El costo del ajuste social

SUSANA TORRADO(Directora) EL COSTO SOCIAL DEL AJUSTE (Argentina, 1976-2002) Tomo I Modelos de acumulación, regímenes de gobierno y estructura social Susana Torrado Los cambios en la estructura social y la movilidad social son fenómenos que se despliegan —por lo tanto, se captan— en el largo plazo, es por ello que en general se abordan desde una perspectiva histórica. Sólo así, por comparación con momentos pretéritos, es posible aprehender convenientemente la signifi- cación de cada acontecimiento. Esto explica que, a los efectos de contextuar el análisis de los cambios en la dinámica demográfica y el bienestar que se ve- rifican durante el proceso de "ajuste estructural" en nuestro país, y para pro- veer las principales claves interpretativas en cada momento particular, rese- ñaremos aquí la evolución de la estructura social de la Argentina desde fines del siglo XIX hasta principios del XXI. En nuestro marco conceptual, es central la distinción de lapsos históricos según los "modelos de acumulación" hegemónicos. Esta noción se asocia fá- cilmente con el corpus teórico desarrollado para dar cuenta de dos de las grandes dimensiones discernibles en los sistemas capitalistas: el "régimen social de acumulación" (RSA) y el "régimen político de gobierno" (RPG) (Nun, 2007:12-14). Un régimen social de acumulación constituye el conjunto complejo de los factores territoriales y demográficos, de las instituciones y de las prácti- cas que, en un determinado momento definido por coordenadas de lugar y tiempo, inciden coherentemente en el proceso de acumulación de capital, entendiendo a este último como una actividad microeconómica de genera- ción de ganancias y de toma de decisiones de inversión. Un RSA —o modelo de acumulación (utilizaremos las dos expresiones como sinónimos)— constituye entonces una matriz de configuración cambiante en cuyo inte- rior se van enlazando diferentes estrategias específicas de acumulación y 22 EL COSTO SOCIAL DEL AJUSTE procedimientos diversos para implementarlas, de modo que la acumulación de capital se vuelve en cada lugar el resultado contingente de un entrelaza- miento de estructuras y de estrategias. Por su parte, el régimen político de gobierno hace referencia a las transformaciones que pueden experimentar los sistemas políticos institucionales respecto a un determinado modelo de acumulación. En nuestro caso, nos in- teresa mostrar cómo, en el curso de un mismo modelo es factible que cambien los sistemas de gobierno que lo sustentan, es decir, que haya mutaciones en el marco político institucional —el que puede variar desde una situación de dictadura hasta una de democracia— sin que necesariamente las haya en las estrategias de acumulación. Ahora bien, en la historia de la Argentina moderna, hay un hito —la crisis internacional de 1930— que separa dos etapas de muy distinta naturaleza: la primera, caracterizada por la prolongada vigencia de un modelo de acumulación agroexportador; la segunda, asentada, primero, en un modelo de industrialización sustitutiva para el mercado interno (1945-1972); y, luego, en un modelo de apertura a la globalización económica internacional (1976-2002). Es este último lapso el que constituye la cobertura temporal de este trabajo. Durante el mismo se sucedieron en el poder gobiernos de muy distinta idiosincrasia, aunque, por la naturaleza de sus políticas económicas, todos puedan ser englobados dentro un mismo régimen de acumulación —llamado "aperturista" o "de ajuste"—. Para organizar la exposición de estos aconteci- mientos, distinguiremos en ese lapso dos principales momentos: a) el ajuste en dictadura militar (1976-1983); b) el ajuste en democracia (1983-2002). Este último período, signado por gobiernos civiles de disímil signo partida- rio y diferente intensidad en la aplicación de similares políticas neoliberales, lo subdividiremos en tres etapas: la del gobierno radical (1983-1989); la del gobierno justicialista (1989-1999); la del gobierno de la Alianza (1999- 2002). Dentro de lo posible, nos limitaremos a destacar los efectos de cada estrategia, dentro del modelo de ajuste, sobre la estratificación social y la movilidad social, ya que el cambiante nivel de vida de la población se muestra a lo largo de varios capítulos de este libro. La disponibilidad de información esta- dística varía notablemente de un momento al otro, tanto en cantidad como en calidad, lo que ineludiblemente se reflejará en las características de cada descripción. 1. El modelo agroexportador: antes de 1930 Las transformaciones que experimenta la economía argentina a partir de la segunda mitad del siglo XIX están directamente determinadas por la coyuntura de los mercados internacionales de materias primas, signada en ese entonces por el notable acrecentamiento de su demanda en los países que se consolidaban como centros industriales, fundamentalmente en Europa. Se induce así una nueva división internacional del trabajo que favorece la incor- poración a la economía mundial de las regiones productoras de bienes primarios, vía la inversión de capitales y las migraciones internacionales desde el centro a la periferia. La Argentina —cuyas vastas praderas naturales la convertían en una de las zonas más aptas para la producción agropecuaria— fue uno de los países don- de este proceso se verificó en forma típica. Las elites ilustradas que condujeron el país durante este período —notoriamente subordinadas a los grandes propietarios terratenientes de la pampa húmeda— se abocaron entonces a resolver cuatro cuestiones prioritarias: a) la organización nacional; b) la atracción de capitales externos que posibilitaran el desarrollo de formas modernas de producción agropecuaria; c) la promo- ción de la inmigración europea; d) la educación universal y obligatoria. La unidad nacional y la organización institucional (que se completaron hacia 1880, después de varias décadas de luchas civiles) eran indispensables para asegurar las inversiones extranjeras y la continuidad de las actividades eco- nómicas. Los nuevos capitales debían permitir la modernización productiva y, sobre todo, asegurar la implantación de un sistema nacional de transporte (que se centró en el tendido ferroviario) que posibilitara la movilización de bienes y personas de acuerdo a la nueva dinámica económica. La promoción de la in- migración europea tenía por objetivo "poblar el desierto", modificando de pa- so sustancialmente la composición de la población criolla de antigua raigam- bre. La universalización de la educación buscaba asemejar el elemento humano nacional al de los países europeos que servían de paradigma. Puede considerarse que todos estos objetivos se alcanzaron durante el lapso 1880-1930. En efecto, durante esas seis décadas se incrementaron ver- tiginosamente el volumen y el valor de las exportaciones, el capital instalado, el producto nacional y el producto per cápita (esto último a pesar del notable incremento de la población). Un efecto no previsto fue la escasa radicación rural de los inmigrantes atribuible, entre otros factores, a las dificultades para acceder a la propiedad SUSANA TORRADO 23 de la tierra regida por una altísima concentración latifundiaria. El asenta- miento en las ciudades de la mayoría de los recién llegados, propició una tem- prana e importantísima urbanización en las áreas que se incorporaron a las nuevas actividades agroexportadoras, la que fue acompañada por una muy incipiente industrialización ligada a la preparación de productos primarios para la exportación y por un muy considerable desarrollo del sector terciario (comercio y servicios). El Cuadro 01 provee los principales indicadores de esta evolución.' Cuadro 01. Indicadores de desarrollo social. Total del país, 1869-1947 Año Población (miles) Tasade crecimiento (p/mil) (a) 96 de Extranjeros 96 de Población Urbana (b) 96 de PEA en Sector Terciario (c) Y o Analfabetos (d) Esperanza de vida(e, (años) 1869 1,737 12 29 14 78 29 30 ' vente 24 EL COSTO SOCIAL DEL AJUSTE 1895 3,955 25 37 22 54 35 35 1914 7,855 30 53 27 35 48 21. 1947 15,894 .g- 15 62 37 14 61 Fuente: TP-1869/1895/1914/1947; Germani (1955); Somoza (1971). (a) Tasa de crecimiento anual intercensal (por mil). (b) Localidades de 2.000 habitantes y más. (c) Excluido Servicio Doméstico. (d) Analfabetos por 100 habitantes de 14 años y más. (e) Sexos reunidos. Entre 1869 y 1914, la tasa de crecimiento intercensal de la población es notablemente alta (igual o superior al 30 por mil), un ritmo cuya mayor parte es atribuible a la inmigración europea: durante este período, el porcentaje de extranjeros en el total de la población del país se situó siempre entre el 20% y el 30%. Dado que su localización espacial no fue uniforme en el territorio nacional, dicho porcentaje es sustancialmente superior en las grandes ciudades de la región pampeana. Entre esas dos fechas censales, el porcentaje de población urbana subió de 29% a 53%; el volumen de la población económicamente activa (PEA) en el sector comercio y servicios (excluido el servicio doméstico) pa- só del 14% al 27%; el porcentaje de analfabetos descendió de 78% a 35%; y la esperanza de vida al nacimiento ascendió de menos de 30 a casi 50 años. SUSANA TORRADO 25 Para los años 1914-1947, ha disminuido radicalmente la tasa anual de crecimiento (21 por mil), siendo este último atribuible ahora, en su mayor parte, al crecimiento vegetativo. Sin embargo, esta delimitación intercensal es engañosa. Si contáramos con un censo para el año 1930 o alrededores, com- probaríamos que, hasta ese entonces, la dinámica demográfica era semejante a la del pasado y que el cambio de tendencia empieza recién en 1932, cuando el país se cierra a la inmigración extranjera como secuela de la gran depre- sión. Por su parte, el analfabetismo continúa disminuyendo aceleradamente durante esos años, al igual que progresa ininterrumpidamente la urbanización (desde 1930, en función de las migraciones internas de la población nativa). En lo que concierne a la estratificación social, su perfil se trastoca profundamente durante la vigencia del modelo agroexportador. 2 En el Cuadro 02 se aprecia la rapidísima expansión de los sectores medios, que pasan del 10% de la población activa en 1869, a 25% en 1895, y 30% en 1914, es decir, se tri- plican en un lapso de 45 años. Si este análisis se limita exclusivamente al sector urbano, los resultados son aún más espectaculares ya que el volumen de los estratos medios se cuadruplica con creces, pasando de 5% a 22%. Una evolución semejante debió verificarse hasta mediados de los años treinta, como lo sugieren las cifras correspondientes a 1947. Cuadro 02. Población Económicamente Activa (PEA) según Estratos Socio-ocupacionales y Origen. Total del país, 1869-1947 Estratos Socio-Ocupacionales Distribución de la PEA (96) % Extranjeros en la PEA 1869 1895 1914 1947 1895 1914 Estratos medios urbanos (a) 5,1 14,6 22,2 31,0 59,4 50,7 Estratos populares urbanos (a) 53,5 46,2 50,0 43,8 38,7 47,7 Estratos medios rurales (b) 5,5 10,6 8,2 9,2 43,0 44,5 Estratos populares rurales (b) 35,9 28,6 19,6 16,0 25,0 34,8 Total 100,0 100,0 100,0 100,0 38,8 46,1 uente: Germani, (1963: 321). (a) No agropecuarios; (b) Agropecuarios. Esto significa que, en menos de una generación, surgió un amplio estrato medio, por lo que, necesariamente, sus miembros debieron reclutarse entre los estratos populares, urbanos y rurales, y la movilidad social resultante debió ser no sólo de carácter intergeneracional (desplazamiento de posición de padres a 46 85 66 58 74 66 19 26 22 Composición de los estratos medios: De cada100 personas pertenecientes alos estratos medios habíaen los años indicados lasiguiente cantidad de individuos de origen popular Porcentaje de ascensos en los estratos populares: De cada100 personas de origen popular habíaascendido alos estratos medíos lasiguiente cantidad de individuos Lugar de nacimiento de lapoblación económicamente activa PEA Argentina nativa PEA extranjera PEA total 26 hijos) sino también de naturaleza intrageneracional (desplazamiento durante la vida de una misma persona), 3 esto último sobre todo entre los extranjeros recién llegados cuya extracción social originaria era por demás modesta. Para el período de la inmigración masiva, existen las cuantificaciones de este fenómeno que se presentan en el Cuadro 03. Así, el hecho fundamental que afectó la movilidad social en la Argentina durante esta etapa —en extremo elevada por comparación a patrones internacionales— fue el crecimiento muy rápido de la proporción de estratos medios que acabamos de reseñar. Debido a esta expansión estructural (y en la hipótesis de ninguna movilidad de descenso entre las personas de origen medio 4), durante dicho período, en la población total, por lo menos un 20% de las personas de origen popular ascendía a los estratos medios, lo que a su vez implicaba que 66% de los individuos ubicados en posiciones ocupacionales de clase media eran de origen popular, habiendo ascendido vía intergeneracional o intrageneracional. Cuadro 03. Movilidad estructural en la Argentina, 1895 y 1914 Fuente: Germani (1963: 325). Estos parámetros eran notoriamente diferentes entre la población nativa y la extranjera, aunque deba tenerse en cuenta que, para 1914, la categoría "nativa" involucraba también inmigrantes de segunda generación (hijos de extranjeros). Las cifras indican que el proceso de movilidad social ascendente fue mucho más acentuado entre los extranjeros —que representaban en esa época entre 50% y 60% de los estratos medios (véase Cuadro 02)—, ya que la pro- porción de aquellos que habían ascendido personalmente desde posiciones 27 populares fluctuó entre ellos entre 1/3 (31%) y 1/4 (26%), contra 10% y 19%, respectivamente, en la población nativa. Por otra parte, los datos precedentes se refieren a todo el territorio nacional cuando, en realidad, las tasas de movilidad debieron haber sido muy des- iguales entre regiones, en razón del muy dispar desarrollo del país durante el modelo agroexportador. En efecto, dado que los cambios estructurales se con- centraron por entonces en la Ciudad de Buenos Aires (CBA) y en la región pampeana, la ampliación de los estratos medios debió haber sido comparativamente mucho más marcada en estas áreas (que son también las que absor- bieron prácticamente todos los flujos migratorios externos). Al finalizar el modelo agroexportador con la gran crisis mundial, sin embargo, se percibían ciertos aspectos negativos en el sistema socioeconómico que el proceso, bien dejó intactos, bien engendró. Entre los primeros, el más importante era la persistencia —sobre todo en la zona pampeana— de un régimen de propiedad fundiaria que actuó como determinante fundamental del futuro desarrollo agropecuario. Entre los segundos, el más grávido de consecuencias era, sin duda, el grado de dependen- cia externa (respecto a la demanda de productos agrícolas y a la entrada de nuevos capitales) en que se había situado la economía argentina, fenómeno que se designa habitualmente con la expresión "vulnerabilidad económica externa". Porque una de las principales consecuencias de la crisis de 1930 fue la modificación sustancial del sistema que había regido hasta entonces el comercio internacional, sobre todo entre el centro y la periferia. En la Argentina, las consecuencias de la depresión fueron inmediatas y se tradujeron en disminu- ción de las exportaciones, deterioro de la relación de intercambio entre los productos nacionales y los bienes de importación, drástica disminución de la entrada neta de capitales, aumento de los servicios de la deuda externa, cierre del país a la inmigración extranjera, etc. Razones todas que explican el viraje sustancial de la orientación de los modelos de acumulación a partir de 1930. 2. La industria como eje del desarrollo: 1930-1972 5 En efecto, como consecuencia de la crisis mundial, la Argentina debe aban- donar el modelo agroexportador que, hegemonizado por los grandes propietarios terratenientes de la pampa húmeda, había presidido su desenvolvimien- EL COSTO SOCIAL DEL AJUSTE SUSANA TORRADO 28 EL COSTO SOCIAL DEL AJUSTE to desde fines del siglo XIX. Se inicia entonces un proceso de desarrollo basa- do en la industrialización sustitutiva de importaciones que habría de perdu- rar casi 45 años, aunque con sensibles diferencias en las dos estrategias ("justicialista" y "desarrollista") que tienen vigencia efectiva en este lapso. Para reseñar el efecto de estos modelos sobre la estructura social, nos ser- viremos del Cuadro 04, en el que hemos estimado el peso de los principales estratos socio-ocupacionales en la PEA no-agropecuaria (a la que denomina- remos urbana). Esta última representa, respectivamente, en cada fecha censal, 73,7%, 80,5%, 84,1%, 86,9% y 87,9% de la fuerza de trabajo total. Antes de entrar a analizar cada modelo, señalemos que tienen un rasgo común, por lo menos en lo que concierne al empleo: si bien a diferente ritmo, ambos indujeron el crecimiento de actividades no-agropecuarias, razón por la cual, invariablemente, se verificó una notable transferencia de mano de obra rural hacia los sectores urbanos (migraciones internas de la población nativa). Aunque es claro que las dos estrategias difieren sensiblemente en lo que concierne a la forma en que se absorbe el empleo no-agropecuario según los sectores productivos y según los estratos sociales componentes y, por lo tan- to, en el perfil resultante de la estratificación social. Por otra parte, - en lo que concierne a la movilidad social 6 también pueden señalarse algunos rasgos permanentes a lo largo de ambos modelos: la ex- pansión continua de la educación formal en el conjunto de la población; el fenómeno de devaluación de las credenciales educativas 7 ; el acceso diferencial de cada estrato a cada nivel educacional (en especial, el virtual bloqueo de la educación como canal ascensional para la clase obrera); en fin, el crecimiento demográfico diferencial entre estratos (más lento en los de clase media) (To- rrado, 2003). Por último, es difícil escindir internamente la dinámica demográfica a partir de 1930. Globalmente, el período 1930-2000 se caracteriza por una nueva desaceleración del crecimiento vegetativo, por una nueva disminución de la importancia del crecimiento inmigratorio respecto al crecimiento total, y por un cambio notable en los componentes netos de la migración externa, (ahora, inmigración de trabajadores provenientes de países limítrofes y emi- gración de argentinos nativos). SUSANA TORRADO 29 Cuadro 04. Fuerza de trabajo urbana (a): distribución según Clases y Estratos sociales. Total del país, 1947-1991 Clases y estratos sociales (miles) - Industriales - Comerciantes - Resto 1947 (4.621) 2,5 7,6 3,9 1960 (6.022) 2,8 7,4 4,1 1970 (7.440) 1,2 7,7 2,9 1980 (8.684) 1,3 8,4 2,8 1991 (10,850) 1,9 6,0 3,7 IIIIIP lt,"1 - Profesionales 1,9 1,8 2,3 3,4 3,6 - Técnicos 6,1 5,8 7,5 9,1 11,5 - Empleados administrativos 10,9 14,9 16,6 14,7 8,3 - Vendedores del comercio a it.4 7,7 5,9 6,7 7,7 3,0 - Artesanos de la manufactura 3,6 3,3 2,7 2,8 3,2 - Trabajadores calificados de los servicios 1,0 1,8 3,8 3,8 5,1 t"4"111119711 /71'51 -":011ir17.11111r:1-1544 • 14272:212913 1. - Obreros de la industria 22,6 21,1 16,5 15,0 10,9 - Obreros de la construcción 5,1 5,4 7,0 6,4 6,1 - Resto 17,3 16,9 15,2 12,2 17,6 - Peones de la construcción y los servicios 0,5 1,1 1,9 4,5 7,6 - Empleados domésticos 8,8 7,1 7,2 7,0 10,3 Fuente: Torrado (1994) y CEN- 1991. (a) No-agropecuaria. 2.1 El modelo justicialista: 1945-1955 El período 1930-1945 estuvo signado por el estancamiento de la actividad agropecuaria tradicional y por el estímulo a la actividad industrial, verificán- dose concomitantemente una moderada implantación de capital extranjero 30 EL COSTO SOCIAL DEL AJUSTE mediante la inversión directa en actividades industriales que funcionaban en condiciones oligopólicas. Sin embargo, hacia 1945, predominaban en la estructura industrial las empresas pequeñas y medianas de capital nacional. En el plano político, varias estrategias alternativas de industrialización se dispu- taban la hegemonía a comienzos de la década de 1940. En estas circunstancias, en 1945, emerge el movimiento que lidera el General Juan Domingo Perón como expresión de una nueva alianza de clases: la de la clase obrera y los pequeños y medianos empresarios industriales. El nuevo bloque, apoyado en una línea nacionalista de las fuerzas armadas, es por- tador de un proyecto de desarrollo industrial radicalmente distinto al pro- pugnado hasta ese momento por las diversas fracciones de la antigua clase dominante. En esta estrategia —de corte "distribucionista"—, la industria constituye el objetivo central del proceso de desarrollo. Se impulsa una industrialización sustitutiva basada en el incremento de la demanda de bienes de consumo masivo en el mercado interno, la cual es generada a través del aumento del salario real. El modelo requiere así medidas redistributivas del ingreso que impulsan la demanda interna y la ocupación industrial y, por lo tanto, la acumulación. El principal mecanismo para lograr estos objetivos fue la reasignación de recursos para la producción a través de la acción del Estado. Ello se logró mediante la expropiación parcial de la renta agraria a través de la nacionalización del comercio exterior de productos agropecuarios, transfiriendo los recursos así obtenidos al financiamiento del desarrollo industrial centrado en indus- trias de consumo masivo (particularmente, alimentos y textiles). Las medidas que impulsaron la industrialización (tales como la protección arancelaria, el privilegio fiscal, el crédito subsidiado, el estímulo a la importación de bienes de capital, el manejo selectivo del control de cambios, etc.) beneficiaron sobre todo a los pequeños y medianos empresarios de origen nacional y, paralelamente, a los asalariados industriales. Por otra parte, el Estado también extiende su campo de acción econó- mica y social al nacionalizar o crear importantes empresas de servicios públi- cos, y al acentuar su estrategia redistributiva a través de la asignación creciente de recursos a la educación, la salud, la vivienda y la seguridad social. El balance de la estrategia justicialista de sustitución "fácil" de importaciones respecto a la distribución sectorial de la PEA, se traduce, en primer tér- mino, en altísimos niveles de creación de empleo urbano, logrados en un contexto de plena ocupación, o, más precisamente, con tasas de desempleo abierto equivalentes al nivel friccional. 31 Debe destacarse que —por única vez en la historia de la Argentina moderna—, la industria manufacturera asume el liderazgo de ese proceso, expandién- dose con un perfil interno que, a pesar del predominio absoluto de las peque- ñas empresas en el conjunto de las nuevas plantas que entonces se establecen, favoreció netamente la creación de puestos asalariados tanto de clase obrera como de clase media. En efecto, el rasgo más específico del modelo justicialista fue su superior capacidad de creación de empleo industrial, aunque no pueda afirmarse que la industrialización sustitutiva de esta etapa liderara un importante crecimiento de la economía. También fue importante en este lapso la creación de empleo por parte de los otros dos sectores no-agropecuarios (construcción y terciario). En lo que concierne a la estructura social, puede observarse en el Cuadro 04 que, hacia 1945, la población activa urbana contenía cerca de 40% de puestos de clase media y 50% de puestos de clase obrera, con neto predominio del empleo asalariado en ambos colectivos (2/3 en la clase media; 3/4 en la clase obrera). En total, las posiciones asalariadas representaban 72% del empleo global, un nivel definitivamente asimilable a países capitalistas relativamente desarrollados. La dinámica del mercado de trabajo durante la estrategia justicialista mo- dificó un tanto ese perfil inicial aunque no en forma drástica. Por un lado, el crecimiento global del empleo involucró en forma más o menos pareja tanto al empleo asalariado como al empleo autónomo (empleadores y cuenta propia), de suerte que puede estimarse que, hacia 1955, la distribución de posiciones desde esta óptica era bastante similar al comienzo: alrededor de 72% de asalariados y 28% de autónomos. Por otro, si bien es cierto que la clase media crece algo más rápido que la clase obrera, este lapso es el de menor distancia relativa entre las velocidades de expansión de ambos colectivos, al tiempo que también en ambos se incrementa velozmente el estrato asalariado. La dinámica que acaba de describirse se traduce, a mediados de la déca- da de 1950, en un perfil de la estructura social urbana algo diferente al de 1945, pero no en lo esencial. El volumen de la clase media es algo superior (ha- bría pasado, digamos, del 41% al 43%) y algo inferior el de la clase obrera (de 50% a 49%). Pero la composición interna de cada clase había cambiado muy poco respecto al momento inicial, aunque se observe una incipiente asalariza- ción de la clase media y una levísima desalarización de la clase obrera. En lo que respecta a la movilidad social, la interpretación más verosímil de los movimientos que acaban de reseñarse es que los migrantes internos ali- mentaron principalmente la expansión del estrato obrero asalariado (lo que SUSANA TORRADO 32 EL COSTO SOCIAL DEL AJUSTE puede considerarse un movimiento ascendente, dadas las modestas posiciones que la mayoría de ellos ocupaba en las áreas rurales de origen), así como tam- bién el crecimiento de los pequeños propietarios de la industria y el comercio (un estrato de menor crecimiento demográfico comparativo), experi- mentando en todos estos casos movilidad ascendente de carácter intrageneracional (desde luego, esto no excluye que muchos de dichos migrantes debieron incorporarse al empleo urbano en puestos manuales no calificados y en el servicio doméstico). Por otra parte, la rápida expansión de las posiciones no manuales asalariadas (empleados en la industria y la administración pública), debió nutrirse de los estratos autónomo y asalariado de clase media que se ha- bían conformado con anterioridad a 1945 —los que ya habían incorporado por completo la obtención de la credencial educativa de nivel primario y co- menzaban a acceder al nivel secundario (debe recordarse que, en este momen- to, la cantidad de educación formal necesaria para acceder a posiciones admi- nistrativas asalariadas no debía exceder en mucho el nivel primario)—. En este último caso, debió primar un tipo de movilidad intergeneracional que, a pesar de realizarse entre segmentos pertenecientes a una misma clase social, sin duda se visualizaba como ascendente, vista la alta valoración social de las posiciones no manuales asalariadas. Por otra parte, no se detecta en este momen- to empleo precario (empleo no-registrado) y existe escaso empleo marginal (empleo inestable u ocasional de calificación nula). En suma, desde el punto de vista ocupacional, el panorama de conjunto durante el justicialismo es el de un proceso generalizado de movilidad estructural ascendente, desde modestas posiciones rurales a posiciones urbanas autónomas de clase media y asalariadas de clase obrera, y desde segmentos inferiores a segmentos superiores dentro de la clase media. Complementariamente, todas las evidencias disponibles llevan a concluir que esta movilidad ocupacional ascendente fue efectivamente acompañada por un movimiento también ascendente en la escala de ingresos. Como visión global, puede decirse que el modelo justicialista favoreció la expansión cuantitativa de los componentes sociales del bloque que le sirvió de apoyo para su surgimiento (la clase obrera y los pequeños y medianos empresarios industriales), al tiempo que fortaleció (por que existían desde anta- ño) el aumento cuantitativo de las capas medias asalariadas, sobre todo en el sector público. Además de su carácter "distributivo", otros dos adjetivos po- drían calificar los efectos de esta estrategia sobre la estructura social: se trata de una dinámica "relativamente modernizadora" e "incluyente". Con este úl- timo neologismo buscamos contrastar el modelo justicialista con aquellos SUSANA TORRADO 33 otros a los que es práctica común calificar como "excluyentes", en razón, jus- tamente, de su incapacidad para incorporar al empleo y al bienestar a importantes contingentes de la fuerza de trabajo total. El modelo justicialista no indujo un gran crecimiento económico global ni una modernización destacable de la estructura social, pero tuvo el mérito de no segmentar los mercados de trabajo ni excluir a franjas importantes de la población de los frutos del desarrollo logrado. Una serie de restricciones estructurales y coyunturales en las variables que sostenían la acumulación interna se conjugaron para interrumpir el crecimiento industrial impulsado durante el período justicialista. Entre ellas pueden citarse: a) la acérrima oposición del sector agroexportador que, al disminuir la producción exportable, favoreció una crisis en la balanza de pagos que redujo la capacidad de importación de los bienes intermedios y de capital indispensables para continuar y profundizar la industrialización sustitutiva; b) la no menos virulenta oposición de los grandes empresarios que retrotrajeron la inversión y trataron de recuperar ingresos a través del aumento de precios, con la consiguiente inflación; c) el fracaso en la tentativa de obtener capitales externos que —aceptando la estrategia "distribucionista"— permitieran superar el estrangulamiento externo de la economía. Estas fueron las principales fuerzas que se conjugaron para derrocar el gobierno justicialista, en 1955. 2.2 El modelo desarrollista: 1958-1972 8 En el contexto de una autoritaria proscripción del peronismo de la vida polí- tica nacional, en 1958 accede al poder un nuevo bloque caracterizado por la alianza de la burguesía industrial nacional y el capital extranjero, corporizado este último por grandes empresas trasnacionales norteamericanas que afluyen entonces al país en magnitudes significativas. En esta nueva estrategia, la industria también constituye el objetivo central del proceso de desarrollo. Pero, a diferencia del modelo justicialista, se impulsa ahora una industrialización sustitutiva de bienes intermedios y de consumo durable, en la que el incremento de la demanda está asegurado por la inversión, el gasto público y el consumo suntuario del estrato social urbano de altos ingresos. Este modelo implica, por lo tanto, un proceso regresivo de concentración de la renta. El Estado también cumple un rol crucial en esta estrategia —coadyuvan- do al intenso esfuerzo de capitalización y concentración económica que se 34 EL COSTO SOCIAL DEL AJUSTE despliega durante más de una década—, mediante sus funciones como produc- tor de bienes y servicios y como agente distribuidor de los recursos sociales. En lo que concierne a la distribución sectorial de la fuerza de trabajo, la estrategia seguida entre 1958 y 1972 induce efectos completamente disímiles a la justicialista. La creación de empleo urbano es aún más rápida que durante el período precedente, pero, en este proceso, el papel de la industria manufacturera es prácticamente nulo. No obstante, es preciso calificar esta afirmación desde diversos ángulos. Porque lo que en realidad acontece, es que la nueva estrategia industrializadora destruye un número muy considerable de pequeños y medianos establecimientos industriales (con la consiguiente desaparición de los empresarios, obreros asalariados y artesanos por cuenta propia empleados en los mismos), pero, al mismo tiempo, crea empleo asalariado de clase media (empleados administrativos y, de manera incipiente, técnicos industriales) a un ritmo tan veloz que compensa con creces el número de puestos elimi- nados. De manera que, si bien puede afirmarse que, en lo que concierne a la creación cuantitativa de empleo, el desempeño de la industria es nulo durante el período desarrollista, esta afirmación sería totalmente errónea en térmi- nos cualitativos. Desde luego, la falta de creación neta de empleo industrial determina que todo el crecimiento de la oferta de fuerza de trabajo urbana deba ser absorbi- do por los otros dos sectores no-agropecuarios: la construcción y el terciario experimentan por entonces su crecimiento más veloz. Por otra parte, aunque es verdad que la creación de empleo urbano es aún más rápida que durante el justicialismo, el contexto ya no es de pleno empleo. Así, si bien la tasa de desempleo abierto (aunque oscilante) nunca se alejó de- masiado de niveles usuales en economías capitalistas (del orden del 6%), en algunos años de este período la misma alcanza valores que señalan sin amba- ges una subutilización visible de la mano de obra urbana. Por su parte, los efectos de la estrategia desarrollista sobre la estructura social son radicalmente diferentes a los del período precedente (Cuadro 04). Por un lado, la expansión del empleo favoreció algo más al asalariado por comparación al autónomo, aunque al final de este lapso el volumen total del empleo asalariado urbano continuaba oscilando alrededor del 72%. Por otro, se acelera el crecimiento de la clase media por comparación al de la clase obrera, al tiempo que se modifica profundamente la composición interna de ambos agregados. Dentro de la clase media, la expansión relativa beneficia casi exclusivamente al estrato asalariado. Por el contrario, dentro de 35 la clase obrera, predomina ahora el crecimiento del estrato autónomo. En otros términos, se experimenta un claro proceso de asalarización de la clase media y de desalarización de la clase obrera. El balance final del desarrollismo es una estructura social urbana en la que la clase media representa alrededor del 45% al igual que la clase obrera, con un más neto predominio del estrato asalariado dentro de la primera y con un incipiente crecimiento del estrato autónomo dentro de la segunda. Se ob- serva también un leve incremento del estrato marginal. En lo que respecta a la movilidad soci ah el modelo desarrollista también muestra tendencias muy disímiles a las precedentes. En primer lugar, la clase media autónoma crece poco en términos netos, un fenómeno que refleja la compensación entre la desaparición absoluta de pe- queños industriales y el aumento absoluto de pequeños propietarios del comercio y los servicios. Ahora bien, aun aceptando que muchos migrantes recientes pudieron haberse incorporado directamente al estrato de pequeños propietarios, es plausible que tal dinámica implicara mayoritariamente un trasvasamiento de los estratos medios autónomos de la industria que fueran desplazados por el proceso sustitutivo, hacia posiciones sociales análogas en el sector terciario, en todos los casos suponiendo movilidad de tipo intrageneracional. En segundo lugar, la clase media asalariada alcanza durante esta etapa su ritmo más rápido de expansión, con la particularidad de que ahora crecen más velozmente sus categorías ocupacionales de mayor requerimiento educacional (profesionales y técnicos). En su gran mayoría, este movimiento ascencional debió haber sido alimentado —vía intergeneracional— desde la clase media au- tónoma en su conjunto, desde las propias posiciones técnico-profesionales, y desde las categorías más bajas de la clase media asalariada (empleados administrativos y comerciales). En relación a esta dinámica, es verosímil que durante esta etapa comenzara a experimentarse una devaluación de las credenciales de nivel medio, atribuible a la rápida expansión de la matrícula secundaria que co- mienza ya durante el justicialismo. En tercer lugar, en lo que concierne a la clase obrera asalariada, durante el desarrollismo disminuye en términos absolutos el número de obreros de la industria (comparativamente más calificados que los de otros sectores urbanos), razón por la cual este sector dejó de constituir un canal de incorpora- ción laboral para los migrantes recientes. Por el contrario, sí parece haber cumplido este papel el empleo obrero calificado y no calificado asalariado en la construcción, tanto para los migrantes internos como para los limítrofes (comparativamente más voluminosos durante esta etapa). SUSANA TORRADO SUSANA TORRADO 36 EL COSTO SOCIAL DEL AJUSTE Por último, puede razonablemente conjeturarse que el canal de movilidad laboral más importante —tanto para los migrantes internos recientes como para los obreros autónomos y asalariados desplazados de sus antiguas posiciones en la industria y el transporte—, fue el empleo autónomo de clase obrera en el sector servicios, el que, durante esta etapa, aseguraba iguales o mejores ingresos que muchas posiciones obreras asalariadas. Por lo demás, durante este lapso, se detecta escaso empleo marginal, aunque sí empleo no-registrado tanto de clase media como de clase obrera. Dicho de otra manera, en relación con la movilidad social ocupacional, el panorama de conjunto durante el desarrollismo es de mucha mayor compleji- dad que durante el justicialismo. A la continuada y masiva transferencia de po- blación desde el campo a la ciudad, se acompañan ahora múltiples trasvasamientos dentro de la población urbana nativa o de antigua residencia citadina. Desde el punto de vista ocupacional, esta estrategia parece caracterizarse por la coexistencia de fuertes flujos de movilidad estructural ascendente y descendente, acompañados de importantes movimientos intersectoriales presumiblemen- te neutros desde una perspectiva jerárquica (también debió ser más intensa la movilidad por reemplazo). Correlativamente, desde la óptica de los ingresos, las evidencias sugieren que la estrategia desarrollista induce, en promedio, una movilidad descendeyte relativa, que constituye el efecto neto, por un lado, del me- joramiento de las posiciones correspondientes a la clase alta y a los segmentos superiores de la clase media, por otro, del empeoramiento de las posiciones propias de la clase obrera y de los segmentos inferiores de la clase media. En síntesis, el balance global del modelo desarrollista en relación a la estructura social muestra algunas de las bondades prometidas por sus estrategas, pero también muchos rasgos que difícilmente podrían ser catalogados como tales. Por un lado, es cierto que durante 1958-1972 se verifica en promedio una notoria modernización y complejización de la estructura social en todos los sectores productivos (incluido el sector público), cuya manifestación más evidente es la rápida expansión de puestos de clase media asalariada. Un rasgo que —además de su obvia naturaleza "concentradora"— permitiría calificar a esta estrategia como "modernizadora". Pero, por otro lado, son impactantes otros hechos (aumento del cuentapropismo obrero; incremento del empleo precario, tanto de clase media como de clase obrera; franco deterioro o estancamiento de los niveles de bienestar de las capas sociales más modestas) que justifican que también se la califique como "excluyente". En efecto, si bien el desarrollismo indujo un elevado crecimiento económico global y una innega- ble modernización de la estructura social, ambos elementos se lograron al pre- 37 cio de marginar a una parte considerable de la población de los logros del desarrollo económico. En otras palabras, muchos de los fenómenos por los que sería posteriormente anatematizado el modelo aperturista, se inician en realidad durante la vigencia del desarrollismo. El freno a este modelo estuvo dado por la convergencia de factores eco- nómicos y políticos de índole adversa. Entre los primeros, se cuenta la recu- rrencia de las crisis de la balanza de pagos, agravadas ahora por la remisión de utilidades y pagos por tecnología al capital extranjero. Entre los segundos, la agudización del conflicto social, manifestado en las movilizaciones de protes- ta que, en 1969, en varias aglomeraciones urbanas, tradujeron el rechazo de los sectores populares respecto a los objetivos de la estrategia desarrollista. Estas movilizaciones tuvieron como corolario, durante 1970-1973, una aguda crisis institucional que se resuelve con el llamado a elecciones generales y con la asunción del tercer gobierno justicialista, en mayo de 1973. 3. El modelo aperturista: 1976-2002 El gobierno surgido del golpe de Estado de marzo de 1976 adoptó un modelo de acumulación sustancialmente diferente a todos los experimentados en el pasado, virando en forma diametral las orientaciones de industrialización sustitutiva que habían estado vigentes desde 1930. En términos generales (aplicables a todo el período aunque con algunas diferencias según los gobiernos), esta estrategia aperturista —"de ajuste" en su denominación popular— tendió simultánea o sucesivamente a los siguientes objetivos: vigencia de los precios de mercado como régimen básico de funcionamiento; promoción de los sectores más altamente competitivos, lo que implicaba la concentración del capital y la eliminación de empresas de menor productividad; amplia apertura de la economía a la importación de capital extranjero y de bienes de todo tipo; contención drástica del salario real como medio de controlar la inflación y de asegurar bajos costos de mano de, obra a las empresas. El modelo postuló además el aprovechamiento —a través de la exportación de bienes agroindustriales y agropecuarios— de las ventajas com- parativas que posee la estructura productiva argentina en esos rubros, aunque sin brindar a estas actividades estímulos especiales. Para alcanzar estas metas se aplicaron medidas de distinta índole. En el plano económico, se destacan las siguientes: notable reducción de los arance- les a la importación; subvaluación de la paridad cambiaria; reforma financie- Martínez de Hoz, Ministro de Economía de la dictadura militar. EL COSTO SOCIAL DEL AJUSTE SUSANA TORRADO 39 38 ra inductora de un sustancial crecimiento en las tasas de interés real (es decir, fin del crédito subsidiado); supresión de los antiguos créditos preferenciales a la industria. Otra dimensión central de esta estrategia buscó imponer el principio de subsidiariedad del Estado en materia económica y social, lo que su- ponía, por un lado, transferir parte de sus actividades (servicios públicos y empresas productivas) a la esfera privada; por otro, desmantelar el Estado de bienestar que se había organizado en nuestro país en la década de 1940. Incluso se llegaron a trasladar los efectos del endeudamiento externo privado al Estado nacional, a través de su estatización. 3.1 El ajuste en dictadura (1976-1983) En medio de una profunda crisis económica y política del gobierno constitucional justicialista instaurado en 1973, un golpe de Estado militar desplaza a este último en marzo de 1976, adoptando una nueva estrategia de desarrollo. Puede caracterizarse al nuevo bloque dominante durante 1976-1983, como una alianza entre el estamento militar y el segmento más concentrado del capital nacional y de las empresas transnacionales. La particularidad de este momento histórico es que las fuerzas armadas llegaron entonces al poder con intereses que claramente sobrepasaban la esfera de lo económico, apuntando a lograr un disciplinamiento social generalizado mediante un cambio drástico de la antigua estructura de relaciones económicas, sociales y políticas. En efecto, el programa del gobierno militar se opone a las precedentes orientaciones de industrialización sustitutiva, dando implícitamente por terminada a la industria como objetivo central del proceso de desarrollo. En la concepción que se impuso entre los sectores dominantes de la coalición militar (en especial, el Ejército), para lograr el ansiado disciplinamiento po- lítico e institucional de la clase obrera, más allá del avasallamiento de sus instituciones corporativas y de representación política, más allá de la represión fe- roz, la estrategia más eficiente debía consistir en una modificación drástica de las condiciones económicas funcionales que habían alentado históricamente el desarrollo de esa clase, es decir, en una modificación drástica de los modelos industrializadores. Y ello, aunque los efectos de la política a implementar afec- taran algunos intereses de fracciones importantes de las clases dominantes. De ahí la política de apertura externa de la economía. En lo que respecta al volumen y estructura de la mano de obra, algunos de los preceptos centrales del nuevo modelo (sobre todo, el abandono de la industrialización sustitutiva; la reforma financiera; el principio de subsidiariedad del Estado) dejan su huella indeleble en las trasferencias de empleo que se producen en este período. Por una parte, el ritmo de crecimiento del empleo urbano fue notablemente más lento que en las décadas precedentes, debido a factores que opera- ron tanto del lado de la oferta como de la demanda de mano de obra. Por otra, en este momento, el nivel de empleo traduce mecanismos de equilibrio más complejos que en el pasado. Es cierto que los índices corrientes de subu- tilización abierta de la mano de obra -de 1974 a 1986, la tasa de desocupa- ción pasa de 3,4% a 5,2%, y la de subocupación horaria de 4,6% a 7,4% (Cuadro 05)-, respecto al desarrollismo precedente, habrían descendido o mantenido el mismo nivel durante el aperturismo, algo incongruente si se tiene en cuenta la notoria recesión económica que se experimenta durante el gobierno militar. No obstante, un análisis más detenido de la cuestión lleva a concluir que tales índices son engañosos. Cuadro 05. Indicadores de la evolución del mercado de trabajo, 1974- 2002 Indicador 1974 1986 1991 1995 2000 2002 Tasa de desocupación abierta(*) 3,4 5,2 6,0 16,6 14,7 17,8 Tasa de subocupación horaria(*) 4,6 7,4 7,9 12,5 14,3 19,9 °A de Asalariados registrados(**) 56,9 51,4 48,1 47,0 46,0 40,7 de No asalariados(**) 28,6 33,0 28,9 28,9 25,2 27,8 de Asalariados no registrados(**)(a) 18,8 20,9 29,9 30,6 35,0 39,6 Fuente: EPH-INDEC (ondas de octubre), Beccaria (2002). (*) Total de aglomerados. (**) Aglomerado Gran Buenos Aires (Ciudad de Buenos Aires más Conurbano Bo- naerense). (a) Excluido el servicio doméstico. SUSANA TORRADO 41 tables se orientó preferentemente hacia el cuentapropismo informal o subempleo oculto, más que hacia puestos asalariados de mala calidad (no-registrado o "en negro" ), como acontecería en el futuro. Un aspecto crucial de esta dinámica radica en la diferencia del impacto en los distintos estratos sociales, definidos estos, por imperativo de la infor- mación disponible, de acuerdo al nivel de educación del jefe de hogar (Becca- ria, 2002). En efecto, el desempleo abierto afectó a todos los trabajadores, pero en los estratos inferiores lo hizo con mayor intensidad. Esto se vio agravado porque los más débiles sufrieron, además, desocupación de más larga dura- ción y más alta rotación en el empleo. También fueron los trabajadores menos calificados los que experimentaron mayor incidencia del trabajo no-registrado. En lo que concierne a la desigualdad en la distribución del ingreso, es preciso referirse aunque sea brevemente a la evolución de las remuneraciones reales. Durante 1976-1983, los ingresos medios de los asalariados, que habían registrado una muy leve tendencia creciente desde principios de la década de 1950 hasta mediados de los setenta, caen abruptamente en 1976 como resultado del ajuste implementado por el gobierno militar inmediatamente des- pués de su llegada al poder. Al punto que puede afirmarse que el grueso del aumento en la regresividad de la distribución del ingreso durante el gobierno militar aconteció durante 1976-1978, cuando se produjo el gran deterioro de los salarios medios reales. Cuadro 06. Distribución decílica del ingreso total de las familias. Área Metropolitana (Aglomerado Gran Buenos Aires), 1974-2002 Deciles 1974 1986 1991 1995 2000 2002 20% más pobre 6,1 4,9 4,6 4,2 4,1 3,2 70% intermedio 67,0 63,2 61,2 60,5 61,7 54,8 10% más rico 26,9 31,9 34,2 35,3 34,2 42,0 TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Fuente: EPH-INDEC (ondas de octubre). Esta evolución de la desigualdad durante el gobierno militar se puede resumir observando (Cuadro 06) que, en el lapso 1974-1986, la distribución decílica del ingreso total de los hogares disminuyó de 6,1% a 4,9% en los dos prime- 40 En primer lugar, una parte considerable del descenso de los indicadores de su- butilización abierta se explica por el fuerte retroceso de la oferta de mano de obra en los mercados de trabajo urbanos (especialmente en el Área Metropolitana), un fenómeno principalmente atribuible a razones de índole demográfica (no independientes, desde luego, de la propia coyuntura econó- mica). Entre las mismas se encuentran: la disminución de la migración interna hacia las grandes ciudades; el retroceso de la inmigración de trabajadores limítrofes; el aumento de la emigración externa de argentinos; en fin, el enve- jecimiento de la población que produjo un achicamiento de la franja de eda- des potencialmente activas. En segundo lugar, también contribuyó al descenso de dichos índices la retracción de la demanda de mano de obra que induce la recesión, fenómeno que, a su vez, se tradujo en el aumento considerable del desempleo oculto (por desaliento de personas activas respecto a la búsqueda de empleo, las que son contabilizadas como inactivas). En otros términos, la subutilización de mano de obra durante el modelo aperturista en su versión militar, se manifestó por mecanismos distintos a los conocidos, pero alcanzó sin duda niveles muy considerables. Por otra parte, el escaso empleo neto creado en la industria manufacturera durante este loso, a diferencia de lo acontecido durante el desarrollismo, no privilegia exclusivamente a los asalariados sino que se distribuye entre todas las categorías ocupacionales, lo que equivale a decir que se retrotrae el perfil socio-ocupacional del nuevo empleo industrial a fases incluso previas a 1945, cuando se afianza en el país la industrialización sustitutiva. Tal conclu- sión se desprende de la notoria desaceleración del empleo asalariado industrial de clase media (fundamentalmente, empleados administrativos) dentro de las plantas, así como de la renovada expansión del cuentapropismo industrial (ar- tesanado), tanto de clase media como de clase obrera. Dado este comportamiento de la industria, el crecimiento de la fuerza de trabajo urbana debió necesariamente refluir por entero a la construcción y al terciario, que crecen efectivamente a ritmo acelerado. Otro aspecto del deterioro del mercado de trabajo se refiere a la morfo- logía interna de los ocupados plenos. En el Cuadro 05, puede observarse que, durante 1974-1986, se verifica la disminución de los asalariados registrados (de 56,9% a 51,4%); el aumento de los no-asalariados (categoría que incluye a cuentapropistas y empleadores informales) (de 28,6% a 33%); y también la incipiente alza del trabajo precario (de 18,8% a 20,9%). En suma, durante esta etapa, el reflujo de mano de obra expulsada de las posiciones asalariadas es- EL COSTO SOCIAL DEL AJUSTE SUSANA TORRADO 42 EL COSTO SOCIAL DEL AJUSTE ros deciles; y de 67% a 63,2% en los deciles 3 a 9. Es decir, resignaron ingresos las capas sociales más bajas pero también las capas medias. El conjunto de lo perdido se trasladó al último decil, cúspide de la pirámide, el que agrega 5 puntos porcentuales a lo que absorbía en 1974 (de 26,9% a 31,9%) (Beccaria, 2002). 43 —más agudo cuanto más bajo era ese nivel— fue significativamente diferente (Beccaria, 2001). Cuadro 08. Porcentaje de hogares por debajo de la Línea de pobreza. AMBA, 1974-2002 (fechas escogidas) Cuadro 07. Participación de la masa salarial en el PBI. En %. 1974-2002 Año Masa salarial/ PBI 1974 48,5 1980 30,8 1983 26,1 1985 29,6 1990 s/d 1995 36,8 1999 33,5 2001 32,1 2002 25,4 Fuente: Lindenboim (2005). Por otra parte, en el Cuadro 07 se aprecia que, entre 1974 y 1980, la partici- pación de la masa salarial como porcentaje del PBI pasa de 48,5% a 30,8%, el más brusco deterioro anual promedio de toda la serie si se excluye la caída inducida por la crisis de 2001-2002. La reseña de variables que acabamos de presentar, sin duda, conduce a la conclusión de que ya en estos momentos creció significativamente la incidencia de la pobreza por ingreso (LP) entre los hogares. El desempleo, la disminución del salario real y la regresividad en la dis- tribución del empleo, debieron inducir el crecimiento del nivel de la pobreza por LP (población cuyos ingresos no alcanzan para comprar una canasta de bienes y servicios básicos de costo mínimo) (Cuadro 08), aunque existan muy escasas fuentes para ilustrar con confiabilidad el nivel de la pobreza durante la dictadura militar (Lindenboim, 2009). Nótese que, según el Cuadro 08, la única medición disponible indica que el volumen relativo de hogares pobres experimentó un aumento del 4,2% en 1974 al 6,2% en 1980. Sin duda, parte del aumento que recién se puede verificar para 1986 (11,3%) fue generado en los últimos años del gobierno militar. Por otra parte, está de- mostrado que el impacto de la pobreza según el estrato social de pertenencia Período y fecha % Hogares bajo LP Antes del ajuste 4,2 Oct-74 Gobierno militar Oct-80 6,1 Gobierno radical Oct-86 11,3 Oct-89 38,2 Gobierno justicialista Oct-90 25,3 Oct-99 18,9 Gobierno Alianza Oct-00 20,8 Oct-02 42,3 Fuente: Elaborado en base a Lindenboim (2009). La estructura social urbana durante el gobierno militar, por su parte, experimenta mutaciones inéditas por comparación a períodos precedentes, lo que se aprecia analizando el saldo de la década de 1970 sobre este particular (Cuadro 04). Esta temática se estudia con los censos de población que se levantan en cada década en los años terminados en cero, razón por la cual la información no puede desagregarse de acuerdo a las fechas límite de cada gobierno. Así, invirtiendo de raíz las tendencias sostenidas en el pasado durante los modelos industrializadores, la creación de empleo urbano durante el gobierno militar favoreció netamente las posiciones autónomas por comparación a las asalariadas. Entre 1970 y 1980, la tasa anual de crecimiento del empleo autónomo (27,4 por mil) es casi dos veces y media superior a la del empleo asalariado (11,9 por mil). Como resultado de lo cual, al final de esa década, el empleo asalariado había perdido casi 4 puntos porcentuales en la estructura social urbana, representando ahora alrededor de 68%. Además, se acrecienta la velocidad comparativa de expansión de la clase media respecto a la de la clase obrera (éste es el período de mayor distancia 44 EL COSTO SOCIAL DEL AJUSTE entre las mismas), a la par que se modifican drásticamente las tendencias internas en cada colectivo. Dentro de la clase media, por vez primera, es el estrato autónomo el que lidera el crecimiento. Dentro de la clase obrera, casi todo el crecimiento concierne al estrato autónomo. En otros términos, se detiene el proceso de asalarización de la clase media y se acelera el de desala- rización de la clase obrera. Por otra parte, tiene lugar un significativo crecimiento del estrato marginal. Naturalmente, visto lo reseñado hasta el momento, la movilidad social durante el gobierno militar ostenta una total singularidad respecto al pasado. Primero, el menor crecimiento del empleo urbano (o sea, de la migra- ción rural-urbana) elimina una fuente crucial de movilidad ascendente, al tiempo que concentra los desplazamientos en la población de antigua residencia urbana. Segundo, la continuada expansión de la clase media favorece ahora comparativamente más a su estrato autónomo —con fundada presunción de que el mismo contiene erróneamente una proporción no discernible de trabajadores marginales—. Este crecimiento de las posiciones autónomas de clase media (sobre todo en el comercio) debió alimentarse —vía intrageneracional— de asalariados de clase obrera y de clase media que perdieron sus antiguas posiciones en el proceso general de desalarización que indujo la estrategia militar, siendo difícil de aceptar que estos desplazamientos tradujeran una movilidad ascendente. Tercero, la clase media asalariada crece menos que en las etapas precedentes, siendo significativo el hecho de que se expanda comparativamente más el segmento técnico-profesional (de menor crecimiento vegetativo y migratorio) que el de los empleados y vendedores. Todo ello, en un contexto en el cual se acentuó el proceso de devaluación de las credenciales educativas en el mercado de trabajo, como secuela de la expansión de la matrícula secundaria y superior en los años precedentes, y se acrecentó el empleo precario de clase media. El modesto crecimiento del estrato medio asalariado debió continuar nutriéndose —vía intergeneracional— desde posiciones correspondientes a la clase media autónoma y a la propia clase media asalariada, representando por lo general una movilidad ascendente, si se definiera a esta, última en términos exclusivamente ocupacionales. Cuarto, el estrato marginal es el de más rápido crecimiento, junto con el empleo obrero precario. El crecimiento del estrato obrero autónomo y el del segmento marginal debió alimentarse comparativamente de trabajadores asalariados urbanos que perdieran sus antiguas posiciones durante el proce- SUSANA TORRADO 45 so, más bien que de migrantes internos o externos (en franca retracción nu- mérica), razón por la cual puede considerarse esta movilidad de tipo descendente. En suma, desde el punto de vista ocupacional, el balance del modelo aperturista durante el gobierno militar es de preeminencia de movilidad estructural descendente. A su vez, desde el punto de vista de los ingresos, las evidencias disponibles (Cuadro 06) —reducción del salario real; caída de la participación de los sueldos y salarios en el ingreso nacional; incremento de la desigualdad en la distribución de las remuneraciones entre los asalariados y entre los no-asalariados; niveles extremadamente reducidos de los haberes jubilato- rios— confirman que la movilidad experimentada en todos los estratos de clase obrera y en la mayor parte de los de clase media fue abruptamente descendente. 3.2. El ajuste en democracia (1983-2002) 3.2.1 El gobierno radical (1983-1989) En abril de 1982, un suceso imprevisto —la guerra de las Malvinas— marca el ocaso del gobierno militar. La guerra precipitó de tal forma los acontecimien- tos que, para fines de ese año, estaba ya en marcha el proyecto de reconstruc- ción democrática que culminaría con la asunción del gobierno constitucional (Partido Radical) del Dr. Raúl Alfonsín, en diciembre de 1983. Desde entonces y hasta julio de 1989, no llegó a implementarse una estrategia de desarrollo específica distinta del aperturismo, si bien se intentaron suavizar algunos efectos sociales de la situación heredada, sobre todo en lo que concierne a la mejoría del salario real. La recuperación democrática había legado al nuevo gobierno una situa- ción económica caótica, con enorme déficit fiscal y presiones inflacionarias. Por otra parte, en el lapso de este primer gobierno radical, las vicisitudes de la transición democrática, la irracionalidad de la oposición justicialista y sindi- cal, y las propias fisuras dentro del radicalismo, determinaron que los escasos intentos de reforma global de las instituciones de política social se vieran sis- temáticamente frustrados, e incluso que se evidenciara una creciente inclina- ción por medidas de índole neoliberal. 46 EL COSTO SOCIAL DEL AJUSTE Soldados argentinos en Puerto Argentino. Estos diversos condicionamientos políticos resultaron, hacia fines de la déca- da de 1980, en algunos brotes hiperinflacionarios que repercutieron dura- mente en la situación de los sectores populares, y, a la postre, obligaron a la entrega anticipada del poder en julio de 1989. En lo que dice relación con el mercado de trabajo, en el lapso 1983-1991 —que abarca al gobierno radical y los dos primeros años del justicialista—, la tasa de desocupación abierta, si bien muestra una tendencia claramente creciente, se mantiene inferior al 7%, un nivel considerado relativamente bajo atendiendo a la intensidad del deterioro económico durante ese lapso (Cuadro 05). La subocupación horaria tuvo durante estos años una evolución similar. Ahora bien, el deterioro de la situación ocupacional en estos momentos se visualiza mejor observando, con datos censales (asimilables al total del pa- ís en ocupaciones "urbanas"), cómo cambia la composición de la mano de obra subutilizada entre 1980 y 1991. En efecto, durante la década de 1980, la subutilización abierta de la fuerza de trabajo fue acompañada de modificaciones sustanciales en las formas de inserción laboral de los ocupados plenos (ocupados con jornada normal), no menos graves desde el punto de vista de su impacto sobre la estructura de clases sociales y los niveles de bienestar. Observando exclusivamente lo que acoñteció con la PEA masculina total y con la PEA femenina asalariada (a fin de eliminar posibles sesgos de medi- ción introducidos por el cambio de metodología del censo de 1991 respecto al de 1980), pueden enumerarse las siguientes tendencias (Torrado, 1995). SUSANA TORRADO 47 Primero, se aceleró la desalarización de la fuerza de trabajo: el volumen relativo de asalariados entre los hombres era 71% en 1970, 67% en 1980 y 61% en 1991. Especialmente impactante es el hecho de que, en la década del ochenta, el número de asalariados disminuyó en términos absolutos. Segundo, se acentuó la informatización de los asalariados: en 1980, el 28% de los asalariados varones trabajaba en una microempresa (hasta 5 ocupados); en 1991, esta cifra alcanza al 35%. Tercero, aumentó la precarización de los asalariados: en 1991, 37% del total de asalariados del sector privado era no-registrado; este indicador alcan- zaba 23% en el sector empresarial (más de 5 ocupados) y 64% en el microempresarial. Si bien es imposible calcular este índice con el censo de 1980, todas las estimaciones disponibles lo sitúan, ese año, muy por debajo de la cifras de 1991. Esta medición intercensal entre 1980 y 1991 también pone de manifies- to otros hechos que confirman las estimaciones anteriores sobre el aumento de la subutilización durante la década de 1980. Se verifica un aumento absoluto del componente público entre los asalariados: el empleo público representa 31% del total de asalariados tanto en 1980 como en 1991, pero este porcentaje se mantiene gracias a un aumento absoluto de los ocupados en el sector público (muchas más mujeres, leve re- ducción de los varones). Se acelera el aumento del cuentapropismo: el volumen relativo de trabajadores por cuenta propia entre los activos varones era igual al 18% en 1970, 22% en 1980 y 27% en 1991. En fin, en la misma dirección, se tiende a la informalización de los empresarios: entre 1980 y 1991 aumentó considerablemente el número de empleadores varones: este aumento favoreció comparativamente más al sector microempresarial que al empresarial. Por lo demás, prosiguió la expansión ocupacional del sector terciario y volvió a disminuir la mano de obra ocupada en la industria. Estos hechos se expresan sintéticamente en el Cuadro 05: los asalariados registrados perdieron casi 3 puntos porcentuales entre 1986 y 1991; los no- asalariados resignaron 4 puntos en igual lapso; los asalariados no-registrados —incluso excluyendo el servicio doméstico— aumentaron 9 puntos, pasando de 20,9% de la PEA en la primera fecha, a 29,9% en la segunda. Los efectos sobre la estructura social de las políticas implementadas durante 1983-1991, también pueden observarse en el Cuadro 04, comparando los perfiles de 1980 y 1991 de la PEA total (la falta de comparabilidad inter- 48 EL COSTO SOCIAL DEL AJUSTE SUSANA TORRADO 49 censal de estos datos no alcanza a sesgar las tendencias de conjunto). Se resu- men como sigue: drástica desalarización (cuentapropismo) de toda la estructura (el empleo asalariado total representaba 68% de la PEA en 1980 y 61% • en 1991); violenta retracción del volumen de la clase media (de 47% a 38%), casi toda explicable por la disminución de su estrato asalariado; aumento del volumen de la clase obrera (de 40% a 43%), casi todo explicable por el crecimiento de su estrato autónomo; abrupto incremento del estrato marginal (de 12% a 18%). En consecuencia, la movilidad social fue esencialmente descendente, tan- to desde el punto de vista ocupacional como del de la distribución de los ingresos. En síntesis, durante la década de 1980, el debilitamiento de la capacidad de la economía para generar empleo genuino se resuelve en una fuerte expan- sión de las dos formas visibles de subutilización (desempleo abierto y subempleo horario) y en la disminución e intensa precarización del trabajo asalariado, junto con una proliferación de subocupaciones en el sector informal urbano (comercio y servicios), en el sector público (nivel provincial y muni- cipal) y en el servicio doméstico. Respecto a la distribución del ingreso, la instauración del gobierno de- mocrático en 1981 posibilita una importante pero momentánea recupera- ción parcial de las remuneraciones reales en 1984, la que, sin embargo, no llegó a consolidarse para 1989. El poder de compra de las remuneraciones volvió a descender a partir de 1987 —luego de otro corto período de recu- peración asociado a la estabilidad lograda por el Plan Austral (1985-1986)—, para volver a reducirse, ahora de manera extrema, durante los brotes hiperinflacionarios de 1989 y 1990. Si se toma el año 1986 como base 100 de las remuneraciones reales, el número índice correspondiente a 1989 era igual a 61. Obviamente, esta evolución del ingreso medio, sumada a las tendencias del desempleo y el subempleo, indujo una nueva marcha regresiva de la dis- tribución del ingreso. Puede verse en el Cuadro 06 que el ingreso total de los hogares volvió a mostrar una pérdida en los 9 primeros deciles, contrastada con el aumento del decil más rico (32% en 1986; 34% en 1991). Lamentablemente, no existen datos que permitan estimar la participación en el PBI de la masa salarial durante el gobierno radical (Cuadro 07). 3.2.2 El gobierno justicialista (1989-1999) El Dr. Carlos Saúl Menen (Partido justicialista), ganador de las últimas elecciones generales, asume entonces anticipadamente en julio de 1989. El nuevo presidente se mantuvo diez años en el poder (hasta 1999) ya que, en 1994, se modificó la Constitución Nacional a fin de posibilitar la reelección del primer mandatario por una sola vez consecutiva. En otros términos, durante la década de 1990 gobernó siempre el justicialismo con el mismo presidente. Sin embargo, la década "menemista" (como la bautizara el decir popular) no fue homogénea en su devenir. Durante los años 1989-1990, el nuevo gobierno ensayó infructuosamen- te diversos lineamientos de políticas públicas tendientes, sin mucho éxito, a controlar la inflación. Pero fue recién en abril de 1991, con el Plan de Convertibilidad, que se afianza una estrategia de desarrollo nítida en sus objetivos y en sus medios de implementación, la que, en el plano económico, retoma —exacerbándolo— el modelo aperturista del gobierno militar, pero ahora con un éxito notable en el control de la inflación y en el crecimiento del producto bruto nacional, al menos durante algunos años. Después de 1991, hubo un acentuado crecimiento de la economía que se frenó durante 1993-1994 (por efecto de la crisis mexicana), el que se reto- mó firmemente desde 1995 a 1997 y entró en aguda recesión en 1998 (sin interrupción hasta el año 2002). A los inconvenientes generales que el modelo aperturista arrastraba desde los setenta, se agrega durante los noventa un agravamiento de la vulnerabilidad externa de la economía, derivado de las restricciones que impone al crecimiento la imposibilidad de generar un superávit de la balanza de pagos que permitiera hacer frente a los exorbitantes servicios de una deuda externa en continua expansión. En el plano social, paradojalmente, el Partido justicialista que había sido quien comenzara a desarrollar el Estado de bienestar en la década de 1940, fue también el ejecutor de su desmantelamiento en los años noventa. El nuevo gobierno introdujo cambios profundos en la legislación laboral, reducien- do la estabilidad en el empleo, promoviendo el empleo legal precario, toleran- do el empleo "en negro", bajando costos de contratación y de despido, aliviando las responsabilidades del empleador frente a accidentes de trabajo y quiebras empresarias. Paralelamente, todas las políticas sociales se vieron ne- gativamente afectadas por la modificación de sus reglas de funcionamiento, 50 por la degradación de sus fuentes de financiamiento, y por cambios en el ré- gimen de acceso y en el tipo de beneficios. Ahora bien, durante la década de 1990, la subutilización de la mano de obra se agrava extraordinariamente, un fenómeno que se sintetiza diciendo que, en 2000, el nivel de la desocupación abierta (14,7%) más que duplica el correspondiente a 1991 (6%). Una evolución similar ostenta la tasa de sub- ocupación horaria (Cuadro 05). Por otra parte, las tendencias a la informalización y precarización de los ocupados se prosiguieron a un ritmo todavía más acelerado que en la década de 1980. Entre 1991 y 2000 (Cuadro 05), fue prácticamente nula la creación de empleo asalariado; se satura la receptividad del sector "refugio" para el empleo no-asalariado (cuentapropismo informal); casi todo el empleo creado fue precario (los asalariados no-registrados crecieron de 30% en 1991 a 35% en 2000). En este lapso, el impacto también fue diferencial según el estrato social, perjudicando más a los más débiles. Cabe mencionar otro hecho trascendental en la evolución del mercado de trabajo durante este período: la nueva y brutal devaluación de los títulos académicos que indujo la abrupta irrupción del hiperdesempleo. De repen- te, millones de personas quedaron "obsoletas" respecto a las nuevas exigen- cias empresarias, con el agravante de que su eventual reciclamiento debía ser autosolventado (ese tipo de formación educativa no es gratuito). Es decir, una ingente porción de la mano de obra se encontró de pronto enfrentada a la siguiente disyuntiva: para conseguir empleo se necesita más educación, pero para reciclarse se necesitan ingresos que no se obtienen porque se es desempleado. A partir de 1991, el exitoso control de la inflación que acompañó al Plan de Convertibilidad permitió que, temporariamente, mejorasen los ingresos reales de todos los grupos de perceptores. No obstante esta importante recupe- ración, después de 1994 continuó la tendencia negativa de las remuneraciones reales, las que, en 1999, representaban 83% del nivel de 1986. Paralelamente, siguió perdiendo peso la porción del ingreso que absor- bían los asalariados, afectada también por el menor poder negociador de los sindicatos como consecuencia de los cambios en la legislación laboral: el salario real promedio de los trabajadores menos calificados en los servicios menos productivos se deterioró, incluso en términos nominales; cuando hubo aumento del salario real, éste fue siempre muy inferior al aumento de la productividad por persona ocupada. Entre 1995 y 1999, la participación de la masa salarial en el PBI pasó de 36,8% a 33,5% (Cuadro 07). 51 Porque otro de los factores que afectó gravemente el funcionamiento del mercado de trabajo, como ya se mencionó, fue la desregulación de las antiguas protecciones de los trabajadores. Las normas laborales se modificaron en distintos andariveles: por un lado, disminuyeron las contribuciones patrona- les que se destinaban a financiar el costo del despido y ciertos programas sociales; por otro, se fomentaron nuevas modalidades contractuales (períodos de prueba; contratos a tiempo parcial; contratos de aprendizaje y pasantías; lími- tes a la duración de la jornada de trabajo; deterioro de la inspección de las condiciones de trabajo; descentralización de las negociaciones colectivas; etc.). Todas estas modificaciones tuvieron el común denominador de precari- zar la situación laboral. Unida a la rápida expansión del empleo "en negro", la nueva reglamentación explica en gran parte el agravamiento de la vulnerabilidad en el empleo y, por extensión, de la vulnerabilidad social. En consecuencia, en la distribución del ingreso familiar se constata una vez más la pérdida de los sectores más desfavorecidos (principalmente afectados por el desempleo): los dos primeros deciles de la distribución pierden todavía algunos puntos, en favor esta vez de los sectores medios (Cuadro 06). Lamentablemente, no existe información que nos permita visualizar los rasgos de la estructura social a fines de los años noventa (los datos sobre la PEA del censo de 2001 son completamente incompatibles respecto a los censos precedentes). No obstante, visto lo acontecido en el mercado de trabajo y en la distribución del ingreso, pueden enunciarse algunas conclusiones razonables. Para fines de la década de 1990, deben haberse agudizado algunos rasgos ya evidentes a principios de los ochenta: disminución relativa del volumen de la clase media y su progresiva desalarización; disminución del peso relativo de la clase obrera estable y acentuamiento de su desalarización; aumento absoluto y relativo del estrato marginal (no-asalariado sin calificación). Todo ello en un contexto de empobrecimiento absoluto (caída por debajo de la Línea de pobreza) que ahora involucra no sólo a sectores obreros estables y a sectores marginales, sino también a las capas medias que hasta hace poco ex- perimentaban sólo empobrecimiento relativo (disminución del bienestar sin caer por debajo de la Línea de pobreza). O sea, un panorama de intensa movilidad social descendente, tanto desde el punto de vista ocupacional como del de los ingresos. El altísimo desempleo, la disminución del salario real y la regresividad en la distribución del ingreso, indujeron niveles nunca antes conocidos de pobreza crítica (Cuadro 08): el número de personas por debajo de la línea de pobreza en momentos no inflacionarios se situó alrededor de 20% entre 1999 y EL COSTO SOCIAL DEL AJUSTE SUSANA TORRADO I DEVALUCIOV; VALOR Página/12 E l N q u e d ó d u e r i n d a l a s Í l U a C i e f l 1.1a la t'ala se fie. e o dela 26 E l l IC I`WS a sus espaldas ,' P orr100. , pilletes que desetheu gotaemo. De sobre los que protestaban en sOlo 7 "- P residente. abandone 30PUOS/0 Reza C/0. tAn$27 ormobó otras cinco muertes. centenares de hongos luna ola. Op violencia en pleno centro Caída de Fernando de la Rúa reflejada en la portada del diario Página/12. l a d e s o c u p a c i ó n e h B o n d h e s E : : * * m i e 1 r e c o r d d e l 2 0 p o r d a to - 1.1*,l~e1~MY. ViralpaV.5 :rt=r:z ownwo te limar.o..sc. -11.0 COVENI~ ~IEGOCIAPCNES POR +a, Jona r m o vi r d ,M. La desocupación en los medios, 26 de octubre de 2001. 52 2000 (Cuadro 08). Recuérdese que al comenzar el modelo aperturista, a mediados de la década de los setenta, el volumen de pobres apenas superaba al 5% de la población. 3.2.3 El gobierno de la Alianza (1999-2002) En diciembre de 1999, el justicialismo fue desplazado electoralmente del poder por una Alianza de Partidos políticos que llevó como presidente al Dr. Fernando de la Rúa, cuya gestión no cambio la orientación aperturista prevaleciente hasta su renuncia anticipada. Este corto lapso de gobierno, preñado de conflictos propios y heredados, tampoco alcanzó a cumplir su mandato constitucional, afectado en 2000 por la renuncia del vicepresidente Carlos Álvarez y, en diciembre de 2001, por la del propio presidente Fernando de la Rúa. La partida abrupta de este último —en medio de graves disturbios sociales y represión policial— indujo una crisis que llega a su punto culminante —tanto desde el punto de vista económico, como político y social— en los primeros meses de 2002. Tras la salida del Régimen de Convertibilidad, de la libera- ción del mercado cambiario y del anuncio de la devaluación del peso en un 40% en los primeros días de 2002, en apenas dos meses el tipo de cambio se triplicó. Esto, sumado a los mecanismos diferenciales aplica- dos para la liquidación de deu- das en moneda extranjera, produjo —una vez más en la historia de las últimas décadas en el país— una impresionante transferencia de activos que fa- 53 vorecieron una mayor concentración de la propiedad y de los ingresos (Lindenboim, 2009). El derrumbe económico que culminó en 2002 fue dra- mático y provocó la más grave crisis política y económica en generaciones: en el cuatrienio que va desde 1999 a 2002 el PIB retrocedió más del 20%. La crisis ocasionó fuertes pertur- baciones sociales y una importante disminución del bienestar de la población mensurable en el ario 2002: la tasa de desempleo (Cuadro 05) llegó al 17,8% frente al 14,7% registrado tres años antes; la desigualdad en los ingresos (Cuadro 06), que, como vimos, venía in- crementándose sin pausa desde mediados de los años setenta, al- canzó su punto máximo después de la crisis (del 34,2% al 42% para el decil superior) (Cuadro 06); la participación de la masa salarial en el PBI pasó de 33,5% en 1999 a 25,4% en 2002 (Cuadro 07); la incidencia de la pobreza (por hogares) aumentó de 20,8% en octubre 2000 a 42,4% en Octubre 2002 (medida en la población, esta última cifra era de 57,5%) (Cuadro 08); la brecha de pobreza (porcentaje del costo de la canasta que no alcanza a cu- brir el ingreso familiar) era igual a 31,7% en 1991, 42% en 2000, y 49,7% en 2002. Naturalmente, la caída vertiginosa en tan corto lapso no permite cuantificar los efectos sobre la estructura de clases sociales ni sobre la movilidad social (aunque se admita que esta última debió haber sido abismal). Es que la naturaleza de esta crisis, asimilable a un tsunami económico, fue tan específica y desestructurante respecto a la historia de la Argentina moderna, que las antiguas variables universalmente aceptadas para captar la pertenencia de clase —principalmente, las formas de inserción en los mercados de trabajo— dejaron de predecir el lugar de pertenencia. Durante algunos años EL COSTO SOCIAL DEL AJUSTE SUSANA TORRADO 54 (hasta la recuperación de la crisis con posterioridad al año 2003), fue imposible cuantificar como antaño los volúmenes de cada estrato social. 4. Una visión de largo plazo Vale la pena ahora comparar sintéticamente los efectos de cada modelo de acumulación y de cada régimen de gobierno sobre la estructura de clases sociales y la movilidad social. Antes de 1930, durante el modelo agroexportador, el perfil de la estructura social se trastoca profundamente: en especial, se aprecia una rapidísima ex- pansión de los estratos medios, los que prácticamente se cuadruplican en este lapso —al menos en las áreas urbanas—, absorbiendo una parte sustancial de los grandes contingentes de inmigrantes de ultramar llegados durante el perí- odo. De suerte que puede afirmarse que, en menos de una generación, surgió un amplio estrato medio que, necesariamente, debió reclutar a sus miembros entre los estratos populares, por lo que la fuerte movilidad social ascendente experimentada debió ser no sólo de carácter intergeneracional sino también de naturaleza intrageneracional, esto último sobre todo entre los extranjeros recién llegados cuya extracción social originaria era por demás modesta. Después de 1930, los modelos industrializadores comienzan con la estrategia justicialista (1945-1955) —caracterizada por la sustitución de bienes de consumo final—, la que, si bien no modernizó significativamente la estructura social, fue claramente distribucionista e incluyente de los estratos más desfavorecidos respecto a los frutos del progreso económico. Por su parte, la desarro- lista (1958-1972) —propulsora también de una industrialización sustitutiva pero ahora de bienes intermedios y de capital—, aunque modernizadora, fue marcadamente concentradora y excluyente. Por comparación, el modelo aperturista (1976-2002), presenta rasgos de claro sesgo desindustrializador, con- centrador y excluyente, sin atisbos de modernización. Para ilustrar los cambios que experimentó la estructura social en la segunda mitad del siglo XX, podría diseñarse una pirámide de estratificación con un eje vertical representando los diversos estratos sociales ordenados jerárquicamente, y con dos ejes horizontales: a la izquierda, uno que representara el volumen relativo de cada estrato desde el punto de vista ocupacional; a la derecha, otro que hiciera lo propio con la parte del ingreso nacional absorbida por cada estrato. En el largo plazo (1945-2002), esta pirámide mostraría formas cambian- tes. A la izquierda, el mantenimiento de una cúpula minúscula, el engrosamien- 55 to progresivo y posterior estrechamiento de la parte intermedia y el ensanchamiento paulatino de la base. A la derecha, el ensanchamiento ininterrumpido de la cúpula en detrimento de la superficie correspondiente a la parte intermedia y a la base. En suma, las mutaciones en la pirámide de estratificación social ilustrarían un proceso caracterizado por los siguientes rasgos: a) una clase alta numéricamente ínfima en curso de enriquecimiento absoluto; b) una clase media sucesivamente creciente/decreciente, en curso de progresiva asalari- zación/desalarización, y pauperización absoluta y relativa; c) una clase obrera numéricamente decreciente en curso de progresiva desalarización y pauperi- zación absoluta; d) la aparición de un estrato marginal numéricamente importante con carencias absolutas. Por otra parte, cada estrategia de desarrollo indujo un tipo particular de movilidad social, entendiendo por tal el desplazamiento entre posiciones je- rárquicas dentro de la pirámide de estratificación social, posiciones que, a su vez, pueden definirse en términos ocupacionales o en términos de ingresos. Respecto a la movilidad social, el conjunto del período 1945-2002 tiene algunos elementos comunes: la masiva transferencia de población del campo a las ciudades (con la concomitante creación de empleo urbano, inductora, de por sí, de movilidad ocupacional); la expansión de la matrícula educacional en todos sus niveles; la progresiva devaluación de las credenciales educativas (aumento de los títulos exigidos para y disminución de los ingresos devenga- dos por una misma posición); el acentuamiento del rol de la educación como canal ascencional. Sin embargo, también en este dominio, cada estrategia tuvo efectos específicos. Durante la etapa justicialista, desde el punto de vista ocupacional, existe un proceso generalizado de movilidad estructural ascendente de carácter intrageneracional, desde modestas posiciones rurales a posiciones urbanas autó- nomas de clase media y asalariadas de clase obrera, y desde segmentos inferiores a segmentos superiores dentro de la clase media urbana. No se detecta en este momento ni empleo precario ni empleo marginal. Por otra parte, esta movilidad ocupacional ascendente fue efectivamente acompañada por un movimiento también ascendente en la escala de ingresos. Durante el desarrollismo, el panorama de conjunto es mucho más complejo. La continuada migración rural-urbano, se acompaña ahora de múlti- ples trasvasamientos dentro de la población urbana nativa o residente citadina de antigua data. Desde el punto de vista ocupacional, esta estrategia se caracteriza por la coexistencia de fuertes flujos de movilidad estructural ascendente y descendente, intra e inter generacionales, acompañados de im- EL COSTO SOCIAL DEL AJUSTE SUSANA TORRADO 56 EL COSTO SOCIAL DEL AJUSTE portantes movimientos intersectoriales neutrales desde una perspectiva jerár- quica. Por lo demás, no se detecta empleo marginal aunque sí empleo precario, tanto de clase media como de clase obrera. Correlativamente, desde la óptica de los ingresos, la estrategia desarrollista induce, por un lado, el me- joramiento de las posiciones correspondientes a la clase alta y a los segmentos superiores de la clase media, por otro, el empeoramiento de las posiciones propias de la clase obrera y de los segmentos inferiores de la clase media. Durante el modelo aperturista (1976-2002), tomado en su conjunto, el proceso es totalmente disímil. Primero, el crecimiento del empleo urbano es mucho más lento que en el pasado, lo que concentra la movilidad social en la población de antigua residencia urbana. Segundo, la expansión de la clase media favorece ahora comparativamente más a su estrato autónomo (pe- queños productores, cuentapropistas), movilidad que debió alimentarse —vía intrageneracional— de asalariados de clase obrera y de clase media que perdieron sus antiguas posiciones en el proceso general de desalarización, siendo difícil de aceptar que estos desplazamientos tradujeran una movilidad ascendente. Tercero, la clase media asalariada crece menos que en las etapas precedentes, en un contexto en el cual se acentuó el proceso de de- valuación de las credenciales y se acrecentó el empleo precario de clase media. El modesto crecimiento de la clase media asalariada continuó nutrién- dose —vía intergeneracional— desde posiciones correspondientes a la clase media autónoma y a la propia clase media asalariada, representando por lo general una movilidad ascendente, si se aceptara definir a esta última en tér- minos exclusivamente ocupacionales. Cuarto, la clase obrera autónoma es el estrato de más rápido crecimiento, traduciendo ahora este fenómeno la ex- pansión preferencial del empleo informal y del empleo precario, junto con la emergencia de un estrato marginal. El crecimiento del estrato obrero au- tónomo se alimentó comparativamente más de trabajadores asalariados urbanos que perdieron sus antiguas posiciones durante el proceso, que de migrantes internos o externos (en franca retracción numérica), razón por la cual puede considerarse esta movilidad de tipo descendente. En suma, desde el punto de vista ocupacional, el balance del modelo aperturista es de preeminencia de movilidad estructural descendente, intra e intergeneracional. A su vez, desde el punto de vista de los ingresos, la movilidad experimentada en todos los estratos de clase obrera y en la mayor parte de los de clase media fue abruptamente descendente, implicando un proceso de pau- perización absoluta y de pauperización relativa, de carácter inédito en la historia argentina reciente. SUSANA TORRADO 57 Asunciones presidenciales desde 1983 a 2008. A principios del tercer milenio, la suma de estos procesos se cristalizaba en una estructura social profundamente segmentada, con signos agudos y exacer- bados de desigualdad social. Como primera visión global del aperturismo se impone una conclu- sión: el empeoramiento de las condiciones laborales y de bienestar en tan corto lapso es un buen indicador de la eficacia con que funcionó el "disciplinamiento social" originalmente propiciado por el golpe militar de 1976. Visto lo cual, calificar el balance de esta gestión en relación con la estructura social no es una tarea compleja: además de "concentradora", la estrategia aperturista es también violenta y explícitamente "excluyente"; sólo que se trata ahora de una exclusión sin modernización social ni crecimiento eco- nómico global. La contrapartida previsible de estos hechos fue un aumento sin precedentes de la incidencia, la intensidad y la heterogeneidad de la pobreza crítica, inductora de un deterioro brutal de los niveles de bienestar, particularmente de los más débiles. En la Argentina de las tres últimas décadas del siglo XX, la pérdida de co- hesión social emergió tanto en dictadura como en democracia —siendo mucho más grave en democracia—, y no sólo comportó el incremento de la desigualdad social, sino que hizo más intensa la polarización entre los muy pobres y los muy ricos, destruyendo, en el camino, uno de los atributos distintivos del nuestro país: la existencia de amplios estratos medios formados y consoli- dados a lo largo de casi un siglo. Quizá sea oportuno terminar esta exposición con algunas reflexiones sobre las clases medias, visto que en algunos análisis se las visualiza como los sectores que más perdieron durante el proceso de ajuste. Puede decirse que, con mayor o menor gravedad según los momentos, en el plano estructural: la clase media disminuyó su peso relativo y retrocedió en su modernización (cuentapropismo); comenzó a padecer desocupación y sub- ocupación; sufrió un sensible deterioro en la calidad de sus empleos debido a 58 la devaluación de las credenciales educativas; resignó porciones notables de ingreso y por ende de bienestar; se convirtió por primera vez en un segmento vul- nerable a la pobreza; asistió atónita a la confiscación de sus ahorros (corrali- to); cambió drásticamente su valoración de la autonomía personal a expensas de su percepción del entorno familiar. Sin trabajo, sin seguridad social, sin ahorros, muchas familias de clase media cayeron en la situación estigmatizante de "vivir al día", lo que, en el plano simbólico, deterioró su autovaloración como clase, es decir, de los valores con que las elites dominantes habían promovido su emergencia a fines del siglo XIX: la estabilidad y la previsión. Desde mediados de los años setenta, la clase media vio bloqueada la permeabilidad social que antaño parecía constituir el orden natural de las cosas. En ese bloqueo perdió uno de sus privilegios más preciados, el poder de transitar la vida en términos de un proyecto. Sin proyecto de futuro, sin proyecto de vida, es el presente, el aquí y ahora, el que pierde significado, el que pierde sentido. Sólo resignaron más los que estaban por debajo. Si algunas políticas del ajuste fueron percibidas como incomprensibles ataques a la clase media, es porque se perdió de vista que, a pesar del deterioro, ésta todavía tenía algo que perder. A los de abajo ya no podía sacárseles nada sin poner en peligro su re- producción generacional; es decir, sin poner en peligro una condición sine qua non de la acumulación capitalista. Notas Las siglas "TP-año" en los Cuadros y Gráficos remite a los censos correspondientes al Total del País en el año mencionado. Los censos jurisdiccionales son identificados con sus siglas respectivas. La sigla EVITAL significa Estadísticas Vitales. 2 Esta parte se basa en Germani (1962, Parte IV) y (1963, passim). 3 La movilidad social puede ser de distintos tipos: estructural (modificación en el núme- ro relativo de posiciones disponibles de cada categoría social); de reemplazo (cambio individual posibilitado por la vacancia en otras posiciones); demográfica (derivada de las diferencias inter- estratos en los niveles del crecimiento vegetativo y migratorio). Por otra parte, se dice que la movilidad es intrageneracional cuando el desplazamiento se realiza en el curso de la vida de una misma persona; intergeneracional cuando tiene lugar de padres a hijos. 4 Una hipótesis irrealista, ya que el propio Germani demuestra que existió en todo momento un volumen no despreciable de movilidad descendente. Ello significa que esta cuantifi- cación de la movilidad estructural ascendente con anterioridad a 1930 constituye una esti- mación de mínima. 5 Salvo mención contraria, todos los análisis de este acápite provienen de Torrado (1994), con sus respectivas referencias bibliográficas. Por razones que enseguida se harán comprensibles 59 sólo discriminamos aquí las estrategias justicialista (1945 - 1955) y desarrollista (1958-1972). Por lo tanto, quedan fuera de análisis los siguientes lapsos: a) años 1956-1957 (gobierno de la "revolución libertadora"); b) años octubre 1963-junio 1966 (breve interregno de un gobierno radical dentro del modelo desarrollista); c) años 1973-1975 (tercer gobierno justicialista). En esos breves períodos no se implementaron políticas públicas que alteraran significativamente la estructura socioeconómica que primaba en sus respectivos inicios. 6 Después de 1947, es imposible cuantificar la movilidad social como lo hiciera Germani para la etapa agroexportadora. 7 Las expresiones "devaluación educacional" o "devaluación de las credenciales" designan un proceso en el que la exigencia de credenciales o títulos educativos para acceder a una misma posición ocupacional va creciendo paulatinamente sin que se aumenten las respectivas remuneraciones, a medida que aumenta la oferta de mano de obra más educada como producto de la expansión del sistema educativo. Esta parte se basa en Torrado (2004) y su correspondiente bibliografía. Bibliografía Altimir, Oscar (1986): "Estimaciones de la distribución del ingreso en la Argentina, 1953-1980", en Desarrollo Económico, vol. 25, N° 100, Buenos Aires. Altimir, Oscar y Beccaria, Luis (2001): "El persistente deterioro de la distribución del ingreso en la Argentina", en Desarrollo Económico N° 160, Buenos Aires. Ariño, Mabel (2010): "Transformaciones en el mercado de trabajo: 1974-2002. (PEA, Empleo, Salarios, Ingresos)", en Susana Torrado (comp.), El costo social del ajuste (Argentina, 1976-2002), Buenos Aires, Edhasa. Beccaria, Luis y Maurizio, Roxana (2008): "Mercado de trabajo y distribución personal del ingreso", en Javier Lindenboim (comp.), Trabajo, ingresos y políticas en la Argentina. Contribuciones para pensar el siglo XXI, Buenos Aires, EUDEBA. Beccaria, Luis (2002): "Empleo, remuneraciones y diferenciación social en el último cuarto del siglo XX", en VV. AA., Sociedad y sociabilidad en la Argentina de los 90, Buenos Aires, Universidad Nacional de General Sarmiento, Biblos. Consejo Federal de Inversiones (CFI) (1989): Estructura Social de la Argentina. Indi- cadores de la estratificación social y de las condiciones de vida de la población en base al Censo Nacional de Población y Vivienda de 1980. (Total del país y 26 volú- menes por provincia), Buenos Aires. (Dirección general y redacción: Susana Torrado). Germani, Gino (1963): "Movilidad social en la Argentina", en S. M. Lipset y R. Bendix, Movilidad social en la sociedad industriah Buenos Aires, EUDEBA. (1955): Estructura social de la Argentina. Análisis estadístico, Buenos Aires, Raigal. EL COSTO SOCIAL DEL AJUSTE SUSANA TORRADO 60 EL COSTO SOCIAL DEL AJUSTE SUSANA TORRADO 61 Lindenboim, Javier (2010): "Ajuste y pobreza a fines del siglo XX", en Susana Torrado (comp.), El costo social del ajuste (Argentina, 1976-2002), Buenos Aires, Edhasa. (comp.) (2008): Trabajo, ingresos y políticas en la Argentina. Contribuciones para pensar el siglo XXI, Buenos Aires, EUDEBA. (2008): "Auge y declinación del trabajo y los ingresos en el siglo corto de la Argentina", en Javier Lindenboim (comp.) Trabajo, ingresos y políticas en la Ar- gentina. Contribuciones para pensar el siglo XXI, Buenos Aires, EUDEBA. Lindenboim, Javier; Gratia, Juan y Kennedy, Damian (2005): Distribución funcional del ingreso en la Argentina. Ayer y hoy, Documento de trabajo N. 4, Buenos Aires, CEPED, FCE-UBA. Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Secretaría de Planificación (1986): Anexo Estadístico del Documento El terciario argentino y el ajuste del mercado de trabajo urbano, Proyecto ARG/84/029, Buenos Aires, Gobierno Argentino, PNUD, OIT. Monza, Alfredo (1986): El terciario argentino y el ajuste del mercado de trabajo urbano (1947-1980), Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Secretaría de Planificación, Proyecto ARG/84/029, Buenos Aires, Gobierno Argentino, PNUD, OIT. Murmis, Miguel y Feldman, Silvio (2002): "Formas de sociabilidad y lazos sociales", en W. AA., Sociedad y sociabilidad en la Argentina de los 90, Buenos Aires, Universidad Nacional de General Sarmiento, Biblos. Nun, José (2007): "Prólogo", en Susana Torrado (comp.), Población y bienestar en la Argentina del primero al segundo Centenario. Una historia social del siglo XX, 2 tomos, Buenos Aires, Edhasa, Serie Estudios del Bicentenario. (2000): Democracia ¿Gobierno del pueblo o gobierno de los políticos?, Buenos Aires, FCE. Orsatti, Álvaro (1985): "El empleo precario en Buenos Aires, 1974-1983", en CIAT- Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, El empleo precario en la Argentina, Buenos Aires. Torrado, Susana (dir.) (2010): El costo social del ajuste (Argentina, 1976-2002), Bue- nos Aires, Edhasa. (comp.) (2007): Población y bienestar en la Argentina del primero al segundo Centenario. Una historia social del siglo XX, 2 tomos, Buenos Aires, Edhasa, Serie Estudios del Bicentenario. (2004): La herencia del ajuste. Cambios en la sociedad y en la familia, Buenos Aires, Capital Intelectual, Colección Claves para Todos. (2003): Historia de la familia en la Argentina moderna (1870-2000), Buenos Aires, Ediciones de la Flor. (1995): "Notas sobre la estructura social argentina al comenzar los años 90. La dimensión de la pobreza", en Gustavo Beliz (comp.), Política social: la cuenta pendiente, Buenos Aires, Sudamericana. (1994): Estructura social de la Argentina: 1945-1983, Buenos Aires, Edicio- nes de la Flor, (2a edición, 2004). VV.AA. (2002): Sociedad y sociabilidad en la Argentina de los 90, Buenos Aires, Universidad Nacional de General Sarmiento, Biblos.

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