ACUSACIÓN CONTRA OLLANTA HUMALA Y NADINE HEREDIADATOS PREVIOS. Vale anotar que Humala y Heredia cumplen prisión preventiva en Barbadillo y Santa Mónica, respectivamente, en el marco del proceso por lavado de activos que afrontan. La tesis del Ministerio Público apunta a los presuntos aportes que Odebrecht y Venezuela realizaron para las campañas electorales del 2006 y 2011 del nacionalismo. 1. ¿De qué se les acusa a Ollanta Humala y Nadine Heredia? - De haber recibido dinero del gobierno de Venezuela para financiar la campaña presidencial de Humala en 2006. - Según las declaraciones de Marcelo Odebrecht y Jorge Barata a los fiscales peruanos, Odebrecht entregó 3 millones de dólares en efectivo a Nadine Heredia para financiar la campaña de Humala en 2011. 2. ¿Qué factores complican la situación de Nadine Heredia? - Se le acusa de usar el dinero recibido por el gobierno venezolano para financiar la ONG Promoción de la Identidad y Desarrollo Nacional (Prodin), la cual habría servido como caja chica del Partido Nacionalista. - Haber depositado más de 140 mil soles supuestamente de Odebrecht a una cuenta de su hija menor en el Banco de Comercio. 3. ¿Qué factores complican la situación de Ollanta Humala? - Habría utilizado el dinero del gobierno de Venezuela primero y luego de Odebrecht para financiar sus campañas presidenciales de 2006 y 2011 respectivamente, sin haberlo declarado. DEFENSA. El país necesita de una clase política que, lejos del ruido cotidiano, trabaje para construir políticas de Estado que perduren más allá de los gobiernos. El marco institucional de estas reformas trascendentales fue el respeto al Estado de Derecho, las libertades públicas, los derechos humanos, la separación de poderes y la independencia de las instituciones. Con el paso de los años, esas medidas serán entendidas serenamente. Así también sucederá con muchas de las investigaciones fiscales que ahora se promueven por venganza política, donde el derecho a la presunción de inocencia, a un proceso justo y a la libertad, que se supone caracterizan a un Estado Democrático de Derecho parecen perdidos o seriamente disminuidos. El caso Lava Jato expresa la cara más nítida de los actos de corrupción de empresas privadas, coludidas con funcionarios públicos. Tiene una característica esencial, que es la que ha permitido la individualización de las responsabilidades: la trazabilidad de la coima o “ruta del dinero”, a través de empresas offshore, la utilización de terceros o “testaferros”, y el empleo de paraísos fiscales. Nada de esto existe en nuestra investigación, a nosotros nos investigan por supuestos aportes de campaña de una empresa privada cuando no teníamos ningún cargo público. Todos sabemos que en el Perú como en muchos otros países, los aportes de campaña están regulados por la legislación electoral especial. Sin embargo, para impulsar el apedreamiento procesal del que vengo siendo víctima junto a mi esposa Nadine, la fiscalía ha creado la ficción jurídica para conducir nuestra investigación hacia un supuesto caso de “lavado de activos”, que hoy en el Perú es un peligrosísimo cajón de sastre. A nadie le deseo la cárcel; pero estoy convencido, y la opinión publica también, que hay un trato diferenciado, pues mientras a nosotros nos han aplicado una injusta prisión preventiva, a quienes sí configuran como Lava Jato, no, pese a que fuimos los únicos que afrontamos en el país todas las investigaciones y que por el honor de nuestra familia decidimos hacerlo incluso privados de nuestra libertad. Alguien jocosamente dijo: “A mis amigos todo; a mis enemigos, Odebrecht”. Las condiciones carcelarias siempre son duras, sobre todo cuando el encierro nace de un abuso de poder y no de un acto probadamente ilícito. El abuso de la prisión preventiva en la práctica se convierte en una condena anticipada, donde una persona pasa de la presunción de inocencia a presunción de responsabilidad; y también es peligrosa porque las instituciones siempre tienen resistencia a reconocer que se equivocaron, prefieren por lo general optar por la indiferencia. Nadine y yo, como es de público conocimiento, jamás dimos una sola razón para que se nos aplique semejante medida, pues cumplimos rigurosamente todas las reglas de la comparecencia. Si vemos en retrospectiva la actuación de la fiscalía y otros organismos públicos, encontraremos una serie de irregularidades. Desde las amenazas de congresistas, en ese momento de oposición, de llevar a la cárcel a los magistrados del TC para que, en el caso de mi esposa, desconocieran la validez de un archivo definitivo (figura de “cosa decidida”) y un Hábeas Corpus ratificado en dos instancias (figura de “cosa juzgada”), y de esta manera reabrir un proceso concluido en el año 2009. Así también, el impedimento y amenaza de llevarla a la cárcel si accedía al trabajo en la FAO. Asimismo, la prensa denunció el “testimonio” de una misma persona como aspirante a colaborador eficaz, pero con dos códigos; sin olvidar la famosa “carta de Chávez”, que resultó una farsa y cuyo autor sigue como aspirante a colaborador. Por otro lado, la prisión preventiva nos imposibilita organizar nuestra defensa, nos causa indefensión, pues enfrentando tantas investigaciones, las coordinaciones con nuestros abogados se dificultan enormemente. Además, esta medida arbitraria ha destruido la estabilidad de mi familia, pues como es de conocimiento público, tengo tres hijos menores que están sufriendo un daño irreparable. Estamos convencidos de que la prisión preventiva se ha convertido en el instrumento perverso del sistema de administración de justicia para hacer escarnio y aplacar la sed de venganza de quienes ahora toman café en Madrid, y tienen a toda una embajada (con embajador incluido) a su entero servicio. ¿Es ético permitir que el titular de nuestra legación en España siga recibiendo información reservada de los bancos de Andorra antes de que esta llegue a nuestras autoridades judiciales? Formulo estas reflexiones ad portas de la decisión que en los próximos días deberá tomar la Corte Suprema sobre nuestro caso. Apelo a la conciencia jurídica de sus magistrados y también a la necesaria precisión doctrinaria y procesal que deberán hacer sobre el uso y abuso de este tipo de medidas en el Perú, pues requerimos con urgencia señales de justicia. Pese a que la Historia del Perú registrará con objetividad nuestro legado, me gustan más, como a Jefferson, los sueños del futuro que la historia del pasado. Dr. CÉSAR NAKAZAKI. “El camino a la justicia es el debido proceso”. “Intervengo en este caso para garantizar su libertad porque (no) veo una libertad, consecuencia de una detención arbitraria que se ha perdido. Buscaré garantizar que puedan ir a su juicio en igualdad de condiciones porque la regla es que el hombre va a juicio libre”, acota Nakasaki. El abogado agrega que su objetivo es que sus nuevos defendidos no sean víctimas de un “ajusticiamiento”, sino de un justo juicio para que en un tribunal el Poder Judicial decida si son culpables o inocentes. Amigos, a lo largo de treinta años de vida profesional he tenido que participar en los momentos más complejos de la justicia penal peruana. ¿Por qué? Porque soy profesor universitario. Y tengo la responsabilidad moral de demostrarles a mis alumnos que lo que se enseña en las aulas puede ser realidad en los procesos penales. ¿Porqué de qué serviría que yo pregone y convenza a los chicos, decenas y decenas de estudiantes en estos años, que el camino a la justicia es el debido proceso, pero por miedo me sustraiga y no dé esa batalla diaria por testimoniar, no enseñar, sino testimoniar con mi vida profesional que eso puede ser verdad? Es ese amor por mis alumnos, por ser un profesor universitario, que he participado en juicios antiterroristas, en los juicios de las persecuciones de los médicos con la satanización de la mala praxis médica, y en un momento determinado, como es por todos conocido, en la lucha en los juicios anticorrupción contra diversos dirigentes del régimen del expresidente Alberto Fujimori. Todas estas defensas de ministros congresistas, comandantes generales, me llevó a tener el más alto honor profesional que he tenido en mi carrera, el defender al presidente Alberto Fujimori. César Nakazaki sobre defensa a Ollanta Humala: "Aportes recibidos no tienen origen ilícito" (Entrevista: Cuarto Poder). Nakazaki aclaró que los aportes recibidos por el Partido Nacionalista no tienen un origen ilícito. Por ello, es importante que se diferencia origen de finalidad. El defensor refirió que ha sido convocado para el caso de lavado de activos, y allí el tema central es puntualmente el dinero recepcionado. "No hay forma de acreditar que el dinero proviene de Venezuela", adelantó. “La única regla que permite que a la mitad de un proceso se cambie de comparecencia a prisión preventiva, de antibiótico a cirugía, es el fracaso de la comparecencia, la violación de la medida de restricción, la afectación de diligencias, y si eso no se produce no puede haber prisión preventiva. La estrategia de César Nakazaki En una entrevista concedida a Canal N, el flamante abogado de la ex pareja presidencial planteó los lineamientos generales de su estrategia procesal en el corto plazo: En esta primera etapa, como corresponde, tenemos una casación ante la Corte Suprema, y vamos a discutir lo que ha motivado la reflexión de la opinión pública sobre la existencia o no de un abuso de la prisión preventiva. La regla central, la única regla que permite que a la mitad de un proceso se cambie de comparecencia a prisión preventiva, de antibiótico a cirugía, es el fracaso de la comparecencia, la violación de las medidas de restricción, la afectación de diligencias, y si eso no se produce no puede haber una prisión preventiva. Porque una segunda gran regla es que al juicio los acusados tienen que ir en condición de libres, y en libertad enfrentarse a la fiscalía. Entonces esa es mi primera misión, tratar de lograr que vía la casación se recupere la libertad, y preparar el caso para lo que va a ser un inminente juicio. Evidentemente ellos van a ir a juicio y hay que prepararse para ese juicio. Dr. JULIO CÉSAR ESPINOZA. Julio César Espinoza, abogado del ex mandatario, explicó a Perú21 que solicitará a las autoridades peruanas y del Brasil que no solo se basen en la declaración de Barata sino también en otras pruebas que corroboren lo dicho por el ex ejecutivo. “Pediremos documentos que brinden más detalles. Se tiene que contrastar la información porque hay mucha diferencia entre lo que dicen Marcelo Odebrecht (ex CEO de la constructora del mismo nombre) y Barata sobre los aportes de campaña de Humala”, sostuvo. Espinoza también se refirió a la declaración que Orlando Martello, quien dirigirá la diligencia fiscal en Brasil, brindó a este diario sobre que “Barata no puede mentir ni omitir”. “No es seguro que diga la verdad. Sí podría mentir”, refirió. La defensa del ex mandatario dijo que “el dicho de un colaborador no se puede probar con el de otro porque ambos buscan proteger sus intereses personales y empresariales”. Sin embargo, una fuente de Perú21 en la Fiscalía manifestó que en este caso tanto Barata como Odebrecht declaran en “calidad de testigos”. César Nakazaki, también abogado de Humala, dijo que si Odebrecht y Barata no declaran en juicio, sus testimonios no sirven para condenar. EN DEFENSA DE OLLANTA HUMALA, POR FEDERICO SALAZAR. “Al margen de la culpabilidad o inocencia con respecto al dinero de Odebrecht, no se puede decir seriamente que Humala haya evadido la justicia”. Los países y los pueblos viven no solo de pan, sino también de nociones. Si no tienen noción de cómo cultivar la tierra o cómo comerciar los bienes, no sobreviven. Tan importante como las nociones de producir e intercambiar es la noción de justicia. Si un pueblo no cuenta con la noción de lo que es justo o injusto, tampoco sobrevivirá. No solo la gente debe tener una mínima noción de la justicia. También, y especialmente, deben tenerla las autoridades. Sobre todo, las que administran la justicia. La Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional ha dañado nuestras nociones de justicia. Al resolver no revocar la prisión preventiva de Ollanta Humala, ha puesto en evidencia una noción según la cual la justicia no depende de las leyes, sino de la intuición. La intuición es subjetiva, arbitraria, insegura. Es lo contrario de lo que se le exige a un juez como criterio juzgador. La ley es, más que para los legos, para la autoridad judicial. La sala mencionada sustenta su decisión en “vínculos con una entidad que realiza actividades ilícitas en diferentes países” (Odebrecht). La suposición de los jueces es que ellos podrían evadir la justicia valiéndose de supuestos contactos (no especificados en el expediente). La actuación de los esposos “se habría dado dentro del contexto de una organización criminal que rebasa las fronteras nacionales”. Pero, ¿qué es “contexto”? ¿Llamadas a gente de Odebrecht, figuración en planillas secretas, sus números telefónicos en directorios de probados delincuentes? No hay. Odebrecht es una organización criminal de talla internacional. Eso, sin embargo, en sí mismo y por sí solo, no puede validarse como prueba de riesgo procesal. Para que un dato pueda probar riesgo procesal, tiene que vincularse con otro dato. Tiene que comprehender a ambos sujetos. En este caso, a la organización criminal y al “procesado en riesgo de fuga”. Existió la vinculación de Nadine Heredia con el director general de la FAO, a través del Partido de los Trabajadores de Brasil. Esta no es una vinculación con Odebrecht. Es un vínculo con la organización de Lula da Silva. Tendría que establecerse el carácter criminal de la organización del ex presidente de Brasil. Luego, recién, establecer su relación con el riesgo procesal. Es muy probable que el PT no haya sido otra cosa que una organización para delinquir. Pero hay que reconocerlo formalmente. Además, hay que relacionarlo, objetivamente, al riesgo de fuga y a los sujetos en riesgo de fuga. En lo de la FAO Nadine Heredia es sujeto único. Y en cuanto al riesgo de fuga por esos contactos, cuando el juez requirió su presencia en el país, ella regresó. Ella viajó cuando no tenía impedimento de salida. Los jueces han contado con que hay muchos datos sobre el dinero recibido de Odebrecht. Sobre esos datos, sin embargo, ni siquiera se ha abierto juicio. “Como creo que eres culpable en el juicio que no empieza, creo que vas a fugar”. Este no es un razonamiento jurídico. Nadine Heredia trató de adulterar su letra en un peritaje. Pretendió obstruir la justicia. ¿Ollanta Humala también lo hizo? No. Al margen de la culpabilidad o inocencia con respecto al dinero de Odebrecht, no se puede decir seriamente que Humala haya evadido la justicia. La prisión preventiva sin fundamento serio debilita la justicia y erosiona nuestro más íntimo sentido de justicia. Los jueces no pueden tener un poder arbitrario. Tienen poder para aplicar la ley, no para sustituirla por su propia voluntad. La sala ha tomado su decisión sobre la base de una ideología, la ideología de “la justicia soy yo”. Una justicia no neutral no es justicia. Daña la seguridad jurídica, erosiona el Estado de derecho y destruye una de las nociones más importantes que deben tener los pueblos para vivir en civilización. Me he opuesto a las ideas de los Humala-Heredia. Es probable que sean culpables en el proceso de fondo. Nada de eso, sin embargo, me hará creer que hubo justicia en esta confirmación de la prisión preventiva.