de fin de semana. El joven trasgresor fue detenido. Tras ser ingresado de vuelta en el centro fue castigado a cumplir íntegramente los dos años impuestos. En una entrevista realizada a Gara tras su liberación, en octubre del 2004, Oier explicaba los porqués de evitar, a cualquier precio, volver a aquel agujero: «nos quitan completamente la intimidad, nos controlan con cámaras, nos evalúan constantemente... por decirlo de alguna manera, pretenden reprogramarnos». Recientemente Amnistía Internacional ha hecho público un informe con un título sugerente: «Si vuelvo, ¡me mato!». En dicho informe, la organización humanitaria denuncia que 232 La maza 20/4/10 10:16 Página 233 en estos establecimientos los menores pueden ser «víctimas de abusos sexuales, malos tratos, tratamiento cruel y degradante, ser encerrados en celdas de aislamiento, atados, amordazados, medicados sin diligencia y en contra de su voluntad». Todo, con «total impunidad», porque su existencia y su realidad son «invisibles». Los que además son internados por sus convicciones denuncian que «pretenden reprogramarnos». Todo vale para reformatear el disco duro de jóvenes que no son compatibles con el software impuesto desde Madrid. Las Naciones Unidas también opinan UNICEF, la Agencia de Naciones Unidas que tiene como objetivo garantizar el cumplimiento de los derechos de la infancia, ya se había posicionado contra la legislación del menor, reclamando «una eventual modificación de la Ley de Responsabilidad Penal del Menor para garantizar la naturaleza educativa y no sancionadora». Ponía en duda, pues, los verdaderos objetivos de la ley, contradiciendo los fundamentos en la que esta, presuntamente, se inspiraba. El juez de Menores de Gasteiz, Jaime Tapia, declaraba que la nueva legislación de menores «no se ajusta a los tratados internacionales, como la Convención de los Derechos del Niño, ya que contempla unas medidas especiales para estos jóvenes». Habría que acudir a las Naciones Unidas para comprobar si realmente la ley está en contradicción con esta Convención. Gurasoak y Euskal Herriko Giza Eskubideen Behatokia prepararon un informe para pulsar la opinión del organismo que vela por el cumplimiento de los compromisos que los estados, entre ellos el español, han ratificado en materia de menores: el Comité de Derechos del Niño. En el informe se exponían, por supuesto en un tono más técnico, los extremos 233 La maza 20/4/10 10:16 Página 234 aquí apuntados. Los expertos que conforman el Comité celebraron una sesión en junio de 2002 en la que evaluaban el grado de concordancia entre la práctica española con los contenidos de la Convención de los Derechos del Niño. Sentada frente a ellos una delegación del Gobierno español, el examen se alargó por dos días. En su informe final, con número de registro CRC/C/15/ Add.185, y publicado para el conocimiento de todos los estados y organismos que componen el sistema de Naciones Unidas, el Comité exigía al Reino de España que derogara las previsiones antiterroristas de la legislación del menor. Textualmente, recomendaba que se «adecue el periodo de custodia policial para menores acusados de terrorismo a las disposiciones establecidas en la ley 5/2000 sobre responsabilidad penal, y revise la duración de las condenas a menores acusados de terrorismo». ¡Diana! El alto comité pide en definitiva que se retire la Ley especial antiterrorista 7/2000 que parasita el régimen ordinario de responsabilidad penal del menor. Además, en cuanto a las condiciones de internamiento, el Comité expresaba su preocupación «por el hecho de que la privación de libertad no se use como último recurso –como establece la legislación internacional– y, en algunos casos, los centros de detención estén saturados». Segundo dardo en el objetivo. Sin embargo, el Estado español no aplicará ni una sola de las recomendaciones apuntadas. Pasados ocho años desde la entrada en vigor de la ley reformada, habría que preguntar a quienes la impulsaron si han observado alguna incidencia positiva en el tratamiento de los jóvenes. Parece difícil sostener que así haya sido. Nuevamente, la todopoderosa estrategia antiterrorista deja a España otra asignatura pendiente con la comunidad internacional. En este caso, en una cuestión tan sensible como el tratamiento que dispensa a los menores. 234 La maza 20/4/10 10:16 Página 235 gurasoak lanean, organizando la solidaridad EN OTRAS LATITUDES Y CONTEXTOS, salvando las distancias y la gravedad de los hechos, madres y padres se han lanzado a la calle para reclamar los derechos de sus hijas e hijos. En Argentina, las madres de los desaparecidos durante la dictadura de Videla comenzaron a darse cita en la plaza de Mayo, primero para encontrar cobijo y protección en otras que estaban pasando el mismo calvario. Después, comenzaron a marchar para reclamar noticias de sus hijos. Más tarde, justicia para sus asesinos. Por último, armadas con sus pañuelos blancos y reivindicando la militancia pacífica, decían que se identificaban sin hipocresías con la lucha, muchas veces con las armas en la mano, que habían emprendido sus hijos e hijas. Ellas y ellos les habían mostrado el camino. Las Madres de la Plaza de Mayo reconocían haber sido «paridas por sus hijos». Su corazón solidario es tan, pero tan grande, que lo creen capaz de atravesar los gruesos muros de una cárcel. En la parte opuesta del mundo, las Madres del Sábado en Turquía, organizan también sus vigilias ese día, cada semana, para reclamar a las autoridades respeto a sus hijos presos. En Irlanda los familiares de presos republicanos eran pilar básico de apoyo a los huelguistas. En otras decenas de conflictos, 235 La maza 20/4/10 10:16 Página 236 padres, madres, familiares, amigos han tenido que alzar su voz. Solidaridad. Acción de mostrarse conforme con la actitud o acción de otros y estar dispuesto a participar en las consecuencias. Relacionado con el término «sólido» en el sentido de contraer compromisos in solidum. Solidarizarse y solidificarse sugieren equivalencias. Los primeros encuentros, informales, se habían producido en el año 1995. Madres y padres vascos, preocupados por el tratamiento que se dispensaba a sus vástagos a quienes se vinculaban a acciones de kale borroka, buscaban complicidad unos con otros. Les unía, además del cariño a sus chavales, la impotencia, la sensación de ser relegados por autoridades y medios de comunicación a simples convidados de piedra, mientras se llevaban a sus hijos y pisoteaban sus derechos. De hecho, llevaban ya unos años sufriendo en silencio, individualmente, el calvario de ser ignorados, apartados, ninguneados. Apestados por ponerse del lado de quienes se ha decidido ya que pagarán cara la osadía de retar la autoridad del Estado. El primer paso lo dieron a principios de 1996 progenitores de ocho jóvenes que se vieron envueltos en la oleada de detenciones que siguió al incendio de un concesionario de la Renault en Burlata. Llovía sobre mojado: la reacción policial recordaba a las detenciones de 1994 en Berriozar, en aquel caso con el componente de la tortura a manos de la Guardia Civil denunciada por los arrestados. Un precedente aterrador. Ahora, padres y madres angustiados por la campaña orquestada contra sus hijos por la presunta «alarma social» que generaban los hechos, ven la necesidad de reaccionar. Protestaban porque «las agresiones llegan de muchos frentes» y reclamaban «un poco de sensibilidad». Aquellos primeros padres pronto encontraron compañeros de viaje al ser arrestados otros nueve jóvenes más en las fiestas de la Txantrea, bajo la acusación de desórdenes públicos y atentado a la autoridad. 236 La maza 20/4/10 10:16 Página 237 Y es que las fiestas de 1996 de la Txantrea se convertirían en la pesadilla siniestra que cantaba Barricada. Según la comisión de fiestas, «fue la más brutal intervención policial que recordamos desde la triste ocupación de 1978». La historia se repetía. Los organizadores protestaban: «no es de recibo entrar a saco en un recinto donde miles de personas se estaban divirtiendo, entrar por las calles disparando a todo lo que se movía o utilizar un helicóptero una vez acabados los incidentes. Parece ser que tenían ganas y se explayaron». A los hechos sigue el baile de números: mientras la Comisión de Fiestas y la Asamblea de Colectivos del barrio iruindarra calculaban que los jóvenes que habían participado en los enfrentamientos habían sido 50, la Delegación del Gobierno aseguraba que habían sido 500. Semejante bancada de sospechosos abría las puertas de la comisaría de par en par para rellenarla con los chavales de la comarca. La Asamblea consideró que esta afirmación «intenta quitar la responsabilidad de donde está: la cabeza de la Delegación del Gobierno». Txantrea, según el mítico grupo de rock, «eres la culpable de querer vivir en paz». Empezando a marchar Había que hacer algo. El 13 de noviembre de 1996 es remitido a diferentes medios de comunicación un artículo de opinión en castellano y euskera firmado por Javier García Charela en nombre de un colectivo que se define como «Familiares de jóvenes detenidos y represaliados - Gurasoak». El artículo lleva por título «Poterea izan eta erabili egiten dutelako, ez dute lotsarik / Porque tienen el poder y abusan de él, no tienen vergüenza». Han convocado ya una primera asamblea informativa «para tratar de la problemática que genera en las familias la represión policial en su vertiente de acoso o agresión sobre 237 La maza 20/4/10 10:16 Página 238 nuestros hijos e hijas». Por ello, se cita a «los padres y madres que de una u otra forma puedan verse inmersos en este tipo de hechos». Algún día más tarde, en una nota de prensa se denuncia el caso de los jóvenes Alberto Pío y Jesús María del Ollo en estos términos: … ha servido para que el ministro de Interior, Mayor Oreja, saltándose toda presunción de inocencia y haciendo gala de la manipulación más descarada, dé cobertura a su acción represiva, causando daño físico y moral a estos jóvenes y sus familiares y que debemos denunciar, más si cabe, cuando han quedado en libertad sin cargos. Apuntan uno de los elementos que será su bandera en estos primeros pasos: la presunción de inocencia, el derecho básico de toda persona a ser tratado como inocente hasta que, en un juicio con todas las garantías, se demuestre lo contrario. La facilidad con que responsables políticos y medios de comunicación adjudican culpabilidades gratuitas a sus hijos, sin duda, solivianta el ánimo de los progenitores. Cargados de razones, lanzan su primera convocatoria pública: un llamamiento a «todos los padres y madres que ven en el caso el reflejo de la represión que se ejerce día a día en sus hijos e hijas» a participar en una concentración frente al Gobierno Civil de Iruñea. Gurasoak se ha puesto en marcha. Los padres y madres de otros herrialdes, por contagio y simpatía con una fórmula que está dando resultados en Nafarroa, se organizan incipientemente para hacer frente a situaciones similares en sus propios territorios. En Gasteiz había surgido una Plataforma de Apoyo a la Juventud con motivo del juicio que se celebró en julio de 1996 en la Audiencia Nacional contra nueve gasteiztarras. Si bien el grupo no estaba conformado únicamente por padres, su objetivo coincidía en «dar a conocer a la sociedad alavesa 238 La maza 20/4/10 10:16 Página 239 el verdadero sentido de estos juicios» contra los jóvenes, en los que el fiscal lanzaba una durísima acusación por pertenencia a «grupos Y». La plataforma consideraba a los imputados «cabezas de turco de una política criminalizadora de la juventud más combativa de Gasteiz». Unos meses más tarde, una asociación similar a la que se había gestado en Nafarroa aparecía en Bizkaia bajo el nombre de «Gurasoak Kalean», centrando su trabajo en la «defensa de los derechos de los jóvenes, contra las agresiones, detenciones indiscriminadas y encarcelamientos que vienen sufriendo». En un comunicado hecho público el 11 de diciembre de 1996, la nueva agrupación afirma que «la solución policial lo único que hace es alargar el dolor y sufrimiento a este pueblo». Más tarde, una treintena de representantes de familias de Bilbo, Basauri y Barakaldo se presentan en prensa con el fin de denunciar la criminalización de los jóvenes acusados de delitos de kale borroka «antes de ser juzgados y condenados» y para defender sus derechos. En junio de 1998 se presenta en Oiartzun en rueda de prensa la asociación «Gurasoak Saiatzen», denunciando el «acoso a que son sometidos muchos de los jóvenes después de haber sido detenidos, encarcelados y puestos en libertad, mediante la obligación de personarse en comisaría para firmar, identificaciones callejeras, amenazas, cacheos y detenciones arbitrarias». Jose Antonio Goiena es entrevistado en Egin el 8 de abril de 1997 en referencia a la captura de su hijo Koldo Goiena junto con otros siete jóvenes de Iruñerria. El título de la pieza es esclarecedor: «Queremos enraizar Gurasoak en toda Euskal Herria». La espiral que policías, políticos y medios de comunicación han ideado en torno a las detenciones de jóvenes vascos se traduce en un círculo cerrado de acusación, encarcelamiento, cobertura y aval. Y es necesario luchar contra todo esto de una manera 239 La maza 20/4/10 10:16 Página 240 global, teniendo en cuenta que la problemática es la misma en todos los sitios. Sobre el tapete, un importante reto: extender lo que al principio no era sino un pañuelo, a todos los rincones de Euskal Herria. Para entonces, la asociación «Gurasoak Lanean» ya se había constituido oficialmente en Nafarroa. El acta de constitución está firmada por Javier Garcia, Soledad Vales, Petra Vales, Elvira Romero, Ana Urtasun, Jose Miguel Olza, Jose Antonio Goiena, Javier Ayensa, Javier Vilares, Koldo Begiristain y Mikel Vázquez. Poco después, el Director General de Interior del Gobierno de Navarra inscribía la organización en el Registro Foral de asociaciones. La presencia de estos padres y madres en las calles, en los medios de comunicación, en intervenciones e interpelaciones a instituciones y organismos políticos se estaba convirtiendo en algo habitual. La represión empezaba a encontrar un muro de respuesta y solidaridad. Habían empezado a marchar. Las madres argentinas daban vueltas a la plaza de Mayo; los ajenos lo denominaban rondar. A ellas no les gustaba el término. Preferían considerar que marchaban. Pensaban que, en su caminar, iban hacia algún sitio. Las inquietudes de Gurasoak Al registrar los estatutos, se consignan también los fines que persigue la asociación. 1. La denuncia de cualquier vulneración de los derechos humanos de la juventud. 2. La defensa de un tratamiento digno e igualitario para la juventud en los aspectos policiales, judiciales, políticos, informativos, sociales, etc. 240 La maza 20/4/10 10:16 Página 241 3. La ayuda tanto a jóvenes detenidos, encarcelados, juzgados, etc., como a sus familiares en lo que respecta a la superación de las secuelas sicológicas, sociales y económicas que arrastra este tipo de situaciones. 4. La propagación en instituciones, partidos políticos, sindicatos, centros de enseñanza, organismos, etc., de la problemática de la juventud y de las consecuencias que esta problemática está generando en nuestros jóvenes. 5. El apoyo e impulso a cuantas iniciativas surjan para la apertura de vías de diálogo con la juventud en la búsqueda de soluciones a los conflictos generados. En su catálogo no reclaman nada que no sea un trato escrupulosamente legal y basado en las garantías de un sistema democrático. Sin duda, tienen más apego por el estado de derecho que quienes lo gestionan. En ese primer momento, la línea de trabajo que quieren transmitir a la sociedad tiene dos direcciones: mostrar el doble rasero en la reacción estatal ante hechos que, ciertamente, son delictivos y el tratamiento deshumanizado que se dispensa a los jóvenes. En referencia a ese primer eje, los padres y madres tiran de los ejemplos que tienen más a mano. Comparan el tratamiento que reciben políticos o miembros de las fuerzas de seguridad del Estado implicados en hechos delictivos de otro carácter, pero que tienen un importante impacto en la sociedad, y el de sus hijos. Subrayan la doble vara de medir en la acusación y denuncian la manipulación mediática a que se somete a sus chavales y el juicio paralelo resultante. Mientras que a los que se deben al Estado son protegidos por la más escrupulosa «presunción de inocencia», quienes se oponen a él reciben invariablemente la «certeza de culpabilidad». Era la época en que se estaba destapando el GAL, cuando aparecían las tramas oscuras del CESID, era tiempo de malversaciones de fondos, de señores X, de implicaciones de ministros de Interior en la guerra sucia y terrorismo de estado. Recordemos los famosos –y bochornosos– sumarios de co241 La maza 20/4/10 10:16 Página 242 rrupción en Nafarroa. En el «Caso Urralburu», también conocido como la «trama navarra del Caso Roldan», se destaparon delitos de malversación de fondos y cobro de comisiones millonarias a empresas constructoras en la adjudicación de obras públicas. Gabriel Urralburu, ex presidente navarro, quien llamaba a «increpar, insultar y escupir por la calle» a las gentes de la izquierda abertzale, y paradójicamente licenciado en Ciencias Teológicas y Morales, fue condenado por delitos de corrupción, junto a Antonio Aragón, su consejero de Obras Públicas. Poco después era detenido el ex director de la Guardia Civil Luis Roldán en el aeropuerto de Bangkok (Tailandia) y condenado a 31 años de cárcel por varios delitos de corrupción. El entonces presidente navarro, Javier Otano, también fue implicado y juzgado, aunque finalmente absuelto ¡por prescripción del delito! En esa época de ladrones de guante blanco y terroristas de estado de capucha negra, el PSOE clamaba por el respeto a la presunción de inocencia y hacía llamamientos a respetar el trabajo de los tribunales. Mientras, en referencia a los más jóvenes, reclamaban a los tribunales contundencia, toda vez que había quórum en que todos los detenidos eran culpables. Ciertamente, la comparación en el trato de unos y de otros, la dimensión del agujero en las arcas públicas que suponía el desfalco de unos y los nimios daños a la propiedad de otros, el desequilibrio entre las responsabilidades asumidas ante la sociedad por cargos institucionales y jóvenes anónimos, el cotejo de la ética política... hacía daño en los ojos. Ojos que se posaban sobre los periódicos y se irritaban por el agravio comparativo en un Estado que proclama la igualdad de trato. Para los padres y madres era la forma más clara y directa de poner en evidencia a un sistema que, prescindiendo de inoportunas garantías formales, mostraba su faz más cínica. En estos términos se expresaba la recién establecida asociación: 242 La maza 20/4/10 10:16 Página 243 Nota de prensa, 31 de mayo de 1996 Familiares de los jóvenes detenidos estos últimos meses en Nafarroa queremos denunciar la represión y manipulación a que viene sometida una gran parte de la juventud e invitar a políticos, sociólogos y medios de comunicación del poder a que analicen, no el fenómeno de la violencia juvenil, sino ese otro FENOMENO DE VIOLENCIA (con mayúsculas) que se organiza en los despachos y se nos aplica al pueblo. Casos como los de Roldán, Urralburu, Aragón, Vera, Corcuera, Barrionuevo, Mariano Rubio, Mario Conde, De la Rosa, FILESA, PSV, Comisiones AVE, Huarte, Prado y Colón de Carvajal, ex delegados de Gobierno en Nafarroa, caso BOE, pago a empresarios en la lucha anti ETA en Navarra, Manglano, Perote, CESID, casos máquinas tragaperras, Pascual Estevil, etc., etc.; lejos de ser casos aislados como se nos quiere hacer ver, forman parte de un entramado que dice muy poco del estado de Derecho al que se quiere someter a gentes jóvenes y no tan jóvenes de este pueblo. El segundo eje de trabajo que se marca Gurasoak se referirá a la «terapia» que estos jóvenes están recibiendo de las fuerzas policiales. Saldrán a la palestra para denunciar seguimientos, persecuciones, propuestas irregulares de colaboración o intimidaciones. Interpondrán cientos de denuncias por acoso, coacciones, amenazas, detenciones ilegales. Los testimonios de torturas y malos tratos que ellos, amas y aitas, habían conocido de boca de sus chavales, se convertirán en ariete de Gurasoak. Con él golpean la puerta de quienes con verbo hipócrita condenan una violencia. Se enfrentan a ellos, cara a cara, en el terreno del respeto de los derechos más básicos de la persona. Así, apuntan hacia la legislación especial antiterrorista como crisol de todas las desgracias. Señalan la aplicación de la detención incomunicada, la que cercena los derechos más elementales del detenido. En lo que a ellos afecta, el derecho a saber de su hijo, dónde y en qué estado se encuentra. No puede ser de otra manera: hacen bandera de su propio calvario. 243 La maza 20/4/10 10:16 Página 244 Si bien al principio los jóvenes pasaban un par de días bajo incomunicación, los progenitores constatan que el periodo autorizado desde la Audiencia Nacional se estaba apurando hasta el límite legal de los cinco días. ¿Es necesario tanto tiempo para organizar la investigación policial y ponerla en manos de los jueces de instrucción? ¿O se pretende algo más en ese período y en esas circunstancias? Ya lo sabemos. Denuncian la actuación, asimismo, de los abogados de oficio, que se presentan en el último instante ante el policía que apunta la declaración que previamente ha obligado a aprender al chaval. Saben que su consejo jurídico vale cero, su asistencia en términos garantistas es nula y que, por el contrario, su presencia solo sirve para legitimar la pantomima que es la toma de declaración. En algunos casos se ha conocido que el abogado designado por el Estado se opone a ser identificado por el detenido, o prefiere situarse tras él para salvaguardar su identidad. Este frente de indefensión y desamparo tendrá espacio en las denuncias públicas de los padres. También subrayarán la deficiencia en la actuación de los médicos forenses dependientes de la Administración de Justicia: actitud prepotente, desidia profesional, calidad nefasta de sus informes. Organismos internacionales denunciaban la falta de un formulario estándar que ayude a redactar estos informes para, al menos, evitar que los despachen con tres garabatos apresurados. Pero es que las conclusiones de estos profesionales de la salud han puesto en jaque, no pocas veces, al sentido común: en el primer informe de Egoitz Coto no se había encontrado ninguna lesión, todo era normal en la segunda revisión. A la tercera, el médico acreditado por el Estado indicaba por fin que «mejora de sus heridas». ¿De cuáles, si no las había detectado antes? Incluso en los casos en que se ha dado traslado al detenido para ser asistido en algún centro hospitalario, los padres harán lo imposible por estar allí. Estos casos no son rutina. Algo grave ha pasado. Entonces se topan con la tozudez con 244 La maza 20/4/10 10:16 Página 245 que la policía impide ningún contacto con el detenido. Ellos sí que estarán presentes, uniformados, en el momento de la asistencia del médico. Los padres saben que esta actitud coarta la libertad del joven sometido a custodia policial, ahora paciente, para explicar a su médico el motivo real de las heridas o hematomas, ataques de ansiedad, dolor en el pecho, imposibilidad de tomar aire… que obligó su traslado al hospital. Así, con la denuncia de lo que consideran más evidente, de lo que se muestra ante sus ojos sin entrar en otras consideraciones, comienzan de forma improvisada pero efectiva a hacerse un hueco en el espacio asociativo y comunicativo. Su mensaje será directo, fácilmente comprendido y compartido por la sociedad a la que dirigen sus reclamaciones. O al menos por la parte de la sociedad que conserva todavía un ápice de humanidad. Ante la manipulación comunicativa Inmediatamente, Gurasoak se encuentra frente a esa pasarela custodiada por víboras, que debe traspasar para llegar a la opinión pública: los mass media. Los medios de comunicación muestran una imagen de sus hijos e hijas que nada tiene que ver con la realidad, y que ellos conocen de buena tinta. En una agria polémica con Diario de Navarra, el periódico es calificado por la asociación de «fiel defensor de todas las barbaridades cometidas bajo la dictadura franquista y hoy reciclado para la “democracia”». Denuncian «el silenciamiento, cuando no la manipulación y la mentira sistemática de que hacen gala» en el tratamiento que reciben sus chavales, vinculados alegremente a la violencia callejera. Concluyen invitando a los medios de comunicación a que «actúen como verdaderos profesionales de la información y dejen de ser voceros del poder económico y político». 245 La maza 20/4/10 10:16 Página 246 Gurasoak considerará que además de este periódico, Diario de Noticias y Telenavarra también dan cobertura a las operaciones policiales catalogando el contexto en el que se producen las detenciones como de «alarma social» y publicando «todo tipo de rumores, acusaciones, informaciones sin contrastar lo más mínimo, criminalizando a los jóvenes, exagerándolo todo e implicando al resto de la familia, venga o no a cuento». Esta actitud ha provocado que muchos «a todas luces inocentes, se vean hoy enfrentados a graves acusaciones y que pesen sobre ellos peticiones de condenas totalmente desorbitadas». Ante ello, exigen que rectifiquen públicamente su postura y «traten a nuestros hijos y sus familiares con absoluto respeto y equidad, teniendo siempre presente su presunción de inocencia». Además de esa reclamación en derecho, plantean métodos de superación de semejante clima: «que propicien desde sus medios la apertura de vías de diálogo entre la juventud y el resto de la sociedad, como solución de los conflictos existentes, en lugar de potenciar actuaciones policiales como única alternativa». Denuncia, defensa y solución. Tres en uno. En marzo de 1998, padres y madres de Basauri salen al paso de informaciones periodísticas por las que se criminalizaba a jóvenes del pueblo, detenidos por entonces, pero puestos en libertad. Los padres agrupados en Gurasoak habían encontrado solo trabas por parte del Ayuntamiento, regido entonces por el PNV, para realizar la rueda de prensa en los locales públicos. Comenzaban a conocer la censura no ya contra sus hijos, sino contra ellos. Por fin, pudieron denunciar las informaciones incriminatorias publicadas por El País, El Correo Español y Deia que iban en contra del derecho a la presunción de inocencia de cuatro jóvenes y en contra de la libertad de sus padres y amigos de expresar públicamente su alegría por las excarcelaciones. Meses más tarde, un grupo de padres y madres de jóvenes represaliados se concentró en el Buen Pastor de Donostia, 246 La maza 20/4/10 10:16 Página 247 para protestar por el tratamiento que de estas informaciones realiza la mayor parte de los medios de comunicación. Gurasoak acusaba a estos medios de «juzgar a nuestros hijos». En opinión de la asociación, estos medios ejercen de «linchadores mediáticos y dan automáticamente por buenas las acusaciones de la policía, sin rectificar posteriormente cuando estos jóvenes salen en libertad». Así, desde sus primeros comunicados de prensa y artículos, intentarán romper el muro comunicativo, ofreciendo la otra versión de los hechos. La de quienes saben algo de lo sucedido, principalmente porque están ahí. Pueden constatar que los medios de comunicación colocan el micrófono a la familia cuando su testimonio acompaña a la visión que quieren dar de los hechos y como se lo retiran en caso contrario. Por medio de los remitidos enviados a prensa pretenden equilibrar tanta desinformación. En ellos, Gurasoak señala a la discrecionalidad de las fuerzas de seguridad del Estado en el acoso y persecución de los jóvenes, así como a las irregularidades y arbitrariedades que aparecen en la instrucción y enjuiciamiento judicial, primero ordinario. Después les tocará el turno de hacer lo mismo, con una nueva batería de argumentos, sobre la acción de la Audiencia Nacional. Transmitirán asimismo a la prensa el impacto que el proceso judicial tendrá en los jóvenes, en sus familias y en sus círculos más próximos. En abril de 1997 hacen públicos los datos que manejan en referencia a Nafarroa: contabilizan 143 detenciones en el año 1996, así como 137 en los tres primeros meses de 1997. Más de 25 de los jóvenes habrían sido ingresados en prisión preventiva, y además se les aplica inmediatamente la política de dispersión, distribuyéndolos en diversas cárceles del Estado español. Son datos, en un principio muy rudimentarios, pero ilustrativos del acoso llevado a cabo por los cuerpos policiales, informando de retenciones ilegales, identificaciones arbitrarias, cargas policiales desproporcionadas e injustifica247 La maza 20/4/10 10:16 Página 248 das, agresiones policiales en recintos festivos, razias masivas, etc. A esto suman las cifras referentes a medidas cautelares que se decretan contra decenas de jóvenes, principalmente la imposibilidad de dejar el territorio del Estado y la obligación de presentarse a firmar con periodicidad incluso diaria en dependencias policiales. Alzan la voz, asimismo, contra las disparatadas fianzas a que tienen que hacer frente para impedir que sus hijos ingresen o permanezcan por más tiempo en prisión, lo cual supone para la familia un desembolso millonario. Con respecto a la asfixia económica que supondrán las fianzas y demás gastos de asistencia jurídica, reclamarán solidaridad económica para sufragarlos. Comienzan a cubrirse ciertos flancos que, hasta hacía poco tiempo, permanecían desatendidos. Con dificultades, pero se comunican con la sociedad. Entre organismos e instituciones En estos inicios de intenso dinamismo, Gurasoak encuentra buena acogida en organismos del ámbito sectorial de los derechos humanos: Gestoras pro Amnistía, Senideak, Elkarri, Coordinadora de Sacerdotes de Euskal Herria, Herria 2000 Eliza, Comunidades Cristianas de base, Salhaketa, Kakitzat, Torturaren Aurkako Taldea, Amnistía Internacional, Gesto por la Paz. Con estos últimos las relaciones no siempre serían fáciles. En una nota de mayo de 1995, Gurasoak se quejaba de la actitud de la asociación pacifista: «le falta la más mínima sensibilidad. No ha tenido ni un solo gesto ante las detenciones indiscriminadas. Os invitamos a que analicéis el porqué de vuestro silencio». También se pusieron en contacto con organizaciones que trabajan en el ámbito juvenil para contrastar sus posiciones. El Consejo de la Juventud de ambas comunidades autóno248 La maza 20/4/10 10:16 Página 249 mas, Jarrai, Haika, Segi, Hautsi o las secciones juveniles de partidos políticos pudieron conocer sus propuestas. Ser padre o madre de un joven represaliado no es una decisión personal. Es algo sobrevenido. Precisamente, la diversa procedencia política de los padres integrados en Gurasoak permitía que sus delegaciones se nutrieran de simpatizantes de los partidos políticos que, con mayor o menor gana, les abrieron sus puertas. Herri Batasuna, Batasuna, Eusko Alkartasuna, Izquierda Unida, Batzarre, Zutik, PNV o sindicatos como LAB, ELA o Comisiones Obreras escucharon sus reivindicaciones. «Queremos que este tema esté sobre vuestra mesa de trabajo», les reclamaban. Incluso pidieron audiencia a las más altas autoridades eclesiásticas como el arzobispado de Iruñea y Tutera o el obispado de Gipuzkoa. Sus interpelaciones han superado las mugas de Euskal Herria. Tal es así que han labrado buena relación con las Madres contra la Droga de Madrid y con los sacerdotes disidentes de la parroquia San Carlos Borromeo, Enrique de Castro y Javi Baeza, del barrio madrileño de Vallecas. La asociación participa en la Coordinadora para la Prevención de la Tortura. También intercambian comunicados de solidaridad con la Asociación Madres de Plaza de Mayo de Argentina. Estas, en una nota de prensa, se dirigían al delegado del Gobierno en Nafarroa, señor Ansuátegui, «a fin de manifestar nuestra solidaridad con los familiares de los jóvenes detenidos, perseguidos y torturados por la Policía y la Guardia Civil». Tras comprometerse a «llevar estas denuncias a todas las organizaciones internacionales y especialmente a las Comisiones de Derechos Humanos del Parlamento Europeo y las Naciones Unidas», las luchadoras argentinas proclamaban que «no puede existir paz mientras exista impunidad y los torturadores y asesinos reciban el apoyo de las autoridades de turno». Las madres vascas también plantearán una intensa interlocución a nivel institucional, si bien las relaciones con los gestores del sistema serán de tirantez y con escasa eficacia a 249 La maza 20/4/10 10:16 Página 250 la hora de llegar a puntos en común. Cumplieron sus citas con el Gobierno y Parlamento Foral. Un portavoz de Gurasoak reconocía que la posición que llevaban no era del gusto de sus interlocutores, entre otras cosas porque lo planteaban sin paños calientes: «lo que decíamos en las charlas se lo decíamos a ellos», aseguran. Interpelarán al Parlamento vasco en su Comisión de Derechos Humanos y al Gobierno de Lakua. Mantendrán reuniones con el equipo de dirección de la Ertzaintza compuesto por Natxo Ormaetxe –director de la Policía de lo Criminal–, Mikel Legarda –viceconsejero de Seguridad– y el jefe de los anteriores, Javier Balza. Lo recuerdan como uno de los encuentros más tensos. «Nos estáis echando a los hijos al monte», les espetaron los padres. Tanto los responsables de Interior como Txema Urkijo, entonces Director de Derechos Humanos, dependiente de Justicia, prometieron con la boca pequeña interesarse por los casos relatados, elaborar protocolos de garantía, cursar investigaciones en caso de que se hubiesen trasgredido derechos… palabras que se llevó el viento. El Ararteko Iñigo Lamarca se vio obligado a reconocer algunas de sus reivindicaciones, reaccionando únicamente ante las insistentes demandas de Luis Beroiz. Buscaron implicación en los colegios de abogados. Incluso asistieron a encuentros concertados con jueces a cargo de los tribunales de justicia provinciales y de la propia Audiencia Nacional. Se reunieron con fiscales de rancio abolengo en dicha institución, como Fungairiño. O su entonces superior, fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, que les lanzó una extraña recomendación: «preparen bien los juicios». Hasta Mayor Oreja, en calidad de ministro del Interior, tuvo que recibir a una delegación ante la insistencia de la asociación. Bien es cierto que, de estas reuniones, más se consigue fijar posiciones que tejer complicidades para revertir la situación de persecución de los jóvenes. 250 La maza 20/4/10 10:16 Página 251 En definitiva, no dejarán un solo cauce sin atravesar, ni una poza sin remover. Los padres y madres entraron en cárceles, en parroquias, en enmoquetadas oficinas de organismos oficiales... Su actividad les llevó desde los gaztetxes hasta al Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en Ginebra. Un nuevo paso A partir de 1998, la asociación plantea que «ha llegado el momento de sentarse, analizar, debatir y prepararnos para lo que va a ser el trabajo de los próximos meses». En efecto, su activismo les ha llevado a un sinfín de lugares. Los casos son cada vez más numerosos, los juicios han dado el salto de las Audiencias Provinciales a la Audiencia Nacional, y nuevos grupos de padres ven la necesidad de organizarse y participar en la asociación. Esto plantea la necesidad de construir una mínima estructuración interna, dado que tiene la voluntad de recibir a personas que «no pertenecen a organización alguna, ni a ningún partido político. Entre nuestros miembros hay todo tipo de ideologías dado que para pertenecer a Gurasoak solo hace falta estar de acuerdo con sus estatutos». Ya decíamos que la condición de padre o madre de un chaval atrapado en la represión no es algo elegido por ellos. Si lo es, por contra, cerrar filas en torno a los derechos de sus hijos, para lo que se tienen que organizar de la manera más eficaz posible. De sus valoraciones internas se extraen algunas autocríticas, necesarias para afrontar los retos que se marcan. Estas se orientan al diferente nivel de implicación entre sus miembros, la falta de planificación e improvisación, «quedando temas inacabados y trabajando a salto de mata». La asociación ya se ha dado a conocer públicamente y ve la necesidad de intensificar los contactos a nivel nacional, entre todos los herrialdes. Convertirse en un referente también tiene su 251 La maza 20/4/10 10:16 Página 252 parte negativa, en la medida de que se constata que a los jóvenes detenidos se les interroga sobre Gurasoak, qué padres se mueven, dónde se reúnen, etc. Ellos también empezarán a estar en el punto de mira, como cualquier testigo incómodo de la represión estatal. Ante estos desafíos, ven la necesidad de que la agrupación se dote de los medios oportunos para funcionar correctamente, como estructura nacional, comisiones de trabajo y locales propios. Paralelamente preparan un salto para visualizar la dimensión del problema, pero también para mostrar el apoyo y arropamiento social que tiene la asociación, y de paso ensayar sobre el terreno su capacidad de convocatoria. En esas, se convoca una importante manifestación en abril de 1998 en Iruñea bajo el lema «Por los derechos de nuestros hijos/as», que cuenta con el apoyo de un importante número de organismos y, lo que es más importante, la participación de 3.500 personas que generan «un gran impacto en Iruñea», según valora la asociación convocante. En esa situación, los medios no pueden silenciar el hecho de que un organismo como Gurasoak pueda tener esa importante capacidad de concitar la adhesión popular, y algunos de ellos «tratan de minimizar la asistencia», según lamenta Gurasoak. Valoran por su parte que «lo que hasta ahora era un organismo de “cuatro padres” con una presencia testimonial, se les ha convertido en algo que tiene poder de convocatoria». Una de las prioridades que se marcará la asociación a partir de septiembre de 1998 será la de «ganar credibilidad social». Esto impulsa la voluntad de que Gurasoak sea conocida en todo Euskal Herria, para lo que tratarán de estar presentes en cualquier foro. Intentarán «que las exigencias y reivindicaciones de Gurasoak se conviertan en exigencias y reivindicaciones de los movimientos sociales». Para ello, se sienten obligados a mantener contactos periódicos con quienes consideran más próximos a sus postulados. 252 La maza 20/4/10 10:16 Página 253 En un informe de debate interno, Gurasoak enfrenta el tipo de estructura que necesita: «no deben de ser compartimentos estancos, deben de ser totalmente flexibles a cualquier modificación y a su vez estas deben de estar abiertas al resto de la sociedad». En cuanto al ámbito territorial, consideran que la organización interna se debe distribuir en dos áreas, «una que abarque cada herrialde y otra que aglutine y coordine a nivel nacional». Además rechazan una visión de la estructura rígida y burocrática, considerando que «debe de ser una estructura ágil, en la que no nos eternicemos con papeles y reuniones». Tal vez una de las características que más refleja la filosofía de Gurasoak es la de evitar grandes esfuerzos internos para, eligiendo un mínimo común en el que sus miembros se encuentren cómodos, poder lanzarse a la confrontación directa de sus reivindicaciones con la opinión pública. Será más fácil encontrar a Gurasoak en la calle que en oficinas. ¡A la calle! Gurasoak se brega a pie de calle. Ellos han visto ante sus ojos cómo actúa la policía con sus hijos. Se han enfrentado también, en caliente, a la violencia policial. Han sido escudo humano cuando el orangután venía a buscar a su presa. Los padres y madres han salido a la calle a caminar. También se han plantado en la plaza, en la concentración ante un edificio oficial, ante un juzgado, ante la comisaría. Codo con codo, para sacar la cara a quienes se la estaban partiendo. Los primeros mensajes de la asociación son leídos en fiestas de barrios de Iruñea (Sanduzelai, Txantrea, etc.). Se realizan concentraciones ante el Diario de Navarra, el Diario de Noticias y Telenavarra por el tratamiento informativo que se da a los jóvenes. Organizan encerronas, parones y manifestaciones que, con la irrupción de nuevas operaciones policiales, 253 La maza 20/4/10 10:16 Página 254 atraen a más padres y madres. Los casos de tortura que se empiezan a conocer hacen que se tengan que redoblar esfuerzos y se dé un nuevo impulso al esfuerzo organizativo. Su presencia en la calle obliga a que los medios de comunicación no puedan arrinconarlos como si no existieran. Una de las principales evidencias de la eclosión de Gurasoak en todo el territorio será la multitudinaria manifestación que celebraron en navidades de 1998 y que servirá de tarjeta de presentación ante el conjunto de Euskal Herria. Miles de personas secundaron la marcha encabezada por las madres de algunos de los últimos arrestados con una pancarta que mostraba el lema de «Gure seme-alaben eskubideen alde/Por los derechos de nuestros hijos». Un grupo de zanpantzar precedía a la manifestación, en la que muchos de los participantes portaban banderolas con el logotipo de Gurasoak e ikurriñas. A lo largo del recorrido se escucharon diversas proclamas como «no a los montajes policiales y judiciales», «no a la aplicación de leyes especiales», «no a los juicios farsa», «por los derechos y libertades de nuestros hijos». La marcha recorrió las calles de Donostia bajo una persistente lluvia. En un escenario colocado en el Boulevard, dos mujeres tomaron la palabra, presentando datos del conjunto de Euskal Herria: desde 1992 hasta aquel momento, 541 jóvenes habían sido detenidos por participación en actos de kale borroka, de los cuales 156 habían ingresado en prisión. Asimismo realizaron una lectura crítica con la actuación de las fuerzas policiales, jueces, partidos políticos y medios de comunicación. La valoración de la manifestación no podía ser más positiva, y fue considerada por sus promotores como un «espaldarazo a la actividad de Gurasoak», en la que era su primera iniciativa de ámbito nacional. El espacio donde desarrollan su acción no da lugar a dudas: «se presenta en Donostia Gurasoak de Euskal Herria, formado por madres y padres de Vascongadas y Navarra, manteniendo contactos con Iparralde» y 254 La maza 20/4/10 10:16 Página 255 valorando como un gran impulso el apoyo de las aproximadamente 10.000 personas que llenaron las calles de la capital guipuzcoana. Una de las mujeres que había tomado la palabra al finalizar la marcha era Mari Carmen Mañas. Se dirigió al público con palabras que años después tienen una dosis de dolorosa profecía: «estamos asistiendo a una intensificación de detenciones de jóvenes que amenaza con añadir nuevos sufrimientos a personas de su entorno familiar. Ante ello, en lugar de buscar soluciones políticas, la única propuesta que se impulsa es el incremento de la represión». Años más tarde, un policía nacional y su hijo asesinaron a su marido, Ángel Berrueta, en su panadería del barrio de Donibane en Iruñea. Dejaron viuda a Mari Carmen y huérfanos a Aitziber, Imanol, Enekoitz y Aitor. Nuevos problemas y nuevas soluciones Pero no son sólo los progenitores los que dan pasos. Se habían empezado a derivar sistemáticamente todos los procedimientos a la Audiencia Nacional, lo que provocó las primeras calificaciones de delitos de terrorismo. Esto obligó a la asociación a posicionarse rápidamente ante la nueva vuelta de tornillo que agravaba sustancialmente las peticiones contra sus hijos. Se hicieron también presentes en la Audiencia Nacional, con sus pancartas, camisetas, dentro y fuera de la sala. Censuran la competencia de este tribunal especial, situándola como una de las principales preocupaciones de la asociación: si ya habían mantenido una actitud crítica con las Audiencias Provinciales, ahora el problema se disparaba. En cuanto al tratamiento penitenciario que se reserva para las personas detenidas, Gurasoak apuntará al alejamiento y dispersión como un factor negativo de grave impacto tanto para el joven como para su familia. El ser cata255 La maza 20/4/10 10:16 Página 256 logado como presos FIES –Fichero de Internos de Especial Seguimiento– también será un elemento de denuncia por las restricciones que imponen en las condiciones de vida del preso: régimen de vida, horas de patio, condiciones de aislamiento, etc. Asimismo, consideran que esta situación especial, además de ser discriminatoria con respecto al resto de la población reclusa, genera un espacio de impunidad ante agresiones por parte de funcionarios u otros presos beligerantes. En enero de 2001, pocas horas después de la entrada en vigor de la nueva Ley del Menor, Gurasoak sacó a la calle su denuncia, con la adhesión de cerca de un millar de personas. Las pancartas que abrían la marcha llevaban el lema «Ley del Menor = Ley del terror». En otra pancarta se preguntaban: «¿Qué vais a hacer con nuestros hijos?». Ya lo sospechaban. Se sumaron a la manifestación diversos representantes de organismos, entre ellos partidos políticos y sindicatos. Begoña Aranibar y Mari Carmen Mañas leyeron un comunicado en el que se acusa de «poner en manos de unos pocos jueces y fiscales, directamente vinculados con el poder ejecutivo, la posibilidad de destruir la vida y el futuro de cientos de jóvenes vascos, permitiéndoles la aplicación de penas excepcionales, sin relación con el daño causado». Tras denunciar el apoyo dado a la nueva ley por «sectores sociales, intelectuales, partidos políticos, organismos pacifistas, Iglesia, juristas y otras organizaciones», a las que echaron en cara «quedarse mudos ante las escalofriantes condenas» de la Audiencia Nacional, reclamaron una solución definitiva para la situación de conflicto. «La utilización de la Ley en los términos expuestos solo acarreará más odio y más enfrentamiento». Pero no sólo harán una lectura antirrepresiva en torno a la situación que viven los jóvenes. Gurasoak tiene bien claro que la coerción policial y penal contra este sector no es la 256 La maza 20/4/10 10:16 Página 257 solución, sino el problema. Indagan en la raíz de las causas de la situación que enfrenta la juventud y que le hacen reaccionar de determinada manera. En un informe reconocen que «la tensión es muy grande y hoy la política que se sigue ante cualquier reacción juvenil es la de la pura represión. Basta comprobar que lo único que se propone es encarcelar y rebajar la edad penal». Por ello, conscientes del paquete de problemas que tiene enfrente la juventud, constatan que «estos se rebelan». Concretamente mencionan: La exclusión social, el agravamiento del desempleo que obliga al joven a la aceptación de empleos absolutamente precarios, que tiene que ver con una experiencia vital y cultural que origina un grave desequilibrio en la inserción en la sociedad y en su animadversión. Otro problema es el autoritarismo que se ejerce sobre los jóvenes, el cual se les impone con mano de hierro y sin escuchar sus opiniones ni sus necesidades. El fracaso de toda la sociedad. Para entender mejor el alcance de esas carencias, abren un debate sobre el modelo educativo y su impacto en el ámbito social. Enfrentan la cuestión de las drogas, la adicción entre la juventud, y se preguntan a quién beneficia este fenómeno. Asimismo, pondrán en marcha mecanismos asistenciales para contribuir entre todos a solventar acuciantes necesidades de los jóvenes. Esto genera una mayor sintonía entre padres e hijos, lo cual llevará a su vez a facilitar la acción, la movilización, la protesta. Sin duda, este será uno de los aportes más importantes que atesora esta asociación, frente a la caterva de expertos, técnicos y sociólogos que solo se han acercado a la juventud para ver cómo los podían machacar mejor. Precisamente, una de las cosas que más escuece de la acción de Gurasoak es que sus integrantes decidiesen ponerse frente a frente con el problema y hayan podido llegar a entender las razones de sus hijos. 257 La maza 20/4/10 10:16 Página 258 Gurasoak en su entorno Las madres y padres que engloban la asociación no viven recogidos en sus sufrimientos. Intimar con otros en similar situación, por los problemas que la condición de padres de hijos represaliados les hace compartir, tiene un profundo significado terapéutico. Pero esto no los aísla, sino que les anima a comunicar a otros lo que sienten. El hecho de salir a la calle para reclamar respuestas a sus reclamaciones más urgentes ha obligado a Gurasoak a estar en contacto con su entorno social y político. En dos direcciones, preocupándose recíprocamente también por lo que otros pasan. En sus informes internos se recoge que la asociación «ha apoyado todas las iniciativas que, convocadas por otros organismos, han estado a favor de los derechos humanos». Eso los lleva a tomar una posición que, como es conocido en Euskal Herria, no es una retórica declaración de principios: Gurasoak buscará y apoyará cualquier salida dialogada y/o negociada al conflicto que actualmente se vive entre Euskal Herria y el Estado español. La solución policial lo único que hace es alargar el dolor y sufrimiento de este pueblo, y eso lo conocemos muy bien todos los componentes de Gurasoak. En lógico seguimiento de esa declaración, y tal vez en lo que se podría considerar un salto discursivo y de actuación con referencia a sus primeros años, la agrupación intervendrá en dinámicas de corte más política. Si bien se podría achacar que supera los objetivos humanitarios que se acotaron en un principio, deviene de la sucesiva toma de conciencia de los padres y madres organizados en torno al organismo: la adopción de medidas políticas es necesaria para revertir la situación de violencia y, en concreto en su caso, la represión contra sus hijos. Simplemente llegan al convenci258 La maza 20/4/10 10:16 Página 259 miento de que una mejora de las circunstancias políticas generales desembocará asimismo en mejoras en la línea sectorial que ellos y ellas impulsan. Así, se habían posicionado contra otras vulneraciones de derechos básicos llevados a cabo por el Estado. Se habían mostrado extremadamente críticos con el encarcelamiento de la Mesa Nacional de Herri Batasuna, así como con el cierre del diario Egin, por considerar que esta iniciativa del gobierno del PP colisionaba directamente con los derechos políticos y las libertades públicas más elementales. Y porque son nubarrones que hacen empeorar aún más el clima político. Pero también hay destellos de sol. El 12 de septiembre de 1998 añade su firma a la de decenas de asociaciones, organizaciones políticas y sindicales del conjunto de Euskal Herria en la declaración de Lizarra-Garazi. En una nota que dirigen a la opinión pública, remarcan que ante «esta esperanzadora situación, los padres y madres de jóvenes vascos represaliados queremos recordar a nuestros conciudadanos que nuestros hijos e hijas continúan siendo perseguidos y detenidos bajo el peso de la Ley antiterrorista». Y prosiguen: Esta situación la están viviendo, en general, jóvenes que por su edad se encuentran ante la difícil misión de buscar respuesta a sus más inmediatas necesidades –estudios, profesión, relaciones personales y un largo etc.–, resumidas en el objetivo, al que tienen derecho, de ser personas con una identidad propia en una sociedad que, como la vasca, está luchando para abrir camino a sus propias señas de identidad, en unas condiciones realmente difíciles. En ese momento, sentimos con indignación cómo están siendo sometidos a la aplicación, por parte de los poderes públicos, de una estrategia de aniquilamiento indiscriminado, con la impagable ayuda de ciertos medios de comunicación, utilizando como cobertura la acusación, no demostrada, de su pertenencia a «grupos Y» de apoyo a ETA, de cuya existencia parece estar al corriente solamente la policía y los fiscales. 259 La maza 20/4/10 10:16 Página 260 Por tanto, subrayan los motivos que persiguen al apoyar el proceso abierto: … desde Gurasoak, pensamos que solamente con el diálogo entre las distintas fuerzas políticas y sociales, con el fin de abrir caminos a la voluntad de los ciudadanos, para que esta pueda expresarse pública y democráticamente, es la única salida a esta situación. Recalcan su posición con tres reclamaciones: «ningún joven en prisión preventiva, no a la aplicación de leyes especiales, los sumarios a las Audiencias Provinciales». Dos meses más tarde, tras la reunión de la Coordinadora Nacional de Gurasoak, comparecieron en rueda de prensa Jesús González, Mikel Vázquez y Koldo Begiristain para expresar su «preocupación por la situación que viven cientos de jóvenes vascos y sus familiares», recordando casos concretos de Santurtzi, Gasteiz o la situación especial de Nafarroa. En esta rueda de prensa, y teniendo en cuenta el momento político marcado por la firma de Lizarra Garazi, declararon que su apuesta «pasa por buscar fórmulas de diálogo y distensión» que pongan fin al sufrimiento y acaben con el conflicto político que sufre Euskal Herria. «Creemos que las condiciones no pueden ser más favorables y deben ser aprovechadas», aseguraron. La firma del acuerdo y la posterior tregua declarada por ETA no generan sin embargo un momento de absoluta distensión. Rosa Díez, Joaquín Almunia, Iturgaiz y Mayor Oreja hacían continuas referencias a la persistencia de la «violencia callejera», que vinculaban a una «estrategia ligada al espíritu de fondo de Estella», en palabras de aquel último. Era la «tregua trampa» de la kale borroka. Las detenciones se suceden, si bien se unen a su denuncia otros miembros de partidos nacionalistas, como Joseba Egibar o Sabin Intxaurraga. El entonces consejero de Justicia cri260 La maza 20/4/10 10:16 Página 261 ticó los arrestos ocurridos en Getxo y Leioa en marzo del 1999 por la Policía española, entendiendo que «mientras se pretende impulsar un proceso de paz algunos quieren sacar rendimiento electoral con estas detenciones». Enrique Villar, delegado del Gobierno en la Comunidad Autónoma Vasca, consideró las declaraciones de Intxaurraga de «ultranacionalistas». La situación nuevamente se tensaba, por lo que, en estas circunstancias, veinte padres y madres participantes en la asociación organizan un encierro en la basílica de Begoña, en Bilbo. Varios más quedaron fuera de la dinámica por falta de espacio, si bien mostraron su disponibilidad para sumarse al grupo. Además de un intenso debate con quienes se aproximaban a la iniciativa, pudieron encontrarse con medios de prensa, con agentes sociales y con partidos políticos. Sin duda, no se les puede reprochar que no hicieran lo que estuvo en sus manos para la búsqueda sincera de otro escenario político. En él, solo podían haber salido ganando. 261 La maza 20/4/10 10:16 Página 262 La maza 20/4/10 10:16 Página 263 tras los hijos, a por los padres LA GRIPE ESPAÑOLA, TAMBIÉN CONOCIDA como la Pesadilla o la Madre Patria –nombres sugerentes–, asoló medio mundo a principios del siglo pasado. Una pandemia letal que, a diferencia de otras que tomaban sus víctimas entre personas de salud debilitada, arrolló a jóvenes y adultos sanos. La represión de la kale borroka actuará de forma semejante, cobrándose piezas entre los jóvenes primero, para luego dar el salto a sus padres, que habían hecho bandera de la defensa de sus hijos. Y es que, desde el primer momento en que levantan la voz, ya no conocerán la tranquilidad. El Mundo titula un reportaje «Los padres amparan la kale borroka». Antes de entrar en el meollo del artículo, parece investigación de la fina. Pero inmediatamente se ve de qué alcantarilla procede: «según un informe de la policía, al que se ha tenido acceso, el 50 % de los detenidos ha declarado que sus familias amparan su implicación en los comandos Y de apoyo a ETA». Sería interesante que aclararan en qué condiciones se consigue las declaraciones para sacar semejantes estadísticas. Pero se aprecia rápidamente la calidad de los datos: 263 La maza 20/4/10 10:16 Página 264 El 95 % de los padres militan en partidos de carácter abertzale. Pero también hay un 4 % de padres de esos detenidos que pertenecen al Partido Popular, formación política que sufre el acoso constante de ETA y de los grupos afines. Habíamos dicho que los padres pueden elegir partido, pero no tener un hijo en comisaría. No parece extraño que la mayoría sean abertzales –la noticia hubiese sido lo contrario–. Pero recurriendo a conocimientos matemáticos sencillos: 95 + 4 = 99 nos dice que el otro restante 1 % de los padres son del PSOE, de IU... o se abstienen. Porque concretamente hablan de «militar» en los partidos. No cuadra, pero bueno, qué sabe la policía de estadística e intención de voto... y El Mundo de ética periodística. Pero ese es el nivel general al tratar a las familias. El País publicaba una entrevista con un policía que «trataba» con jóvenes: «unos proceden de familias radicales que los alientan, pero otros muchos son hijos de maquetos que quieren hacer méritos». Alucinante. En la línea, La Razón abría una noticia referente a Gurasoak definiéndola como «organización proetarra». ABC ya lo tenía como coletilla habitual. En esa línea de ser el saco de acusaciones infundadas, protagonizaron forcejeos verbales con dirigentes políticos e institucionales. Se engancharon con Santiago Cervera, entonces portavoz del Gobierno foral de Nafarroa, que les acusó de «corrupción de menores». Gurasoak respondían: «ocupa una nueva poltrona gracias al acuerdo tácito con el partido que ha generado personajes como Roldán, Urralburu, Villoslada, Otano, etc., individuos estos que han sido alabados por él durante muchos años en su política de "paz y tolerancia"». La acusación de aquel no se sostiene. Ante la respuesta, chitón. Apenas sin duda, uno de los huesos más duros que les toca roer será la posición de Francisco Javier Ansuátegui, el azote de disidentes en Nafarroa. El representante del Gobier264 La maza 20/4/10 10:16 Página 265 no español en el territorio foral vertía el 3 de junio de 1997 declaraciones en las que negaba la existencia de malos tratos en la detención de Gorka Gómez y acusaba a quienes las denunciaban de estar «adoctrinados y aleccionados para ello». El manual de denuncias de tortura de ETA, también entre los documentos de Gurasoak. La asociación respondía que «no dudamos en absoluto de que lo dicho por el joven sea cierto, máxime cuando estamos asistiendo a diario en barrios, casco viejo de nuestra ciudad y pueblos a verdaderas razias policiales de acoso y agresiones a cientos de jóvenes. Y si esto ocurre a plena luz del día, ¿qué puede ocurrir en comisaría y cuartelillos donde todo queda entre cuatro paredes y "expertos en interrogatorios"?». El delegado famoso por su buen pulso al dirigir a los uniformados españoles pretendía denigrar la actuación de la asociación de padres y madres, en declaraciones a la agencia EFE, acusándole de estar «dirigida políticamente». Ante ello, los padres y madres se defendían afirmando ser «un colectivo formado por gentes de muy diversa índole, tanto política como social, que se sienten unidos simplemente por la denuncia y la defensa posterior de los derechos y libertades de la juventud y por tanto de nuestros hijos/as». Pero tampoco dan puntada sin hilo: «tendría más credibilidad si investigase las denuncias presentadas por jóvenes, en lugar de achicar balones fuera». Por supuesto, nunca lo haría. Le reclamaron en Madrid para hacer allí lo que había aprendido en Nafarroa: apalear a los movimientos sociales. Ya hemos comentado cómo sociólogos y técnicos en educación han querido denostar sus habilidades como progenitores, acusándoles primero de no hacerse cargo de la educación de sus hijos, de mostrar actitudes antisociales, de padecer todo tipo de defectos y vicios, para además presentarlos como inspiradores de las actuaciones violentas de sus hijos. Son el germen del odio que contagia todas las aspiraciones juveniles. En concreto, el informe «Padres de la kale borro265 La maza 20/4/10 10:16 Página 266 ka», atribuido a Javier Elzo, consideraba a estos como «irascibles, violentos y alcohólicos». El tratamiento despectivo que reciben los padres llega a la Administración de Justicia. Lo explicaba Gurasoak en un reportaje que publicaba Gara: Para los jueces españoles la responsabilidad de que nuestros chavales sean como son es nuestra, es de su entorno más cercano, ya seamos padres, amigos o compañeros, y por lo tanto pretenden aislarles de nosotros. Opinan que nuestras hijas e hijos viven en un ambiente de delincuencia. Y lo grave es que esta opinión tendrá efectos en el tratamiento que después dispensarán a los hijos: «es en esta idea preconcebida en la que justifican que nuestros jóvenes sean trasladados a Madrid y tratados en estas condiciones tan duras». Ante esta actitud, los padres y madres, «también nos sentimos injustamente valorados y castigados». El portavoz del colectivo, Javier Ayesa, tuvo que salir a la palestra para defenderse de acusaciones que se hacían contra los padres de los jóvenes detenidos: … somos completamente normales, nuestro único delito es haber parido, criado y educado a unos hijos que probablemente no estén muy conformes con el tipo de sociedad que les ha tocado vivir. No son hijos de familias rotas ni marginales. Es realmente triste que, en un Estado que pasea su bandera por organismos internacionales de defensa de los Derechos Humanos, se tenga que hacer, todavía, este tipo de puntualizaciones. Pero seguirá habiendo ciudadanos de primera y terroristas todos los demás. En diciembre de 1997, Gurasoak organizó un acto en Altsasu bajo el lema «Por los derechos de nuestros hijos». Sin embargo, tuvieron que aprovechar la convocatoria para clamar también por sus propios derechos: 266 La maza 20/4/10 10:16 Página 267 … algunos políticos y medios de comunicación quieren convencer a la opinión pública de que son jóvenes marginales, inmaduros, sin educación, fanáticos. Les niegan la capacidad de pensar, de comprometerse, de tener ideas propias. Llegan hasta a culpabilizarnos a nosotros, sus madres padres, a responsabilizar a los profesores, a cualquiera que tenga contacto con ellos. Las madres y padres no sufren por sus hijos, sufren con sus hijos. Repiten una y otra vez que «los volverían a parir iguales, tal y como son». No se duelen por lo que son, por lo que piensan, sino por la injusticia con que son tratados. No en vano han elegido como logotipo de su asociación un retazo del cuadro más famoso de Picasso, el Guernica. En él aparece una madre desconsolada, en un estallido de dolor, con su hijo muerto en el regazo. Dolor junto con su criatura. Responsables de sus hijos Vemos cómo han dado la cara por sus hijos. Se han hecho responsables de ellos y han defendido su integridad y su honor. Por ello, a padres y madres también les ha afectado colateralmente la batalla desatada contra la juventud. Han sufrido la ansiedad y la carga sicológica derivada de la profunda preocupación por cómo se encontrará en manos de la policía. Si estará en Euskal Herria o en un cuartel perdido en Madrid. Si su cabeza reposa en una almohada sobre un catre de calabozo o está dentro de una bolsa de plástico, boqueando para coger una brizna de aire. Los tribunales también les han convocado, les ha requerido como testigos, les han sometido a interrogatorios para redactar informes sobre la estabilidad familiar y sobre su prole, les han mareado a viajes, a citaciones, les han obligado a realizar largas estancias en la capital de la represión. La política penitenciaria de dispersión les ha obligado a apren267 La maza 20/4/10 10:16 Página 268 der a dirigirse a cárceles remotas, enfrentándose al cansancio, a la paliza del viaje, afrontando los innumerables gastos derivados de esta situación de encarcelamiento y el riesgo de accidente que se agazapa tras cada curva… Se han angustiado ante la posibilidad de llegar tarde a la visita, que tal vez no se podrá celebrar porque falta un documento o una llamada, un permiso... «Pensará que hemos tenido un accidente», se atormentan. Pero no son únicamente responsables indirectos, pasivos, gregarios. Económicamente han asumido cifras cósmicas en fianzas. Han tenido que hipotecar pertenencias, que firmar créditos en entidades bancarias, que pedir apoyo económico a otros familiares o a almas siempre solidarias. Pagan intereses por fianzas que se acumulan en las cuentas estatales por lustros. Más aún, les han hecho acreedores inmediatos de las multas impuestas a sus hijos cuando estos no podían hacerles frente. Se han visto obligados a pagar sus sanciones en calidad de responsables subsidiarios. En febrero de 1996, el consejero de Justicia Ramón Jáuregui, uno de los principales inductores del agravamiento de la reacción del Estado contra la kale borroka, compareció ante la Comisión Parlamentaria de Interior, a petición de Pablo Mosquera, para informar sobre «el nivel de coordinación de su departamento con la judicatura en el proceso de prevención y lucha contra la violencia juvenil». En dicho marco, el consejero socialista amenazó con la adjudicación de las indemnizaciones por responsabilidad civil a los padres de los menores condenados: «Que se sepa que quemar un autobús, un coche de la Ertzaintza o un cajero, o romper un escaparate no puede ser gratis». Jáuregui pretendía que los padres pagaran por sus hijos. Peor aún, que hicieran de policías con ellos. Esta fue una polémica que se extendió en el tiempo y que, como es habitual, tuvo su derivación a la práctica. Como tantas otras veces, la pronta reacción de un tribunal a la llamada de un político no tarda en llegar. El Juzgado 268 La maza 20/4/10 10:16 Página 269 Central de Menores de la Audiencia Nacional sentenció a los padres del menor J.L.E. a pagar la cantidad de 3.005 euros a la concejala del PP en Getxo María Luisa Arrue, por haber recibido de su hijo cartas relativas a la situación de los presos políticos vascos. En ellas aparecía la expresión «lo vas a pagar caro». Según el fallo, pretendía con este acto «coadyuvar a los objetivos y fines perseguidos por la organización terrorista ETA contra cargos políticos no nacionalistas». La sentencia se justifica así: que en Getxo o en cualquier lugar de España, se deba considerar el amedrentamiento del rival político como una situación normal es tal aberración del Estado democrático de derecho que no merece más crítica ni consideraciones. Tal vez no en Getxo, pero en cualquier lugar del mundo un cargo político debería poder ser recriminado por sus conciudadanos si estos consideran que es criticable su posición política. Lo curioso es que el fallo, para justificar la implicación de los progenitores, hace referencia a un informe técnico que señala que el autor de las misivas pertenece a «una familia estructurada en cuanto a relaciones interpersonales, con establecimiento adecuado de pautas educativas». Esto lleva al juzgado a interpretar que es una «grave negligencia» que los progenitores no hayan adoptado las prevenciones mínimas para evitar que su hijo «persistiera en sus actividades delictivas, máxime cuando no fue una, sino varias, las cartas enviadas». Por ello, les impone el pago de la indemnización a la edil del PP. Este argumento es una peligrosa arma de doble filo. Si es una familia estructurada, el cabeza de familia es responsable subsidiario del hijo. Si no lo es, estará expuesto al escarnio público en los medios de comunicación. Si has educado a tu hijo con pautas adecuadas, debes pagar una multa. Si no son 269 La maza 20/4/10 10:16 Página 270 correctas las pautas, ¿debería ir el padre a prisión? ¿Y el hijo a galeras? ¿O viceversa? María Luisa Arrue se mostró exultante con la sentencia, ya que «es un ejemplo de escarmiento para los jóvenes que dudan si meterse o no en ese horrible mundo de la violencia». Un escarmiento para los jóvenes... y para sus padres. «Lo vas a pagar caro», se le amenazó supuestamente. No es a ella a quien le sale tan caro. Los padres del adolescente, reconocidos por la propia Audiencia Nacional como buenos progenitores, todavía no entienden qué han hecho mal. En sus propias carnes Han pagado por sus hijos, pero no solo con frío dinero. El atrevimiento de enfrentar la autoridad del Estado también ha hecho a los padres y madres sufrir en sus propias carnes la represión policial, las amenazas, las querellas, los golpes de todos los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado que operan en Euskal Herria. Clamando por la integridad de sus hijos, han puesto la suya a los pies de los caballos. El vecino de Iruñea Txuma Gómez de la Merced denunció ante los tribunales a la Policía Nacional por torturar y agredir a su hijo Gorka durante su detención, de la que fue testigo presencial en noviembre de 2000. Hemos relatado en páginas anteriores las torturas que sufrió Gorka. Año y medio después, fue llamado a declarar a la Audiencia de Iruñea ¡en calidad de imputado! Al llegar, descubría con estupor que la Policía había interpuesto contra él una querella criminal por «acusación o denuncia falsa», por la que se le reclamaban 12.000 euros. Dos de los agentes que intervinieron en el arresto estimaban que el querellante, después querellado, era «absolutamente consciente de la falsedad de lo que allí decía». Y añadían: 270 La maza 20/4/10 10:16 Página 271 Conviene significar que el delito cometido por el señor Gómez de la Merced se encuentra dentro de la estrategia seguida por la banda terrorista ETA y sus grupos de apoyo. El señor Gómez de la Merced, perteneciente al colectivo Gurasoak, afín al entramado de esa organización asesina, utiliza como elemento mediático o de presión la acusación o denuncia falsa, con el fin de perturbar también en los juzgados la paz social. ¿La paz social se perturba interponiendo querellas? Otro elemento a tener en cuenta. No es novedosa la defensa por elevación de la brutalidad policial. El ahora acusado sigue directrices de ETA. El caso se archiva. Pero, de haberse encontrado al tribunal con más apetito, hecho que siempre depende de momentos e intereses imprevistos, el resultado podía haber sido fatal. Pero no todo corresponde a una escalada verbal o depende del humor de los estrados. Los padres también han probado directamente una ración de violencia de los uniformados. El día 5 de enero de 2001, Andrés Couceiro acompañaba a su hijo Jon Ander a la prisión de Basauri para cumplir una condena de cuatro años. Agentes de la Ertzaintza interceptaron su coche. Tras una memorable demostración de brutalidad gratuita, se llevaron detenido al padre, dejando tras el incidente un importante saldo de contusiones. Andrés Couceiro era cabo de la Policía Municipal de Bilbo, y, pocos días después, compañeros suyos salieron en su defensa, denunciando que la actuación –de la que responsabilizaron a un grupo de ertzainas conocidos como «los Palanca»– fue «injustificada y desmedida». Pidieron a Interior y al alcalde de Bilbo que abrieran una investigación. Consciente de su profesión, Andrés Cruceiro denunció que «si en vez de ser yo es otro chaval, estoy seguro de que nos acusan de atentado y nos meten en la cárcel, como hicieron antes con mi hijo». 271 La maza 20/4/10 10:16 Página 272 Ángel eta Kontxi gogoan Sin duda, el caso de mayor impacto, el punto álgido del clima de calentamiento global contra los padres y muestra dolorosa de que su intervención pública es insoportable para los estamentos del Estado, la constituyó el asesinato de Ángel Berrueta, miembro de la asociación, a manos del policía nacional Valeriano de la Peña y su hijo. Pilar Rubio, esposa y madre de los anteriores, había intentado colocar un cartel con la leyenda «ETA-no» en el escaparate de la panadería de Ángel, en el barrio Donibane de Iruñea, dos días después del fatídico 11-M en el que varias bombas habían explotado en diversos trenes en Madrid, provocando una verdadera masacre. Los medios de comunicación amplificaron la versión oficial de que había sido ETA la autora de los hechos, generando un clima asfixiante. Ángel, panadero y propietario de la tienda, se opuso a que Pilar Rubio colocara el cartel en su escaparate, lo que generó una reacción histérica de la mujer: «etarra», «asesino» e «hijo de puta» fueron los insultos que testigos escucharon mientras esta se retiraba a su casa. Minutos después del altercado, Miguel José de la Peña, hijo de Pilar, le clavó a Ángel un cuchillo enorme produciéndole, según los forenses, una herida mortal. Valeriano de la Peña, policía español asignado como escolta al entonces presidente de UPN, Jaime Ignacio del Burgo, descerrajó cuatro tiros sobre Ángel con su arma reglamentaria. No medió ningún tipo de discusión entre el panadero y sus asesinos. Al día siguiente la geografía de Euskal Herria se llenó de actos de rabia, dolor y protesta. Como en tantos otros pueblos, una nutrida manifestación recorrió Hernani. La Ertzaintza se hace presente con una violenta carga, con golpes y pelotazos. Kontxi Sanchiz cae al suelo y pierde el conocimiento. Los participantes en la movilización, ante la gravedad de los hechos, llaman rápidamente a una ambulancia, 272 La maza 20/4/10 10:16 Página 273 pero, viendo que esta no llegaba, reclaman a los policías que trasladen a la mujer a un hospital. «A nosotros no nos importa», es toda respuesta. Tras minutos de tensa espera, llega una ambulancia demasiado tarde: Kontxi Sanchiz ha muerto. No hay espacio para condenas de las autoridades. Las instituciones, desnudas ante el pueblo, no tienen vestiduras que rasgarse. El juicio por el asesinato de Ángel Berrueta se celebrará meses después en la Audiencia de Iruñea. La tesis de Gurasoak, que participaba en calidad de acusación particular, es que Ángel fue la víctima de una acción de carácter político como efecto directo de la obsesiva campaña del PP para ocultar la autoría de al-Qaeda de los atentados de Madrid. Estrategia que le costó sus últimas dosis de credibilidad y el Gobierno. Uno de los que mantuvo la mentira hasta el final fue precisamente Jaime Ignacio del Burgo, el que recibía los servicios del policía en el banquillo. El abogado de la acusación particular, Jokin Elarre, presenta una petición de 25 años de privación de libertad por asesinato, y solicita que Pilar Rubio sea considerada inductora del mismo. Desde la asociación Gurasoak anuncian que «queremos dejar bien claro que lo único que pedimos es justicia, no queremos venganza». Elemento que los diferencia de quienes ejercen la acusación contra sus hijos. Pero reclaman justicia, conscientes de que algo tan simple les ha sido negado compulsivamente. Un objetivo lejano, que no les pondrán fácil alcanzar. Las defensas del policía, su mujer y su hijo consideran que los tres deben de ser absueltos, argumentando defensa propia y enajenación mental. Por su parte, Javier Muñoz, fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, califica los hechos como asesinato, homicidio consciente y voluntario, por lo que solicita 18 años de cárcel para padre e hijo. En tanto insiste en exculpar a Pilar Rubio como inductora, ya que «solo creó una situación de excitación». En cuanto al 273 La maza 20/4/10 10:16 Página 274 motivo, el fiscal también lo ve claro: «una riña de vecinos». En efecto, obviando las circunstancias, descontextualizando los hechos de marcado cariz político, el asesinato aparece ante la tribuna como un delito ordinario, una disputa común entre vecinos con un final luctuoso. No suficiente con haberles sido arrancado un marido y un padre, la familia de Ángel denunció sufrir el hostigamiento de «desconocidos» durante todo el periodo de celebración del juicio. Gurasoak se aprestó a denunciar «el acoso sufrido por su mujer y sus hijos, con llamadas telefónicas amenazándoles de muerte, destrozos en la tienda, en los coches e incluso la pérdida del puesto de trabajo por parte de dos hijos». La asociación también criticó el modo en que se estaba desarrollando el juicio y la actitud de la fiscalía y de otros responsables políticos: Por desgracia, tenemos mucha experiencia tanto en la Audiencia de Pamplona como en la Audiencia Nacional, de cómo se desarrollan ciertos juicios contra nuestros hijos e hijas, donde lo principal no son las pruebas o testimonios de los testigos, sino la coyuntura mediática, política y social. Pero nadie expondría con tanta claridad los sentimientos del momento como los seres más próximos y queridos de Ángel. Carta de la familia de Ángel Berrueta Legaz En estos momentos tan amargos y duros para nuestra familia, quiero hacer llegar a todos los que habéis estado a nuestro lado, con vuestra presencia o con el corazón, nuestro más sentido agradecimiento. Sin vuestro apoyo, no hubiésemos podido soportarlo. Hemos recibido todas vuestras muestras de apoyo sin mirar la condición política o religiosa de nadie. Todos sabéis que no es nuestro estilo, solamente percibíamos el dolor tan inmenso que a todos os embargaba. Queremos agradeceros a 274 La maza 20/4/10 10:16 Página 275 todas las personas oriundas de otros países y que vivís en nuestra tierra el cariño que le habéis profesado siempre, y que era recíproco. Mi marido ha sido asesinado por un miembro de los Cuerpos de Seguridad en un acto brutal de terrorismo. Hemos recibido la condena del Ayuntamiento de Pamplona y del Gobierno de Navarra, pero en ningún caso lo han tratado como terrorismo. No se han manifestado a las puertas de sus edificios oficiales para hacer patente la repulsa de toda la sociedad, ¿o es que Ángel era un ciudadano de segunda clase? Ciudadano de a pie, sí, pero de segunda clase, jamás. ¿Dónde están las manifestaciones, abrazos, saludos y condolencias que se dan entre la clase política y el arzobispo para condenar otros actos de terrorismo? ¿Dónde está la condena de Víctimas del Terrorismo? ¿Se van a personar como acusación particular para defender los derechos vulnerados de mi marido? Quiero hacer constar mi repulsa a todos los medios de comunicación, tanto audiovisuales como escritos, por tratar de justificar o relacionar la muerte de mi marido con la detención de mis dos hijos en 1997, pero ninguno ha revelado que sufrieron tortura, encarcelamiento y dispersión, y no han sido juzgados ni condenados. Desde entonces pertenecemos a la asociación Gurasoak Lanean, una asociación que no mira la afinidad política de las personas ni sus creencias religiosas, solamente defiende los derechos de sus hijos. El policía y su familia que lo han asesinado dicen que no le hablaban porque, según ellos, era de HB. Creemos que, como ciudadanos libres que debemos ser, cada uno puede optar y pertenecer al partido o grupo que desee, sin que por ello deba ser excluido. Mi marido no pertenecía a ningún partido político, y si hubiese pertenecido no hay ninguna justificación para el asesinato. En ningún momento le habrán oído hablar mal de otras personas por su ideología política. Si por algo destacaba era precisamente por su moderación. El Agente del Orden y su familia fueron directamente a por él, ya que no tenía sentido querer poner un cartel, solamente 275 La maza 20/4/10 10:16 Página 276 uno, cuando el día anterior todos los comercios habíamos cerrado en solidaridad con las víctimas del atentado en Madrid. Todos sabíamos que era policía y él nunca se escondía. Al contrario, pasaba mil veces por delante de nuestro establecimiento y jamás habrá visto un mal gesto por nuestra parte. Ahora, que no digan que se sentía vigilado él o su familia. Dejar constancia de que este asesinato es debido a la sinrazón y al odio que se ha ido cultivando en mucha gente hacia esta nuestra tierra y hacia muchos de los que viven en ella. Desde aquí instamos a todos los partidos políticos, asociaciones, sindicatos, etcétera, a que se sienten a dialogar sin excepción alguna, que se olviden de sus siglas y que defiendan los derechos y libertades de todas las personas. Que piensen que si se logra la paz no habrá ni vencedores ni vencidos. Ojala que la muerte de Ángel sea la última de esta locura y sinrazón, y que allí donde esté nos ayude a todos a trabajar por la democracia en su justa palabra. No queremos olvidarnos de todas las víctimas del atentado en Madrid. Mi marido sufrió mucho por lo ocurrido, y con ese atentado se fue un trozo de su corazón y del nuestro. Esperamos que se haga justicia. Recordar también a la familia de Kontxi, fallecida en Hernani al día siguiente durante una manifestación de homenaje a mi marido. Un abrazo especial para toda su familia. Nuevamente os agradezco de todo corazón todas las muestras de apoyo que nos habéis dado. Gracias a ellas, podemos seguir adelante. Desgraciadamente, cuando esta carta estaba terminada hemos recibido por medio del teléfono serias amenazas de muerte para mí y para mis hijos. Parece mentira que esto pueda llegar a ocurrir, que haya tanta maldad y crueldad en la cabeza de algunas personas. Solo pedimos paz y justicia para todos. 22 de marzo de 2004 Mari Carmen Mañas e hijos La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Navarra condenó por sentencia del 14 de julio de 2005 al policía 276 La maza 20/4/10 10:16 Página 277 español y a su hijo a penas de veinte y quince años de prisión respectivamente como autores del asesinato de Ángel Berrueta, con la agravante de haber cometido el crimen por «motivos ideológicos». Con esa agravante también, y por el delito de provocación, conspiración y proposición del crimen, estimaba que Pilar Rubio debía cumplir diez años de prisión. El tribunal tomaba así en consideración lo decidido por el Jurado popular, imponiendo a los acusados además el pago de una indemnización de 150.000 euros a la mujer de Ángel y 22.000 euros a cada uno de sus hijos. Declaraba además la responsabilidad civil subsidiaria del Estado, dado que Valeriano Peña cometió el crimen con su arma reglamentaria. Esta será la única responsabilidad directa que se imponga al Estado. Apenas tendrá mayores connotaciones políticas, más allá de reforzar esa sensación de continuo agravio y frustración a que están sometidos sectores populares de Euskal Herria. Una cosa nos ha quedado de nuevo clara: la tensión provocada por los políticos –no solo madrileños– y la labor de amplificación de los medios de comunicación, en este caso concreto por presuntas autorías y responsabilidades de los atentados del 11-M, tienen un efecto fatal. Quienes especularon y quienes airearon la especulación, por interés o por negligencia, fueron en última instancia quienes pusieron una pistola en la mano de Valeriano y un cuchillo en la de Miguel José. Sin minimizar ni por un solo segundo su responsabilidad en el crimen. Uno empujó su arma contra el cuerpo de Ángel. El otro pulsó cuatro veces el gatillo. La infamia no terminó aquí. La defensa y el fiscal Javier Muñoz recurrieron la decisión. El Tribunal Superior de Justicia de Navarra decretaba la absolución de Pilar Rubio del delito de «proposición de asesinato», al tiempo que ordenaba que abandonara la cárcel de Logroño en la que estaba ingresada. Consideraba que la mujer que, según testigos presenciales, había entrado en la panadería acompañando a los asesinos al 277 La maza 20/4/10 10:16 Página 278 grito de «vamos a matar a ese hijo de puta» solo creó una situación de «sobreexcitación». Según las últimas noticias, recién cumplidos seis años de los hechos, Valeriano y Miguel José ya han disfrutado de permisos penitenciarios. Se les ha visto ya en la calle, concretamente en Donibane, donde consumaron la fechoría. Acarician además el indulto. Esa es la noción de justicia en este Estado. Estado que cumple con los suyos. Agravio. Indignación. Rabia. La acción de los padres y madres en torno a Gurasoak, el ejercicio de la denuncia y de la solidaridad, nunca ha sido del gusto del poder. El poder. Esa bestia, armada hasta los dientes, inicua, impune… que en ocasiones cruza el umbral de tu casa. 278 La maza 20/4/10 10:16 Página 279 recapitulando, a día de hoy que haríamos un repaso sobre información monstruosa, por su cantidad y por la profundidad del dolor que ha dejado la represión del Estado. Represión que, bajo la excusa de enfrentar la kale borroka, ha buscado ahogar las aspiraciones de miles de jóvenes vascos. Decíamos que de los testimonios aportados, de los números, de la constatación de la trayectoria de la reacción estatal –siempre ascendente– contra este fenómeno, saltarían del papel las conclusiones por sí mismas. Cierto, en su gran mayoría, ahí están. Pero, si bien hemos tratado de hacer una lectura de los acontecimientos ocurridos los últimos veinte años, la hemos hecho en marcha. No podíamos hacer una abstracción de la actualidad, considerarnos meros espectadores, obviando que los efectos de la estrategia de Estado nos afectan hoy en día. Porque las implicaciones de la represión de la juventud, lejos de ser algo del pasado, siguen ahí, en dolorosa actualidad. Hagamos un repaso, una recapitulación de lo anteriormente dicho, tal y como lo vemos y sentimos a día de hoy. DECIAMOS AL INICIAR ESTE TRABAJO 279 La maza 20/4/10 10:16 Página 280 Si los «grupos Y» son un invento, ¿quién los inventó? Hemos podido comprobar cómo la satanización de la juventud basándose en los «grupos Y» ha devenido en una auténtica farsa. El «modelo de Bidart», sostenido en papeles presuntamente incautados en la ciudad labortana a la dirección de ETA, se precipita al vacío en cuanto no aparecen en los procedimientos legales. Sin papeles, no hay contenido, no hay voluntad de integrar nada, no hay instrumento, no hay autoría terrorista. Es una fabricación que, simplemente, buscaba un objetivo muy terrenal: abrir las compuertas de la coerción infinita contra la juventud. Veíamos cómo esta construcción irrumpe en prensa, de la mano de Carmen Gurruchaga, una de las periodistas más próxima a las cloacas de Estado. ¿Podía ser suya la maternidad del término? Dudoso. El papel de los medios no ha sido sino airear lo que se apuntaba desde otros despachos, acicalar las ideas de otros. Más o menos elegante, más o menos crudo, pasar a limpio el guión que otros marcan. Si bien la sombra de los medios de comunicación en la demonización de la juventud es alargada, y lejos de dar opinión la construyen, no son sino meros maquilladores de la realidad. Entonces, ¿dónde buscar al inventor de estos grupos?, ¿tal vez los ideó la policía que dijo descubrir los papeles? Cierto que la única manera que han tenido de acercar la marca «Y» a los juzgados es por medio de los informes policiales que presuntamente analizaban los papeles de Bidart y las declaraciones directas de los agentes, ahora peritos, que decían conocerlos. Ya sabemos que un policía en el estrado muda inmediatamente en experto, científico, independiente... y, precisamente por ello, incuestionable e infalible. Sin embargo, la irrupción «de parte» de la policía en los juicios no pretende sino suplantar lo que serían pruebas irrefutables, que siguen sin aparecer. No, ellos no han fabricado ni los documentos de Bidart ni la idea de los «grupos Y». 280 La maza 20/4/10 10:16 Página 281 Pero hay un personaje político que deslumbra sobre todos y que se dijo padre de la idea: Juan María Atutxa. Reconoció que él se había inventado el término para satisfacer a la prensa. Entre sus virtudes al servicio de la España inmortal, está la de ser un deslenguado. Podría casar con el papel. Pero nadie le considera suficientemente astuto como para haber fabricado la gran mascarada él solito. Otra cosa es que luego, cuando la fabulación decaía, cuando el recorrido del engaño había llegado a su fin porque no cuela en los tribunales, se quisiera apuntar el tanto a su favor. Y es que todo señala, nuevamente, a que la idea parte del Juzgado de Instrucción nº 5 regentado por el juez Baltasar Garzón Leal. O de él o del que, desde la sombra del rincón de su despacho, le marca el camino. Hemos visto cómo el juez que no descansa para brillar con luz propia introduce la historia de los «grupos Y» en sus sumarios. Vemos cómo aprieta para que sea aceptada por las salas de enjuiciamiento de la Audiencia Nacional. Amigo de acusaciones metafóricas y conceptos gráficos, el término «grupos Y» se ajusta como un guante para elevar el listón del castigo contra el fenómeno ahora también denominado «terrorismo de baja intensidad». Vemos, sin embargo, que fracasa. No porque los magistrados superiores que debían juzgar no estuvieran de acuerdo con la etiqueta, sino porque, como tantas veces le han reprochado, no sostenía con pruebas irrefutables su vinculación a ETA. En aquella época, todavía los magistrados, aunque conscientes del servicio que tenían que prestar a la patria, se cubrían las espaldas antes de emitir sentencias con triple salto mortal sin red. Al menos, se resistían a validar la conexión sin ningún soporte fáctico, por mucho que se sostuviera en el profundo convencimiento de un juez de instrucción. Pragmático desde el punto de vista represivo, pero sin pruebas. La cuestión es que no cuaja la marca de los «grupos Y» y, a mediados de la década de los noventa, el juez estrella la 281 La maza 20/4/10 10:16 Página 282 abandona para atacar desde otro flanco: endilgarle la responsabilidad a Jarrai. Vemos cómo con la desestimación de las acusaciones contra Jon Salaberria e Imanol Iparragirre, portavoces de la asociación juvenil, la nueva maniobra tampoco resulta. Ni responsables de herrialde, ni coordinación en las herrikos, ni nada. Cae otro castillo de naipes. Como ave fénix para algunos, con una obsesión enfermiza para otros, el titular del Juzgado de la madrileña calle Génova salta más alto. La jugada ahora se llama «todo es ETA», incluida cómo no, la kale borroka, y tras ella todo joven rebelde. Como es muy engorroso aportar documentos, seguimientos, investigaciones que avalen la conexión, se evita el trámite. Ahora bastará con hacer filosofía. E hilar nuevas metáforas que faciliten la comprensión pública de la visionaria teoría: ETA es la cúpula de la pirámide que constituye el conjunto de la izquierda abertzale, es la cabeza del pulpo y sus tentáculos las diferentes expresiones públicas, son los satélites que orbitan en torno a la nave nodriza... De todo se ha oído en sus sentencias y en sus conferencias, ya que la pelea no es ya en los estrados, sino ante la opinión pública. Garzón –o quien le escribe el guión– idea pues un nuevo recorrido, no ya penal, sino político: el objetivo no es la cúspide, sino toda la pirámide. Destrozar «el entorno», quitar agua al pez. Tendrá nuevos deberes que hacer de cara a dentro –reformar la Audiencia Nacional para que no vuelva a suceder que le cortocircuiten su planteamiento– y hacia fuera –convencer de esa teoría a operadores jurídicos, elaborar una justificación que, al menos, tenga apariencia de veracidad–. Su teoría se convertirá en la teoría del Estado. «Todo es Garzón», podríamos copiarle. Nos preguntábamos por el inventor de los «grupos Y». Desechada ya la idea para ir más lejos, Garzón nunca reconocería que fueron una invención. Es un corredor de fondo, ideará otra. Pero Atutxa, que veía la meta a los 100 metros, no perdía nada en apoderarse de la idea y fanfarronear un rato, 282 La maza 20/4/10 10:16 Página 283 para mostrar su calidad humana. No es descabellado pensar que a mediados de 1997, cuando lo confiesa, conocía el salto que el juez ya proponía. Garzón estaba haciendo lobby para encontrar la connivencia de los jefes policiales en su nueva teoría del entorno. La novedosa iniciativa represiva se puso en escena con la clausura del diario Egin, que el consejero de Interior ya había señalado poco antes como «los 50 gramos de amosal que explotan todas las mañanas». Para la represión de la izquierda abertzale, no hay duda de que con Atutxa había que contar. Está siempre a plena disposición. Decíamos que el consejero no parecía lo suficientemente sagaz como para inventarse los «grupos Y», pero sí lo suficientemente incontinente como para atribuirse su paternidad. Se jacta, así, de una construcción que, fuera parte de la dimensión política que quiera dársele, ha arruinado la vida de miles de jóvenes. Pero entonces, ¿la cantera? Se ha repetido hasta la extenuación que la kale borroka es, entre otras muchas cosas, la cantera de ETA. Y es que hay que reconocer que, como reclamo propagandístico que justifique todo tipo de medidas preventivas, para anteponerse a que se consume el salto, suena bien. El director general de la Policía española, Juan Cotino, lo explicaba así: … ves que la inmensa mayoría de gente que estás deteniendo en comandos son jóvenes que conocimos hace cuatro años cuando comenzamos a diseñar un plan determinado y a detener grupos Y. De eso sí podemos estar seguros. La policía se ha aburrido de diseñar planes para llevar a sus máximos límites el con283 La maza 20/4/10 10:16 Página 284 trol social y la persecución de sus ciudadanos, hasta dar todo su contenido al concepto de «Estado policial». Pero cuando se habla tanto y desde tan diversos ángulos, se corre un gran riesgo de contradecirse, de perder el rumbo. Es lo que sucede con semejante afirmación. Cierto que hay una conexión política e ideológica entre ETA y quienes participan en actos de kale borroka. Cierto que muchos activistas de esta organización han iniciado su recorrido militante participando en sabotajes... incluso en Jarrai. O en EGI, en la asociación mendizale de su pueblo o en Cáritas. Cierto es también que otros que comenzaron ahí su andadura, o que coquetearon con este fenómeno, hoy se encuentran militando en partidos regionalistas o, quién sabe, dirigiendo multinacionales. Porque cierto es, a su vez, que haber estado presente en la lucha de calle o participado en las reivindicaciones sectoriales de las organizaciones juveniles, sin otro tipo de evidencias, no es pasaporte directo hacia ETA. El mismo jefe de Policía ilustraba la poca consistencia de su argumento al decir que «las piedras las tiran cien, los cócteles, 25 y las pistolas igual las cogen solo cinco». Dando la vuelta a la argumentación de Cotino, de 100 que tiran piedras, 95 no se integran en ETA. Otra cosa es que nos quiera mostrar la extensión del coto donde la policía caza sus presas. Esa conclusión sería suficiente para rebatir la lógica policial. Pero ya hemos visto como lógica y policial son términos antitéticos. El sistema penal no debería entender de estadísticas, sino de hechos. Alusiones a «muchos», a «la gran mayoría» o a «un importante número» no podrían justificar la apertura de una actuación penal. Pero cuando estas se plantean como un sondeo de reconocimiento y la compuerta se abre de par en par, el derecho penal se prostituye hasta los niveles que visualizamos. La Memoria de la Fiscalía lo tenía claro en su último informe publicado, referente a 2008: 284 La maza 20/4/10 10:16 Página 285 La puesta en marcha de una acción policial y judicial contundente y rigurosa contra el terrorismo callejero ha permitido abordar de forma más efectiva la lucha contra la actividad de reclutamiento de la organización terrorista, en cuanto que la detención e ingreso en prisión de un importante número de individuos vinculados con estos grupos, al afectar directamente a lo que se conoce como «la cantera de ETA», reduce el «quantum» de los efectivos humanos con riesgo potencial de integrar la banda e incrementa las dificultades para el ingreso de nuevos miembros en la organización terrorista, la cual se encuentra en los niveles más bajos de captación y reclutamiento de toda su historia. Dando la razón a que la acción penal y judicial ha sido todo lo contundente que ha podido, lo demás no son sino especulaciones. Por supuesto, no tenemos ni la más remota idea de la capacidad de reclutamiento de ETA, pero pongamos estas previsiones en contraste con otra información que aparecía en el diario El País. En una pieza publicada el 30 de diciembre de 2002, titulaba que «Balza revela que han huido más de 300 jóvenes vinculados a la kale borroka». El redactor reconocía que los jóvenes «huyen de su ambiente a raíz de las intervenciones policiales contra la kale borroka». Tras afirmar que su futuro será ETA, dice que no entrarán «automáticamente» en la organización armada, ya que ésta «no tiene medios para acoger y mantener a tantos activistas». De esta manera se daba por «asegurada la renovación generacional». De este texto y otros similares, se desprende que, al contrario de lo que opina el ministerio fiscal, no es la kale borroka la que alimenta a ETA, sino precisamente su represión. Según la interpretación del intitulado «periódico global de noticias en español», la alta cotización penal de una acción de protesta es la que hace que un joven valore el riesgo y, por el mismo precio, prefiera integrarse en ETA. Esta idea permanece en el tiempo. El Correo del 1 de abril de 2009, refiriéndose a detenciones practicadas en Hernani y 285 La maza 20/4/10 10:16 Página 286 que tendrían que ver con la participación en Segi de varios jóvenes, aseguraba que «la estrategia policial aspira a acabar con la violencia callejera, en el convencimiento de que la organización terrorista nutre a sus comandos de los huidos de la kale borroka». ¿La represión genera comandos y esto, a su vez, se combate con más represión? Nuevo suspenso en lógica. Ya hemos comentado cómo los medios de comunicación han identificado a Álvarez Santacristina, Txelis, como «padre de la kale borroka». Sin embargo, la explicación que dan de su paternidad también está podrida de incongruencias. Se dice que Txelis está convencido de que ETA no puede permitirse el lujo de perder a un activista por haber realizado acciones menores como quemar un coche o algún local relacionado con intereses franceses, por ejemplo. Así pues, según un reportaje publicado por El Mundo, «diseña un entramado de grupos de apoyo a la estrategia terrorista, formado por jóvenes». Bueno, no parece muy acorde con las preocupaciones del ex dirigente político de ETA, pero sigamos con el razonamiento que emplean: … si estos son arrestados serán juzgados por un delito de faltas, lo que, en caso de ser condenados, se corresponde con una pena que nunca será superior a dos años, y que en España, si es la primera condena, no se cumple. Si además son menores de edad, no podrán ser juzgados por no tener edad penal. Esta tesis serviría si el listón penal para estas acciones se hubiera mantenido fijo en su sitio. Una vez elevado hasta perderlo de vista, inmediatamente hubiera obligado a ETA a desistir de la idea. Al empezar a decretarse penas de decenas de años por estos hechos, se tendría que haber corregido la estrategia. A menos que, como hemos visto en otros casos, un argumento valga lo mismo para un roto que para un descosido. Precisamente, la represión elevada al cubo destroza el razonamiento: ETA estaba perdiendo activistas, lo que pretendía evitar. Entonces, ¿por qué proseguir con esta estrategia?; 286 La maza 20/4/10 10:16 Página 287 ¿acaso Txelis quería arruinar a la organización en la que militaba? ¿No será más bien que este era uno de los argumentos claves para enervar al máximo la reacción represiva del Estado? Sí, parece que la idea va por ahí. Por ello, la construcción de la idea de la «cantera» no es más que una nueva cortina de humo para justificar el cheque en blanco para capturar preventivamente a jóvenes rebeldes, cortando por lo sano. La técnica de establecer «estadios anteriores», justificarse en que «estaban a punto de integrarse», las detenciones preventivas basadas en los listados aprehendidos a Fernández Iradi, Susper, no son más que diferentes facetas de la obsesión de los responsables «antiterroristas». La pregunta que deberían hacerse es la siguiente: ¿qué ha generado más cantera para ETA, la kale borroka o su represión? Que respondan con honestidad. Parece que hay quien lo tiene más claro. A Martin Scheinin, relator de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en la Lucha Antiterrorista, le preocupa que «el establecimiento de un vínculo general entre kale borroka y terrorismo puede tener un efecto contraproducente en la lucha contra este último». El experto reconocía en su informe presentado en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, ante todos los estados del mundo, que «la imposición de severas penas de hasta diez años de prisión, incluso a menores, podría desembocar en una escalada de la violencia y empujar a alguno hacia las filas de ETA». Las cosas se ven más claras desde fuera del bunker. «Nos estáis echando los hijos al monte», decía Gurasoak. Y mientras tanto... (I) … continúan sacando jugo a aquella interpretación arraigada en los estrados madrileños de que la kale borroka es ETA: se disparan las condenas. 287 La maza 20/4/10 10:16 Página 288 Jon Crespo se enfrentaba en sucesivos procesos judiciales a todo el abanico de delitos a los que se le pueda agregar el apelativo «terrorista»: amenazas, incendios, desordenes públicos, depósito y tenencia de sustancias inflamables y explosivos, lesiones, colaboración… Un total de 96 años de petición fiscal. Tras un puñado de juicios y sus recursos, será condenado a la friolera de 52 años y medio por sabotajes. En el caso de Ugaitz Pérez las condenas por hechos similares ascenderán hasta los 42 años. También Egoitz Coto se enfrentaba a una petición de 53 años de prisión en calidad de tentativa de asesinato terrorista por un ataque con cócteles contra la Ertzaintza, y otro más de 40 años por dos incendios terroristas. Tras los oportunos recursos, le imponen 22+8+8, un total de 38 años. Similar es el caso de Bittor Franco, al que imputaban un solo incendio terrorista, por lo que la operación matemática hace que se le rebajara a un total de 30 (22+8) años de prisión. En el mismo bloque están Iker Lima (27 años), Endika Lejarzegi (15), Orkatz Gallastegi (15), Ander Arrillaga (15)… Buen ejemplo de cómo funcionan estos procesos, es el caso de Xabier Arriluzea. El joven de Galdakao llegó a tener hasta 20 sumarios abiertos. La mayoría se archivaron. Fue juzgado en nueve de ellos y finalmente absuelto. Como sus compañeros, denunció torturas a manos de la Ertzaintza, pero la única diferencia con respecto a los otros es que no consiguieron arrancarle una declaración autoinculpatoria. Al no existir ningún otro dato objetivo en su contra, tuvo que ser liberado. Pero a Arriluzea nadie le ha dado explicaciones por los tres años que estuvo en prisión provisional, esperando a que encontraran un elemento de inculpación con el que poder ponerle al nivel de sus compañeros de sumario. A Hodei Ijurko, joven de Iruñea que fue detenido la noche del 8 al 9 de marzo del pasado año bajo la acusación de haber lanzado cócteles molotov contra una patrulla de la Policía Foral en la parte vieja de la capital navarra, se le reclama288 La maza 20/4/10 10:16 Página 289 ban 38 años de prisión. Por ese único hecho se le han impuesto finalmente 16 años de prisión. El último juicio del que podemos dar cuenta es el que ha quedado recién visto para sentencia contra cuatro jóvenes de Barakaldo a quienes acusan de quemar una entidad bancaria. Sendoa Jurado, Unai Frías, Jon Villanueva y Asier Gómez de Salazar se enfrentan a una petición de 33 años de prisión. La lista es larga, como sus años de condena. Por hechos, recordemos, que no tienen más entidad que la destrucción de mobiliario público. Rebusquemos en nuestra memoria el tratamiento penal que se ha dado a condenados por asesinatos, violaciones, pederastia, etc., que han conmocionado la opinión pública. Nos lo ponen demasiado fácil: pongámoslo al lado –ya que comparar no se puede– de los años de pena impuestos a los asesinos de Ángel Berrueta. Eneko Olza, del mismo barrio, está a punto de consumir íntegramente los diez años impuestos en su condena por quemar un cajero. Los asesinos de Ángel salen a la calle antes de haber cubierto seis años. Cotejaremos y no encontraremos parangón. A estos jóvenes se les aplicará además el paquete completo de dispersión, restricción de comunicaciones y aislamiento. «El lugar del terrorista es la cárcel», se empeñan en decir. ¿En qué extensión y en qué condiciones? ¿Cuáles son los límites del castigo? En el siglo XV se sentencia a Tomás Moro por disentir con el monarca inglés: «El reo será arrastrado por la ciudad de Londres camino directo de las horcas de Tyburn, para ser colgado de ellas y caer a tierra con vida. Todavía en vivo, se le arrancarán las entrañas para ser quemadas. Se le decapitará y se descuartizará el cuerpo. La cabeza y las cuatro extremidades se pondrán donde el rey quisiere señalar». Cambian los modos, no la lógica… aunque las sentencias siguen dictándose en nombre del Rey. 289 La maza 20/4/10 10:16 Página 290 Y mientras tanto… (II) … continúan las redadas. Tras la consideración de Segi como grupo terrorista, ahora apenas es necesaria la existencia de actos de kale borroka para justificar una detención. Simplemente, la supuesta militancia en el organismo juvenil, más aún, la tenencia de camisetas, documentos de difusión pública o adhesivos es suficiente para la detención incomunicada y la puesta a disposición de la Audiencia Nacional. Se ha sustituído la gasolina y los camping gas por pegatinas o panfletos. Se mantiene el nivel de respuesta represiva, pero los hechos presuntamente delictivos se hacen cada vez más difusos, más etéreos. Los últimos años hemos asistido con más claridad que nunca a esta nueva modalidad de persecución juvenil. En enero de 2008, la Policía española aseguraba haber «desarticulado» un grupo de violencia callejera en la comarca vizcaína de Lea Artibai. Ocho jóvenes fueron apresados en Markina y Ondarroa, bajo la supervisión del titular del Juzgado nº 3 de la Audiencia Nacional, Fernando Grande-Marlaska, que también registró el gaztetxe y una sociedad de Markina. Entre los materiales incautados, además del siempre recurrente «material susceptible de ser utilizado para elaborar explosivos», se encuentra «propaganda contra el Tren de Alta Velocidad (TAV), bonos para financiar a la organización ilegal Segi y manuales de sabotajes», así como «material informático». Se comienza a recurrir a misteriosas incautaciones, que en su indeterminación, evocan lo aprehendido en otras operaciones llevadas a cabo contra ETA. El símil es el mensaje. Meses más tarde, en abril del mismo año, se arrestó en dos operaciones concatenadas a diez personas en Guipúzcoa, por su presunta relación con más de 20 sabotajes en el triángulo que une las localidades de Errenteria, Oiartzun y Lezo. Se practicaron 18 registros en domicilios y en distintos locales presuntamente utilizados por los detenidos para ocultar 290 La maza 20/4/10 10:16 Página 291 material y celebrar sus reuniones. Las fuentes policiales recurren a «la estructura de la organización juvenil ilegalizada Segi» para incriminarles. De hecho, en la lista de efectos confiscados solo se especifica «diverso material informático, ordenadores, propaganda, pegatinas, DVDs de la organización ilegalizada Segi, teléfonos móviles y abundante documentación». ¿Ya ni se acuerdan de incluir el genérico «material incendiario»? No es necesario. Y mientras tanto… (III) … se suceden los episodios de tortura y brutalidad policial. En Nafarroa, la Guardia Civil y la Policía Nacional detienen, gota a gota, a un total de 20 personas, 18 de las cuales serán sometidas a incomunicación. Los primeros serán Xabier Sagardoi y Luis Goñi, de Barañain. Ambos relataron que en los calabozos habían sufrido golpes constantes, que se les impuso la «bolsa» hasta el punto de que uno de ellos perdió el conocimiento, que sufrieron amenazas constantes incluso con simulacros de la colocación de electrodos, y que se les obligó a memorizar una declaración policial determinada. Después se practica la detención de Maider Caminos, Amaia Legarra y Maitane Intxaurraga, conocidas militantes de la izquierda abertzale en Sakana, que asimismo denuncian agresiones por parte de los agentes. Maider Caminos relataba: «me ponían una bolsa de plástico sobre la cabeza y si no les gustaba lo que les respondía, me la apretaban». Para que no rompiera la bolsa, «me sujetaban los brazos y para aumentar la sensación de ahogo, me tapaban la cara con la mano». Intxaurraga, por su parte, testimoniaba que las amenazas fueron constantes, proponiéndole «que colaborara a cambio de inmunidad, para que me librara del juicio». Otro más, Noé López, tuvo que ser conducido en dos ocasiones a un centro hospitalario de Iruñea. 291 La maza 20/4/10 10:16 Página 292 En contradicción con lo sucedido en otros casos, el mutismo oficial sobre las circunstancias de las detenciones fue absoluto. De hecho, hasta que fue puesto a disposición judicial, nadie sabía que Alberto López Iborra había sido apresado por la Guardia Civil. También se desconocía que, para practicar su detención, había sido embestido por un Patrol. El joven iruindarra sufrió diversas lesiones a consecuencia de la colisión, por lo que fue ingresado de urgencia en el Hospital Virgen del Camino de la capital navarra. López Iborra, que permaneció cinco días en manos de los guardias civiles, denunció haber sido objeto de «brutales torturas». Todos los detenidos son acusados de «integración en organización terrorista». Sus familiares denunciaban: «en el franquismo los detenían diciendo que eran comunistas. Ahora lo hacen diciendo que son de Segi o de Ekin». Y mientras tanto… (IV) … se sigue tirando de lista. Porque la cosa no termina en las sucesivas operaciones policiales. A finales de 2008 se denuncia en una rueda de prensa multitudinaria en Iruñea la existencia de una «lista negra» en la que figuran 24 personas. Ante el riesgo de ser «arrestadas, incomunicadas y torturadas», los jóvenes han mostrado su disposición para acudir al juzgado. Sin embargo, el juez Marlaska, responsable de las diligencias llevadas a cabo en Nafarroa, no quiere tomarles declaración. Evidentemente, su método de hacerles pasar por el aro de la incomunicación, prescindiendo de engorrosos derechos, presenta mayores beneficios de cara a construir el sumario. Amaia Elkano tomó la palabra en nombre de las 24 personas que aparecen en la denominada «lista negra», para afirmar que es precisamente el trabajo público que desarrollan en sus pueblos y barrios lo que les ha llevado a esa lista. «La 292 La maza 20/4/10 10:16 Página 293 gente ya conoce el trabajo que desarrollamos en diferentes ámbitos para cambiar esta sociedad. Construir un proyecto de sociedad nuevo diferente al actual, este está siendo nuestro trabajo, y por eso nos quieren quitar del medio». Es precisamente ahí donde escuece. La joven aseguró que «si nos detienen y nos incomunican será para torturarnos», ya que «no tienen otros métodos» para lograr información y pruebas contra ellos y ellas. Cuando funcionan las herramientas represivas, ahora sin tapujos legales, ¿por qué no emplearlas? Y mientras tanto… (V) … continúa extendiéndose la peste de la acusación gratuita, infectando todo lo que se le acerca. A finales de marzo del 2009, El Correo titula «Golpe a la kale borroka en Hernani». En el cuerpo de la noticia se especifica que han sido arrestados «ocho presuntos miembros de Segi». La información sale de una coctelera: mezcla la detención de un comando de ETA que «tenía su escondite en la localidad y había buscado sus colaboradores entre los vecinos», la «detención reciente de cinco personas en el transcurso de una manifestación prohibida a favor de los presos de la banda», y que su alcaldesa, Marian Beitialarrangoitia, de ANV, está procesada en la Audiencia Nacional por enaltecimiento del terrorismo. Para rematar el combinado, bien cargado, añadía que «una de la viviendas inspeccionadas fue la de la ex parlamentaria y portavoz de EHAK, Nekane Erauskin. Su hijo, Aitzol Arrieta Erauskin, fue uno de los detenidos». Alfredo Pérez Rubalcaba, exultante, se felicitaba de lo oportuno de la detención, porque ya estaban «preparando nuevos ataques contra el Tren de Alta Velocidad». Detención en previsión de acciones, como en la película Minority Report y con el Tren de Alta Velocidad de telón de fondo ¡No falta ningún ingrediente! Con ese cóctel explosivo, no era de extra293 La maza 20/4/10 10:16 Página 294 ñar que hubiera nuevas cacerías en ciernes. En el foro digital de El Correo, los ultras más madrugadores aplauden a rabiar, con faltas de ortografía. En los registros de los domicilios y de los locales de los detenidos, la Policía se llevó documentación en diversos soportes, tanto papel como en memorias informáticas. Los periódicos recogen que, según fuentes de Interior, varios de estos escritos se refieren a las actividades de Segi, Batasuna, ANV y AuB. En los registros también se dijo haber localizado teléfonos móviles, pegatinas con la simbología de ETA, así como carteles y propaganda contra el Tren de Alta Velocidad. ¿Ni explosivos, ni pasamontañas, ni nada? Ya vimos que no los necesitan. Y mientras tanto… (VI) … los juicios por simples actividades políticas y sociales de los jóvenes prosiguen. También, en continuo goteo. A mediados de octubre de 2009, arranca en la Audiencia Nacional el juicio contra los ocho de Lea Artibai por su militancia en la organización juvenil Segi. El desarrollo de la vista es un bucle odioso: el juez no permite explicar a los jóvenes por qué no quieren responder a las preguntas de las acusaciones, un comisario de la Brigada de Información actúa como perito, las declaraciones que se aportan habían sido arrancadas bajo tortura, no aparecen pruebas sustanciales que vinculen a los acusados con los hechos que se les imputan. Y el fiscal pedía ocho años de cárcel. Mientras tanto, en un suma y sigue macabro, se da a conocer la sentencia contra Araitz Zubimendi, Zigor Ruiz, Asier Tapia, Garikoitz Mujika y Eneko Aizpurua por su actividad política en Haika y Segi. Por diferentes motivos no habían entrado en aquella vista matriz contra las organizaciones juveniles celebrada cuatro años antes y que sentó en el 294 La maza 20/4/10 10:16 Página 295 banquillo a 42 jóvenes. Ahora, y tras un juicio relámpago, se les impusieron también condenas de seis años. Araitz Zubimendi, la única que permanecía en libertad tras la vista, ingresaba en Dueñas en diciembre de 2009, con su hija recién nacida. La Administración de (in)justicia mantiene impasible el ademán. Piensan tal vez los jueces que con su acción en España empieza a amanecer. Pero, aún así, la solidaridad no decae Más padres y madres se ven obligados a organizarse y poner en común qué actitud deben tomar en el futuro para denunciar los hechos que afectan a sus hijos y aparecer de nuevo, codo con codo, en su defensa. En un momento, además, en el que la solidaridad está penalizada. Mientras finalizamos este trabajo, escuchamos las peticiones de ilegalización contra Etxerat, para lo que Rodolfo Ares ya elabora informes. Parece que entra dentro de la legalidad protestar por la política de dispersión, pero no así reclamar el estatus político de los dispersados. No podemos prever qué impresión le causará al censor mayor las conclusiones a las que llegamos en estas líneas. En un momento en que se quiere poner en horas bajas a la solidaridad antirrepresiva, en el juicio que se seguía contra 27 miembros del movimiento pro amnistía en la Audiencia Nacional en primavera de 2008 se presentaron trece testigos por parte de la defensa. Estos trasladaron su testimonio de violencia estatal ante el tribunal presidido por Teresa Palacios, lo cual explicaría la existencia de organismos que denuncien la represión y acompañen a los que la sufren. Entre los trece testimonios, uno destaca con luz propia: Mari Carmen Mañas relató la detención de sus hijos y la situación de «indefensión» en la que se encontró su familia 295 La maza 20/4/10 10:16 Página 296 en ese momento. Es por eso que dijo haber entrado en contacto con Gestoras Pro Amnistía para «saber qué hacer y cómo enfrentarse a dicha situación». En esa brecha había encontrado, en concreto, a los tres imputados de su herrialde, Josu Beaumont, Jorge Txokarro «Txibi» y Alex Belasko. Mañas explicó como, debido a la represión contra los jóvenes y para denunciar los «montajes policiales» que se preparaban contra ellos, padres y madres se organizaron en torno a la asociación Gurasoak. En un momento de alta emotividad, incluso para los magistrados que impertérritos habían seguido las declaraciones, finalizó su testimonio remarcando las consecuencias trágicas de alzar la voz contra la violencia estatal: el 13 de marzo de 2004, un policía español mató a su marido, Ángel Berrueta, por identificarlo con Gurasoak, hecho que la mujer, afectada pero firme, consideró «un asesinato político» y «terrorismo de estado». Puede que el testimonio de Mari Carmen no sirviera para ablandar al tribunal en su decisión, ajeno a cualquier razón que no sea la obediencia debida a los designios de su anhelada una, grande y libre. Pero sus palabras fueron un soplo de aire, un hálito de dignidad y de compromiso con la verdad y la justicia. Expresadas además en un espacio, el de la Audiencia Nacional, en el que ella y tantas otras madres, enteras, han podido constatar que están vacunados contra esos valores. «No permitir la intimidación» El prestigioso Tim Robbins explicaba recientemente en una entrevista en Bilbo, en la que presentaba una obra de teatro alegórica de 1984, de George Orwell, que «para mantener esta sociedad, es necesario vivir en un estado constante de miedo». Habla del estado autoritario, cuya subsistencia se impone por medio de la intimidación y la censura del más 296 La maza 20/4/10 10:16 Página 297 mínimo comportamiento o pensamiento que ponga en cuestión esa mal entendida autoridad. Concluía el actor-activista político norteamericano que «la forma de ser libre es no permitir la intimidación». Pero hay quien todavía cree ver en este sistema, en los métodos policiales y en la práctica judicial un ejercicio ordinario, normalizado, del estado de derecho. Hay quien asegura que los testimonios aquí vertidos, las vivencias aquí relatadas, o no existen, o son mentiras que buscan desestabilizar el orden democrático español, ese vergel de virtudes. Simples patrañas para dar aire y argumentos a quienes injustamente se ensañan con él. Así, se ha magnificado la reacción estatal ante las diversas expresiones de la protesta juvenil por ser necesaria y proporcional. Las altas cifras de hechos de sabotaje han pretendido verificar la adecuación de la respuesta violenta por parte del Estado, animada y enaltecida por políticos y medios de comunicación. Paralelamente, se obvian las motivaciones o las causas que mueven a los jóvenes a actuar así. Se hace una lectura simplista, viendo la razón del aumento de los sabotajes en el impulso de ETA y su decrecimiento en la eficaz actuación policial. Los datos que hemos aportado a lo largo de este trabajo desmienten esta visión. 2.500 sabotajes en los últimos diez años, más de 1.700 detenidos en los últimos veinte, de un total de 18.500 jóvenes que los expertos presumen participan, o estarían dispuestos a participar, en la kale borroka. Estos datos, lejos de hablarnos de directrices de una organización concreta o de una realidad puntual que se puede reconducir con la acción policial, a pesar de la fiereza con que se ha empleado, nos muestran un fenómeno complejo. Y enquistado. Otra cosa es que no se quiera visualizar así para mantener la ficción de que se puede resolver a palos, o que se prefiera establecer una realidad virtual, paralela a la real, que justifique conexiones metafísicas, vinculaciones alegóricas. Y 297 La maza 20/4/10 10:16 Página 298 que se facilite, así, la demonización de todas las expresiones juveniles, ya sean violentas o pacíficas, tanto da. Como dice David Fernández, periodista catalán que ha analizado brillantemente la acción policial contra la disidencia en su país, «a palos hasta con la zanahoria». Cierto es que la comunidad internacional reconoce a los estados el deber y el derecho de enfrentarse a las actividades delictivas. Lo deben hacer con el respeto a los derechos y libertades más fundamentales. Pero también les impone que, cuando estas medidas represivas devienen insuficientes, utilicen otros mecanismos políticos, sociales, culturales. Aquí reside la incapacidad del Estado español de solucionar problemas de orden social y político en términos sociales y políticos. Aquí se aprecia la más absoluta impermeabilidad de los responsables gubernamentales, sean del partido que sean, a tomar en consideración las recomendaciones de los organismos internacionales. Su obsesiva cerrazón a distender la situación y a enfrentar un diálogo que resuelva el problema en parámetros única y exclusivamente democráticos. Porque, precisamente lo que se reclama desde este otro lado es la vigencia de los derechos frente a las agencias estatales que, invariablemente, los vulneran con escarnio. Se reivindican esos atributos fundamentales de titularidad popular: derechos civiles, dirigidos a garantizar la integridad de la persona como ser humano, y derechos políticos, que le atañen en la medida en que es ciudadano y se relaciona con el resto por medio de la política. Derechos que se reclaman para defenderse de las herramientas del Estado –policía, incomunicación, Audiencia Nacional–, derechos que se pisotean y se convierten en papel mojado. Es prioritaria, pues, una reversión del sistema, un cambio. Un cambio que nos traiga una verdadera democracia, una verdadera solución a la situación actual, una verdadera paz en justicia. En estas páginas que ahora concluyen, hemos querido expresar una realidad cruda, que es tratada en ámbitos aca298 La maza 20/4/10 10:16 Página 299 démicos, mediáticos, políticos con profusión pero no con profundidad. No se reflexiona sobre ella porque se prioriza pasar a la ciega carga. Siempre es más fácil utilizar un cliché y dos coletillas para referirse a un problema que indagar en sus orígenes, en sus motivos y en la forma más eficaz de superarlos. Es más fácil el insulto y el improperio que proponer una reflexión. No, pretender apagar el fuego con más gasolina no parece la solución más lúcida. Decíamos al hincar el diente a este trabajo que, si con él hemos conseguido poner sobre la mesa un par de cuestiones y otras dos reflexiones, nos damos por satisfechos. Parcialmente. La satisfacción total llegará cuando en este país se pueda hablar de los derechos y aspiraciones de la gente más joven sin que ello sea un tabú, sin demonizarlos, sin satanizarlos. Sin enviarlos a la hoguera. La satisfacción plena llegará cuando se reconozca el tratamiento injusto y arbitrario que se ha dado a las personas cuyas vivencias aparecen, directa o indirectamente, reflejadas en este trabajo. Cuando se les repare por los sufrimientos, por la infamia a que se han visto sometidos. Pero, sobre todo, sólo nos veremos complacidos definitivamente cuando se garantice que, en este país, la persecución y el hostigamiento contra la juventud más consciente y activa no se volverán a repetir. Ellos instauran el autoritarismo, globalizan la represión. Siguiendo las palabras de Tim Robbins, no permitamos la intimidación. Instauremos nosotros la esperanza, globalicemos nosotras la solidaridad. 299 La maza 20/4/10 10:16 Página 300 La maza 20/4/10 10:16 Página 301 posdata: la academia terrorista versus el futuro de un pueblo JUVENTUD VASCA, REPRESION Y SOLIDARIDAD, DECIAMOS. Resulta casi imposible cerrar el análisis de este fenómeno tan complejo, pero sobre todo tan vivo y actual. A las puertas de poner el punto final a este trabajo, salta la noticia de que un total de 36 jóvenes han sido apresados bajo las órdenes del juez Grande Marlaska. En la operación aparecen, uno a uno, todos los elementos denunciados en este trabajo: en la detención, desarrollada por la Guardia Civil y la Policía española, se ha levantado de la cama a punta de metralleta a jóvenes de los cuatro territorios de Hegoalde. Son conducidos inmediatamente a Madrid bajo incomunicación, una semana después de que el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas denuncie este régimen. El juez actuante, bien dispuesto para la trasfusión de sangre nueva en el viejo tribunal, desestima aplicar alguna medida de prevención del mal trato. Necesita autoinculpaciones para, al menos, tener algo. Poco después, los testimonios de torturas y las denuncias de presiones para arrancar declaraciones en determinado sentido afloran como la mala hierba. Los medios de comunicación airean que en el glorioso operativo 301 La maza 20/4/10 10:16 Página 302 antiterrorista se ha arrestado a la cúpula de la organización. De Segi, vaya. La parte que toca al juez no es menos surrealista y fabulosa. Eran el «tentáculo de ETA», conformaban una «auténtica academia terrorista», desarrollaban oscuras directrices, si bien no se les pueden imputar hechos concretos e individualizados de kale borroka. Pero es que, portaban un «manual». Para rematar la jugada. Si no hay elementos de incriminación, se los inventan. Eso sí que es de manual. En el susodicho se anima a que «a los ladrones electos de Aralar les tiraremos piedras pero a los ladrones electos del PP, "cócteles molotov"». Sin duda, una novedosa actuación. Ni idea si la directriz es metafórica o literal, porque el hipotético documento no ha llegado a ojos de nadie. Probablemente ni de los medios que lo glosaban con mucho fervor, pero no con tanta convicción. Asimismo, la Audiencia Nacional considera que la vinculación de la estrategia del movimiento juvenil a la de ETA es notoria, aunque en el presunto breviario se prevenga que «es necesario establecer una diferenciación muy nítida entre los modos de lucha callejera y lucha armada». No parece una prueba de que se unifiquen las actuaciones, sino precisamente de todo lo contrario. Pero los jueces no están para minucias interpretativas. Todo da igual en el país donde todo es lo mismo. Medios, togados y políticos, fascinados con el discutible hallazgo, encuentran que la presunta función de cantera del movimiento juvenil se desprende de este, igualmente, dudoso párrafo: «más allá del sabotaje y de la dinámica de enfrentamiento, para el que quiera hacerse con un mayor compromiso en la lucha a favor de Euskal Herria, ya hay una organización que practica la lucha armada, Euskadi Ta Askatasuna». Parece una simple pero nítida constatación de donde se está y donde no. Aun así, la visión caleidoscópica de los 302 La maza 20/4/10 10:16 Página 303 jueces de Madrid encuentra en ese comentario el nexo necesario: es la «academia de terroristas». Cae la maza: se ordena el ingreso en prisión preventiva de 29 jóvenes, procesados por delitos de pertenencia a organización terrorista. Inmediatamente son dispersados en diferentes cárceles. Sus familiares tienen que indagar, prisión por prisión, donde se encuentran sus chavales. La solidaridad no abandona: 20.000 jóvenes y no tan jóvenes, de un amplio arco político, se manifiestan cinco días después de la redada en las calles de Bilbo. Reclaman «Proiektu guztiak, eskubide guztiak». Del texto que leyeron dos familiares en el acto que cerró la multitudinaria movilización se podría destacar la siguiente interpelación: «¿Cuál es el futuro de un pueblo a cuya juventud se le niegan los derechos más básicos?». Quienes tomaron la palabra no quisieron esconder que «les queremos y nos llenan de orgullo». Un acto de autoafirmación. Ha habido otros recientemente. Habrá más en el futuro. Es la reedición de la consigna «no pasarán», el cierre de filas por lo que somos y por lo que queremos ser. Llenos de utopías, preñados de anhelos. Esa es la verdadera cantera de cuya rica veta se extrae el futuro. A punto de cerrar la tapa del ordenador, conocemos que se ha presentado la iniciativa juvenil «GaztEHerria». Ongi etorria! De todo lo que se mueve en Euskal Herria, algo, sin duda, va en la dirección correcta. 303 La maza 20/4/10 10:16 Página 304 La maza 20/4/10 10:16 Página 305 índice onomástico Agirre, Antonio , 160. Ahumada, Conde, 186. Aierbe, José, 129. Aiestaran, Aritz, 226, 227. Aira, Urtzi, 226, 227. Aizpuru, José Francisco, 89 Aizpurua, Aidor, 88. Aizpurua, Eneko, 296. Aizpuru, Suar, 88. Alfaro, Ellande, 65. Alighieri, Dante, 14. Almunia, Joaquín, 262. Alvarez Santacristina, José Luis, 51, 103, 288. Ansuátegui, Francisco Javier, 62, 128, 158, 251, 266. Aragón, Antonio, 245, 266. Aranibar, Begoña, 258. Ardanza, José Antonio, 67. Ares, Rodolfo, 112, 179, 209, 297. Arizmendi, Josu, 63. Arrastia, Mikel, 182. Arregi Erostarbe, Jose, 51. Arriaga, Koldo, 64. Arrieta, Aitzol , 295. Arrillaga, Ander, 290. Arriluzea, Xabier, 290. Arriola, Asier, 201. Arroio, Urko, 195, 228. Arrue, María Luisa, 271, 272. Arteaga, José Miguel, 129. Artetxe, Aitor, 101 Arzalluz, Xabier, 67. Arzuaga, Igor, 129. Arzuaga, Julen, 164. Asensio, Paul, 57 Atutxa, Juan María, 50, 53, 54, 58, 68, 69, 85, 109, 118, 119, 162, 163, 164, 165, 168, 179, 268, 283, 284, 285. Atxotegi, Iker, 138. Ayensa, Javier, 242, 268. Aznar, José María, 67, 105, 218, 219, 221, 223. Aznar, Mikel, 125. Baeza, Javi, 251. Balda, Iker, 169. 305 La maza 20/4/10 10:16 Página 306 Balza, Javier, 80, 81, 142, 179, 192, 193, 252, 287. Barrionuevo, José, 245. Basagoiti, Antonio, 95. Bea, Iker, 79. Beaumont, José Luis, 166, 167. Beaumont, Mari Jose, 166, 167. Beaumont, Josu, 298. Begiristain, Koldo, 73, 242, 262. Beitialarrangoitia, Marian, 295. Belasko, Alex, 298. Belasko, Gorka, 195. Belloch, Alberto, 54, 94, 118. Beristain, Iker, 181. Beroiz, Andoni, 80, 81, 82, 252. Beroiz, Luis, 81. Berrizbeitia, Antton, 75. Berrueta, Aitor, 257. Berrueta, Áitziber, 257. Berrueta, Ángel, 257, 254, 275, 276, 279, 291, 298. Berrueta, Enekoitz, 257. Berrueta, Imanol, 257. Blanco, Zigor, 172. Brouard, Santi, 158. Bueren, Carlos, 178, 179, 200. Buesa, Fernando, 67, 142. Burgo, Jaime Ignacio del, 275. C. David, 106. Caamaño, Francisco, 206, 207. Camacho, Antonio, 158. Camino, Xabier, 74. Caminos, Maider, 293. Cardaño, Aingeru, 192. Cardenal, Jesús, 252. Castro. Manex, 193. Cervera, Santiago, 266. Chorraut, Jose Javier, 128. Conde, Mario, 245. Corcuera, José Luis, 245. Cotino, Juan, 47, 75, 285, 286. Coto, Egoitz, 246, 290. 306 Couceiro, Andrés, 273. Couceiro, Jon Ander, 161, 162, 273. Crespo, Jon,82, 290. de Castro, Enrique, 251. de la Peña, Miguel José, 273, 274, 279, 280. de la Peña, Valeriano, 273, 274, 279, 280. De la Rosa, Javier, 245. del Hierro, Agustín, 75. del Ollo, Jesús María, 240. Díez, Rosa, 50, 262. Divar, Carlos, 200, 201. Egibar, Joseba, 263. Elarre, Jokin, 275. Elkano, Amaia, 294. Elosegi, Haritz, 160. Elzo, Javier, 106, 109, 267. Erauskin, Nekane, 295. Erro, Jon, 79. Esparza, José Mari, 63. Esparza, Josemi, 66. Etxeandia, Txusa, 171. Ezenarro, Aintzane, 80. Fernández de Gamarra, Xabier, 195. Fernández Iradi, Ibon, 289. Fernández, Adur, 229, 233. Fernández, Aitor, 192. Fernández, David, 300. Ferraioli, Luigi, 154. Ferrer, Mariano, 88. Frías, Unai, 291. Fungairiño, Eduardo, 252. Galarraga, Urko, 139. Galeano, Eduardo, 7. Gallastegi, Orkatz, 174, 290. Galve, Joaquín, 150. García Charela, Javier, 239. García Preciado, Karlos, 135. García Villoslada, Jesús, 266. La maza 20/4/10 10:16 Página 307 García, David, 178. García, Javier, 245. Garzón, Baltasar, 71, 72, 74, 126, 130, 138, 139, 140, 141, 151, 152, 153, 194, 195, 199, 229, 283, 284, 285. Gerra, Ekain, 214, 215. Giuliani, Rudolph, 26. Goiena, José Antonio, 241, 242. Goiena, Koldo, 241. Goikoetxea, Aitor, 129. Gómez de Salazar, Asier, 291. Gómez, Aner, 192. Gómez, Gorka, 200. Gómez, Iker, 63. Gómez, Oier, 228, 230, 233. Gómez, Txuma, 273. González Armengol, José Luis, 157. González Calleja, Eduardo, 176. González, Aitor, 179. González, Felipe, 87. González, Izaskun, 164. González, Jesús, 76, 262. Goñi, Luis, 293. Gorostiaga, Zigor, 129. Gorostiza, Txemi, 77. Gorraiz, Alejandro, 169. Gorrotxategi, Imanol, 226, 227. Grande Marlaska, Fernando, 292, 294, 303. Guinea, Josu, 134, 135. Guridi, Iñigo, 161. Gurruchaga, Carmen, 51, 282. Gurrutxaga, Iñaki, 226. Gurtubai, Jon Sebastian, 172. Hobbes, Thomas, 116. Huertas, Manuel, 28. Huizi, Gabino, 63. Ibazeta, Josetxo, 95. Idigoras, Jon, 100. Ijurko, Hodei, 290. Intxaurraga, Maitane, 293. Intxaurraga, Sabin, 263. Íñigo, Asier, 75. Íñigo, Iker, 226. Íñigo, Miguel Ángel, 73. Iparragirre, Imanol, 139, 140, 141, 284. Irastorza, Asier, 129. Irazabalbeitia, Ángel, 88. Irazabalbeitia, Aritz, 88. Irazusta, Aitzol, 74. Iriarte, Jose Ramón, 57. Iribarren, Jaime, 178, 200. Iribarren, Mikel, 165, 166, 167, 168. Iruin, Iñigo, 224. Iturriaga, Unai, 102. Jakobs, Günther, 116. Jauregi, Oskarbi, 139. Jáuregui, Juan María, 140. Jáuregui, Ramón, 218, 220, 270. Jurado, Sendoa, 291 Kamio, Joseba, 54. Kropotkin, Piotr, 208. Lamarca, Íñigo, 80, 111, 252. Landa, Jon Mirena, 189. Larrea, Aitor, 74. Larrea, Zunbeltz, 75, 229, 233. Larrinaga, Gaiza, 178. Larrinaga, Julen, 178. Lasa, Joxean, 164. Lasaga, Eneko, 228. Latorre, Aitor, 57. Le Vert, Laurence, 65. Legarda, Mikel, 252. Legarra, Amaia, 293. Lejarzegi, Endika, 290. Lertxundi, Imanol, 56. Lima, Iker, 82, 290. Llamas, Miguel Ángel, 79. López Iborra, Alberto, 294. 307 La maza 20/4/10 10:16 Página 308 López, Jon, 135. López, Noé, 293. Lupiañez, Gorka, 58, 75, 173, 174. Madrazo, Javier, 142. Maiza, Roberto, 74. Makaia, Mikel, 63. Mallabia, Naiara, 192. Manglano, Emilio Alonso, 245. Mañas, Mari Carmen, 257, 258, 278, 297, 298. Maquiavelo, Nicolás, 28, 32. Mariscal de Gante, Margarita, 120. Martín Pallín, José Antonio, 223. Martínez de Treviño, Ibai, 228. Mayor Oreja, Jaime, 48, 101, 115, 166, 240, 252, 262. Merle, Beñat, 65. Milano, César, 61. Miralles, Melchor, 67. Molina, Enrique, 144, 145 Montoia, Kristina, 187. Moreno, Fabio, 53. Moreno, Ismael, 94. Moreno, Koldo, 195. Moro, Thomas, 291. Mosquera, Pablo, 270. Mugeta, Irantzu, 57. Mugika, Argider, 139. Muguruza, Josu, 157. Mujika Garmendia, Francisco, 51. Mujika, Garikoitz, 196. Muñoz, Javier, 275, 279. Navarro, Joaquín, 151, 223. Novoa, Mikel, 228. O’Shea, David, 159. Obama, Barack, 170. Olaberri, Txuma, 169. Olmo del, Juan, 229. Olza, Eneko, 134, 291. 308 Olza, José Miguel, 242. Orbe, Zigor, 135. Orduña, Luis, 63. Oria, Felipe, 57. Ormaetxe, Natxo, 252. Ormazabal, Jon Markel, 74. Orwell, George, 298. Otano, Javier, 245. Otegi, Arnaldo, 135. Oviedo, Oskar, 75. Palacios, Teresa, 297. Paulus-Basurko, Maritxu, 66. Peña, Miguel José, 273, 274, 279, 280. Peña, Valeriano, 273, 274, 279, 280. Pérez Rubalcaba, Alfredo, 206, 207, 295. Pérez, Oskar, 162, 192. Pérez, Ugaitz, 82, 290. Perote, Juan Alberto, 245. Pikabea, Iban, 228, 229. Pío, Alberto, 240. Piqué, Josep, 106. Podal de, José Ricardo, 222. Prado y Colón de Carvajal, Manuel, 245. Prieto, Jerónimo, 65. Rajoy, Mariano, 67, 74, 75, 93, 145. Reizabal, Álvaro, 161. Rekondo, Xangarin, 74. Retolaza, Luis María, 179. Rey, José Benigno, 215. Rey, María, 135. Robbins, Tim, 298, 301. Rodríguez, Silvio, 12. Roldán, Luis, 244, 245, 266. Romero, Álvaro, 130. Romero, Elvira, 242. Ronco, Mario, 134. Rubio, Mariano, 245. La maza 20/4/10 10:16 Página 309 Rubio, Pilar, 273, 274, 275, 276, 279, 280. Ruíz de Alegria, Pedro, 178. Ruiz, Zigor, 196. Sádaba, Javier, 135. Sáez de Ynestrillas, Ricardo, 157, 158. Sagardoi, Xabier, 293. Sagarzazu, Imanol, 228. Sáiz Arnáiz, Alejandro, 187. Salaberria, Jon, 139, 140, 141, 284. San Gil, María,104. Sanchiz, Kontxi, 56, 274, 275, 278. Sanpedro, Edurne, 57. Santos, Teo, 98. Sanz, Miguel, 62. Saratxaga, Kepa, 81. Sarkozy, Nicolás, 27. Scheinin, Martín, 153, 289. Schmitt, Carl, 116. Solaguren, Karmele, 214, 215. Sota, Fernando, 63. Tapia, Asier, 144, 296. Tapia, Jaime, 235. Tejerina, Arkaitz, 75. Txebarria, Leire, 135. Txokarro, Jorge "Txibi" , 298. Txurruka, Lourdes, 89. Uria, Margarita, 115, 118. Urkijo, Txema, 252. Urquijo, Carlos, 102. Urralburu, Gabriel, 244, 245, 266. Urrestarazu, José Antonio, 129. Urrutikoetxea, Egoitz, 66. Urtasun, Ana, 242. Valderrama, Altzibar, 229, 233. Valero, Luis, 63. Vales, Petra, 242. Vales, Soledad, 242. Vallejo, Iñigo, 135. Van Boven, Theo, 190, 191, 211, 226. Vázquez Honrubia, José María, 223, 225, 233. Vázquez, Mikel, 242. Vera, Rafael, 245. Vidal Quadras, Aleix, 99. Vilares, Javier, 242. Villanueva, Jon, 291 Villar, Enrique, 263. Weber, Max, 22. Zabala, Joxi, 164. Zaldunbide, Jokin, 65 Zarra, Rosa, 56, 165. Zubimendi, Araitz, 296. Zubimendi, Mikel, 55. Zueco Melero, María José, 201. 309 La maza 20/4/10 10:16 Página 310 La maza 20/4/10 10:16 Página 311 índice prólogo introducción desbrozando terreno secuencia represiva así nos lo cuentan y la justicia así lo interpreta brutalidad policial el tormento la tortura blanca menores «terroristas» gurasoak lanean, organizando la solidaridad tras los hijos, a por los padres recapitulando, a día de hoy posdata: la academia terrorista versus el futuro de un pueblo índice onomástico 9 11 17 47 83 113 153 175 203 215 235 263 279 301 305 La maza 20/4/10 10:16 Página 312 La maza 20/4/10 10:16 Página 313 otros títulos de esta colección ENSAYO Joxean Agirre ¿Cipayos? Policía vasca o brazo armado del PNV Fernando Alonso ¿Por qué luchamos los vascos? Per qué lluitem els bascos? J.L. Alvarez Enparantza, Txillardegi Euskal Herria en el horizonte Xabier Amuriza La explosión de la conciencia Iñaki Anasagasti Llámame Telesforo Julen Arzuaga La maza y la cantera. Juventud vasca, represión y solidaridad Floren Aoiz La vieja herida El jarrón roto Pío Baroja El País Vasco Juan Carlos Berrio Bálsamos y venenos. La droga como engaño Luigi Bruni ETA. Historia política de una lucha armada Iker Casanova ETA 1958-2008:Medio siglo de historia Patrick Cassan Francia y la cuestión vasca C.E.D.R.I. El GAL o terrorismo de estado en la Europa de las democracias Manuel de Dios Unanue El caso Galíndez. Los vascos en los servicios de inteligencia de EEUU Justo de la Cueva La escisión del PNV Iñaki Egaña Mil noticias insólitas del país de los vascos Diccionario histórico-político de Euskal Herria. Tomo I y II Quién es quién en la Historia del país de los vascos Mil nuevas noticias insólitas del país de los vascos Los crímenes de Franco en Euskal Herria José Antonio Egido Viaje a la nada. Principio y fin de Euskadiko Ezkerra José Mari Esparza Zabalegi ¡Abajo las quintas! La maza 20/4/10 10:16 Página 314 Réquiem para sordos Cien razones por las que dejé de ser español Xosé Estévez Historia de Euskal Herria. Del hierro al roble. Tomo II Jesús Etayo Navarra: una soberanía secuestrada José Antonio Etxebarrieta Los vientos favorables. Euskal Herria 1839-1959 Jonan Fernández La autovía en el espejo Eli Gallastegi, Gudari Por la libertad vasca Jose Miguel Gastón ¡¡Arriba jornaleros!! Giovanni Giacopuzzi ETA. Historia política de una lucha armada. 2ª parte ETA pm. El otro camino Sin tregua Roberto González de Viñaspre Trebiño. Claves para un contencioso inacabado Martín Luis Guzmán Mina el mozo Irantzu Larrañaga Internet solidari@. La última revolución Internet solidari@. Azken iraultza Piarres Larzabal Anai artean Nere mendixkatik. Apez bat ETAko gudariez mintzo Toni Lodeiro Consumir menos, vivir mejor. Ideas prácticas para un consumo más consciente Emilio Lopez Adan El nacionalismo vasco en el exilio José M.ª Lorenzo Espinosa Historia de Euskal Herria. El nacimiento de una nación. Tomo III Juan Madariaga Orbea Historia social de la Muerte en Euskal Herria Emilio Majuelo Historia del sindicato LAB LAB sindikatuaren historia La generación del sacrificio. Ricardo Zabalza 1898-1940 Pilar Iparragirre La deportación Xabier Makazaga La red. El tormento en la España constitucional Manual del torturador español José M. Jimeno Jurío Navarra jamás dijo NO al Estatuto Vasco Jon Mintegiaga El Filtro Sharryn Kasmir El mito de Mondragón. Cooperativas, política y clase trabajadora en una ciudad del País Vasco Pierre Narbaitz Navarra o cuando los vascos tenían reyes Eneko Landaburu ¡Cuídate compa! Luis Núñez La razón vasca El euskera arcaico Ramón Lapeskera De aquellos barros… Prensa navarra y nacionalidad vasca Joaquín Navarro Homenaje a Euskal Herria Eoin Ó Broin Matxinada. Historia del La maza 20/4/10 10:16 Página 315 movimiento juvenil radical vasco José Luis Orella Historia de Euskal Herria. Los vascos de ayer. Tomo I Miguel de Orreaga Amaiur. Los últimos nabarros Hektor Ortega Lahera Bilbao a la deriva Antonio Palomar La despensa de Hipócrates. Los poderes curativos de los alimentos La sabiduría de Higea. El poder curativo del cuerpo Xabier Peñalver Orígenes Rui Pereira La guerra desconocida de los vascos Las palabras indeseables Huan Porrah Negación punk en Euskal Herria Txema Ramírez Ertzantza: ¿Héroes o villanos? Pepe Rei Colegas Garzón. La otra cara Anjel Rekalde Herrera. Prisión de guerra Eduardo Renobales ANV, el otro nacionalismo Fito Rodríguez Kasandra leihoan Mikel Rodríguez Maquis. La guerrilla vasca Espías vascos Javier Sánchez Erauskin El nudo corredizo. Euskal Herria bajo el primer franquismo George L. Steer El árbol de Gernika. Un ensayo sobre la guerra moderna Joseba Tobar Marxez haratago Eli Txapartegi Desobedientziaz ibiltzen Txema Urrutia Alcaldes en lucha Begoña Zabala Movimiento de mujeres. Mujeres en movimiento Ricardo Zabalza ¡Secuestrados! 117 días en la encrucijada vasca Voluntarios. Semillas de libertad Foz de Lumbier. Antecedentes y crónica de unas ejecuciones Jexuxmari Zalakain Joxemiren uzta. Euskal prentsa herri proiektua da Francisco Zamora Urralburu. Corrupción al servicio del Estado Markos Zapiain Zenbait terrorista Jexus Arrizabalaga - Anjel Murias Autonomoekin solasean Paul Asensio- Mikel Ayllon Gerezi gorrien garaia Iñaki Egaña-Giovanni Giacopuzzi Los días de Argel. Crónica de las conversaciones ETA-Gobierno español Nicolás Doljanin-Ricardo Castellón Pakito Arriaran, de Arrasate a Chalatenango Pepe Rei - Edurne San Martín Egin investigación. Otra forma de periodismo Lurdes Moraza - Mertxe Basterra La columna infame. Tortura y represión política en Euskal Herria Fernando Mendiola - Edurne Beaumont Esclavos del franquismo en el Pirineo La maza 20/4/10 10:16 Página 316 Varios Autores No ser una silla. La cara oculta del mundo de grandes discapacitados Euskadi. La renuncia del PSOE Expediente Vasco. CIA y FBI en Euskal Herria 11-M: Tres días que engañaron al mundo La Europa ¿de quién? Alzheimer y otras demencias TAV, las razones del no José Mari Esparza Zabalegi Potosí. Andanzas de un navarro en la guerra de las naciones Alfonso Etxegarai Regresar a Sara. Testimonio de un deportado vasco Mikel G. Telleria La venganza de los Jaso NARRATIVA Iñaki Gonzalo Casal, Kitxu Carta a un fantasma Nadine La barca de Amin El Niño de Maguey Fernando Alonso Abad El repartidor de sueños Patxi Irurzun Ciudad Retrete María Asunción Amilibia El diario de la nostalgia Edorta Jiménez Voces de ballena San Fermingway El año del tifus Pablo Antoñana Miniaturas Roberto Arlt Aguafuertes vascas Pío Baroja La Leyenda de Jaun de Alzate Marie José Basurco Sé fuerte, Lucía Luis Beroiz Entre ceja y ceja Manuel Blanco Chivite Operación Mendi Gaetän Bernoville La cruz sangrienta. Historia del cura Santa Cruz Iñaki Egaña 1936. Aquella soledad Una vida aplazada Iñaki de Juana Chaos Días / Egunak La senda del abismo Xabier Díaz Esarte Tiza negra Patxi Larrainzar Pega, pero escucha Adiós Monseñor El desertor Pecados veniales de un cura asilvestrado Diario suburbano de Pamplona Jon Maia Soria Riomundo Laura Mintegi Sísifo enamorado Ecce homo José Mari Pérez Bustero Vascones Los nuevos vascones Pepe Rei La cloaca vasca El jesuita La red Galindo Carabanchel Intxaurrondo, la trama verde Álvaro Reizabal En estas casas ya se sabe Anjel Rekalde Dorregarai. La casa torre La maza 20/4/10 10:16 Página 317 Mugalaris. Memoria del Bidasoa Sombras del alba Memorias de mañana Xabier Silveira A las ocho en el Bule Gaizka Sopelana Los contrabandistas del Bidasoa Mario Salegi Verano del 36. Memorias de un gudari Andrés Sorel Regreso a las armas Johannes Urzidil El oro de Caramablú Jose Luis Urrutia Los demonios de la guarda Igancio. Los años de la espada César Borgia. El hijo del Papa Armando Vidal Libertá, ay, mi libertá BIOGRAFÍA Itziar Aizpurua Jokin Gorostidi. Autobiongrafia José Antonio de Aguirre Diario de Aguirre Elías Amézaga Biografía sentimental de Sabino Arana Andoni Cabello La plaza de Urbina. Una biografía de Iñaki Ormaetxea Iker Casanova y Paul Asensio Argala Iñaki Egaña Mario Salegi. La pasión del siglo XX Amaia Ereñaga Marc Légasse. Un rebelde burlón Francisco Fernández de Mendiola Isaac Puente. El médico anarquista Juan Ramón Garai Celestino Uriarte. Klandestinitatea eta erresistentzia komunista Celestino Uriarte. Clandestinidad y resistencias comunistas Jon Idigoras El hijo de Juanita Gerrikabeitia Pilar Iparragirre Félix Likiniano. Miliciano de la utopía José María Lorenzo Espinosa Txabi Etxebarrieta. Armado de palabra y obra Gudari, una pasión útil. Eli Gallastegi (1892-1974) Cástor Olcoz Jesús Lezaun. La afonía de Ezequiel Aitor Pescador Francisco de Xabier. Nacimiento de un mito, muerte de una nación Jokin Urain Nací Cautivo Txema Urrutia El vasco de la carretilla Lucio Urtubia La revolución por el tejado Joseph Zabalo Xaho. El genio de Zuberoa Jexuxmari Zalakain Belentxi. Hamalaugarren apostolua Iker Casanova-Paul Asensio Argala La maza 20/4/10 10:16 Página 318 La maza 20/4/10 10:16 Página 319 Este libro, la maza y la cantera Juventud vasca, represión y solidaridad se terminó de diseñar, componer y maquetar en Arte 4C el 20 de abril de 2010, utilizándose para ello la familia tipográfica Celeste creada digitalmente por Chris Burke en 1990. Este día, Eneko Olza recuperó la libertad tras cumplir su condena íntegra a la espera de que también la recuperen otros muchos y muchas. La maza 20/4/10 10:16 Página 320 La maza 20/4/10 10:16 Página 321 Aurkeztu dizugun liburuaren eduki, itxura edo inprimaketari buruzko iritzia guri helarazi nahi izanez gero, bidal iezaguzu. Zinez eskertuko dizugu. 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