El último cartucho - Cómo ganamos 50.000 km2 de mar en La Haya

I MEDIO SIGLO DE CAMINOMarco Sifuentes Was there a line in ‘52? That is the question, Mr. President, that’s for you. Members of the court, We can be very short; Our opponents, we say, haven’t a clue. Rodman Bundy Miembro del equipo peruano ante La Haya El enemigo se llama Aristóteles Onassis. Nuestros aliados son Chile y Ecuador. Nuestra prensa, indignada, llama “pirata ballenero” al multimillonario greco-argentino y no le falta razón. Sólo su primera expedición pesquera en nuestras costas —hace unos años— le generó una ganancia neta de 4 millones y medio de dólares. Estamos en 1952. Convertidos a dólares del 2014, la ganancia neta de esa primera expedición equivaldría a unos 50 millones. Así que Onassis no está dispuesto a abandonar estas aguas que, para todos los efectos, no son de nadie. Sólo en un año, la nave nodriza de su flota, el imponente buque factoría Olympic Challenger, masacrará a 4,648 cachalotes, 285 ballenas azules, 169 rorcuales, 105 ballenas jorobadas y 21 ballenas sei. Muchos de los cachalotes y ballenas azules eran sólo bebés. La magnitud de la depredación no la conocen aún ni Perú ni Chile ni Ecuador pero ya saben que las aguas están agitadas. En agosto de este año firman la “Declaración de Zona Marítima”, en la que acuerdan que cada uno tuviese una zona marítima no menor de 200 millas náuticas a partir de todo el largo de sus cosas y no únicamente en algunos tramos. Este es nuestro punto de partida. 29 Históricamente, por supuesto, podríamos considerar que la Guerra del Pacífico es el origen de la controversia de delimitación marítima entre Perú y Chile. Después de todo, antes del sangriento conflicto no éramos vecinos y, después de él, sí. Pero eso sería jurídicamente inexacto. Para nuestro relato cuenta únicamente todo lo ocurrido después de 1948, el año en que Perú y Chile firmaron el Pacto de Bogotá. En este documento, ambos países se comprometieron a resolver cualquier controversia en la Corte Internacional de Justicia, el principal órgano judicial de la recientemente creada Organización de las Naciones Unidas. Un año antes, en 1947, tanto Chile como el Perú, a través de sus presidentes Gabriel González Videla y José Luis Bustamante y Rivero, respectivamente, habían lanzado proclamas de soberanía sobre las 200 millas marinas. La depredación de nuestros mares es un problema común. Esas, sin embargo, son simples declaraciones unilaterales. Intenciones y nada más. Jurídicamente: sólo palabras. Serán irrelevantes para la Corte Internacional y tampoco existen para los balleneros que continúan arrasando cetáceos frente a nuestras costas. Aquí volvemos a agosto de 1952. Los tres países afectados necesitan un instrumento legal que enarbolar ante la comunidad internacional. Por eso es que se juntan en Santiago, en lo que se conocería como la “Conferencia Ballenera”. El documento firmado por las tres partes oficializa las declaraciones unilaterales de 1947 sobre las 200 millas territoriales. Pero en el cuarto párrafo, la Declaración de Santiago señala algo cuyas consecuencias ninguno de los conferencistas sospecha. Allí se dice, textualmente, que: Si una isla o grupo de islas pertenecientes a uno de los países declarantes estuviere a menos de 200 millas marinas de la zona marítima general que corresponde a otro de ellos, la zona marítima de esta isla o grupo de islas quedará limitada por el paralelo del punto en que llega al mar la frontera terrestre de los estados respectivos. 30 Es decir que, si existieran islas de un país cerca al mar de otro, se tendrán que delimitar las zonas marítimas. Esa frontera seguirá el paralelo del punto en el que su límite terrestre toca el mar. Se especifica esta circunstancia pensando en los casos de las islas ecuatorianas cercanas al mar peruano. Sin embargo, años después, Chile usará este párrafo para decirle al mundo que en 1952 se trazó una frontera con el Perú. Ahora estamos en 1954. Onassis considera un exotismo la tesis de las 200 millas pero, de todas formas, ha ordenado a su flota, la Olympic Whaling Company, que se mantenga fuera del mar reivindicado por el Perú. La nave nodriza, el Olympic Challenger, y el resto de la flota ballenera, una docena de embarcaciones, están registrados en Panamá. Para entonces, el presidente Manuel A. Odría ya ha mandado advertencias al magnate, a través de la prensa, sobre su flota. —No enarbola un pabellón respetable —dice. En otras palabras, el Perú no tendría ningún problema en usar la fuerza contra barcos “panameños”. Para cubrirse, Onassis asegura su flota en la firma Lloyd’s de Londres por un total de 5 millones de libras. Es su forma de involucrar al Reino Unido en caso que Perú se atreviese a intervenirlo. Y la flota Onassis vuelve a ingresar dentro de las 200 millas. “Los balleneros de Onassis desafían al Perú” titula un cable de United Press del 15 de noviembre. Odría está furioso y da la orden de atacar. Dos destructores de la Marina de Guerra del Perú, el Aguirre y el Rodríguez, enfilan al norte y encuentran dos barcos de Onassis a 180 millas de las costas peruanas. Se tratan del Olympic Victory y el Olympic Lightning, cuyos capitanes no ofrecen resistencia. Ironías de los negocios marinos: tanto el Aguirre como el Rodríguez, fragatas de origen canadiense, habían pertenecido, alguna vez, a Onassis. 31 El pez gordo cae a la mañana siguiente. La Fuerza Aérea del Perú detecta al infame Olympic Challenger. El Aguirre se dirige hacia la nave nodriza y le transmite la orden de detención. No hay respuesta. Entonces la aviación comienza el bombardeo. Pero el capitán del buque factoría no piensa rendirse y se pone a toda marcha rumbo a aguas internacionales. Finalmente, una de las bombas desgarra el costado del buque y el fuego de las ametralladoras alcanza la cubierta. Por suerte no hay muertos ni heridos, pero no hay necesidad de más acciones. El Olympic Challenger y sus doscientos tripulantes se entregan, no sin antes tirar al mar todos los documentos de navegación que pudieran probar que se encontraban dentro de las 200 millas. En los días siguientes, caen también el Olympic Conqueror y el Olympic Fighter. Seis barcos de la flota olímpica consiguen escapar y volver a Panamá. En total, son capturados 400 tripulantes de los navíos de Onassis —la mayoría, marineros alemanes, casi todos del puerto de Hamburgo— y detenidos en Paita. El incidente da la vuelta al mundo. De un lado, se ven involucrados Panamá (por los barcos), el Reino Unido (por el seguro), Alemania y otros países europeos (por los marineros). Del otro, defendiendo sus 200 millas, está el Perú junto a Chile y Ecuador. El abogado de Onassis es el panameño Roberto Arias, miembro de una poderosa familia política y futuro presidente de su país. Cuando Arias reclama por las medidas peruanas, Chile y Ecuador se solidarizan contra Panamá. Y cuando el Reino Unido también envía su protesta, el ministro chileno de Relaciones Exteriores manda un mensaje de felicitación al canciller peruano. Tres semanas después de la captura de la flota olímpica, y en pleno escándalo internacional, el 4 de diciembre, los tres países sudamericanos firman el “Convenio sobre Zona Especial Fronteriza Marítima”. Casi como enviándole un mensaje a Onassis, y al resto del mundo, se firma en Lima. 32 Unos meses antes del incidente Onassis, el 8 de octubre, otras piezas del dominó que nos llevaría hasta La Haya empiezan a caer. Ese día se lleva a cabo la primera reunión de la Comisión Permanente del Pacífico Sur, creada durante la Conferencia Ballenera de 1952. Su objetivo es “estudiar y resolver los problemas que dicen en relación con la explotación y conservación de las riquezas marítimas del Pacífico Sur”. La Declaración de Santiago es muy buena, pero ha dejado varios cabos sueltos. La Comisión se reúne para ver si puede atarlos y concluye que no, que no tiene el poder suficiente. Entonces, decide que se necesita otra conferencia con los más altos representantes de los tres gobiernos. Nuevamente, la mayor preocupación siguen siendo los balleneros con bandera panameña. Así, empieza a alistarse la nueva conferencia, ahora en Lima. Su propósito principal: evitar “resentimientos entre los pescadores y fricciones entre los países que pueden afectar al espíritu de colaboración y de unidad”. Es decir, se trata de tener un instrumento que permita a los tres países enfrentar mejor juntos al enemigo común. Mientras tanto, en Nueva York, ese enemigo común recibe las noticias de la captura de su flota y estalla, incrédulo ante el atrevimiento peruano. Por un momento, Onassis considera enviar un grupo de mercenarios a atacar las costas piuranas y recuperar sus naves. Sin embargo, se presenta sorprendentemente calmado, casi perdonavidas, ante la prensa. Califica de “fantásticas” las acusaciones de piratería y asegura que sus barcos se encontraban a 400 millas de la costa. Pero también se toma el tiempo de cuestionar la legalidad de la declaración de soberanía sobre 200 millas, una extensión que le parece “arbitraria”. Desde la Edad Media, insiste, el territorio se ha extendido por sólo 3 millas marítimas y si los peruanos pueden reclamar hoy 200 millas, también, por qué no, pronto podrían reclamar 2,000. —Y antes de que los australianos se dieran cuenta —exclama, según la leyenda— ¡se habrían vuelto incas! 33 Sin embargo, el 13 de diciembre de 1954, Onassis no tiene más remedio que pagar los 3 millones de dólares que le impone el gobierno peruano como multa. EI almirante Guillermo Tirado, ministro de Marina del Perú, reivindica el pago de la multa como “un reconocimiento de la afirmación peruana de su soberanía” sobre las 200 millas. Es un triunfo de la unidad sudamericana. En ese contexto los tres países andinos firman el “Convenio sobre Zona Especial Fronteriza Marítima”. En su primer punto, el documento establece ...una zona especial, a partir de las 12 millas marinas de la costa, de 10 millas marinas de ancho a cada lado del paralelo que constituye el límite marítimo entre los dos países. Sí, habla de un límite marítimo. Por supuesto, sin coordenadas ni mayores especificaciones. Después de todo, se trata de un acuerdo de pesca cuyo propósito es, simplemente, reducir las “violaciones de la frontera marítima entre los Estados vecinos” que se produzcan “de modo inocente y accidental”. Ante las amenazas a nuestros mares, la idea detrás del Convenio era establecer un espíritu de cooperación y buena vecindad. Pero allí están esas dos palabras: “límite marítimo”. Cuarenta años después, ese triunfo de la unidad sudamericana sería registrado por Chile, ante las Naciones Unidas, como un tratado limítrofe. Durante un momento el Canciller de Chile no entiende nada. ¿De qué está hablando este señor? Ante él, en su oficina, se encuentra un elocuente diplomático peruano de 72 años que está abordando un asunto absolutamente sorpresivo: la ausencia de una demarcación marítima expresa entre los dos países. Hoy es 23 de mayo de 1986 y 34 estamos en la oficina de Jaime del Valle, ministro de Relaciones Exteriores del régimen de Augusto Pinochet. El señor ya mayor que expone la posición peruana es el embajador Juan Miguel Bákula, enviado especial de nuestro bisoño canciller, Allan Wagner. Bákula es un diplomático con más de cincuenta años de carrera y es quizás el mayor especialista de Torre Tagle en temas limítrofes marinos. Por encargo de Wagner, solicitó una audiencia con el canciller Del Valle. El diplomático chileno pensó que se trataba de una visita de rutina. Nada más lejos de la realidad. La misión de Bákula lleva ya un tiempo gestándose en el más cauteloso secreto. El gobierno del joven Alan García ha entrado con la intención de cerrar todos los temas pendientes con Chile. Incluso antes de asumir el mando, ya había enviado a su asesor Hugo Otero a tratar con Pinochet la necesidad de establecer una agenda de trabajo sobre temas limítrofes. Las gestiones derivan en conversaciones de Wagner con Del Valle sobre los asuntos concernientes a los límites terrestres, establecidos en el Tratado de 1929. Pero, hábilmente, el canciller peruano no ha puesto sobre la mesa lo de la frontera marítima. Para eso ha enviado —de la nada— a Bákula. Bákula es perfecto para la misión: conoce el caso al dedillo. En 1973, participó como uno de los representantes del Perú en la Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, junto al vicealmirante Guillermo Faura. Faura fue el primero en darse cuenta que había algo extraño en la delimitación marítima con Chile. Ya en los años 70, los pescadores sabían que no podían pasar del paralelo del Hito 1, pero que no sabían por qué. —La Marina te daba unas boletas de navegación y simplemente te decía “no pases del paralelo tal” —dice, consultado, un empresario pesquero de la época —. Uno no preguntaba más. Faura, intrigado, rastreó el origen del problema hasta los tratados balleneros de 1952 y 1954. Descubrió que Chile los habían estado 35 invocando como si fueran acuerdos de fronteras. En su libro El mar peruano y sus límites (1977), propuso que una de las salidas posibles a este desacuerdo era recurrir a la Corte Internacional de Justicia. La aparición de ese libro, por cierto, estuvo calculada. Faura había sido uno de los pocos marinos en formar parte del régimen del Juan Velasco. En 1977, con el “gobierno revolucionario” en manos de Francisco Morales Bermúdez, las relaciones con Chile —o, mejor dicho, con el gobierno de Pinochet— iban viento en popa. En ese contexto, el libro de Faura, que amenazaba con enturbiar esa cordialidad, fue silenciado. Pero ahora estamos en 1985, en la oficina de Del Valle y la situación ha cambiado. Luego de 40 minutos de exposición de Bákula —en buena parte basada en las hipótesis de Faura—, el jefe de la diplomacia chilena admite que existe un problema: —No lo podemos dejar para las calendas griegas —le dice a Bákula—. ¿Por qué no pasa usted un memorando? Sin perder un instante, el veterano diplomático regresa a la embajada peruana, se sienta delante de una máquina de escribir y empieza a resumir sus argumentos en la nota diplomática 5-4-M/147. Está lista en menos de cinco horas. En la tarde de ese mismo 23 de mayo de 1986, el canciller Del Valle tiene en sus manos lo que, en el futuro, se conocería como el mítico Memorándum Bákula. En el futuro la posición oficial de Chile sería que no existe ningún asunto pendiente con Perú. Sin embargo, cuando el gobierno chileno responde el memorándum semanas después de entregado, admite que sí existe un caso: El ministro de Relaciones Exteriores, tomando en consideración las buenas relaciones existentes entre ambos países toma nota de la solicitud anteriormente men- 36 cionada, declarando que estudios respecto a esa materia se realizarán en su momento debido. Se ha abierto una puerta. El Perú no se animó a cruzar la puerta sino hasta muchos años después. En octubre del año 2000, en plena crisis de implosión del gobierno fujimorista, Chile publica una carta de navegación, de nombre ‘Rada y Puerto de Arica’, en la que se trazaba el límite marítimo sobre el paralelo del Hito 1. El entonces Canciller, Fernando de Trazegnies, envía a Santiago una carta de protesta, invocando el Memorándum Bákula. Para el gobierno chileno —ya democrático y presidido por Ricardo Lagos— se trata de una nota diplomática inédita. El incidente Bákula se había perdido en el tiempo. La canciller Soledad Alvear responde afirmando que los límites ya estaban sellados. La respuesta llega cuando Fujimori ya ha caído y ha sido reemplazado, transitoriamente, por Valentín Paniagua. La recibe el flamante canciller Javier Pérez de Cuéllar, ex secretario general de las Naciones Unidas. Pérez de Cuellar replica dejando constancia ante la ONU de la discrepancia peruana. A partir de este momento, los gobiernos se suceden, los eventos se aceleran y los incidentes se acumulan. Después de dimes y diretes cada vez más públicos, en el 2004, Manuel Rodríguez Cuadros, canciller del gobierno de Alejandro Toledo, envía un ultimátum a la canciller Alvear. Chile zanja definitivamente la cuestión y la vía diplomática queda, así, agotada. A partir de este punto, lo saben en ambos lados, persistir con este asunto significaría sólo una cosa: enfrentarse en la Corte Internacional de Justicia. Las relaciones peruano-chilenas tocan fondo. En Santiago atribuyen “el radicalismo peruano” a Rodríguez Cuadros, a 37 quien acusan de antichileno. En el Perú, acusan al gobierno de Toledo de intentar congraciarse con la opinión pública a través del patrioterismo. Incluso dentro del gabinete ministerial la situación provoca discrepancias muy abiertas. Hacia el 2005, ni siquiera todos dentro de Torre Tagle están convencidos del curso de las acciones pero el camino ya está trazado y transitarlo parece inevitable. Ese año, el Congreso peruano aprueba la “Ley de Líneas de Base” que, entre otras cosas, presupone que el límite marítimo entre ambas naciones es la bisectriz. Según los estudios que encargó Rodríguez Cuadros, este marco legal interno será necesario si es que Perú decide llevar el caso a la corte de La Haya. Las relaciones se crispan al límite. El presidente chileno, Ricardo Lagos, aprovecha cuanto foro internacional puede para dejar clara su incomodidad. A fines del 2005, Lagos viaja a Quito para ratificar los acuerdos de 1952 y 1954. Ecuador vuelve a ser un factor en la ecuación. En el 2006, Lagos y Toledo dan paso a Michelle Bachelet y Alan García. Los nuevos gobiernos pretenden relajar tensiones y lo consiguen. En agosto de ese año, ambos países firman un TLC, negociado por sus predecesores como parte de la política de “cuerdas separadas”. Pero que una cuerda se haya relajado no quiere decir que la otra no siga tensa. El nuevo canciller peruano, José Antonio García Belaúnde, viaja a Santiago para entrevistarse con su equivalente chileno, Alejandro Foxley. Inevitablemente terminan discutiendo los problemas limítrofes, que no son sólo marítimos: también existe una discrepancia respecto de dónde se inicia la frontera terrestre. Esta fue trazada por el Tratado de 1929, el cual estableció que cualquier consulta al respecto sería arbitrada por el presidente de los Estados Unidos. García Belaúnde sugiere seguir ese camino. —¿Cómo te imaginas tú —le pregunta Foxley— que vamos a someter un tema así a un hombre tan tonto como George Bush? Para García Belaúnde este es un indicador de que en Santiago no están tomando en serio la postura peruana. A los pocos meses, los hechos 38 le darían la razón: la diplomática Marisol Agüero descubre el proyecto de ley chileno que crea la región Arica-Parinacota. El proyecto se detiene a tiempo, pero los ánimos vuelven a caldearse y esta vez no se apagarían tan fácilmente. En Perú, ahora, varios sectores políticos exigen que Perú recurra a la Corte Internacional de Justicia. Después de todo, el gobierno anterior había dejado todo listo para que eso ocurriera. En abril de 2007, el opositor Ollanta Humala convoca a una “Marcha de Afirmación de la Soberanía” rumbo a la frontera. Los problemas judiciales de Humala le impiden viajar a Tacna, pero la tensión sigue en aumento. —Puedo controlar una, dos marchas —le dice, finalmente, García Pérez a García Belaúnde—, pero a la larga esto va a ser un problema permanente. Esto nos está jorobando mucho. Que si hacemos esto somos prochilenos; que si hacemos esto otro, no. Esto no da para más. Dos meses después, García Belaúnde le comunica a Foxley que Perú recurrirá a la Corte Internacional. A los pocos días, García le adelanta lo mismo a Bachelet. El 18 de junio de 2007, finalmente, el gobierno peruano le anuncia al mundo que estos cincuenta años de discrepancias se resolverán en una lejana y fría ciudad de los Países Bajos: La Haya. 39