UNIVERSIDAD ANDINA DEL CUSCOFacultad de Ingeniería “TIPO GOBIERNO AMÉRICA-POLÍTICA ECONÓMICA ACTUAL-TIPO DE ESTADO-SEPARACIÓN DE PODERES-CONSTITUCION-” Por: Diego Gerson Flores Rojas Código: 013300564C CUSCO-PERÚ 2014 INTRODUCCION El siguiente trabajo es realizado con el fin de analizar y tener en buena consideración los temas de gobierno en Latino América, política económica, tipo de estado, acciones importantes, conformación de poderes, la constitución, tomando en cuenta el orden cronológico y la vigencia que aún se tenga en cada caso. Es de carácter importante y de cultura saber cómo es que funciona el gobierno en nuestra nación al igual que todos los países del continente en el que vivimos, desde cómo influye y maneja la economía respectiva en cada país, ver las diferencias en los tipos y formas de estado, sucesos y acontecimientos que influyen directamente en este, como rigen y norman cada poder y como es que su constitución funciona en dichos países. TIPO DE GOBIERNO EN LATINO AMÉRICA El análisis de la política en América latina consta por infortunio de problemas graves en lo que consta en su organización, liberalismo. Los países que conforman a esta parte del continente mantienen los sistemas económicos y políticos desde hace ya pasados regímenes monárquicos poniendo como diferencia ahora a la liberalidad que para ser sinceros no se ve como algo que se cumpla realmente. La inexperiencia a la hora de dirigir en América en lo concierne a lo político y países fuertemente vinculados al imperialismo que solo quieren abastecer a lo que son sus intereses dieron políticas en diversas oportunidades que solo ocasionaron que los países sufrieran más caos y miseria. LA OLIGARQUÍA: Referente a un grupo de personas que gobiernan una nación, una ciudad, una ciudad estado que se preocupaban por su interés propio, a lo que quieren ganar como enriquecerse, hacer leyes o manejos de la política que siempre estén dirigidas a su propio interés dejando de lado a la aristocracia. Este es un grupo reducido de personas que gobiernan un estado perteneciente a una misma casta. La oligarquía nació en Grecia y es una forma degenerativa de la aristocracia a partir del gobierno de los doce tiranos enunciados por Platón, la cual fue derrocada, otras oligarquía fue la de los espartanos formado por un grupo militar. Un único poder y núcleo principal forma parte de una monopolización por parte del poder, adueñándose de una sola percepción tributaria. Podría decirse que alguien ofrece apoyo en algo a cambio de recompensado con la colaboración desde el poder. Hay quejas de protesta frente a este tipo de gobierno, desde los estudiantes, con mayor número en el Perú, o como en el caso de los mineros de cananea y con rio blanco en México. Este gobierno puso un pare al caos debido a la movilidad de independencia y los cambios tomados por los militares. ESTADO BUROCRÁTICO AUTORITARIO: Este recupera un orden dentro de la sociedad al igual que lo económico, tomando como grupo individual y organizado a las mismas personas así principalmente de los trabajadores. Aquí se privan los mecanismos políticos y cambiándolos por otro tipo más dominante, orden militar, organizando la vigencia y elaboración. Los militares son parte de la milicia de rebelión, dando así un nuevo tipo de gobierno, familias en el poder y por medio de una nueva economía obtuvieron nuevos recursos tornándose en una nueva burguesía. Las autoridades estatales unieron todo el poder en tan solo una familia disponiendo de poder político y economía, con una pobre inversión en otros países del exterior debido a la inestabilidad política. EL POPULISMO: Toma en consideración al carisma en los que dirigen que identifican a la población, el poder es ejercido por el pueblo. Corriente ideológica que realza la figura del estado, la reivindicación del estado, teniendo en cuenta a las clases sociales más bajas, clases a las cuales se las ayuda con un estado de bienestar, seguridad social, justicia social. Puede ser visto como algo positivo o como algo negativo, como políticos e acuerdo con el populismo y otros que no, teniendo diferentes divergencias con relación a esto, como los países con populismo que no se desprenden del sistema capitalista; el mundo en si es un bloque capitalista. El populismo en América Latina es dado por diversos exponentes, como Lázaro Cárdenas en México, Juan Domingo Perón en Argentina, Getulio Vargas en Brasil, son los representantes más importantes sobre América Latina. Chávez también considerado como miembro de un populismo. El populismo se inicia con un estudio por parte de la sociología, se da en América porque es donde existe mayor diferencia entre las clases sociales, hay pocos ricos y muchos pobres, después de la sociología lo toma la política y por último la historia. Los dos sociólogos que lo inician son Gino Germani y Di Tella; en América Latina la movilización surge después de las democracias liberales, después del desarrollo industrial del régimen comunista y dentro de una situación en total dependencia económica. Se originó a partir del año 1929, actualmente continua con las presidencias de Rafael Correa en Ecuador, Maduro en Venezuela, Daniel Ortega en Nicaragua, Evo Morales en Bolivia, Cristina Hernández en Argentina y de Lula Da Silva en Brasil. El populismo sigue siendo la gran pasión política en toda América porque con cada intento de aclaración sobres esta idea de conseguir la política solo se logra como resultado contribuir hacer del populismo la gran exaltación indescifrable en América latina donde transcurre la idea de amigo y enemigo político. El pueblo muchas veces es quien está lejos de entender la economía y la organización política nacional e internacional y por lo tanto sigue a un líder carismático que viene a representar la figura paternal de una sociedad virgen aún en materia de ejercicio de los derechos políticos. El populismo es una categoría inevitable de análisis en los procesos históricos sociales de América Latina. El fenómeno del populismo es heredero del caudillismo propio de la formación de las naciones Americanas a principios del siglo XIX y por lo tanto también es consecuencia de un proceso modernización social y económica. Las circunstancias son diferentes a las de Europa en las década de los treinta del siglo XX posterior a la primera guerra y al debacle que se produjo y hasta con una ideología totalmente modificada por el contexto histórico en el que se desarrolla, por eso la manifestación del populismo es típica de esta región y un tiempo histórico marcado puesto que América siempre se busca a sí misma. En Europa durante el proceso de modernización industrial luchaban los trabajadores contra la burguesía pero compartían algunos de sus ideales, como la democracia liberal, cambios en la estructura social, partidos políticos que favorecían la integración al sistema representativo. En América Latina en cambio la movilización de masas votantes vulnerables surge precisamente a partir del fracaso de las democracias de masas con la llegada de la ley 8871 de voto universal en Argentina, que se difundió por todo el continente y dentro de una situación de total dependencia económica. Este fenómeno político se concreta a partir de la situación de desplazamiento poblacional del campo de la ciudad, en estas circunstancias llegan a encontrarse grandes contingentes humanos en las afueras de las ciudades llevados por el modelo de la constitución de importaciones, esto hace que las masa se transformen políticamente manipulables y quizás sean educada porque no para la dependencia política, social y económica. El populismo contiene dos aspectos fundamentales que tratan de integrar a la sociedad en un todo superior a las diferencias económicas, políticas, sociales o culturales que puedan existir reemplaza así a los mecanismos clásicos de integración como los partidos políticos, todo tipo de asociaciones secundarias entre otros, y por lo tanto presenta dos características fundamentales según el sociólogo Di Tella, ―Popular‖; algunos creen que este puede ser el aspecto fundamental de populismo, esta articulación en torno a la categoría del pueblo independientemente a las bases sociales a las que se refiere por la que esté constituido en el régimen que gobiernan en ese momento determinado, saca al partido político de la escena, pone en consideración una nueva manera de ejercicio republicano llamada movimiento político ―Nacional‖, en Europa la nación es la patria de los burgueses propinada por los movimientos de izquierda del siglo XIX, estos poseían tendencias universalistas, en América Latina a diferencia, Nación es la expresión autentica y única del interés nacional. El pueblo que quiere cortar sus cadenas de toda dependencia política, social y económica. Para Gino Germani hay dos conceptos claves, la movilización, proceso por el cual los grupos que anteriormente pasivos adquieren un comportamiento deliberativo y la integración, movilización que se lleva a cargo a través de los canales políticos institucionalmente vigentes y es así socializada por el régimen imperante. Así podemos inferir que América Latina no tuvo integración sino pura movilización. LA DICTADURA: Una dictadura es un gobierno en el que la voluntad del país está sobre la voluntad de los individuos a quienes gobierna, las dictaduras pueden consistir en un solo individuo, una familia real, un ejército, un partido político o una organización religiosa. En un tiempo el término dictadura estaba reservado por el poder que en casos de emergencia se daba a un hombre para conducir a una nación en periodo de tensión, en la republica romana por ejemplo el poder dictatorial fue temporal, Marco Antonio abolió el título de dictador para enfatizar la permanencia de su gobierno. Después de la primera guerra mundial el término de dictadura vino a aplicarse a todos los gobiernos absolutistas, la intención era mover las dictaduras es la de retener el poder en forma permanente, dominar las instituciones democráticas como el parlamento, nulificar derechos personales y los de propiedad y monopolizar el poder político; las dictaduras surgen de situaciones políticas inestables, pueden surgir en naciones acostumbradas a gobiernos constitucionales en aquellas sin historia de constitucionalismo o en naciones que son crónicamente inestables. Un caso único de dictadura fue el de la ex unión soviética con su dictadura del proletariado; periodo de tensión como una guerra o una depresión económica pueden sembrar la semilla para una dictadura en una república constitucional, una guerra hace necesaria la disciplina y la gente encuentra que es fácil actuar bajo órdenes, el dictador patrocina proyectos deslumbrantes de obras públicas, guerras exitosas y ceremonias públicas, eventualmente atrapado por la leyenda en la que el mismo se envuelve puede intentar lo imposible y destruirse a sí mismo o a su nación como hizo Francisco Solano López en la guerra que contra Paraguay, Brasil y Uruguay de 1864 a 1870, provocó más muertes que un conflicto actual y dejo a Paraguay casi sin población masculina. Generalmente hablando las dictaduras solamente pueden ser echadas abajo por revueltas violentas y aplicando estrictamente su significado, pocos gobiernos en el mundo se escapan de la calificación. LA DEMOCRACIA: Modo de gobierno insertado por los griegos en el que si los ciudadanos participaban en la elección de sus gobernantes, se lograría mejoras en la sociedad, tuvieron razón y con el tiempo otras civilizaciones adoptaron la sencilla idea de que los ciudadanos participativos llevarían a un mejor gobierno. Una mitad del planeta se rige bajo un sistema democrático y eso es así porque la democracia es un gobierno que busca brindar seguridad y justicia para todos los ciudadanos, pero la democracia requiere del voto, del voto de todos para que funcione. Al votar los ciudadanos expresan sus ideas y eligen a sus gobernantes, cuando las sociedades democráticas caen surgen las dictaduras, como la de Hitler, Mussolini y es entonces cuando los ciudadanos se extrañan y valoran el poder a elegir. Sin embargo la democracia que hoy construimos no está garantizada, votar y participar evita que se hunda, la democracia la hacemos todos. POLÍTICA ECONÓMICA ADOPTADA EN LA ACTUALIDAD Sistema de medidas económicas que el Estado aplica en interés de las clases dominantes. La política económica influye sobre muchos aspectos del desarrollo de la sociedad y, ante todo, sobre sus fuerzas productivas. El carácter, la orientación social y la extensión de la influencia que ejerce la política económica son totalmente determinados por el régimen político-social, por las leyes objetivas de su desarrollo. Sobre la política económica del Estado influyen, asimismo, las condiciones históricas concretas del desarrollo de la sociedad dada, la correlación de las fuerzas de clase, el grado de la lucha de clases en el plano interior e internacional. De ahí que la política económica que expresa los intereses de las clases dominantes, se aplique según formas y métodos distintos en dependencia de las condiciones y tareas de tal o cual etapa de desarrollo de la formación económico-social dada. La propiedad privada capitalista sobre los medios de producción y las relaciones de producción que de ella se derivan, determinan el carácter de la política económica del Estado burgués, cuyo fin estriba en proteger la propiedad capitalista y ampliar la esfera de la explotación capitalista. Dicha política económica, en su conjunto, se opone a los intereses fundamentales de las masas trabajadoras y por este motivo lleva a una agudización de los contradicciones de clase. La propiedad privada y el carácter espontáneo del desarrollo de la economía capitalista limitan la acción que sobre la vida de la sociedad ejerce la política económica del Estado burgués. En la época actual, el Estado capitalista tiende a intensificar su intervención en la esfera de la vida económica, a ejercer una influencia reguladora sobre la economía. Esta acción de la política económica burguesa sobre la producción se circunscribe a medidas aisladas y, no puede asegurar el desarrollo planificado de la economía en escala de toda la sociedad. Como quiera que en los países capitalistas la economía esté sujeta a un régimen de propiedad privada, las medidas indicadas se llevan a cabo sólo en lo que favorece a los intereses ante todo de la burguesía monopolista. Las relaciones socialistas de producción confieren a la política económica del Estado socialista un contenido distinto, por principio del que poseen en el régimen capitalista. En la sociedad socialista, la política económica se basa en la utilización consciente de las leyes económicas del socialismo y se orienta hacia la creación de las condiciones necesarias para que se incremente rápidamente y sin obstáculos la producción social con el fin de satisfacer las crecientes necesidades de toda la sociedad y de cada uno de sus miembros. Bajo el socialismo, aumentan en proporciones inmensas el papel y la magnitud de la acción que ejerce la política económica del Estado sobre el desarrollo de la sociedad, pues dicha acción abarca a toda la economía nacional y se lleva a cabo de manera planificada. La política económica también economía aplicada o economía normativa es el conjunto de estrategias y acciones que formulan los gobiernos y en general el Estado para conducir e influir sobre la economía de los países. Esta estrategia está constituida por el conjunto de medidas, leyes, regulaciones, subsidios e impuestos que alteran los incentivos económicos para obtener unos fines o resultados económicos específicos. La política económica comprende también a la ciencia económica encargada del estudio de esta rama de la actividad estatal. La política económica es la intervención del Estado a través de estrategias, planes, inversión pública, concienciación de las masas, legislación y otros instrumentos en una economía. En general, la intervención del Estado se puede dar de muchas formas, pero fundamentalmente tiene el propósito de modificar el comportamiento de los sujetos económicos a través de incentivos, estímulos, beneficios tributarios, etc., o de prohibir o limitar las acciones de estos sujetos. Estrategia general que trazan los gobiernos en cuanto a la conducción económica de un país. Debido al incremento de la participación del sector público en las economías modernas, y a la importancia que toda decisión fiscal o monetaria tiene para el conjunto de las actividades productivas, la política económica se ha convertido en uno de los elementos centrales de la política en sí. La política económica suele dirigirse a un número bastante grande de objetivos, muchas veces contradictorios entre sí. Los gobiernos procuran alentar el crecimiento, porque ello crea un clima de bienestar general que les proporciona réditos políticos, así como disminuir el desempleo, eliminar o reducir la inflación y satisfacer las aspiraciones de diversos grupos de presión que buscan intereses particulares: sindicatos, asociaciones empresariales, importadores, exportadores, grupos regionales, etc. Todo esto deriva en que resulte muy difícil encontrar en la actualidad políticas económicas plenamente coherentes e integradas. La política monetaria, que incluye el control de la emisión de moneda, es uno de los instrumentos básicos en política económica, pues ella afecta la inflación y las tasas de intereses. Otro punto crucial es el presupuesto público, que determina los gastos a realizar y los ingresos que se obtendrán durante un período determinado: unos gastos mayores que los ingresos pueden obligar a incrementar el endeudamiento, incurriendo en déficits fiscales que pueden a su vez llevar al aumento de la emisión monetaria y a la inflación. El gasto público puede concentrarse en inversiones o en gastos corrientes, y debe atender generalmente los considerables pagos por la deuda pública acumulada. El gasto público, por otra parte, incrementa la demanda agregada, por lo que se constituye en un estímulo al crecimiento y un factor que tiende a disminuir el desempleo. El nivel del gasto público, por lo tanto, tiene una influencia directa sobre la inflación y el crecimiento económico, aunque dicha influencia no es idéntica en cada economía nacional en particular. Lo relativo a la política de impuestos, o sea al tipo de contribuciones que se exigen a las empresas y a las personas naturales, forma parte de la política fiscal y se denomina política tributaria. Dado que los impuestos son la principal fuente de financiamiento de los Estados modernos, la política tributaria debe tener una relación estrecha con el presupuesto de gastos del Estado. Una carga excesiva de impuestos tenderá a reducir la actividad económica, eliminando los incentivos a la inversión, pero unos impuestos muy bajos llevarán con mayor facilidad a déficits fiscales, provocando así la inflación. Otros elementos de la política económica se refieren a la proporción que asumirán los gastos sociales, y a su distribución entre diversos ministerios y programas; a la tenencia o no de empresas del Estado, que puede llevar a políticas de nacionalizaciones o privatizaciones, según los casos; a la política aduanera y, en general, relativa al comercio exterior, que se denomina política comercial; a la política de ingresos, que se basa en el cobro de impuestos pero incluye otros factores, a los subsidios directos e indirectos, y a muchísimos otros aspectos, entre los cuales no es el menos importante el constituido por las diversas regulaciones legales que afectan de un modo directo a las actividades económicas. Más allá de este conjunto de problemas parciales, que es preciso trabajar coordinadamente para evitar efectos contradictorios que emitan señales confusas a los agentes económicos, existe el problema de base referido a cuál es el papel del Estado dentro del conjunto de la sociedad y, por ende, ante la actividad económica privada. Este problema trasciende en parte la política económica, tal como ésta se entiende normalmente, pero resulta de importancia para otorgarle un fundamento sólido: sólo una posición coherente en este sentido puede garantizar la aplicación de medidas que contribuyan a lograr los resultados deseados. De allí que la política económica esté indisolublemente ligada con los problemas de filosofía política que abordan las diversas posturas ideológicas existentes. TIPO DE ESTADO, NOMBRE DEL PRESIDENTE Y ACCIONES MÁS IMPORTANTES DEL ESTADO DESDE 1990 AL 2000 (ALBERTO FUJIMORI FUJIMORI) Fujimori inició su gobierno el 28 de julio de 1990. Pronto se desvinculó de los grupos evangélicos e informales que lo habían apoyado inicialmente y debido a la falta de cuadros gubernamentales, su política de gobierno dependió de la asesoría del ejecutivo de los Estados Unidos y del Fondo Monetario Internacional, que enviaron especialistas para aplicar sus planes de shock económico. Es en estas circunstancias que su asesor, el ex capitán Vladimiro Montesinos, empieza a ocupar un rol preponderante en su gobierno. Los principales hechos del primer gobierno fueron la disolución del Congreso, la aprobación de una nueva Constitución en 1993, la derrota de los grupos terroristas Sendero Luminoso y MRTA (Movimiento Revolucionario Tupac Amaru), que puso fin a un largo conflicto interno, y las reformas económicas introducidas en la economía para su recuperación. La oposición en el Congreso de la República revisaba exhaustivamente el paquete de decretos legislativos expedidos por el Ejecutivo durante los tres períodos sucesivos de delegación de facultades legislativas otorgadas por el Legislativo y además, se encontraba molesta porque el presidente había observado más de diez autógrafas de ley dadas por el Legislativo. Ante la negativa del Congreso para concederle amplios poderes para legislar sin fiscalización en temas económicos y de política antisubversiva; y alegando una falta de cooperación tanto del APRA como del FREDEMO, Fujimori, haciendo uso de la violencia decidió, el 5 de abril de 1992, disolver el Congreso de la República y suspender las actividades del Poder Judicial. Este acto, denominado popularmente como autogolpe, fue apoyado por las fuerzas armadas y causó la llamada crisis constitucional de 1992. El 13 de noviembre de 1992, el general de división EP Jaime Salinas Sedó lideró, junto con un grupo de militares del Ejército del Perú, un intento por restablecer el orden democrático, quebrado después del "Autogolpe". Cuando los militares se alzaron contra Fujimori, éste buscó rápidamente refugio en la embajada del Japón y denunció la medida como un intento de asesinato. La acción fue controlada y sus líderes encarcelados. Fujimori inició entonces un gobierno de facto al que se bautizó como Gobierno de Emergencia y Reconstrucción Nacional, que fue tildado como autoritario. Ese mismo año debido a presiones tanto internas como externas (principalmente de la OEA), convocó rápidamente a elecciones para un Congreso Constituyente Democrático que sancionaría tras ser aprobada en referéndum la Constitución de 1993, que trajo consigo cambios en el funcionamiento del estado, dándole más poder al presidente y recortando los poderes del Congreso; además de reducir el poder fiscalizador del estado en diferentes áreas. Esta constitución fue aprobada mediante el referéndum de 1993 contando a favor el 52,24% de los votos válidos. DESDE EL 2000 AL 2001 (VALENTÍN PANIAGUA CORAZAO) En el 2000, Paniagua fue electo Congresista con una votación modesta y en octubre de ese año fue elegido Presidente del Congreso, tras la destitución de Martha Hildebrandt. En noviembre de ese año, el Presidente Fujimori renunció por fax desde Japón y también lo hicieron sus Vicepresidentes Francisco Tudela van Breugel Douglas y Ricardo Márquez en Lima, pero el Congreso no acepto la renuncia de Fujimori y lo destituyo del cargo, de tal manera que por ser el tercero en la linea de sucesión presidencial asumió como Presidente Constitucional de la República para un mandato de transición que garantizara la transparencia de nuevas elecciones generales. Durante su mandato presidencial escogió al respetado ex-Secretario General de la ONU, Javier Pérez de Cuéllar, como Presidente del Consejo de Ministros y encargado de la cartera de Relaciones Exteriores. Otros miembros de su gabinete fueron Javier Silva Ruete, Diego García Sayán, Emilio Navarro, Jaime Zavala Costa, Juan Inchaústegui, Marcial Rubio Correa y Susana Villarán. El principal objetivo de su mandato fue convocar a elecciones para el año 2001, elecciones que no fueron observados por ningún organismo civil ni político y que arrojaron como ganador a Alejandro Toledo Manrique del Partido Político Perú Posible. También se destaca el nuevo juicio que inició a los cabecillas terroristas en el fuero civil, tal como lo ordenaba la sentencia que, sobre el tema, emitió la Corte Interamericana de Derechos Humanos así como la creación de la Comisión de la Verdad y Reconciliación Nacional, conformada por destacados personajes con el fin de dilucidar los 20 años de violencia política que precedieron su mandato. Luego de dejar la Presidencia de la República, Paniagua asume la Presidencia de Acción Popular, poco antes de la muerte de su entrañable maestro Fernando Belaúnde Terry, ejerciendo el cargo hasta el 2004. DESDE EL 2001 AL 2006 (ALEJANDRO TOLEDO MANRIQUE) Para el proceso electoral de 2000, Toledo se presentó encabezando su propia agrupación llamada Partido Político Perú Posible. Este proceso estuvo envuelto en controversia debido a la decisión del entonces Presidente Alberto Fujimori de postular a un segundo mandato constitucional de acuerdo a la nueva Constitución ya vigente desde 1993. En aras de la unidad contra el régimen Fujimorista, Toledo instó a los partidos políticos de oposición a presentar un candidato único, sosteniendo conversaciones con Luis Castañeda Lossio y Alberto Andrade Carmona para lograrlo. Al fracasar este intento, los líderes de oposición instan a votar por Toledo para prevenir que Fujimori venciera en primera vuelta. Para el Parlamento, muchos de sus candidatos fueron seleccionados de las filas del Partido Popular Cristiano. Su plancha presidencial estuvo integrada por Carlos Ferrero Costa (Primera Vicepresidencia), abogado y antiguo aliado del Presidente Fujimori; y por David Waisman (Segunda Vicepresidencia), empresario y dirigente de Perú Posible. Alejandro Toledo comenzó su gobierno con aproximadamente 55% de aprobación. Algunos escándalos, explotados hábilmente por la oposición, pronto harían mella en su aprobación; así, durante buena parte de su mandato éste tuvo un solo dígito porcentual de aceptación, con picos de hasta sólo 7%. En junio y julio de 2002, hubo fuertes movilizaciones contra la privatización de "Egasa" y "Egesur" adquiridas por la empresa belga "Tractebel" con gran intensidad de disturbios, especialmente en Arequipa. El hecho tuvo un impacto político aún mayor debido a la promesa hecha por Toledo durante su campaña electoral de no vender las firmas de energía. Las protestas llevaron a la caída del primer gabinete de Toledo y a la instauración de un "Estado de Emergencia" en dicha Región. Ese mismo año, La Asociación Pro Derechos Humanos y familiares de los insurgentes abatidos por el gobierno durante la Crisis de la Embajada Japonesa empezaron acciones legales contra el Estado. Estas se basaron primordialmente en el testimonio de algunos ex rehenes, quienes aseguraron haber visto al menos a uno de los emerretistas con vida tras el asalto, lo cual fue desmentido posteriormente. Alejandro Toledo, comprometido con investigar los excesos cometidos por la administración de Alberto Fujimori y el respeto a los derechos humanos, brindó su total respaldo hacia las Fuerzas Armadas, aprobando que el Comando "Chavín de Huantar" liderara la Parada Militar del 2002. En 2003, se vivió una huelga general de los maestros del Estado entre los meses de junio y julio, junto con otras de los médicos y enfermeras del sector público, el poder judicial y los agricultores y cocaleros, que dieron un clima de desgobierno que culminó con la declaración del Estado de emergencia o de excepción es decir el recorte de las garantías y libertades constitucionales por un mes. Los sucesos llevaron nuevamente a la dimisión de varios ministros. En el año 2004, hubo fuertes rumores de una posible vacancia presidencial, con un paro nacional convocado por la Confederación General de Trabajadores (CGTP) y por la oposición, liderada por el APRA con Alan García el 14 de julio de ese año. Aunque la huelga fracasó y las aguas se calmaron y no se planteó formalmente la vacancia esta fue usada como elemento de presión de las fuerzas políticas. El 1 de enero de 2005, el mayor retirado del Ejército Peruano Antauro Humala (hermano del ex militar y actual presidente Ollanta Humala) encabezó junto con un grupo de seguidores denominados etnocaceristas (nacionalistas indigenistas) el asalto y toma de la comisaría de Andahuaylas. Los sucesos llevaron de inmediato a la renuncia del entonces Ministro del Interior, César Reátegui, dirigente de Perú Posible. La acción subversiva fue develada el 3 de enero con un saldo de 4 policías y 2 etnocaceristas muertos, y Antauro Humala fue arrestado. En el último día de su gobierno, el Presidente Toledo inauguró la llamada Plaza de la Democracia, ubicada en el lugar donde se produjo el incendio del "Banco de la Nación" y la muerte de seis guardias de seguridad. Al día siguiente; minutos antes de llegar al Parlamento para entrega el poder; manifestó que a pesar de los altos y bajos de su administración, "Entré a la Presidencia por la puerta grande y salgo por la puerta grande". En los últimos seis meses de su mandato se registró un incremento de aprobación de su gestión de entre el 10% al 30% a nivel nacional. Toledo terminó su mandato con un 47.1% de aprobación en el ámbito capitalino, según la encuestadora CPI. DESDE EL 2006 AL 2011 (ALAN GRACÍA PEREZ) El crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI) en 2006 fue de casi el 8% y para los dos años siguientes, la cifra varió cerca al 9%; por efectos de la crisis mundial, en el 2009 se creció en 1,12% y el 2010 la variación fue positiva en 8,78%. En suma, un quinquenio que vio crecer el PBI en 7,2%, a pesar de sus proyecciones iniciales de 5,3%. Sin duda, la minería y los precios internacionales de los metales son importantes responsables de estas cifras. Con se encuentran Reservas internacionales netas por US$47.059 millones a fines de junio, según el Banco Central de Reserva (BCR). Gracias a un adecuado manejo de la economía, el Perú pudo superar sin mayores sobresaltos la recesión mundial que golpeó a los principales compradores, los Estados Unidos, la China, etc. Con matices diversos, parte de la bonanza en las exportaciones peruanas se ha debido a una agresiva política de firma de tratados de libre comercio que si bien pudo haber sido más provechosa para con el Perú —en la protección de la biodiversidad y en el tema de medicinas, por ejemplo—, ha significado la llegada de productos de bandera a mercados vírgenes. Además del TLC con EE.UU., Chile y China, se han firmado otros con Canadá, Singapur, la EFTA (Suiza, Liechtenstein, Islandia y Noruega), Tailandia, Corea del Sur, México y la Unión Europea. En octubre de 2008, se difundieron audios entre funcionarios del gobierno negociando la entrega de lotes petroleros a una empresa extranjera. Luego de aparecer un audio donde se implica al premier Jorge del Castillo y al ministro Juan Valdivia Romero, los integrantes del Gabinete Ministerial pusieron sus cargos a disposición del presidente Alan García. García, aceptó lamentado la renuncia del consejo de ministros. Luego de la renuncia del Consejo de Ministros, el Presidente Regional de Lambayeque, Yehude Simon Munaro, tomó el cargo. El 5 de junio de 2009, la Ministra del Interior Mercedes Cabanillas ordenó que la policía recuperara las carreteras tomadas por los indígenas amazónicos que las habían bloqueado en la región de Bagua. Los indígenas se manifestaron contra los decretos especiales que habían sido decretados por el Poder Ejecutivo, que regulaban la explotación de las tierras eriazas para la explotación de recursos naturales no renovables y renovables. En el intento de desbloquear fallecieron 34 indígenas y 24 policías. Según algunos testigos, los cuerpos de los indígenas asesinados fueron arrojados a los ríos. Además, una parte importante de los policías enviados habrían sido ejecutados por un grupo de indígenas, estando los policías desarmados. Estos hechos no pudieron ser confirmados ni por la Defensoría del Pueblo ni por la Misión especial enviada por la ONU. Tras ello el congreso interpeló al premier Yehude Simon y a la Ministra Mercedes Cabanillas; luego se presentó una moción de censura contra ambos, la cual no prosperó. El 8 de julio, Alan García anunció cambios en el gabinete y el 11 de julio Javier Velásquez Quesquén fue nombrado Premier. DESDE 2011 (OLLANTA HUMALA TASO) Las designaciones de su primer gabinete ministerial se consideraron acertadas; no obstante, la designación de diversos militares de su entorno cercano en puestos del Estado, ha sido objeto de fuertes críticas. El gabinete también fue integrado por miembros de Perú Posible (partido de Alejandro Toledo), estos fueron: Daniel Mora (Defensa) y Rudecindo Vega (Trabajo). Desde inicios del gobierno, se ha podido constatar que el presidente es poco proclive a las declaraciones ante la prensa. Así mismo, el primer ministro Salomón Lerner Ghitis informó de un oficio emitido a los 17 ministros en los que insta a no realizar declaraciones a la prensa sobre temas de gobierno y se les solicita informen por escrito del contenido de sus declaraciones, en este sentido, cada ministro solo está autorizado a informar sobre su sector. En el ámbito del poder legislativo, el Congreso se inauguró con una sesión reservada para un tema legalmente ajeno a esta clasificación. Su presidente, Daniel Abugattás ha mostrado un fuerte rechazo a la prensa. Un 62% de la población aprueba la gestión del presidente Ollanta Humala en sus primeros días, según una encuesta nacional de Datum Internacional, realizada entre el 5 y el 8 de agosto. En julio de 2012 la aprobación es de 36% El presidente del Consejo de Ministros, Salomón Lerner Ghitis, anunció el 25 de agosto, que el gobierno acordó con las empresas mineras que operan en el país el pago de un gravamen de 3,000 millones de nuevos soles por año, fue durante su exposición de la política gubernamental ante el pleno del Congreso de la República. Explicó que en cinco años, este nuevo ingreso público a los nuevos niveles actuales de precio alcanzará la cifra de 15,000 millones de soles. ―Este gravamen no afectará ni la inversión ni la competitividad de las empresas facilitando la inversión en proyectos por 30,000 millones de dólares en los próximos cinco años en el sector de minería‖, acotó. El Presidente de la República promulgó el 06 de setiembre la esperada Ley de Consulta Previa a los pueblos indígenas. Es un texto íntegro de este mecanismo que busca promover el recojo de la opinión de los pobladores indígenas al momento de decidir o no una inversión en los lugares donde habitan. Además, el Mandatario confió en que este mecanismo legal podrá fortalecer las inversiones: "Esta ley fortalece el proceso de inversiones, porque ahora los procesos que se den de inversiones necesariamente deberán ser consultados con la población, y el hecho de la vinculancia no es tan importante, sino más bien el recuperar la voz de la ciudadanía" El 20 de setiembre de 2011 murieron tres niños intoxicados luego de ingerir alimentos del PRONAA (Programa Nacional de Asistencia Alimentaria), organismo dependiente del MIMDES; horas después Aída García Naranjo, titular de este sector hizo caso omiso a este fallecimiento y continuó con actividades de celebración de una de las instituciones; tras ello los parlamentarios de Fuerza 2011 y Alianza por el Gran Cambio criticaron la inacción de la ministra y pidieron la interpelación que fue apoyada por otros partidos políticos; días después otros seis niños y una profesora fueron intoxicados por alimentos de la misma institución La ministra se presentó al Congreso el 6 de octubre, luego de que García Naranjo deslinde de esa responsabilidad, el 13 de octubre se pasó a debatir la censura de la ministra que no prosperó. En el año 2012, el gobierno de Humala decidió cerrar definitivamente este programa alimentario. En la quincena de octubre de 2011, el periodista Gustavo Gorriti denunció que el segundo vicepresidente y congresista, Omar Chehade, habría sido enlace entre oficiales de la policía y familiares suyos vinculados al grupo Wong. Chehade fue acusado por el general retirado de la Policía, Guillermo Arteta, de haber planteado a inicios de este mes en una reunión con otros altos oficiales de esa institución el desalojo de los trabajadores de la empresa azucarera Andahuasi que la administran por orden judicial. Esto, según Arteta (que era entonces jefe policial de Lima Norte, donde está ubicada Andahuasi), con el fin de entregar la azucarera a la empresa Wong, una de las más poderosas en el país con actividades en la agroindustria y el comercio. Tras ello la Fiscalía de la Nación planteó una investigación y del mismo modo, la Comisión de Ética del Congreso de la República. Al respecto, Chehade ha negado la versión de Arteta y se ha defendido, indicando que se pretende desestabilizar su trabajo en el parlamento. Días después se reveló que Chehade sostuvo reuniones con el ex-ministro de Transportes Enrique Cornejo Ramírez en el mes de junio para tratar de direccionar la licitación del segundo tramo del Tren Eléctrico a favor de la empresa brasileña Andrade Gutiérrez, obra que está valorizada 583 millones de dólares. El congresista y vicepresidente fue suspendido 120 días por el Pleno del Congreso el 5 de diciembre, con 103 votos. Chehade Moya renunció a la vicepresidencia el 16 de enero de 2012, horas antes de la votación en el congreso para una acusación constitucional. El 30 de octubre, el programa periodístico Cuarto Poder denunció que la vicepresidenta Marisol Espinoza ejerció su poder (mientras estaba ocupando el despacho presidencial) para trasladar un tomógrafo que estaba destinado a Abancay, a Piura, ciudad natal de la también congresista. Esta denuncia se basa en que el 11 de agosto, un mes antes de que se reasignará el equipo de Abancay a Piura, Espinoza le envió una carta al presidente ejecutivo de EsSalud, Álvaro Vidal, pidiéndole explicaciones de por qué un tomógrafo que requería Piura desde hace cuatro años, no había llegado todavía. Coincidentemente, casi un mes después de su carta, el 6 de setiembre se hizo oficial el traslado del tomógrafo comprado para Abancay a la ciudad natal de la legisladora oficialista. El 9 de diciembre el diario Peru21 denunció que la también congresista en enero de 2011 defendió la ampliación de la Ley 29299 y exigió que, por insistencia, el Pleno aprobara el proyecto de ley –observado por el Ejecutivo– que planteaba establecer medidas para viabilizar el régimen de las empresas azucareras Luego de ello la vicepresidenta intervino en la diligencia judicial de Tumán, a favor del Grupo Oviedo, para evitar el cambio de la administración a favor de un grupo de demandantes. Luego de la promulgación de la cuestionada norma por parte del Congreso, Jorge Espinoza Cruz, piurano, hermano de la parlamentaria, ingresó a trabajar al área de Seguridad, Calidad y Medio Ambiente de la azucarera chiclayana Tumán, que es administrada por el grupo Oviedo. El 10 de diciembre de 2011 el Presidente del Consejo de Ministros, Salomón Lerner Ghitis, renunció a su cargo. Tras ello, Humala aceptó su renuncia y dio a conocer a los medios que Óscar Valdés asumirá el premierato. La renuncia se dio en medio de conflictos sociales como los de Cajamarca, Andahuaylas y Madre de Dios, despertando preocupaciones en la oposición. Al día siguiente el ex-presidente Alejandro Toledo salió en los medios de prensa a anunciar el retiro de sus ministros del gabinete y que no aceptó un nuevo ofrecimiento para volver a integrar el Ejecutivo. En la noche del mismo día juramentó el Premier y 10 nuevos ministros. El 9 de febrero de 2012 se dio la noticia que el líder Senderista Florindo Eleuterio Flores Hala 'Artemio' fue herido tras lucha entre policías y senderistas en el Alto Huallaga. Dos días después el Ministro de Defensa Alberto Otárola confirmó que el líder senderista fue capturado en Tocache. Tras ello Artemio fue trasladado a la ciudad de Lima, en donde fue internado en el Hospital de Policía por heridas; en los siguientes días fue trasladado a la DIRCOTE. El viernes 2 de marzo de 2012 el hermano del presidente, Antauro Humala fue trasladado de la prisión de 'Piedras Gordas' al penal 'Virgen de la Merced' en Chorrillos; este último parecía ser un penal inexistente o poco conocido. El cambio se dio por "medidas de seguridad" según el jefe del Instituto Nacional Penitenciario, José Luis Pérez Guadalupe. Tras ello diversos políticos consideraron al cambio de penal como una medida inconveniente.; del mismo modo la comisión de justicia del Congreso citó al Ministro de Justicia, Juan Jiménez, y al jefe del Instituto Nacional Penitenciario, para que expliquen esta decisión. Días después el titular del Ministerio de Justicia contó que llegaron informes de inteligencia en los cuales se daba cuenta de un plan para secuestrar a Antauro y a sus familiares en Piedras Gordas. A los días siguientes el ex presidente Alejandro Toledo salió en conferencia de prensa exigiendo que el presidente Humala se pronuncie sobre el tema; además anunció una posible interpelación al Ministro de Justicia por parte de Perú Posible; del mismo modo subrayó que Antauro Humala es un golpista, también la ex candidata presidencial Lourdes Flores Nano también criticó al jefe de Estado, a quien demandó que se pronuncie sobre el caso Antauro. El 9 de abril, un grupo terrorista secuestró a trabajadores de la TGP (Transportadora de Gas del Perú) en la Provincia de La Convención, Cusco. Tras ello las fuerzas militares y policiales recibieron un comunicado de los terroristas en donde estos se habría exigido 10 millones de dólares, además de material explosivo, camisas y pantalones. El 12 de abril se produjo un enfrentamiento entre fuerzas del orden y senderistas en el VRAE, que dejó a una capitana de la policía muerta; a los dos días se liberaron a los secuestrados; según los comunicados oficiales, la liberación se dio por presión de las fuerzas armadas; en la operación de rescate los militares dispararon contra un helicóptero y lo hicieron caer; tras ello desparecieron dos policías en la zona; en los siguientes días se acusó al ejército de haber comprado implemento en mal estado y raciones malogradas. El 30 de abril se encontró a Luis Astuquillca, uno de los desaparecidos en el VRAE, dos días después se encontró el cadáver de César Vilca, que fue encontrado por el padre; tras ello el Ministerio del interior emitió un comunicado informando de la aparición del cuerpo gracias a una intensa búsqueda por parte de la policía. El 3 de mayo, en el pleno del congreso se presentó la moción de censura contra ministros de Interior y Defensa por "incapacidad, falta de liderazgo y estrategia". El 10 de mayo los ministros Alberto Otárola (Interior) y Daniel Lozada (Defensa) presentaron su renuncia irrevocable. SEPARACIÓN DE PODERES, CONFORMACIÓN Separación de podere es el principio político según el cual las funciones legislativa, judicial y ejecutiva del Estado deben estar separadas, como poderes independientes, para que pueda establecerse un sistema de controles y equilibrios que limite las facultades del gobierno y proteja los derechos individuales. El poder legislativo delibera y decide el contenido de las leyes generales: esta tarea es necesariamente más lenta que otras, porque las leyes deben estar cuidadosamente hechas para que sean reconocidas como legítimas por la mayor parte de la población y de los grupos de interés del país. El poder judicial aplica las leyes generales a los casos particulares y el poder ejecutivo, aparte de hacer efectivas las decisiones de los otros dos poderes, maneja la administración general del país y atiende su bienestar general. La teoría de la separación de poderes se acuña en la obra de Montesquieu Del Espíritu de las Leyes, que se inspiró en la descripción que los tratadistas clásicos hicieron de los sistemas políticos de la Antigüedad (especialmente en la que Polibio hace de la República romana además de las teorías de Platón y Aristóteles) y en la experiencia política contemporánea de la Revolución inglesa del siglo XVII (que había dado origen a la teorías de John Locke). Prominentes autores de la Ilustración francesa (Jean-Jacques Rousseau) o de la Independencia de Estados Unidos (Alexander Hamilton) también teorizaron sobre el particular. Montesquieu define el "poder" a la vez como función y como órgano. La admiración que profesa al sistema político británico (que interpreta como una independencia entre poderes ejecutivo, legislativo y judicial, encarnado cada uno en rey es decir, en su gobierno, parlamento y tribunales), ha sido matizada por otros autores, que la consideran exagerada, al ser en realidad una relación con vínculos muy estrechos. Según la visión ilustrada, el Estado existe con la finalidad de proteger al hombre de otros hombres. El hombre, entonces, sacrifica una completa libertad por la seguridad de no ser afectado en su derecho a la vida, la integridad, la libertad y la propiedad. Sin embargo, la existencia de ese Estado no garantiza la defensa de los derechos de la persona. En efecto, muchas veces el hombre se encuentra protegido contra otros hombres, más no contra el propio Estado, el cual podría oprimirlo impunemente mediante las facultades coercitivas que le ha otorgado la propia colectividad. Al momento de su formulación clásica, las funciones del Estado consideradas como necesarias para la protección del ciudadano eran fundamentalmente las de dar las Leyes, la de poner en práctica éstas leyes en forma general y más particularmente, con la finalidad de resolver conflictos y la administración del aparato de gobierno, funciones que durante el Antiguo Régimen eran monopolizadas en la sola entidad de la monarquía absolutista a la cual se le atribuía la práctica del despotismo. Para prevenir que una rama del poder se convirtiera en suprema, y para inducirlas a cooperar, los sistemas de gobierno que emplean la separación de poderes se crean típicamente con un sistema de "checks and balances" (controles y contrapesos). Este término proviene del constitucionalismo anglosajón, pero, como la propia separación de poderes, es generalmente atribuido a Montesquieu. Checks and balances se refiere a varias reglas de procedimiento que permiten a una de las ramas limitar a otra, por ejemplo, mediante el veto que el presidente de los Estados Unidos tiene sobre la legislación aprobada por el Congreso, o el poder del Congreso de alterar la composición y jurisdicción de los tribunales federales. Cada país que emplee la separación de poderes tiene que tener su propio mecanismo de checks and balances; cuanto más se aproxime un país al sistema presidencial, más checks existirán entre las distintas ramas del poder, y más iguales serán en sus poderes relativos. Los constitucionalistas anglosajones encuentran su origen en la Carta Magna, aplicándose en la práctica en las luchas entre la monarquía y el parlamento en las guerras civiles inglesas del siglo XVII. Montesquieu, en el siglo XVIII, realizó más bien la formulación teórica de lo que los ingleses habían aplicado en la práctica el siglo anterior. Los principios ilustrados fueron adoptados por las corrientes del liberalismo político. Conjuntamente con el respeto a los derechos fundamentales de las personas, la división o separación de poderes se convierte en elemento fundamental de lo que se dio en llamar Estado Liberal y que, a la vez, configura el elemento base del Constitucionalismo Moderno. Sin embargo, el principio de separación de poderes ha sido plasmado de forma diferente dentro de los diversos sistemas de Gobierno, este principio doctrinal que de factoconvertía al parlamento en el poder central fue modificado de acuerdo con la doctrina de la separación entre el poder constituyente y los poderes constituidos de Emmanuel Joseph Sieyès donde la separación de poderes deja paso a una interrelación (la separación de poderes no desaparece para evitar el control por un solo grupo u hombre, pero su interrelacionan de una forma muy intensa), el Estado deja de ser abstencionista y se hace enorme al intervenir en la sociedad, otorga el sufragio universal ( no solo para la burguesía) y surgen los partidos políticos de masas, originándose el estado actual, el Estado Social, donde se rompe con la idea de parlamento igual a nación, ahora la ley es la expresión de la voluntad de la mayoría, cuando cambia la formación del parlamento, cambian las leyes, por lo que la ley deja de ser la expresión de la razón, de la soberanía, para ser la de la mayoría. Desaparece la legitimación del sistema jurídico como consecuencia de estos cambios y por eso se adopta la distinción de Sieyès entre "poder constituyente" y "constituido", el constituyente es el pueblo ejerciendo su poder soberano mediante el que aprueba la constitución y crea los poderes constituidos, el ejecutivo, el legislativo y el judicial; y ahora el legislativo va a aprobar las leyes, leyes que a partir de ahora van a estar por debajo de la Constitución la cual expresa los valores compartidos por todos y se crea el Tribunal Constitucional como garante de estos valores. VIGENCIA DE LA CONSTITUCIÓN, FORMA DE SU CONSTITUCIÓN, TIPOS DE CONSTITUCIÓN En el momento en que escribo este comentario, la ―carta magna‖ que aún nos rige cumple 96 años. Como otras tantas, ésta se compone de dos partes: una dogmática, en la que se consignan garantías individuales así como derechos y libertades sociales, y otra orgánica, que especifica la división de poderes así como el funcionamiento fundamental de las instituciones del estado. El camino para llegar a este documento fue por demás largo y particularmente accidentado, como lo atestigua la historia de nuestro siglo XIX y la de comienzos del XX, y en él otros documentos, planes y constituciones tuvieron aportaciones (algunas de ellas por demás relevantes). A este respecto, Emilio Rabasa (de quien tomo el epígrafe de este comentario) sostiene que para que se pueda hablar de una constitución ésta debe cumplir con al menos cuatro parámetros: a) haber tenido alguna vigencia temporal, b) haber regido en todo el país o en buena parte de él, c) romper con el pasado en cuanto a la forma de gobierno establecida, y d) aportar algo nuevo o distinto en el ámbito constitucional. Con base en ello sostiene que son cinco los documentos que pueden ser considerados como constitucionales, ya de carácter federalista o centralista. Descartando la constitución de Apatzingán de 1814 por no haber regido nunca, nos quedan la de 1824; las bases y leyes constitucionales de 1835-1836, las bases orgánicas de 1843, el acta constitutiva y de reformas de 1847, la constitución federal de los Estados Unidos Mexicanos de 1857 y, claro, la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917. Todas ellas desprenden a la nación mexicana de todo tipo de legislación extranjera. Particularmente las dos últimas fueron aportaciones realmente novedosas en lo referente a garantías individuales, la separación iglesia-estado y la organización de los poderes de la unión. De las dos, la de 1917 fue la primera de todas las existentes en el orbe en incluir un régimen legal de derechos laborales y sociales, amén de incorporar las demandas agrarias del conflicto armado, fijar las relaciones iglesia-estado, redefinir el presidencialismo, la estructura económica y el federalismo. Pero nos falta algo: el derecho inalienable de la nación a detentar la propiedad de todos los recursos naturales del territorio nacional, incluyendo por supuesto los albergados por en el subsuelo. En materia de petróleo e hidrocarburos, los artículos 25,27 y 28 de la carta magna contuvieron una serie de principios entre los que destacamos la prohibición expresa de otorgar a particulares concesiones o contratos en la materia y el que los hidrocarburos y petroquímica básica constituían un área estratégica de la economía nacional y que, por tanto, el sector público las tendría a su cargo de manera exclusiva. Como la experiencia ha mostrado, el que un artículo señale una serie de lineamientos para el estado en favor de la nación sólo puede surtir efecto real y contundente al tratarse de un estado fuerte. Carranza, como sabemos, no contó con las herramientas ni la situación propicia para que el estado mexicano hiciera respetar las normas constitucionales. De los regímenes de Obregón y de Calles no hay mucho que decir. Sería hasta la expropiación petrolera decretada por Cárdenas que se aplicaran las disposiciones constitucionales. Si bien no pasó mucho tiempo antes de que los gobiernos posteriores al de Cárdenas comenzaran a modificar en tiempos y medidas diferentes algunas de las disposiciones constitucionales, aquélla que consideraba a los hidrocarburos y la petroquímica como área estratégica exclusivamente controlada por el estado no sufrió modificaciones que pusieran en riesgo la protestad de la nación sobre sus veneros. Ahora, producto de los cambios en política económica que se aplicaron en el país a partir de la década de 1980, esta situación comenzó a ser alterada de manera paulatina. Sería la administración federal encabezada por Salinas de Gortari en la que se aplicaran cambios a la constitución y a la ley reglamentaria del artículo 27 en materia de petróleo, que permitieron que una serie de actividades contempladas por la petroquímica básica dejaran de ser consideradas como estratégicas, pasando a ser prioritarias, lo que implicó que el estado podría otorgar permisos o concesiones para el funcionamiento, operación y explotación en materia de petroquímicos e hidrocarburos. Los cambios, si bien paulatinos, no dejaron de presentarse en las administraciones siguientes, siendo la de Calderón la que, en 2008, con el apoyo de las bancadas de Acción Nacional y el Revolucionario Institucional, buscara ampliar los espacios y presencia del capital privado en Petróleos Mexicanos. De todos es sabido que la reacción social en contra de la medida logró detener las iniciativas pero no desterrarlas, siendo ahora que éstas vuelven a ser esbozadas ya no sólo por el PRI y el PAN, sino también por el Partido de la Revolución Democrática ello en buena medida por los compromisos que plantea el Pacto por México, firmado por las tres fuerzas políticas. Lamentablemente, a diferencia de lo ocurrido en 2008, no me parece que ahora grupos mayoritarios de la llamada sociedad civil reaccionarán con la misma vehemencia contra las propuestas planteadas en 2008, a lo que se suma la ya endémica división, confusión y debilidad de las fuerzas políticas de izquierda. De forma tal que volvemos a una situación un tanto semejante a la que se enfrentaron los gobiernos revolucionarios y postrevolucionarios, con excepción del de Cárdenas, los que, ya por debilidad o por otro tipo de intereses, no lograron o no quisieron defender los veneros que nos entregó el Diablo y que la norma constitucional buscó asegurar. Por supuesto que la situación de Pemex implica una enorme serie de elementos tanto políticos como jurídicos, económicos, administrativos, sociales y culturales, entre otros, que nos ponen en riesgo de perder la que quizá sea la única empresa con posibilidades de contribuir realmente al desarrollo nacional (si es que algún día permitimos que así sea con base en lo que la propia constitución planteó desde sus inicios). Si fracasamos en ello como sociedad civil, el trauma que México ha vivido en su historia, y que fuera señalado por Edmundo O’Gorman, será más profundo y se prolongará por mucho más tiempo. TIPOS DE CONSTITUCIÓN: CONSTITUCIONES CONSUETUDINARIAS Las constituciones consuetudinarias son mezcla de usos y costumbres sobre la manera de gobernarse, fruto de la idiosincrasia de un pueblo concreto. Suelen estar acompañadas de algún texto escrito de carácter parcial por lo que podemos decir que tienen una pluralidad de fuentes normativas. Ejemplos de Constituciones consuetudinarias los tenemos en la Constitución inglesa y la de Israel. CONSTITUCIONES ESCRITAS Las constituciones escritos son incorporadas por lo general a un texto único pero a veces formadas por una pluralidad de textos. Un autor (Lord Bryce) estableció que esta clasificación más que a la forma respondía más bien a la mayor o menor dificultad para su modificación, lo que nos lleva a la siguiente clasificación. CONSTITUCIONES RÍGIDAS Son aquellas Constituciones que para modificarse establecen un procedimiento más agravado que el procedimiento legislativo ordinario. Según el grado de complejidad del mismo se denominarán bien rígidas, bien súper rígidas. CONSTITUCIONES FLEXIBLES Se modifican mediante el procedimiento legislativo ordinario, lo que significa que una ley del parlamento puede cambiarlas. Desde este punto de vista podemos decir que todas las consuetudinarias son flexibles pero no todas las escritas son rígidas porque puede haber Constituciones escritas que no tengan previsto un procedimiento especial para su modificación. CARTAS OTORGADAS Las cartas otorgadas son las Constituciones del periodo de la monarquía limitada en el que el soberano (el rey) autolimita su poder mediante el otorgamiento de una "Constitución" y conservando todo el fondo de poder político del que no ha establecido una limitación expresa. CARTAS PACTADAS Las cartas pactadas son las Constituciones del periodo doctrinario, orleanista o de monarquía constitucional pura en el que, como sabemos ya, se encuentran al mismo nivel la legitimidad del monarca y la popular representada en el parlamento. Rey y parlamento acuerdan una Constitución, que por eso se denomina pactada. CONSTITUCIONES DE SOBERANÍA NACIONAL Las constituciones de soberanía nacional son aquellas Constituciones que reflejan ya la desaparición de la soberanía de los reyes y el triunfo de la legitimidad popular. Responden a la actuación de un poder constituyente que se encarna en el concepto de nación. Aunque la explicación de esta clasificación parte de los supuestos históricos que caracterizaron, en Europa, la desaparición del Antiguo Régimen y su sustitución por el Nuevo Régimen su valor no es solamente histórico sino de circunstancias. Es decir, en nuestro tiempo también podemos contemplar estas variables tipológicas en distintos países de la tierra, en los que no hay reyes pero puede haber un dictador que en un momento dado autolimita su poder con una Carta Otorgada o las seudo Cartas Pactadas por las que se gobiernan muchos países árabes y asiáticos. CONSTITUCIONES NORMATIVAS Las constituciones normativas son las que regulan racionalmente los procesos del poder y éstos se cumplen conforme están previstos en la Constitución. La Constitución sienta como un guante al pueblo que rige o, por utilizar un ejemplo muy gráfico, es como un magnífico traje que nos ha hecho un buen sastre y que nos cae divinamente. CONSTITUCIONES NOMINALES Hay países en los que hay buenos textos constitucionales, que incluso responden al concepto ideológico, pero que en la realidad no se aplican porque no hay suficiente madurez política en la población ni en los gobernantes. Los procesos del poder no se desarrollan como algo deseable a lo que se quiere llegar... Se trataría aquí del mismo traje del ejemplo anterior pero que está colgado en el armario a la espera de que nuestro hijo adolescente crezca y pueda ponérselo. CONSTITUCIONES SEMÁNTICAS Las constituciones semánticas son aquellas que se promulgan para engañar sobre el desarrollo de los procesos del poder que se desenvuelven en la práctica extramuros de la Constitución. Estas Constituciones se hacen para cubrir esa especie de requisito, del que hemos hablado, de que todos los países necesitan una Constitución para presentarse ante la comunidad internacional, pero no existe ninguna intención de cumplirlas. Ya no estamos describiendo un traje que nos sienta bien, o que le sentará bien a nuestro hijo cuando crezca sino, lisa y llanamente, un disfraz. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ, FORMA, CARACERÍSTICAS, CONFORMACIÓN La Constitución Política es nuestra máxima ley. Como ella misma lo dice es la norma de normas. En otras palabras, es un conjunto de reglas que establece la forma en que debemos comportarnos todos los que vivimos en Colombia para que exista bienestar y podamos vivir en paz. Estas normas establecen los derechos y garantías que tenemos los colombianos para poder construir un país mejor. Como ejemplos de esos derechos están algunos muy importantes para los niños: el derecho a la vida, la salud, la educación, la cultura, el cuidado, el amor, entre muchos otros más. Ahora bien, tenemos que decir que de la misma forma como la Constitución brinda estos derechos, también establece ciertos deberes y obligaciones que debemos cumplir. Algunas de esas obligaciones son por ejemplo: respetar los derechos ajenos, participar en la vida política del país, proteger los recursos naturales y culturales, colaborar con la justicia y por supuesto ayudar con el mantenimiento de la paz. La Constitución Política además de los derechos y deberes establece la organización del Estado, cuántas y cuáles son las ramas del poder público y qué tareas hace cada una de ellas para poder cumplir con sus fines. La Constitución ha sido, a lo largo de la historia, un concepto de suma importancia a la hora de mantener el orden de las naciones. La Constitución permite a un Estado constituirse como tal, ya que se trata del conjunto de las leyes fundamentales que regulan la forma de gobernar. Una constitución, así como puede ser un conjunto de normas escritas o no, puede ser también aceptada por los miembros del Estado, o bien, puede ser establecida. La creación de una constitución tiene como fin último fijar ciertos límites y patrones de acción entre los diferentes poderes del Estado, es decir, norma la relación entre lo legislativo, lo judicial y lo ejecutivo, además, establece los derechos que el pueblo que conforma el Estado posee, formándose a partir de ella, las bases generales para el gobierno de una determinada nación. La formación de constituciones es de larga data. Si se revisa la historia, es posible notar que ya en la Grecia Clásica se comenzó a crearlas, teniendo como base la convicción de la resultaba necesario gobernar a la comunidad política por ley. En este contexto, Aristóteles comenzó a desarrollar y a definir el concepto de Constitución, logrando establecer que la mejor forma de gobernar una nación es aquella en la que todos los ciudadanos tuviesen derechos garantizados y aceptaran sus deberes y responsabilidades en pro del bien común. Como es de suponer, al igual que muchos aspectos de la vida, las constituciones y sus contenidos han ido variando a lo largo de la historia. Han existido momentos en la historia en los que la religión ha tenido una fuerte influencia sobre los dictámenes de la constitución y otros en los que los conflictos sociales han marcados las pautas. Sin embargo, lo usual es que hoy en día las constituciones de las naciones incluyan una amplia gama de asuntos, entre los que se encuentran temas tanto sociales como políticos y económicos. La Constitución Política del Perú de 1993 es la carta magna de la República del Perú. Antecedida por otros 11 textos constitucionales, fue redactada a inicios del gobierno de Alberto Fujimori por el Congreso Constituyente Democrático convocado por el mismo tras la disolución del Congreso en el autogolpe de 1992, consecuentemente fue aprobada mediante el referéndum de 1993, aunque los resultados han sido discutidos por algunos sectores, es actualmente la base del sistema jurídico del país: sobre esta reposan los pilares del Derecho, la justicia y las normas del país. Esta controla, regula y defiende los derechos y libertades de los peruanos; organiza los poderes e instituciones políticas. Esta ley fundamental es la base del ordenamiento jurídico nacional: De sus principios jurídicos, políticos, sociales, filosóficos y económicos se desprenden todas las leyes de la República. La Constitución prima sobre toda ley sus normas son inviolables y de cumplimiento obligatorio para todos los peruanos. Cabe mencionar que, pese al autogolpe de 1992 y el subsiguiente Gobierno de Emergencia y Reconstrucción Nacional (GERC), la constitución de 1979 siguió teóricamente en vigencia hasta la expedición y promulgación de la Constitución de 1993. Se considera, de acuerdo al Tribunal Constitucional, que la Ley de Bases del mencionado GERC y los demás actos emanados del autogolpe fueron ilegales e inconstitucionales de origen, validados luego por las Leyes Constitucionales de 1993 emitidas por el Congreso Constituyente Democrático, y por el referéndum del mismo año. En 2001, en una ley promulgada por Alejandro Toledo, el Congreso del Perú retiró la firma de Fujimori de la Constitución. La larga dictadura de Augusto B. Leguía de once años (el llamado Oncenio), finalizó con el golpe de estado protagonizado por el comandante Luis Sánchez Cerro, el 25 de agosto de 1930, en el contexto de una severa crisis económica mundial. Se sucedieron una serie de juntas militares, entre ellas la presidida por el mismo Sánchez Cerro. Sin embargo, estas Juntas no gozaron de apoyo nacional y la presión popular impuso al viejo líder apurimeño David Samanez Ocampo como presidente de una Junta Nacional de Gobierno, con representación de todo el país. Samanez se avocó a la misión que le había encomendado la ciudadanía: conducir al país en su retorno a la normalidad. Para ello, pacificó momentáneamente al país e inició los preparativos para unas elecciones generales, en la que los ciudadanos elegirían al Presidente de la República y a los representantes de la Asamblea Constituyente, cuya misión sería redactar un nueva Constitución Política. La Constitución entonces vigente era la promulgada por Leguía en 1920, por lo que se entiende la necesidad del cambio, ya que existía una actitud política generalizada de acabar con todo lo que tuviera que ver con el caído régimen leguiísta. Las elecciones generales se realizaron el 11 de octubre de 1931. En ellas se enfrentaron el comandante Sánchez Cerro, encabezando la Unión Revolucionaria, y Víctor Raúl Haya de la Torre, joven líder del partido aprista, fundado unos años antes. Triunfó el primero. Los apristas desconocieron el resultado y pasaron a la oposición, lo que constituyó el germen de una guerra civil. Previamente, la Junta de Samanez nombró el 7 de agosto de ese año una Comisión ad honorem para que realizara un anteproyecto de Constitución. Presidía esa Comisión el notable jurista Manuel Vicente Villarán y la integraban Víctor Andrés Belaunde, Diómedes Arias Schreiber, Carlos García Castañeta, Carlos Doig y Lora, Jorge Basadre Grohmann, José León Barandiarán, Toribio Alayza y Paz Soldán, Ricardo Palma, Luis E. Valcárcel, Emilio Romero Padilla y César Antonio Ugarte. La Comisión dio por finalizada su tarea el 5 de diciembre y publicó el resultado de su trabajo junto con una notable exposición de motivos redactada por Villarán. El 8 de diciembre de 1931 se instaló el Congreso Constituyente, presidido por Luis Antonio Eguiguren. Su vicepresidente era Clemente J. Revilla, quien desde 1932 asumió la presidencia. Ante dicha asamblea juramentó Sánchez Cerro como presidente constitucional de la República. El gobierno contaba con mayoría parlamentaria: 67 ―urristas‖, sumados a otros aliados. Frente a ellos estaba una combativa minoría aprista de 27 representantes, quienes mostraron una inusitada beligerancia. Lo contradictorio fue que estos últimos ocuparan sus escaños parlamentarios, ya que el partido aprista había desconocido abiertamente el resultado de las elecciones. Los parlamentarios pasaron a debatir la Constitución, teniendo como base el anteproyecto redactado por la Comisión Villarán. Los debates se prolongaron por un año y cuatro meses. El 9 de abril de 1933 el Congreso Constituyente, en ceremonia solemne, proclamó la nueva Constitución. Ese mismo día, el presidente Sánchez Cerro, acompañado del Consejo de Ministros y de su Casa Militar, se presentó en el salón de sesiones y efectuó el juramento respectivo. El 30 de abril de 1933, a menos de un mes de haber firmado la Constitución de 1933, el presidente Sánchez Cerro fue baleado en el Hipódromo de Santa Beatriz, muriendo poco después en el Hospital Italiano. De acuerdo a la Constitución, a falta de vicepresidente, el Consejo de Ministros, presidido por José Matías Manzanilla, asumió transitoriamente el Poder Ejecutivo. Esa misma tarde se reunió el Congreso Constituyente y por una abrumadora mayoría de 81 votos sobre un total de 88 representantes, eligió como Presidente de la República al general Óscar R. Benavides, con la misión de completar el período del difunto gobernante, es decir, hasta el 8 de diciembre de 1936. Constituyó este acto una manifiesta violación constitucional, pero se invocó la situación de emergencia. Entre las diversas medidas tomadas por el gobierno de Benavides, cabe mencionar aquí la Ley Nº 8237 de 1 de abril de 1936, por el cual se restituían los cargos de Vicepresidentes, que serían dos, el Primer y el Segundo, elegidos al mismo tiempo, en igual forma, con las mismas calidades y para el mismo período que el Presidente. Finalizando ya Benavides el período para el que había sido designado, convocó a elecciones en 1936. En ellas virtualmente triunfó el ex presidente del Congreso Constituyente Luis Antonio Eguiguren; sin embargo fueron anuladas por el gobierno, aduciendo que aquel candidato había recibido el apoyo del APRA, un partido fuera de la ley por su condición de «partido internacional». El Congreso Constituyente prorrogó entonces por tres años, hasta el 8 de diciembre de 1939, el mandato presidencial de Benavides, otorgándole, además, facultades extraordinarias de carácter legislativo, pues el Congreso terminaba sus funciones el 8 de diciembre de 1936. Una vez más se tomaban así decisiones flagrantemente anticonstitucionales. Las sesiones del Congreso terminaron en riña exacerbada. El gobierno deportó a sus principales adversarios, entre ellos varios ex diputados constituyentes, y se afianzó en el poder. Así finalizó, sin pena ni gloria, el Congreso Constituyente de 1931-33. Benavides continuó pues, su gobierno, convertido ya en una auténtica dictadura, cuyo lema fue «Orden, paz y trabajo». Ya próximo a finalizar su mandato, convocó a un plebiscito, con el objetivo de aprobar algunas reformas a la Constitución que consideró necesarias, entre ellas la disminución de las facultades legislativas del Congreso en materia económica y la ampliación del período presidencial en seis años. En suma, quería robustecer el poder del Presidente de la República y evitar que su sucesor sufriera los excesos del parlamentarismo. El plebiscito se realizó el 18 de junio de 1939 y las reformas fueron aprobadas por el voto ciudadano. Cabe señalar que este procedimiento violaba una vez más la Constitución, pues ésta no contemplaba el plebiscito como forma de consulta popular. La Constitución de 1933 tuvo una trayectoria accidentada debido a los vaivenes políticos característicos de esta etapa republicana peruana, que se desenvolvió entre dictaduras militares y democracias representativas. Además de las dictaduras de Sánchez Cerro y Benavides, hubo posteriormente tres rupturas del orden constitucional: en 1948-1956, en 1962-1963 y en 1968- 1980. En esas circunstancias, lo usual era que los militares golpistas conformaran una Junta Militar, que imponían un Estatuto por el cual asumían las funciones propias de los poderes ejecutivo y legislativo reglamentadas en la Constitución. En teoría, debían respetar el resto del ordenamiento constitucional. De esas características fueron la Junta Militar de 1948-1950 presidida sucesivamente por Manuel A. Odría y Zenón Noriega, y la Junta Militar de 1962-1963 presidida sucesivamente por Ricardo Pérez Godoy y Nicolás Lindley López. El gobierno militar instaurado en 1968, si bien siguió el modelo antedicho, trajo algunas novedades. Se denominó Gobierno Revolucionario de las Fuerzas Armadas; sus titulares (que fueron sucesivamente los generales Juan Velasco Alvarado y Francisco Morales Bermúdez) usaron el título de Presidente de la República; no fijó plazo para restablecer el orden constitucional, y por el llamado «Estatuto del Gobierno Revolucionario», además de asumir las funciones ejecutivas y legislativas, dispuso actuar, en todo lo demás, conforme a la Constitución y otras leyes, siempre en cuando estas fueran compatibles con los objetivos del gobierno revolucionario. En otras palabras, la Constitución quedó subordinada a los objetivos de la dictadura, lo que, naturalmente, trajo consigo la instauración del reino de la arbitrariedad. Deportaciones de opositores, expropiaciones de bienes privados, silenciamiento de la prensa, etc., fueron una muestra elocuente de ello. Fracasado el experimento revolucionario de los militares, Morales Bermúdez convocó a una Asamblea Constituyente, la cual discutió y promulgó una nueva Constitución, la de 1979, la misma que entró en vigencia el 28 de julio de 1980, al producirse el retorno de la democracia. Desde los albores de la República, con la declaración de la independencia, la instauración de su primer Gobierno y la formación del Primer Congreso Constituyente en 1822, el Perú inició acciones de carácter internacional. Los representantes de la nación han cumplido desde el Congreso un rol importante en materia de gestión externa, lo que puede ser corroborado en el enunciado y elaboración de las Constituciones del Perú, así como en las actuaciones del Congreso de la República, muchas de ellas a instancias de sus sucesivas comisiones de relaciones exteriores. Todas las Constituciones del Perú reflejan en sí la ponderación del Parlamento en el uso racional de su rol y poder constituyente. En efecto, en las diferentes épocas en que se hizo necesaria la reformulación del texto constitucional, los Congresos Constituyentes tuvieron la visión y acuerdo consensual para redactar normas de rango constitucional con la debida orientación en materia de gestión externa del Estado y sus atribuciones que, en esta materia, debieron corresponder a los tres principales órganos del aparato estatal: el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. De este modo, desde los inicios de la República, las diversas Constituciones aprobadas por los Congresos Constituyentes delinearon lo que comúnmente se llama hoy el marco constitucional de la política exterior, estableciendo, en mayor o menor medida, un equilibrio de poderes, propio de los sistemas democráticos. Casi siempre se asignaron roles importantes a los Congresos constituidos respetando las tradicionales competencias que la doctrina política le asigna al Congreso. Puede decirse entonces que a nivel normativo constitucional, desde los inicios de nuestro período republicano, las constituciones del Perú le han otorgado al Poder Legislativo un rol fundamental en el manejo de las relaciones exteriores. En este sentido, el Congreso ha tenido y tiene, en materia de gestión externa, las mismas funciones que para la gestión interna: la función normativa, el control político y las acciones de representación. El Congreso aprueba o modifica normas con rango de ley relativas a la organización y funcionamiento del Estado con relación a la gestión externa. En este rubro se encuentran leyes como la Ley Orgánica del Ministerio de Relaciones Exteriores o la del Servicio Diplomático de la República. También leyes con efecto en temas específicos o útiles para la gestión externa, como las del presupuesto público, de la nacionalidad o de promoción a las inversiones. En este sentido, en la medida que la legislación expresa las preocupaciones propias de las coyunturas históricas, tenemos hoy en día la necesidad de adoptar leyes orientadas a cuestiones tales como el comercio exterior o las inversiones extranjeras, acorde a la tendencia contemporánea de priorizar los temas económicos en las relaciones internacionales. El Congreso aprueba también los tratados internacionales que, siendo considerados de interés para la nación, se encuentren dentro de los lineamientos generales establecidos en la Constitución y porque es una facultad que formaliza el libre consentimiento de los ciudadanos a través de los representantes de la nación para asumir u honrar un compromiso internacional. 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