Problemas sociales1.- Apurímac, Áncash y Puno son las regiones con más conflictos La Defensoría del Pueblo informó ayer que Apurímac, Áncash y Puno, con 24, 23 y 18 casos, respectivamente, son las regiones que registran la mayor cantidad de conflictos sociales. En su último reporte, la institución informó que en el último mes de marzo registró en el país 211 conflictos, 165 en calidad de activos y 46 en estado latente. Con 134 casos, la mayor parte de conflictos son de tipo socioambiental. Siguen en la lista: conflictos por asuntos de gobierno local (32), por demarcación territorial (16), laborales (9), entre otros. La institución añadió que en marzo se resolvieron seis conflictos y surgieron otros siete en las regiones de Apurímac, Huancavelica, Junín, Loreto y Ucayali. PROTESTAS SOCIALES Entre las mayores protestas sociales registradas en marzo, la defensoría mencionó a las de Mazuco y Puerto Maldonado, en Madre de Dios; las de Aguaytía y otros distritos de la provincia de Padre Abad, en Ucayali; y la de los trabajadores del Poder Judicial. En el primer caso, los enfrentamientos entre la población y la policía, en torno a la restricción en el comercio de hidrocarburos, dejó una persona muerta y 30 heridos. “El derecho a protestar no abre las puertas para la comisión de delitos ni tampoco el restablecimiento del orden público puede llegar a extremos injustificados”, dijo el adjunto para la prevención de conflictos sociales, Rolando Luque. Lunes 14 De Abril Del 2014 http://elcomercio.pe/peru/pais/apurimac-ancash-y-puno-son-regiones-mas-conflictos-noticia- 1722639 2.- Linchamiento a alcalde puso los ojos en Ilave hace 10 años El 26 de abril del 2004, Cirilo Robles fue torturado por enardecidos pobladores. Lo acusaron de corrupción y lo mataron RENÉ ZUBIETA @renezp Redactor de Sociedad Cuando la noche del 2 de abril del 2004, Cirilo Robles rendía cuentas ante la población de Ilave (aymara en su mayoría) sobre su gestión como alcalde, sabía que –de todos modos- iba a encontrar reticencias y furibundas críticas en esa plaza de armas en la que se encontraba. Mas para nada esperó que 24 días después -tras una breve ausencia- su retorno a la enfrentada capital de la provincia del Collao iba a significar un vía crucis para él, que ese mismo lugar al que representaba como autoridad iba a ser su lecho de muerte. Y así fue. Hoy se cumplen 10 años de aquel fatídico linchamiento a aquel representante local del Estado, que hizo que los ojos de las autoridades de turno y la lejana Lima miren hacia esa zona altiplánica de Puno, a 4 mil m.s.n.m. El hecho dio la vuelta al mundo. Robles Callomamani había iniciado su gobierno hacía poco más de un año y, por entonces, ya era acusado de corrupción, malversación de fondos e incumplimiento de promesas electorales. Su gestión iba a durar hasta el 2006. Tras la frustrada rendición de cuentas que terminó en un enfrentamiento el 2 de abril, optó por irse Puno. Al volver a Ilave para evitar la declaratoria de su vacancia, el día 26 se encontraba reunido en su casa junto a regidores, pero un sector de la población se enteró. La turba llegó, lo secuestró y torturó por varias horas junto a otros aliados. Su vida se fue apagando por la tarde en el frontis de la municipalidad y fue arrastrado hasta debajo del denominado ‘puente viejo’. Sus suplicios no fueron escuchados, no tuvieron valor. Su cuerpo y su organismo no soportaron los múltiples ataques con objetos contundentes y punzantes. En enero de este año, la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia ratificó la condena de 30 años de prisión -impuesta el 2012- a Valentín Ramírez Chino y Alberto Sandoval Loza, quien fuera teniente alcalde de Robles pasando a ser opositor poco tiempo después de iniciado el mandato. A ambos se les sentenció por ser instigadores del delito contra la libertad, en su modalidad de secuestro agravado con subsiguiente muerte. Y aunque algunos ex dirigentes en Ilave creyeron que fue por una orden del gobierno de Alejandro Toledo, lo cierto es que el 2005 se supo que dos informes de la Contraloría General de la República exculparon a la autoridad asesinada de haberse beneficiado con el dinero de su comuna. "¿En qué cambió o qué ganó Ilave con el asesinato de Cirilo Fernando?”, se preguntó por entonces Marina Cutipa, viuda de la víctima, respecto a ese mal llamado e injusto ajusticiamiento popular. CRISIS DE LEGITIMIDAD Para el antropólogo Ramón Pajuelo Teves, quien realizó un estudio del caso, lo que pasó en Ilave reveló principalmente las “carencias de la construcción de país” durante la experiencia republicana y derivó en un desplazamiento del poder urbano legal de parte de las comunidades aymaras rurales. Cabe recordar que justamente, la provincia de El Collao no tuvo gobierno municipal unos seis meses, hasta que se designó a un alcalde encargado en setiembre del 2004 (otros dos previos habían sido rechazados) convocándose en octubre a elecciones complementarias. Mas lo sucedido respondió también, explicó el antropólogo del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), a una crisis de legitimidad política local y fue un “baldazo de agua fría” para el proceso de descentralización que se emprendía por entonces, y que necesitaba reformas de fondo. “Mostró un conjunto de demandas insatisfechas, que sí tienen un componente indígena y que se han venido manifestando esta década en el país. Diez años después, Ilave muestra que esos problemas de fondo persisten. Estamos embarcados con entusiasmo en un delirio de crecimiento, pero que lamentablemente no se está acompañando de una visión del país de manera más profunda, amplia, democrática e igualitaria”, explicó a El Comercio, resaltando que esas comunidades aymaras exigieron ser vistas con plenitud de derechos aspirando a formas de desarrollo y modernidad propias. UN MALESTAR QUE SE MANTIENE La representante de la Defensoría del Pueblo en Puno, Luz Herquinio Alarcón, aseveró que Ilave no presenta actualmente una fuerte conflictividad, pero mantiene problemas aún por resolver y la población evidencia su malestar. Por ejemplo, el adecuado servicio de electricidad, de agua potable y la culminación de la carretera hacia Masocruz, por la que también se reclamaba hace 10 años al alcalde (El actual gobierno inauguró el primer tramo, hacia Checca, en febrero pasado). “Todavía falta que la población recupere esa confianza y la credibilidad. Tiene que ver mucho con que las instituciones públicas cumplan con sus funciones”, refirió considerando además que de todas maneras falta mayor atención a la prevención de conflictos y problemas con gobiernos locales. Asimismo, comentó a este medio que hace unos días, el actual alcalde de Ilave rindió cuentas y no se presentó mayor inconveniente. ¿Se podría repetir otro caso en Ilave como el 2004? El peligro es latente y si se han presentado linchamientos últimamente, han sido contra personas acusadas de ser delincuentes, como lo ocurrido esta semana en Juliaca. Pajuelo apuntó que hay problemas de fondo que se mantienen actualmente en zonas andinas y amazónicas, como el caso de los nativos de la cuenca del río Corrientes, en Loreto, que bloquearon la carretera hacia instalaciones de Pluspetrol en protesta por los impactos causados en su territorio. Por su parte, Herquinio consideró que falta una mayor coordinación y logística de parte del gobierno regional y nacional para la prevención de conflictos. DATOS - Dos días después de la masacre en Ilave, Filomena Mucho Páucar miembro del Movimiento Independiente Unión Regional al que pertenecía el alcalde, aseguró que estas fueron las últimas palabras de la autoridad ante dirigentes encapuchados y con efectos de alcohol: "Perdónenme. Piedad. Pido perdón a mi pueblo. No me maten". - El último reporte de la Defensoría del Pueblo sobre conflictos sociales, revela que Puno es la tercera región del país que registra más conflictos sociales (18). Entre los tipos de conflicto, el referido a gobiernos locales es el segundo (32). Sábado 26 De Abril Del 2014 http://elcomercio.pe/peru/puno/linchamiento-alcalde-puso-ojos-ilave-hace-10-anos-noticia- 1725348 3.- Minería causa más del 60% de los conflictos sociales en Perú Perú no es el único país que enfrenta parálisis de proyectos minero-energéticos por conflictos socio-ambientales. Según Vladimiro Huaroc, alto comisionado de la Oficina de Diálogo y Sostenibilidad de la Presidencia del Consejo de Ministros, éste es un problema que afecta las inversiones en todo el mundo. El funcionario se reunió en Canadá con inversionistas internacionales, particularmente, con neozelandeses y chinos, a quienes explicó la experiencia peruana en resolución de conflictos sociales. “De nuestra conversación quedó en claro que la razón por la cual los proyectos mineros no salen, no reside en la ausencia de capitales, porque hay dinero en todas partes, ni es un problema de tecnología. El problema y gran reto de las inversiones en Perú y el mundo son las relaciones sociales comunitarias”. Al respecto, Huaroc señaló que su oficina ha resuelto en los últimos 20 meses, 82 de los 192 conflictos y controversias que halló al iniciar sus labores. Calculó que poco más del 60% de los conflictos que tienen en agenda se vinculan al sector minero. “Los conflictos tienen raíces económicas, laborales, sociales y ambientales, y nuestra oficina trata de amortiguarlos bajando el nivel de conflictividad y empezando otro tratamiento que es el diálogo”, dijo. En su opinión, la clave para solucionar el tema social está en escuchar a la gente y establecer con ellos sus demandas. “Las empresas mineras que logren desarrollar capacidades para bajar la intensidad de los conflictos y generar confianza, tendrán aseguradas las inversiones en cualquier parte del mundo”, señaló. Huaroc habló ante cientos de inversionistas en Toronto, junto a otros expertos peruanos en responsabilidad social, que expusieron casos exitosos de proyectos mineros que salen adelante con el apoyo de las comunidades, como Constancia (de HudBay Minerals), inversión de US$1.700 millones que iniciará producción en septiembre próximo. Miércoles 19 De Marzo Del 2014 http://elcomercio.pe/economia/peru/mineria-causa-mas-60-conflictos-sociales-peru-noticia- 1716927 4.- Las concesiones forestales no deben generar conflictos La jefa de Serfor, Fabiola Muñoz, detalla los beneficios que traería al sector forestal la Ley 29763 De acuerdo con Fabiola Muñoz, la nueva responsable del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor), organismo técnico que reemplazará a la actual Dirección General Forestal y de Fauna Silvestre (DGFFS), se espera que esta nueva entidad, que iniciaría funciones en julio, impulse una reforma del sector forestal que reduzca la deforestación y logre un manejo sostenible de los recursos del bosque. Muñoz explicó que a través de la nueva Ley Forestal y de Fauna Silvestre (Ley 29763), aprobada en el 2011 y actualmente en proceso de reglamentación, se busca promover un manejo integral de los ecosistemas: "Antes veíamos solo madera, ecoturismo o fauna silvestre. El nuevo marco normativo nos ayuda a mirar la gestión del territorio, poniendo también en valor los servicios ambientales, el turismo y otros productos del boque", dijo. La funcionaria señaló que tras 10 años de tener concesiones forestales (maderables y no maderables), una de las lecciones aprendidas es que se deben desarrollar con información suficiente para otorgarlas. "Debemos tener procesos de saneamiento físico legal, pues las concesiones tienen que ser entregadas pero no para generar conflictos con las comunidades nativas u otros grupos", manifestó. Muñoz sostuvo, además, que los gobiernos regionales de Loreto y Ucayali quieren lanzar nuevos procesos para otorgar concesiones forestales. "Estamos trabajando con ellos para lograr buenos procesos", añadió. Cabe señalar que desde el 2002 se han entregado 556 concesiones forestales maderables sobre una superficie de 7,1 millones de hectáreas. Diferentes grupos cuestionan que desde el 2007 no se entregan nuevas concesiones. Por otro lado, la funcionaria manifestó que se espera un incremento del presupuesto anual para poder cumplir con los objetivos trazados para el impulso del sector forestal. El actual presupuesto de la DGFFS asciende a S/.48 millones anuales. "Hemos hecho un cálculo y requerimos aproximadamente S/.200 millones anuales para las necesidades del sector. Casi la mitad para la autoridad nacional y la otra parte para los gobiernos regionales", dijo. Las competencias de los gobiernos regionales, de acuerdo a ley responsables de los procesos de concesiones forestales, son consideradas fundamentales. Sin embargo, se cuestionan sus competencias técnicas en el tema. CIFRA Se calcula que el Perú cuenta con 17 millones de hectáreas de bosques de producción permanente. Aproximadamente 10 millones podrían ser otorgadas en concesiones forestales, previo saneamiento físico legal. Martes 18 De Marzo Del 2014 http://elcomercio.pe/economia/peru/concesiones-forestales-no-deben-generar-conflictos-noticia- 1716757 5.- Policía impidió el paso de antimineros hacia zona de Conga Opositores al proyecto de Yanacocha planean pernoctar cerca de lagunas. Dirigente de Hualgayoc dijo que no hay heridos. Unos treinta ronderos opositores al proyecto minero Conga intentaron esta tarde ingresar a instalaciones de la empresa Yanacocha, pero policías les impidieron el paso desatándose un enfrentamiento. El jefe policial de Cajamarca, general Jorge Luis Gutierrez, indicó que los agentes repelieron la manifestación con bombas lacrimógenas. Pero el dirigente de la localidad de El Tambo, Manuel Ramos, sostuvo que les lanzaron balas de goma. En tanto, el presidente del Frente de Defensa de Hualgayoc, Edy Benavides, aseguró que no se reportaron heridos. Trascendió además que los ronderos se quedarán esta noche en la zona de las lagunas. Justamente, por la mañana, casi un centenar de ronderos realizaron una caminata para inspeccionar las lagunas Negra y seca, donde denunciaron que la minera trabaja en la apertura de una vía. Llegaron hasta el campamento de los guardianes de las lagunas ubicado en Namococha. A través de un comunicado, Yanacocha sostuvo que el propósito de los antimineros era detener los trabajos de apertura de accesos que realiza la empresa como parte de la futura implementación del reservorio Perol, lo cual es parte de los compromisos asumidos con el Gobierno Central. La compañía refirió también que los ronderos intentaron derribar una línea de alta tensión que atravesaba la zona. Miércoles 19 De Febrero Del 2014 http://elcomercio.pe/peru/cajamarca/policia-impidio-paso-antimineros-hacia-zona-conga-noticia- 1710900 PLANES NACIONALES Ministerio de Justicia y Derechos Humanos Plan Nacional CONSEJO NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS El Consejo Nacional de Derechos Humanos − CNDH es un órgano multisectorial del Estado, encargado de emitir opiniones y brindar asesoramiento al Poder Ejecutivo en el desarrollo de políticas públicas, programas, proyectos, planes de acción y estrategias en materia de derechos humanos, especialmente en lo relacionado al Plan Nacional de Derechos Humanos. El Consejo Nacional de Derechos Humanos − CNDH está integrado por: El Ministro de Justicia y Derechos Humanos; o su representante, quien lo preside. Un representante del Presidente del Consejo de Ministros. Un representante del Ministro de Relaciones Exteriores. Un representante del Ministro de Defensa. Un representante del Ministro del Interior. Un representante del Ministro de Educación. Un representante del Ministro de Salud. Un representante del Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo. Un representante de la Ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Un representante del Ministro del Ambiente. Un representante del Ministro de Energía y Minas. Un representante del Ministro de Cultura. Un representante del Ministro de Desarrollo e Inclusión Social. Un representante del Presidente del Poder Judicial. Un representante del Presidente del Fiscal de la Nación. Asimismo, el Consejo Nacional de Derechos Humanos − CNDH cuenta con una Secretaría Técnica encargada de brindar apoyo técnico y administrativo, la cual está a cargo de la Dirección General de Derechos Humanos. Depende del Despacho Viceministerial de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia. ¿Qué hacen? El Consejo Nacional de Derechos Humanos tiene como función primordial brindar asesoramiento al Poder Ejecutivo en materia de derechos humanos, especialmente en lo relacionado al Plan Nacional de Derechos Humanos, plan de acción que busca integrar transversalmente todos los otros planes y programas que se ejecutan en los tres niveles de gobierno (nacional, regional y local). ¿Qué han hecho recientemente? Entre las acciones más importantes realizadas recientemente, debemos destacar: Aprobación de la Conmemoración Anual de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Aprobación del Premio Nacional de los Derechos Humanos. Evaluación del Plan Nacional de Derechos Humanos 2006-2011. Conformación del equipo central encargado de coordinar la formulación y aprobación del Plan Nacional de Derechos Humanos 2012-2016. Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables Plan Nacional de Acción por la Infancia y la Adolescencia 2012-2021 PNAIA 2021 Aprobado mediante Decreto Supremo Nº 001-2012-MIMP El Plan Nacional de Acción por la Infancia y la Adolescencia 2012 – 2021 (PNAIA 2021), es el instrumento marco de política pública del Estado Peruano, para articular y vincular las políticas que se elaboren en materia de infancia y adolescencia en el país, que orientará en la presente década la acción del Estado y de la sociedad civil hacia el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes peruanos. La Convención sobre los Derechos del Niño, como tratado internacional, establece una serie de derechos específicos a favor de las niñas, niños y adolescentes. Asimismo, por su carácter vinculante, obliga a los Estados partes a que sus preceptos se incluyan en sus políticas nacionales.El Perú al suscribir la Convención, se comprometió a adecuar su normatividad a lo estipulado en esta norma internacional, promulgándose el Código de los Niños y Adolescentes (Ley Nº 27337); de igual forma, se elaboraron tres Planes Nacionales de Acción por la Infancia y Adolescencia, para el período 1992-1995, para el quinquenio 1996-2000 y el tercero para el período 2002 – 2010.En tal sentido, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, en su calidad de Ente Rector del Sistema Nacional de Atención Integral al Niño y al Adolescente, lideró el proceso de formulación del PNAIA 2021, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 001- 2012-MIMP el 14 de abril de 2012. Su construcción ha involucrado un esfuerzo de planificación concertada y participativa tanto de las instituciones del Estado en sus tres niveles de gobierno y de la sociedad civil, lo que también ha permitido recoger los aportes de las propias niñas, niños y adolescentes.En lo que respecta a su estructura, cuenta con cuatro objetivos estratégicos relacionados con las diversas etapas de vida de niñas, niños y adolescentes, desde un enfoque de derechos, ciclo y curso de vida, género, intercultural y equidad, lo que quiere decir que, como política de Estado, ha priorizado las necesidades de esta población para su desarrollo humano integral. Es importante destacar que por primera vez se han incluido metas emblemáticas, consideradas como prioritarias y esenciales para el desarrollo de la infancia y adolescencia en el Perú, cuyo señalamiento tiene un impacto orientador, simbólico y motivador para el cumplimiento del conjunto de metas del citado Plan Nacional.Priorizar la acción por la infancia y la adolescencia dará al Perú los fundamentos sólidos para llegar al Bicentenario como una nación enrumbada hacia el progreso y el desarrollo sostenible de todos sus habitantes, principalmente de las niñas, niños y adolescentes. Este documento de política pública aporta decididamente en esa dirección. Es un desafío para las instituciones del Estado y sociedad civil, seguir levantando como prioridad en la agenda política regional y local la atención a la infancia y adolescencia como una medida para la superación de la pobreza y la construcción de una ciudadanía que ejerza en plenitud sus derechos. Forma parte de este reto establecer mecanismos de seguimiento y control centrados en el cumplimiento de las metas del PNAIA 2021, impulsando la mejora de los recursos y calidad del gasto público, ampliar calidad y cobertura de los servicios de protección, consolidar la normatividad relativa a la promoción y protección de derechos, fortalecer el sistema de monitoreo y evaluación, asegurando el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes del país. Finalmente, invertir en la niñez y adolescencia contribuye a interrumpir el ciclo de transmisión intergeneracional de la pobreza y la violencia. Este Plan Nacional pretende lograrlo en una sola generación, en la convicción que la inversión en ellas y ellos, harán sostenibles los esfuerzos del desarrollo humano.